Linchamientos en ayllus de Uncia, bajo su «justicia comunitaria». El Gobierno de Evo sólo es duro con el Oriente y rige impunidad para el occidente, dicen analistas.
EL DÍA, 6 de Junio, 2010
Una politóloga señala que el ‘Gobierno está cosechando lo que siembra’ por permitir la llamada autodeterminación de los pueblos al extremo que éstos no quieren ser fiscalizados ni controlados por las instituciones del Estado, como ha pasado en Uncía, Potosí con el caso de los cuatro policías asesinados cuyos familiares tuvieron que firmar un desistimiento. Abogados y autoridades judiciales señalan que la ley es de cumplimiento obligatorio y debe aplicarse a todos los bolivianos por igual.
‘Vamos hacia la federalización atípica de los ayllus’, resumió la politóloga Jimena Costa al analizar el comportamiento de los campesinos de Uncía, Potosí que tras haber linchado a cuatro policías de Diprove, hace 12 días, exigieron quedar en la impunidad a cambio de entregar los cuatro cadáveres.
Un Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada y cuando se habla de un sistema federal es la administración por separado de ciertos territorios, con cualidades legislativas y administrativas.
“Aquí vemos que el Gobierno está fomentando la creación de territorios autónomos con sus propias leyes al estilo de los usos y costumbres y donde las autoridades legalmente establecidas del Estado no pueden ingresar”, explicó la cientista política, quien dice haber pasado el fin de semana buscando una explicación a los hechos.
Señala que estos no son hechos aislados pues es el norte del Gobierno y la concepción del vicepresidente Álvaro García Linera y su entorno cuando en el 2006 los mineros estatales y cooperativistas se enfrentaban en Huanuni y éste le dijo al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana que “era un asunto entre ellos y debería ser resueltos entre ellos y que no les mandaría policías, sino cajones”.
También se ha visto en innumerables casos como los de Epizana, Cochabamba donde también lincharon a tres policías en marzo del 2008 donde las autoridades de Gobierno han dejado que la impunidad se campee o como sucede en El Alto de La Paz donde los vecinos han quemado prostíbulos y bares y han tomado la justicia por sus propias manos.
“Yo creo que están cosechando lo que sembraron”, dijo Costa al indicar que el Gobierno fomenta esta dualidad, por un lado les dice que son autónomos y por el otro, los controla porque se trata de regiones que no pueden autosustentarse así que les abre el grifo cuando piden recursos.
En el linchamiento participaron indígenas de los «ayllus» (pueblos) layme, puraka, aymaya y karacha que pertenecen al municipio de Uncía, en el departamento Potosí, en el sur del altiplano andino.
El hecho ha tenido una serie de repercursiones. El cardenal Julio Terrazas en su homilía de Corpus Cristhie, condenó los hechos. “No es posible tantos signos de muerte, no es posible linchamientos sin ley’, dijo.
El escándalo de Uncía ocurre diez días después de otro conflicto en la localidad paceña de Caranavi, donde dos comunarios murieron en una disputa entre esa población y Alto Beni, por la instalación de una planta de cítricos y en mismo mes de mayo en el que seis personas fueron acribilladas en la localidad de San Ramón en Santa Cruz, en un presunto ajuste de cuentas relacionadas con el narcotráfico y cuando se denuncia que el Gobierno fomenta los loteamientos de tierras en la capital cruceña y el empresario Humberto Roca exige “reglas claras” y ha sido demandado por desacato por haber señalado que como nunca en esta época hay tanto narcotráfico, corrupción y contrabando.
Sobre el tema el gobernador Rubén Costas dijo que existe una multinacional de la delincuencia y que el narcotráfico está en su auge en complicidad el Gobierno”.
“La federalización de los ayllus en el occidente o zonas donde las autoridades bolivianas no pueden entrar muestra una debilidad del Estado que provoca su destrucción como ha ocurrido en Yugoslavia”, vaticinó Jimena Costa.
Sin embargo, el politólogo Luis Andia dijo que a pesar de todo continuamos viviendo en un Estado democrático y que estos problemas sociales son característicos de Bolivia que en ciertos períodos tiene más estabilidad y en otros no.
Familiares están ‘con las manos atadas’
Jhonny Castelú, abogado de los familiares de los cuatro policías victimados en Uncía, reveló que ‘se encuentra con las manos atadas’ porque los ayllus les hicieron firmar un desistimiento extensivo a sus familiares para que no puedan seguir ninguna acción penal contra ellos.
“Primero les llevamos un desistimiento simple pero ellos lo devolvieron para que éste lo ampliemos hasta el cuarto grado de consanguinidad”, dijo.
Señaló sin embargo que eso no excluye que el Ministerio Pública pueda realizar una investigación de oficio como corresponde porque se trata de delitos penales que no pueden quedar impunes.
El fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, que logró recuperar los cuerpos de los cuatro policías informó el viernes que éstos murieron a causa de traumatismo encéfalocraneano, es decir golpeados en la cabeza.
Según informaciones todavía confusas, los policías Nelson Alcócer Casano, Miguel Ramos Palluni, Rubén Cruz Aruquipa y Esteban Alave Arias, se encontraban aparentemente alejados de su jurisdicción y fueron ajusticiados confundidos como extorsionadores, de acuerdo con versiones de la prensa local.
Se menciona que esa zona es una de las rutas obligadas del contrabando, el narcotráfico y el robo de autos y por eso no permiten el ingreso de autoridades.
Qué dice la CPE
Libre determinación . ‘Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, y al reconocimiento y consolidación de sus instituciones y entidades territoriales, conforme a esta Constitución. (art 2)
Igualdad
‘Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos, libertades y garantías reconocidas por esta Constitución, sin distinción alguna’ (art. 14)
Leyes
Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano.
Pena de muerte
‘Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica, moral y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes y humillantes. Está prohibida la pena de muerte’ (art. 5.2)
Castigo
El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género , así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en elámbito público como privado. IV.Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna (art. 15 III).
Jurisdicción indígena
La jurisdicción indígena originario campesina conocerá todo tipo de relaciones jurídicas, así como actos y hechos que vulneren bienes jurídicos realizados por cualquier persona.
El Gobierno de Evo sólo es duro con el Oriente
Un analista y autoridades judiciales señalan que en el occidente hay una especie de permisividad que en el Oriente no se perdona
EL DÍA, 6 de Junio, 2010
El analista político Jorge Landívar dijo que el Gobierno de Evo Morales sólo permite la impunidad en Uncía, Caranavi, Huanuni y otros pueblos del occidente, que en el caso del Oriente no se perdona.
En la cárcel de Palmasola están detenidos hace más de un año tres ex unionistas acusados de haber agredido a un jefe policial en una jornada en la que los uniformados habían agredido brutalmente a los discapacitados.
Sin embargo, en Uncía y Caranavi el Gobierno se hace el de la vista gorda porque le conviene políticamente y porque sabe que en algún momento va a necesitar sus votos.
“Estamos en la era de las palomas contra las escopetas donde los campesinos por tener esa condición son privilegiados”, dijo.
Señaló que en cambio el Gobierno tiene entre ceja y ceja a los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas, Ernesto Suárez del Beni y Mario Cossío de Tarija,
Y sobre el supuesto diálogo que ha iniciado con Rubén Costas dijo que éste ni nadie debe confiarse porque el Gobierno de Morales no retroce un ápice en su proyecto de poder y si a veces retrocede un paso es para avanzar dos después, considerando que ya tiene los tres poderes, seis gobernaciones, 230 municipios, ocho de las nueve asambleas legislativas.
En Santa Cruz, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz, Cinthia Salguero, expresó que el caso no debe quedar impune.
«Todo hecho delictivo tiene que ser sancionado», dijo.
Asimismo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Ortiz, calificó de “reprochable” el hecho y dijo que la muerte de los cuatro policías no puede considerarse como la aplicación de la justicia comunitaria.
Ese criterio coincide con el de la ministra de Justicia, Nilda Copa, quien aseguró que la justicia comunitaria respeta la vida y los derechos fundamentales de las personas, en aplicación de la Constitución Política del Estado.
Tras conocerse la muerte de los agentes policiales el presidente de la República, Evo Morales, descartó la intervención policial o militar de Uncía, como había ocurrido en Caranavi donde dos personas murieron en el enfrentamiento.
La diputada Norma Piérola, de Convergencia Nacional (CN), señaló que no es posible que hayan ciudadanos de primera y segunda y que por un principio de equidad e igualdad jurídica, el Gobierno debe instruir una investigación exahustiva de oficio porque lo contrario significará que el Estado ha claudicado frente a la criminalidad, el contrabando y robo de autos.
Hay cultura de la impunidad
El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, señaló que el principio de autoridad tiene que prevalecer, para darle una muestra al pueblo boliviano, que en todo el país está la presencia del Estado boliviano.
La impunidad significa que un delito, como el realizado contra los cuatro policías, no tenga un proceso investigativo y una sentencia para los culpables, como manda la Ley, lo que incentiva a que ocurran otros hechos similares y el Estado boliviano no cumpla con su rol.
“La impunidad se define por un lado, como la falta de acción de la justicia, por no llevar a proceso a las personas involucradas, y la otra es que se favorezca a los imputados por error de la justicia”, dijo Rojas.
Señaló que eso es un asesinato tipificado en el artículo 252 del Código Penal y que establece 30 años de cárcel contra los autores o encubridores.
Los temas conflictivos
Cuatro muertos en Uncía
El 23 de mayo cuatro policías de Diprove fueron victimados en la localidad de Uncía, Potosí y después de más de diez días los ayllus u originarios se negaban a entregar los cadáveres. Dicen que la zona es manejada por el contrabando, narcotráfico y robo de autos.
Caranavi y dos muertos
El 13 de mayo y después de doce días, dos muertos y una veintena de heridos, además de grandes pérdidas se solucionó un conflicto en la localidad paceña de Caranavi cuando al final el Gobierno decidió poner dos plantas reclicladoras de cítricos en esa población y otra en Alto Beni.
‘Narcomatanza’ de San Ramón
El 14 de mayo del 2010 seis personas murieron en la localidad de San Ramón, a 200 kilómetros de Santa Cruz en un presunto ajuste entre bandas de narcotraficantes, además de la desaparición del supuesto “capo” Willams Rosales. El hecho desnuda la explosión del narcotráfico y la violencia.
Loteamientos al por mayor
A mediados de abril pasado un centenar de predios fueron loteados, entre ellos 62 hectáreas en el kilómetro 9 de la doble vía a la Guardia, en Santa Cruz donde en un enfrentamiento murió un presunto avasallador y el ingenio azucarero San Aurelio que fue también saqueado.
Competencia desleal
El vicepresidente Alvaro García Linera libra una guerra verbal contra el presidente de la línea área AeroSur, Humberto Roca, quien le ha dicho “comepollo” desnudando una competencia abierta entre la línea áerea privada con la BoA estatal. Roca ha pedido reglas claras y no monopolio.