En la Bolivia del «cambio» la sola condición de “indígena” u “originario” otorga privilegios y licencia para el tráfico de droga y hasta para torturar y matar.
Fotos: Indígenas del norte de Potosí (izq) y los «Ponchos Rojos» del departamento de La Paz (der)
Los sangrientos sucesos de los ayllus de Uncía en los que cuatro policías fueron bárbaramente asesinados todavía golpea la conciencia nacional y poco a poco nos vamos enterando de un trasfondo muy tenebroso relacionado con las actividades del narcotráfico en esa región.
Resulta que la detención del “jilanko” del ayllu Layme, Valerio Mamani, en cuyas tierras se encontraron dos fábricas de cocaína además de droga en diverso estado, pudo haber sido el detonante del linchamiento de los policías. No es un secreto para nadie que el norte de Potosí se ha convertido en los últimos años en una zona roja por el contrabando de autos «chutos» y robados y donde también se produce y comercializa droga.
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Para realizar esta ilegal actividad, los comunarios apelan a su condición de indígenas y naturalmente todo aquel que quiera frenar o denuncie sus actividades será inmediatamente tildado como “racista”.
La actitud de los funcionarios gubernamentales podría ser calificada como mínimo de cómplice. Si bien de dientes para afuera critican el linchamiento, se apresuran a justificarlo indicando que los policías estaban fuera de su jurisdicción, que se encontraban de civil a bordo de un vehículo chuto. Se trata de argumentos que intentan mostrar al linchamiento como producto de una justa reacción popular frente a la «corrupción policial» que, si bien existe en diversos niveles de la institución, no es un justificativo para que otros que son tan o igual de corruptos se arroguen el derecho de aplicarles la pena de muerte.
La actitud cómplice del gobierno se evidencia cuando Valerio Mamani es liberado y en el oficialismo nadie se rasga las vestiduras y acusa a los jueces de haber sido comprados por el narcotráfico.
Se trata de una nueva muestra de esa doble moral de la que hace gala el gobierno del MAS. No se debe olvidar que las hermanitas Terán -encontradas con 150 kilos de cocaína- se encuentran prófugas y que se sepa el gobierno no está haciendo demasiados esfuerzos para atraparlas lo que muestra la influencia que goza Margarita (otrora aguerrida dirigente cocalera) en el ámbito gubernamental.
En consecuencia en Bolivia se han generado dos categorías de ciudadanos. La primera, la de los privilegiados que pueden asesinar y dedicarse impunemente a actividades delictivas por su condición de “indígenas” y la otra formada por aquellos sobre cuyas cabezas debe caer de manera inevitable la justicia en toda su majestad al ser acusados de “separatistas”, “racistas” y «terroristas».
El empecinamiento con que el vicepresidente Álvaro García defiende y justifica la actuación de los ayllus del norte de Potosí es digno de mejor causa. Estos han demostrado que no son de la “cultura de la vida” como tanto pregona la propaganda gubernamental.
No es que se pretenda irnos al otro extremo y atribuir a los indígenas la suma de todos los vicios. No son mejores ni peores que otros grupos sociales. Simplemente se trata de que todos los ciudadanos, de manera independiente a su color de piel o condición económica o social deben ser iguales ante la ley, un precepto básico que ha olvidado el gobierno por consideraciones estrictamente políticas.