Los exmandatarios serán citados para prestar declaraciones sobre la administración de esos dineros. También serán citados ex ministros y ex jefes policiales
Transición. Rodríguez recibe, en junio del 2005, el mando del país.
Miguel A. Melendres – La Paz, La Razón
Fiscalía. También serán citados ex ministros y ex jefes policiales
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La Fiscalía decidió incluir en la investigación sobre los gastos reservados a las gestiones de los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez (2005-2006), quienes serán citados para prestar declaraciones sobre la administración de esos dineros destinados a la seguridad del Estado, informó el fiscal del caso, Róger Velásquez.
La decisión asumida implica ampliar el período de las investigaciones, que estaban circunscritas a la gestión del extinto presidente Hugo Banzer y de Jorge Quiroga (1999-2002). “La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) centralizó su investigación en el período 1999-2002, pero ahora vamos abrir el abanico investigativo, incluyendo las gestiones de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez”, anunció.
Los ex dignatarios de Estado, así como sus ministros de la Presidencia y de Gobierno, entre ellos Saúl Lara, Alfonso Ferrufino, Iván Avilés, Gustavo Ávila, serán convocados a declarar en las próximas semanas. También se citará a ex jefes policiales y militares, informó.
La Fiscalía decidió, inicialmente, investigar el manejo de los gastos reservados de 1995 al 2005. El 18 de junio, no obstante, se informó que el período de investigación sólo abarcará de 1999 al 2002, porque en ese tiempo está “el ojo de la tormenta” de este caso.
Velásquez explicó que uno de los motivos para tomar la decisión fue la cantidad de información y el riesgo de dispersión que implica una investigación de una década, donde se habría manejado 5 mil millones de bolivianos.
La autoridad informó ayer que decidió retroceder y ampliar la pesquisa a gestiones de Mesa y Rodríguez. Un informe complementario de la UIF permitirá, explicó, establecer una nueva agenda de citaciones.
El 23 de marzo se abrió el caso, una vez que el Gobierno denunció que el ex ministro de Gobierno Guido Náyar entregó a terceros 1,8 millones de bolivianos de gastos reservados. Su colega, Guillermo Fortún, también fue involucrado por haber recibido 18 millones de bolivianos. Ambos están prófugos. Velásquez informó que se convocará por edictos públicos a declarar a Náyar, Fortún y al ex contralor Marcelo Salles.
Añadió que solicitará a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas los informes sobre las 20 empresas investigadas; ocho de las que no registraron el recibo de gastos reservados en sus estados financieros. El contralor del Estado, Gabriel Herbas, reiteró que no existe información en la Contraloría sobre descargos de estos dineros.
Exigen mayor apoyo para la pesquisa
Por lo complejo de la investigación sobre los gastos reservados, el fiscal Róger Velásquez informó que requirió más investigadores a la Policía y a la Fiscalía de Distrito. Espera la respuesta.
Todo gasto será controlado
El contralor Gabriel Herbas informó que perfilan una Ley Marco de la Contraloría que prohibirá la creación de partidas parecidas a los gastos reservados.
La autoridad consideró que los gastos reservados “sólo fueron una argucia de gobernantes” para poder usar de manera indiscriminada los recursos del Estado.
“Pero hoy, el Estado debe utilizar sus recursos de manera programada y presentar sus descargos con cuentas transparentes. Ya no existe ni una sola dependencia del Estado que pueda excusarse por tener cuentas ocultas”, declaró a La Razón.
El anteproyecto que se perfila establecerá que las entidades públicas, desde los municipios hasta los ministerios, serán sometidas a una auditoría para garantizar la transparencia en el manejo de su presupuesto.
La administración del presidente Evo Morales eliminó la partida de los gastos reservados, que entre 1995 y 2005 habría significado el manejo de cerca de 5 mil millones de bolivianos.
El Contralor informó que hasta el momento no se encontró documentos sobre el manejo de los gastos reservados, pese a que la Contraloría tenía la misión de fiscalizar estos dineros.
Herbas informó que la Contraloría tendrá mayores facultades, entre ellas mencionó el hecho de que podrá fiscalizar a las cooperativas.