Cambio. Inicialmente la pesquisa llegaba a 10 años. La Fiscalía decidió reducir a esos 3 años la investigación porque “el ojo de la tormenta” estaría en ese tiempo.
Fiscalía. El ex presidente Jorge Quiroga explicó el 1 de junio sobre manejo de dineros para la seguridad.
La Razón – La Paz
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El caso gastos reservados tocará la gestión 1999-2002
La Fiscalía decidió reducir de 10 a tres años (1999-2002) el período de la investigación sobre los gastos reservados, porque “el ojo de la tormenta” en este caso estaría en ese tiempo. La decisión, empero, se revertirá de ser necesario y abarcará 10 años.
La información la proporcionó el fiscal del caso, Róger Velásquez, quien explicó que otro de los motivos para tomar la decisión fue la cantidad de información y el riesgo de dispersión que implica una investigación de una década.
La Fiscalía decidió inicialmente realizar una investigación que comprenda el período 1995-2005. Este tiempo representaba revisar documentación de parte de los dos gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga y Carlos Mesa.
Con la decisión tomada, sólo se investigará el manejo de los gastos reservados en el gobierno de Quiroga. “La investigación puede acrecentarse demasiado y hacerse un monstruo, por eso hemos visto por conveniente cerrar las pesquisas entre 1999 y 2002”.
Los ex ministros de Gobierno Guillermo Fortún, Guido Náyar y Leopoldo Fernández son investigados, además de una veintena de empresas de diferentes rubros que habrían recibido dineros de gastos reservados.
Fortún y Náyar están prófugos. Fortún habría recibido 18 millones de bolivianos de la partida destinada a la seguridad nacional, mientras su colega habría manejado en cuentas particulares más de 300 millones de bolivianos.
Velásquez no descartó que los jefes militares y policiales del período de investigación sean convocados a declarar. Informó que hoy se definirá la competencia o no de investigar a Fernández.
El gobierno denuncia
El Ministerio de Lucha Contra la Corrupción presentó la denuncia. El fiscal Félix Peralta fue designado al caso, pero fue alejado posteriormente luego de que mencionara que el cardenal Julio Terrazas habría recibido 115.000 bolivianos de gastos reservados en 1999.
La información fue confirmada y el Arzobispado de Santa Cruz explicó que el dinero fue destinado a una obra social. Waldo Albarracín, entonces Defensor del Pueblo, también habría recibido parte de estos dineros. Albarracín dijo que los dineros que recibió fueron para pagar indemnizaciones a víctimas de hechos de violencia. El ex presidente Jorge Quiroga declaró sobre el caso.