Fallo. Dice que la familia traspasó ilegalmente predios a terceros e incumplió la FES. INRA dice que la familia podrá apelar la decisión ante el Tribunal Agrario cuando concluya el 2013 el proceso de verificación de la propiedad de otras 66 millones de hectáreas que están en manos privadas en el país.
Aline Quispe – La Paz, La Razón
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) revirtió al Estado 13.184 hectáreas de tierras de la familia Monasterio en Santa Cruz. Argumenta que los predios incumplían la Función Económica y Social y que fueron traspasados de forma ilegal a terceros.
El director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, informó que los predios revertidos a la familia Monasterio son Monterrey I, Monterrey II y San Agustín, ubicados en el cantón San Matías de la provincia Ángel Sandóval de Santa Cruz. Éstos fueron titulados hasta el 2003 y, afirmó, fueron traspasados ilegalmente a otros propietarios.
Detalló que el predio Monterrey I, titulado a nombre de Patricia Monasterio de Krutzfeldt y Osvaldo Monasterio, con una superficie de 7.841, fue dividido y vendido a Carlos Alberto Suárez (3.310 hectáreas) y a la empresa Ceibo SA (4.531 hectáreas), como aporte de capital para la sociedad por parte de Nicolás y Osvaldo Monasterio, que son accionistas.
De la misma forma, el predio Monterrey II, titulado a favor de Fernando Monasterio con una superficie de 2.204 hectáreas, habría sido transferido a Carlos Alberto Suárez (333 hectáreas) y a Celso Osinaga (1.870 hectáreas). La hacienda San Agustín, titulada a nombre de Trieste Agropecuaria S.A, de la familia Monasterio, con una superficie de 4.104 hectáreas, fue traspasada en su totalidad a Carlos Alberto Suárez.
Con esos traspasos, Carlos Alberto Suárez posee una superficie titulada de 7.748 hectáreas; Celso Osinaga, 1.870; y la empresa Ceibo SA, 4.531. Los tres hacen un total de 14.150 hectáreas.
El Director del INRA afirmó que la familia Monasterio, durante mucho tiempo, vendió los predios que recibió del Estado boliviano, de forma gratuita, a otras personas.
“Hemos identificado que estas transferencias que han hecho los señores Monasterio a estas personas no están registradas como lo establece la ley en el registro de transferencias que tiene el INRA, ya que cualquier traspaso debe estar notificado. Por eso, estas transferencias se consideran ilegales”, manifestó Rojas.
Al margen de este argumento, la autoridad justificó la reversión al señalar que las tierras de la familia Monasterio no estaban produciendo e incumplían la FES.
“En una inspección de campo de estos predios ganaderos, hemos podido identificar con imágenes satelitales que no tenían mayores trabajos para el cumplimiento de la Función Económica y Social. Sin embargo, fueron titulados”, aseguró Rojas.
La Constitución Política del Estado determina que “el incumplimiento de la función económico social o la tenencia latifundista de la tierra, serán causales de reversión”. Al respecto, la Ley N° 3545 dispone que “es causal de reversión, el incumplimiento total o parcial de la FES, por ser perjudicial al interés colectivo”.
La autoridad explicó que la familia Monasterio consolidó estos predios, hoy revertidos, entre los años 2000 y 2003, mediante la ejecución de un proceso de saneamiento con una serie de irregularidades y fraude con la acreditación de la FES.
Rojas denunció que los actuales propietarios de las tierras no contaban con el registro que acredite el derecho propietario sobre el ganado y que éstos, hallados en los terrenos, no pertenecían al lugar porque habrían sido trasladados para justificar la tenencia de tierras. Por eso, añadió que la función de los predios es nula por no haber ganado propio ni infraestructura.
“Por estas razones, al haberse verificado el incumplimiento de la FES, el INRA determinó que las tierras revertidas de los predios Monterrey I, Monterrey II y San Agustín pasen a dominio y propiedad del pueblo boliviano, en calidad de tierras fiscales para su posterior redistribución”, aseguró el Director del INRA.
Según Rojas, las tierras revertidas suman 13.183 hectáreas, las restantes 966 fueron reconocidas porque tenían infraestructura.
Suman 16 mil hectáreas
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ya revirtió 16.000 hectáreas de predios agrarios de la familia Monasterio.
A mediados de diciembre del 2009, el INRA realizó la reversión de 2.914 hectáreas de tierras del empresario Osvaldo Monasterio.
Ese mes, la entidad emitió la resolución de reversión total del predio La Encrucijada, de 2.356 hectáreas, y la reversión parcial de 558 hectáreas de la propiedad El Encanto, de 2.124. Ambas haciendas, de propiedad de Monasterio, están ubicadas en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz.
Según el INRA, se decidió realizar el proceso de reversión “parcial” por incumplir la Función Económica y Social (FES) y por la transferencia que hizo Monasterio de El Encanto a la empresa Ongole, que también era de su propiedad.
La familia no se pronuncia
La familia Monasterio no se pronunció ayer sobre la reversión de 13.184 hectáreas de tierra de su propiedad.
Este medio intentó entrevistar a esta familia. Pero en las oficinas del empresario Osvaldo Monasterio, en Santa Cruz, señalaron que no podían dar información porque Monasterio estaba fuera del país.
Lo mismo sucedió el 2009, cuando revirtieron 2.914 hectáreas de tierra a Monasterio. Allí, la familia no emitió ningún pronunciamiento.
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, declaró a la agencia EFE que la familia podrá apelar la decisión ante el Tribunal Agrario cuando concluya el 2013 el proceso de verificación de la propiedad de otras 66 millones de hectáreas que están en manos privadas en el país.
El INRA anunció la reversión de tierras en la provincia Sandóval
Proceso. Presuntamente son de propiedad de la familia Monasterio
René David Moreno, El Deber
Son 13.183,6 hectáreas (ha) que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) revirtió ayer en San Matías, provincia Ángel Sandóval, a Carlos Alberto Suárez N. (7.698,1) le reconocieron sólo 50 hectáreas; Celso Osinaga Parada (1.870,9 ha); y la empresa El Ceibo, según el INRA es de propiedad de la familia Monasterio (3.614 ha) le dejaron 916,4 ha.
Juan Carlos Rojas, director nacional del INRA, sostuvo que estas tres propiedades no cumplían la Función Económica y Social (FES), por lo que fueron objeto de esa decisión.
Sin embargo, Rojas aseveró que las propiedades originales fueron dotadas por el Estado en 2003 de forma gratuita a miembros de la familia Monasterio Nieme, hijos del ex senador del MNR Osvaldo Monasterio Áñez y accionista mayoritario de la red televisiva Unitel, señalada de ser crítica del actual Gobierno.
Los tres predios: San Agustín, Monterrey I y Monterrey II, que luego fueron divididos o fusionados mediante la venta a terceras personas. Según Rojas, esas transferencias no fueron inscritas en el registro que tiene el INRA, por lo que se consideran ilegales.
El director del INRA afirmó que “se trató de engañar la fe del Estado”, trasladando ganado desde la propiedad El Ceibo para justificar el cumplimiento de la FES en las propiedades de Suárez y de Osinaga. Además, estas dos personas no acreditaron el personal suficiente para manejar el ganado y los vaqueros presentes eran de El Ceibo. Tampoco el ganado tenía los sellos ni registros, sino que, según Rojas, pertenecían a El Ceibo.
EL DEBER se comunicó con la oficina de Osvaldo Monasterio Nieme, pero se dijo que el domingo viajó a San Matías. Rojas afirmó que los propietarios serán notificados y si ellos consideran que sus derechos han sido vulnerados, pueden recurrir al Tribunal Agrario Nacional.
