¿El fracaso político del Mutún es una realidad?


Antonio Bazoberry Q.

protesta_mutun_bolivia Por la demora en la explotación e industrialización del Mutún y por los continuos cambios en el contrato original firmado entre el Gobierno y la empresa Jindal Steel Bolivia (JSB), da la sensación que un fracaso político del Mutún es una realidad lamentable. Esta susceptibilidad crece, observando y analizando el cambio que modifica el área de operación inicial de la empresa (JSB). Según el Ministro de Minería, el cambio fijado permitirá “destrabar” la falta de inversión en ese yacimiento y que el anexo al contrato fue enviado a la Notaría de Gobierno de la Gobernación de La Paz para su protocolización y después irá a la Asamblea Legislativa para su análisis y aprobación a través de una ley.

El Gobierno ha dado prioridad a la política electoral y posiblemente sin asesorarse con profesionales que le hubieran prevenido un posible fracaso técnico, económico, político y social en el Proyecto del Mutún, manifestándole que los objetivos del Contrato con la empresa (JSB) no será posible cumplirlos en su integridad, analizando la realidad sobre la disponibilidad de agua, energía y transporte.



Más aún conociendo que Brasil es el segundo productor de hierro en el mundo, asociado con la transnacional Río Tinto, que es el primer productor de acero en el mundo. Por añadidura, Argentina y Paraguay se abastecen de hierro de los yacimientos de Urucún (Brasil).

El Gobierno parece que no analizó los problemas reales de disponibilidad de gas, para comprometerse a construir una planta siderúrgica utilizando sólo gas natural como fuente de energía, pese a establecer el precio de US$ 3,32 por millón de BTU como una subvención por parte del Estado, incluyendo el precio del gas de US$ 3,91 para la reducción del hierro y de US$ 1,95 para la termoeléctrica. También se duda del cumplimiento de la cláusula del contrato estableciendo que la explotación del 50% de las reservas del Mutún dejaría al Estado US$ 200 millones anuales, con una inversión de Jindal calculada en US$ 2,100 millones en 8 años con un contrato por 40 años.

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Parece que el Gobierno tampoco se dio cuenta que la posición de Jindal es explotar y exportar hierro como materia prima sin industrializar a los mercados del Brasil y del mundo, utilizando la vía férrea que llega a Puerto Santos sobre el Atlántico.

Asimismo, que Jindal precisaba agua como elemento indispensable para la industrialización del hierro, estimando un caudal permanente de 4 a 5 m3/hora. Por este motivo, Jindal contrató a una firma consultora especialista en hidráulica y el resultado de la investigación fue negativa, debido a la escasa cantidad de agua y a costos altos de su derivación, desde la Laguna Cáceres, Canal Tamengo, ríos y riachuelos de la región.

Además, que 4 Km. del Canal Tamengo pertenecen al Brasil, 5.4 Km. sirven de limite territorial (Bolivia-Brasil) sujeto a normas internacionales para el uso de cualquiera de los Estados y que sólo 0.6 Km. pertenece a los bolivianos.

Otro problema geopolítico impuesto por el Brasil fue anular el ingreso de agua del río Paraguay por los canales Tuyuyú y Sicuri, que incrementaba la capacidad de almacenamiento en la Laguna Cáceres. Este hecho ilegal causó la muerte definitiva de Puerto Suárez, fundado sobre la Laguna Cáceres por don Miguel Suárez Arana en 1875.

Frente a los problemas técnicos y económicos mencionados, urge que el Gobierno del presidente Morales instruya a la Institución responsable de ejecutar proyectos de infraestructura fluvial, para que invierta US$ 80.5 millones en la apertura de un canal artificial que cruzando los Bañados de Man Césped, ingrese a la Hidrovía Paraguay-Paraná facilitando a las embarcaciones el acceso a Puerto Margarita (Argentina), puertos paraguayos y al Puerto Nueva Palmira (Uruguay), donde Bolivia tiene una concesión especial del Gobierno uruguayo para utilizar facilidades portuarias en el transbordo de carga a los buque trasatlánticos que transportan a los mercados de ultramar.

El Proyecto Canal Fluvial Nuevo Puerto Suárez tiene como objetivo principal usar territorio soberano de Bolivia y facilitar el tráfico fluvial a lo largo de los Bañados de Man Césped, como un medio de exportar por vía fluvial minerales del Mutún aprovechando la hidrovía internacional Paraguay-Paraná (Bazoberry Antonio, Editores Plural 2005, La Paz).

El proyecto del canal fluvial, sustituiría con ventajas técnicas y económicas al Proyecto Ferroportuario Motacusito – Mutún – Puerto Busch, cuyo costo se calcula en más de US$ 300 millones.