Diprove asegura que los 4 uniformados cumplían una misión oficial en busca de 2 vagonetas robadas días antes. No se hallaron indicios de que hubieran extorsionado a los comunarios.
Uncía: Johnny Castelú, abogado de los deudos de los asesinados, el 1 de junio
La Prensa
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Ayllus: Sandro Fuertes asegura que los investigadores entraron en la zona donde cuatro policías fueron asesinados.
El fiscal de distrito de Potosí, Sandro Fuertes, informó ayer a La Prensa que los cuatro policías linchados en Saca Saca no se encontraban en misión oficial en esa región, mas no se hallaron indicios de que hubieran extorsionado a los comunarios.
Nelson Alcócer, Rubén Cruz, Emilio Alave y Miguel Ramos fueron atrapados por campesinos de los ayllus Layme y Qaracha la tarde del domingo 23 de mayo, bajo la sindicación de cometer ilícitos, por lo que fueron linchados.
El jurista dijo que obtuvo tal información tanto en forma personal como de parte de los investigadores. “Eso es algo que está fuera de toda duda”.
Empero, el coronel Julio Cepcel, ex director nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), comandante de los fallecidos, declaró el 7 de junio a este medio que los cuatro uniformados cumplían una misión oficial encomendada por la Dirección de Oruro para que se desplazaran a Huanuni en busca de dos vagonetas Toyota Land Cruiser robadas días antes.
Johnny Castelú, abogado de los familiares de los asesinados, señaló que los cuatro iban en misión oficial y descalificó las versiones en sentido contrario.
Sin embargo, de acuerdo con el reglamento interno de la institución del orden, para que un uniformado pase de un departamento a otro que no es el de su destino debe obtener un pasaporte policial, pues de lo contrario puede ser procesado por deserción.
Si bien Fuertes confirmó que no hay indicios de que los victimados cometieran ilícitos, “el hecho de que su presencia sea ilegal en esa región crea susceptibilidad”, por lo que es necesario esperar la conclusión de la investigación que se realiza bajo la dirección del fiscal potosino Juan Carlos Ramírez.
“Yo me encuentro en Potosí y la comisión todavía no ha regresado de Oruro, donde el viernes se produjo la necropsia a los cuerpos, por lo que no he recibido otras novedades”.
Ese procedimiento se realizó ante la inicial oposición de los familiares, pero al finalizar el acto, Castelú admitió que esa acción resultó conveniente para determinar la data del fallecimiento de Alcócer y las causas de la muerte de los cuatro efectivos policiales.
El Director del Ministerio Público potosino refirió que los comisionados investigaron en la zona y llegaron incluso a Saca Saca, donde se cree que se cometió el ajusticiamiento de los efectivos policiales.
“Nosotros llegamos mucho más adentro, si se quiere, de Saca Saca. Nos reunimos con todas las autoridades originarias de la región. No tuvimos problema y hablamos de brindar mayor seguridad ciudadana en esa región”. Fuertes dijo que el documento entregado por los familiares de las víctimas, mediante el que renuncian a la posibilidad de abrir juicio penal por estas muertes, no fue decisivo para la recuperación de los cuerpos el viernes 4 de junio.
Señaló que los cadáveres fueron dejados a unos cinco kilómetros de Uncía en un lugar solitario. Nadie los entregó. Se notaba que habían sido desenterrados.
Mientras tanto, la calma ha regresado a la ciudad de Uncía, donde las actividades se desarrollan con absoluta normalidad, pero los pobladores no ocultan su enojo y emiten constantes protestas, principalmente a través de radio Uncía, porque los medios de todo el país refieren que los hechos acaecieron en Uncía sin precisar que los acontecimientos se suscitaron en una comunidad aislada de ese poblado.
El martes se reanuda el juicio por linchamiento de Epizana
El próximo martes proseguirá, en la ciudad de Cochabamba, el juicio oral contra 13 acusados del linchamiento del sargento Willi Álvarez, el cabo Wálter Ávila y el policía Eloy Yupanqui, el 26 de febrero de 2008 en Epizana (a unos 130 kilómetros de Cochabamba), después de 12 horas de tortura, terror y un frustrado intento de fuga de la posta médica en la que eran atendidos de heridas. En esa sesión se presentarán los alegatos finales y el jurado podrá iniciar el debate final.
Mientras que la Fiscalía presentó pruebas y testigos de cargo, quienes identificaron positivamente a los linchadores, la defensa de los enjuiciados sólo presentó a una testigo de descargo, esposa de uno de los encausados, quien dijo que “los de otras comunidades fueron los que mataron a los policías”.
Los fiscales Patricia Guevara y Marcelo Rollano expusieron pruebas de la presencia en el lugar de los hechos del hermano del ex corregidor de Epizana, Zenón Soria, y Santiago Jiménez, propietario del camión usado para alcanzar la segunda planta de la posta médica, donde las víctimas habían sido encerradas y sacadas para ser ultimadas a golpes, pese a los pedidos de clemencia.
El Ministerio Público sostiene la hipótesis de que la noche del 25 de febrero los tres uniformados fueron capturados por una multitud después de que Soria, en estado de embriaguez, los acusara de haberle exigido 150 bolivianos para no arrestarlo porque manejaba un vehículo en tales condiciones.
Alertó a toda la comunidad, pero antes de unirse al grupo cayó de nuca, por su borrachera, y se le abrió una herida en la cabeza, pero como no vieron cómo se hirió, se desató la ira popular, que alrededor de las 09.30 del día siguiente acabó con tres vidas y estuvo a punto de segar la de un cuarto policía, un periodista y un camarógrafo, quienes huyeron.
En un dramático testimonio, el médico Wilfredo Bilbao relató en el juicio que, cuando vio a los policías, éstos estaban maniatados y recibían golpes. “Uno decía: ‘Perdónenme, tengo mi hijita enferma’. Otro igual decía: ‘Tengo que casarme el sábado’”. Pero de nada valieron las súplicas. Cuando amaneció, los dirigentes se organizaron para acarrear gente y convocar a más comunarios por la radio de Totora. Antes de las 09.00, las 50 personas que habían amanecido hostigando a los policías se convirtieron en unas 300.
Los agentes fueron llevados al centro médico, de donde los ayudó a huir por un tragaluz, pero instantes después de que llegaron al techo, unas 20 personas irrumpieron en el lugar. El facultativo les comunicó que ya habían huido, pero un ruido en el techo alertó a los comunarios, quienes los recapturaron y encerraron.
De ese ambiente fueron sacados por la fuerza desde el camión perteneciente a Jiménez. Los sucedido fue grabado por un camarógrafo de Bolivisión, quien estuvo a punto de caer en poder de la multitud, pero alcanzó a huir, mientras que el periodista que lo acompañaba resultó herido, pero se puso a salvo.
Procedimiento
Según Naciones Unidas, desde 2009 a la fecha se ha linchado a 30 personas en Bolivia.
En el periodo referido, unos 77 individuos se salvaron de morir ajusticiados por turbas enfurecidas.
Entre 1996 y 2002, según el organismo internacional, Bolivia fue escenario de 480 casos de justicia por mano propia.
Durante ese sexenio, 133 personas perdieron la vida en estos violentos acontecimientos.
Dos diputados opositores abrieron querella contra el Ministro de Gobierno y el Comandante policial por el caso Uncía.
Los demandados Sacha Llorenti y Óscar Nina declararon que asumirán su defensa dentro de este caso.
Los delitos de los que ambos son sindicados son incumplimiento de deberes y omisión de socorro.