En el asesinato de cuatro policías en la región de Uncía como producto de una incomprensible “justicia comunitaria” hubo una negligencia muy parecida a la complicidad. El propio comandante de la Policía, general Oscar Nina, se está viendo en figurillas para explicar a sus camaradas el porque no se actuó de forma inmediata para salvar la vida de los policías linchados a manos de los indígenas de los ayllus potosinos.
Las esposas y familiares de los 4 policías asesinados por los ayllus potosinos reclaman justicia al general Nina en el velorio de los cuerpos realizado el pasado 5 de junio (foto La Prensa)
La cosa se le complica aún más cuando debe explicar el porque no se intervino, cuando a pesar de negarlo totalmente, fue informado de que por lo menos uno de los policías se encontraba vivo en manos de sus captores. El libreto que se limita a repetir es el que se le proporcionó en el Ministerio de Gobierno. Argumenta que una intervención hubiera ocasionado un mayor número de muertes.
La lógica del jefe policial resulta incomprensible. Resulta que ahora, si se tiene la fuerza suficiente para hacerle frente a las instituciones encargadas de imponer la ley, uno puede quedarse tranquilo. Siempre existirá el argumento de que una intervención legal podría haber causado mayor número de bajas.
La irresponsabilidad con la que actuaron en este caso el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, el comandante nacional de la Policía y los comandantes departamentales de Potosí y Oruro es tan evidente que el propio Fiscal General, Mario Uribe, que no tiene atisbos de opositor, tuvo que disponer el procesamiento de todos ellos, aunque debemos decir que somos muy escépticos respecto a los resultados de este proceso.
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Sacha Llorenti fue defensor de los derechos humanos porque así convenía a sus intereses y su conocido arribismo. Nunca tuvo la talla de los verdaderos defensores de los derechos humanos como lo fueron el padre Julio Tumiri y el expresidente de la República, Luis Adolfo Siles.
Ahora tiene otras expectativas y en muy poco tiempo en el ejercicio de sus funciones ya tiene sobre sus espaldas los dos muertos de Caranavi y los cuatro de Uncía. La forma en la que está encarando el conflicto surgido en Sucre (con dura represión policial) a causa del “golpe” urdido por el MAS y sus aliados contra el alcalde electo, Jaime Barrón, nos da la pauta de que está dispuesto a incrementar esta cifra.
Con el poder que tiene por el momento afirma que la acusación no le preocupa. Sabe que los estamentos del Estado actuarán decididamente en su favor y por tanto nadie podrá hacerle nada, por lo menos mientras Evo Morales esté en la presidencia del Estado Plurinacional.
Ya está demostrado que la justicia solo actúa con total presteza cuando se trata de actuar contra la oposición, por lo que sospechamos que la instrucción del fiscal Uribe para procesar a Llorenti y a los tres jefes policiales, será nada más que un saludo a la bandera y caerá en saco roto, aunque la verdad es que en este caso nos gustaría equivocarnos. Ya es hora de que tengamos una señal, por mínima que sea, de que existe un atisbo de independencia en el Poder Judicial boliviano.