Uncía: Los cuerpos de los cuatro asesinados por los ayllus fueron sometidos ayer a una necropsia efectuada por tres forenses.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Óscar Muñoz, informó ayer que ya se identificó a algunos de los autores materiales del asesinato de los policías Miguel Ramos, Rubén Cruz, Esteban Alave y Nelson Alcócer en Saca Saca, entre el 23 y el 30 de mayo pasados.
Los cuatro fueron atrapados el pasado domingo 23 de mayo por la tarde y los acusaron de extorsión y asesinato, por lo que los torturaron y mataron.
Muñoz dijo que “una comisión investigadora formada hace una semana con funcionarios de la Policía de Potosí y La Paz se ha desplazado hasta la región de Llallagua y Uncía. Ha recolectado algunas evidencias, información, y ha retornado hasta la ciudad de Oruro para participar en la necropsia en Oruro”.
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Aunque los campesinos aseguraron que no permitirían el ingreso de investigadores a la zona, Muñoz aseveró que éstos tomaron declaraciones a varias personas que fueron testigos presenciales de los asesinatos y serán convocadas a declarar. “En caso de que no lo hagan, se emitirán las órdenes de aprehensión correspondientes y las ejecutaremos”.
La autoridad formuló estas declaraciones en un acto de homenaje a Antonio José de Sucre, fundador de la Policía Boliviana, cuyo comandante nacional, general Óscar Nina, reiteró que no se negociará una salida con los campesinos de Uncía para que el cuádruple crimen quede impune.
“La Policía está y se quedará en la zona para garantizar la seguridad e investigar los hechos de sangre”.
Querella contra los asesinos
Los familiares de los cuatro efectivos muertos presentaron ayer una demanda contra quienes resulten culpables del delito de asesinato y desconocieron el documento firmado el 3 de junio, bajo presión, para lograr la devolución de los cuatro cadáveres.
El abogado de los deudos, Johnny Castelú, dijo que la medida tiene la finalidad de viabilizar los resultados de una eficiente investigación del linchamiento, y solicitó que en la necropsia de los cuerpos, practicada ayer en Oruro, participase un forense de su confianza.
El documento fue entregado en mano propia, ayer en Oruro, al fiscal Juan Carlos Ramírez, quien dirige las investigaciones del caso.
Pese al rechazo inicial de sus clientes a la realización de la necropsia, Castelú calificó de muy conveniente el procedimiento, pues permitió observar detalles importantes que habían pasado inadvertidos durante la autopsia, aunque se abstuvo de revelarlos para no entorpecer, según dijo, el curso de las indagaciones.
Sin embargo, informó que la Fiscalía y la parte civil recibieron muestras tomadas de los cuerpos sin vida para que sean analizadas simultáneamente con el fin de que no quede susceptibilidad en torno a la data de la muerte de Alcócer.
“Buscaremos el apoyo de embajadas u organismos internacionales para que estas sustancias sean analizadas en algún laboratorio extranjero. Obviamente, todo se encuentra bajo una adecuada cadena de custodia”.
El procedimiento demoró unas siete horas. Al concluir el acto, los tres forenses anunciaron que los resultados oficiales se conocerán dentro de 15 días.
Fiscal ordenó indagar a autoridades
El fiscal general del Estado, Mario Uribe, ordenó al Ministerio Público de La Paz abrir una investigación contra Sacha Llorenti, ministro de Gobierno; Óscar Nina, comandante nacional de la Policía, y los ex jefes de la Policía de Oruro y Potosí, Mario Hinojosa y Orlando Ávila, respectivamente, por el asesinato del suboficial Nelson Alcócer siete días después de ser secuestrado por dos ayllus de Uncía.
Uribe tomó esa decisión después de conocer que los diputados Elizabeth Reyes y Jaime Navarro, de Unidad Nacional, se querellaron contra las mencionadas autoridades por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y otros. La autoridad emitió la correspondiente orden por escrito al fiscal interino de La Paz Williams Dávila.
La investigación tiene, según una fuente de la Fiscalía General del Estado con asiento en Sucre, la finalidad de encontrar materia justiciable en el caso. Si así fuera, corresponderá abrir causa. LA PRENSA