El juicio a Leopoldo Fernández se instala con un observador de la ONU. Ayer se inició y se lo suspendió hasta el 21 de julio próximo
Fernández, en la audiencia.
La Razón
Ayer se inició el juicio y se lo suspendió hasta el 21 de julio próximo
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El juicio por los hechos de violencia en Porvenir se inició ayer con la presencia de 11 acusados, entre ellos el ex prefecto Leopoldo Fernández. 14 implicados no se presentaron y la justicia ordenó su apremio, arraigo y la anotación preventiva de sus bienes.
A las 10.00 se instaló el juicio oral que está presidido por el juez César Portocarrero. Seis acusados enviaron memoriales en los que pedían que no se instale la audiencia, pues no podían estar presentes por problemas económicos y, principalmente, de salud.
Portocarrero rechazó el pedido y ordenó la aprehensión de los seis acusados y de otros ocho que no acudieron a la audiencia. Además, instruyó que no se les permita salir a otros países y se anote preventivamente sus bienes. Fernández y otras 25 personas son responsabilizadas de los hechos de violencia de septiembre del 2008 en Porvenir, Pando, donde perecieron al menos 13 personas.
Víctimas de Porvenir estuvieron ayer en el inicio del juicio, sin embargo, fueron obligadas a abandonar el juzgado porque, según normas, los testigos no pueden participar de las audiencias.
El proceso estuvo caracterizado por momentos de tensión a tal punto que el juez ordenó el pago de una multa de 400 bolivianos y la detención de la abogada de Fernández, Sandra Almanza, quien cuestionó decisiones de Portocarrero.
La decisión de detención fue anulada. La audiencia fue suspendida hasta el 21 de julio, teniendo en cuenta el inicio de la vacación judicial.
El juicio a Fernández se instala con un observador de la ONU
Audiencia: Leopoldo Fernández, al fondo, junto a sus defensores, ayer en la Corte
La Prensa
Audiencia: El proceso oral se reanudará el 21 de julio por efecto de la vacación judicial. Cinco acusados no comparecieron.
El juicio oral contra el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y otras 25 personas por la llamada matanza de Porvenir se instaló ayer en presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot, y el defensor del Pueblo, Rolando Villena, pero el proceso entró en cuarto intermedio hasta el próximo 21 de julio.
El 11 de septiembre de 2008, cerca de Porvenir, a unos 19 kilómetros de Cobija, se libró un enfrentamiento entre indígenas, campesinos y normalistas, en un lado, y funcionarios de la Prefectura pandina y activistas cívicos, en el otro, con el saldo de 13 fallecidos y un número indeterminado de personas heridas.
La investigación del caso se llevó a cabo en La Paz bajo la responsabilidad de los fiscales Eduardo Morales e Isabelino Gómez, quienes presentaron acusación contra Fernández y otras 25 personas el 12 de octubre del año pasado.
Los delitos que se atribuyen al grupo de encausados son terrorismo, asesinato, homicidio, lesiones graves y leves y asociación delictuosa.
La causa se tramita ante el Tribunal Sexto de Sentencia, presidido por César Portocarrero y el juez técnico Claudio Tórrez, además de los jueces ciudadanos Rodolfo Álvarez, Sebastián Chipana y Martín Pedro Pacari.
El primer paso de un largo juicio
En el salón Rosado de la Corte de Justicia de La Paz, atestado de personas y bajo fuerte custodia policial, la audiencia debió abrirse a las 09.30, pero a causa del retraso de juzgadores, acusados y abogados de ambas partes, la audiencia se instaló 55 minutos más tarde.
A las 10.25, Portocarrero instruyó a la Secretaria de Cámara que verificase si todas las partes estaban presentes en la sala de sesiones.
La funcionaria comprobó que faltaban cinco acusados. Melitón Brito, Adhemar Herrera, Nilma Banegas, Néstor Da Silva, William Mozuco y Ronald Mozuco presentaron memoriales en los que adujeron problemas de salud o falta de recursos económicos para trasladarse a la ciudad La Paz.
La consideración de esos documentos fue la causa del primer cuarto intermedio en sala, que duró 11 minutos, aunque el juez anunció que la consideración correspondiente demoraría solamente cinco.
La solicitud fue rechazada, pues los certificados médicos no fueron firmados por forenses y los cinco acusados fueron declarados rebeldes, se expidió orden de aprehensión y se dispuso su arraigo y la anotación preventiva de sus bienes.
La consideración de la validez de ese pedido derivó en una discusión que demandó más o menos una hora.
Al reanudarse el acto, Portocarrero ordenó a los testigos que abandonasen la sala, a fin de que sus declaraciones carezcan de valor legal.
Mientras tanto, en el hall del Palacio de Justicia un grupo de personas coreaba estribillos en demanda de justicia y castigo para los culpables de los hechos.
El juez dispuso que los vociferantes guardasen silencio y compostura o, de lo contrario, la fuerza pública los echaría.
El momento de mayor tensión de la audiencia se sintió alrededor de las 12.45, cuando la abogada defensora de Fernández, Sandra Almanza, increpó al Presidente del Tribunal, cuya imparcialidad cuestionó.
El magistrado reaccionó con molestia e impuso en el acto una multa de 400 bolivianos contra la jurista y su arresto hasta las 18.00 por desacato.
La protesta de Almanza fue consecuencia de que el Tribunal decidió que cada abogado puede defender exclusivamente a sus clientes y no hacer una labor en conjunto.
Entonces la representante de Fernández alzó la voz para exigir que no se aplicara ese procedimiento, bajo el concepto de que el interés de cada acusado es solidario con el de los demás.
Portocarrero golpeó su mazo repetidas veces y multó en principio a Almanza con 200 bolivianos y, posteriormente, dobló el monto de la sanción y llamó a la Policía para que condujera a la mujer de leyes a las celdas judiciales.
Karlo Brito, otro de los representantes del ex Prefecto, pidió que la medida fuera reconsiderada, por lo que se abrió un nuevo cuarto intermedio y los jueces técnicos y ciudadanos dieron curso.
Cuando los ánimos se calmaron, la jurista pidió que las decisiones del Tribunal se hicieran por voto oral y público y que no se impidiera el derecho a hablar que asiste a los abogados defensores, solicitud que fue denegada.
La primera sesión del juicio avanzó lentamente y con frecuentes recursos, que obligaban a los jueces a declarar cuartos intermedios para considerar cada solicitud de los abogados.
Hacia las 13.15, Sandra Almanza pidió que se volviera a considerar la solicitud de la defensa colectiva, pedido que fue nuevamente rechazado.
Durante este intermedio, Leopoldo Fernández se levantó del banquillo de los acusados y se acercó a su esposa, Pilar Soria, mientras era custodiado por cuatro policías vestidos de civil.
Ambos conversaron sentados durante unos cinco minutos y el ex Prefecto volvió a su ubicación.
Al reinstalarse el acto, el abogado de los cinco ausentes, Limbert Cardozo, solicitó que se abriera un cuarto intermedio para que sus clientes se presenten en la reanudación del juicio.
Garantizó la asistencia del grupo, pero simultáneamente exigió seguridades para el quinteto.
Nuevamente se abrió un cuarto intermedio, durante el que se decidió suspender el juicio hasta el miércoles 21 de julio, pues la vacación judicial comenzará el lunes 28 de junio y durará tres semanas.
Un hecho que despertó la hilaridad de la concurrencia ocurrió inmediatamente después de que Portocarrero hiciera conocer esa decisión, pues un abogado defensor pidió la palabra para solicitar que la reanudación se demore unos días más.
“Ustedes saben que el 22 de julio, voy a contraer nupcias”. Una carcajada estalló en la sala. El juez Portocarrero denegó la petición y a las 13.40 la audiencia quedó suspendida.
Los asistentes abandonaron el lugar, mientras los detenidos eran llevados nuevamente al penal de San Pedro.
Para destacar
A las 09.30, las puertas del salón Rosado de la Corte permanecían cerradas. Sólo se abrieron pasados 15 minutos.
La audiencia inaugural del juicio estaba programada para esa hora, pero había muy poca gente.
El ambiente resultó estrecho por la cantidad de personas que tomaron ubicación en ese sitio.
Durante la sesión inaugural, el juez César Portocarrero abrió cuatro cuartos intermedios para analizar diversos temas.
Entre la concurrencia se desplazaron unos 15 efectivos policiales que vestían de civil para dar seguridad al acto.
La sala carece de un adecuado sistema de amplificación, por lo que el juez debía obligar a los asistentes a guardar silencio.
Alrededor de las 10.45, la Policía impidió la entrada de personas en la sala. Por cada fotógrafo que salía, podía entrar otro.
Las víctimas exteriorizaron su enojo por la lentitud con que comenzó el juicio y por la apertura del extenso cuarto intermedio.
Opiniones
“La apertura del juicio oral es un momento muy importante, que era esperado tanto por las víctimas como los acusados, a pesar de que ha existido una cierta retardación en la administración de la justicia. Todos necesitan un juicio justo”.
Denis Racicot/ Alto Comisionado de DDHH de la ONU
“Es un camino muy incierto, porque ya se dieron señales que no son buenas en cuanto a la prosecución del juicio. Es probable que en los argumentos en favor y en contra se entre en una relación de chicanería que no va a permitir que avance el juicio”.
Rolando Villena / Defensor del Pueblo
“Esto llena de esperanza, más que todo por la necesidad de justicia que tienen las víctimas y para que en Bolivia nunca más se repitan estos hechos que han enlutado a muchas familias. Creemos que el tribunal hará respetar las normas”.
Yolanda Herrera / Presidenta Derechos Humanos de Bolivia
Los acusados
1. Leopoldo Fernández Ferreira
2. Hugo Mopi Soliz
3. Nilma Benegas Becerra
4. Hernán Justiniano Negrete
5. Marcial Peña Toyama
6. Roberto Rea Ruiz
7. Evin Ventura Vogth
8. Máximo Ayllón Martínez
9. Jorge Lengua Áñez
10. Juan Marcelo Mejido Flores
11. Olman Pino Soria
12. Rosendo Domínguez Deromedis
13. Melitón Brito Ferreira
14. Homer Polanco Ventura
15. Felsin Fernández Medina
16. William Mozuco Rodríguez
17. Adhemar Herrera Guerra
18. Hugo Apaza Sahonero
19. Néstor Da Silva Rivero
20. Ronald Mozuco Rodríguez
21. Abel Janco Cáceres
22. Danilo Huari Cartagena
23. William Terrazas López
24. Felipe Bigabriel Villarroel
25. Agapito Vira Cuéllar
26. Oswaldo Valdivia Avariega
Los fallecidos
1. Wilson Castillo Quispe
2. Alfonso Cruz Quispe
3. Johnny Cari Sarzuri
4. Pedro Oshiro Maniguary
5. Diter Tupay Mati
6. Arnoldo González Inuma
7. Celedonio Bazualdo García
8. Luis Ramiro Tinini Alvarado
9. Wilson Richard Mejía Mihata
10. Félix Roca Tórrez
11. Luis Antonio Rivero Siguekuni
12. Alfredo Robles Céspedes
13. Bernardino Racua Cordero
Testigos de ambas partes
Los testigos de la defensa sumarán 260 personas.
Los testigos de cargo ofrecidos por el Ministerio Público y la parte acusadora serán 637.