Índice de los Editoriales de Periódicos
-
El Día: Contra la tortura
-
Bajo el Penoco, El Día: Misión cumplida
-
Los Tiempos: CUBA, OTRA BATALLA POR LA LIBERTAD
-
El Deber: Limpiar la Policía
-
La Razón: ¿Y los misiles chinos?
-
Cambio: ¿Ataque nuclear contra Irán?
-
La Prensa: Actitudes deplorables de fiscales
-
El Diario: Importancia del agro para el desarrollo
-
El Mundo: Espectadores
-
Opinión: Nueva unidad policial para control de caminos
-
Clarín, Argentina: Mora en el acceso a la información
El Día: Contra la tortura
La práctica sistemática de la tortura de los detenidos políticos ha sido y es, una penosa característica de los gobiernos dictatoriales en el mundo, cuyos organismos de seguridad aplican con el fin de obtener información por la fuerza. Bolivia no ha sido la excepción, por supuesto, al punto que, con cada retorno de la vapuleada democracia boliviana, se han mostrado pruebas palpables de comisión de un delito catalogado de crimen de lesa humanidad. Lamentablemente, la Policía Nacional ha extendido la utilización de la tortura a la lucha contra la delincuencia. Si esta práctica ilegal podía ser tolerada en los regímenes de fuerza, no puede ser consentida bajo ningún concepto durante un gobierno democrático.
Por eso es que, a la luz de las evidencias, el Gobierno del presidente Morales ha tenido que admitir la práctica de la tortura en el caso de Olorio Apaza, que ha derivado en la muerte violenta del detenido, hasta ese momento sospechoso principal del reciente atraco a un puesto de peaje. ¿Cuáles han sido las razones por las que se ha torturado en las dependencias policiales a un elemento clave para esclarecer el delito agravado con la muerte de un efectivo policial? ¿Es que existe un nexo de los delincuentes con la Policía? Mientras se esperan respuestas satisfactorias, la institución del orden entra en sospecha.
Dadas las circunstancias, la retórica de la condena a la tortura en general por parte del Ejecutivo, y en especial la referida al caso Olorio Apaza, resulta totalmente insuficiente y escasamente creíble. La situación exige pasar cuanto antes de las palabras a los hechos. Esto significa celeridad para investigar, juzgar y castigar a quienes resulten culpables de la muerte de Apaza, y también poner sobre el tapete todo el entramado delictivo que ha puesto a la Policía en el banquillo de los acusados. La ciudadanía en general y la opinión pública en especial, consideran que existen muchos aspectos oscuros en la institución policial que deben ser expuestos a la luz pública. Se trata de la transparencia institucional.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Resulta preciso y oportuno que el sistema democrático boliviano ofrezca señales nítidas de fortaleza. Para ello hace falta una urgente y amplia depuración de los elementos perniciosos existentes en la Policía Nacional, que no sólo socavan la imagen institucional, sino que colocan a la democracia boliviana en una situación de deterioro que se hace necesario encarar con decisión y madurez. La mentada reforma policial no puede quedar en el simple papel. Por el contrario, el Gobierno está obligado a ser consecuente con sus promesas y actuar en consecuencia. A estas alturas, toda demora puede calificarse de encubrimiento.
La tortura es un delito penado por ley. Es más, ha sido calificada de crimen de lesa humanidad. Por tanto, su práctica sistemática u ocasional en cualquier ámbito, incluso en la dura lucha contra la delincuencia resulta injustificable y, por tanto, absolutamente repudiable. Si bien la tortura parece devenir en un atavismo de los regímenes de fuerza, tiránicos y dictatoriales, no puede ser captada en democracia. Esta es la hora precisa para que el Gobierno demuestre que defiende y fortalece el estado de derecho poniendo los puntos sobre las íes. En esa tarea, con características de titánica, al menos debe demostrar que actúa con decisión y transparencia, por encima de intereses espurios y a favor del país en su conjunto.
La tortura es una práctica ilegal repudiable que no puede ser consentida bajo ningún concepto durante un gobierno democrático.
Bajo el Penoco, El Día: Misión cumplida
El presidente de la empresa AeroSur, Humberto Roca, dijo que el presidente Morales “se hace el boludo” con los atropellos que se están cometiendo en el país y que supuestamente son iniciativa del vicepresidente Álvaro García Linera. Horas antes de esa declaración, Morales había respaldado las acciones legales que lleva adelante García Linera contra el gobernador Rubén Costas, aunque intentó sacar los pies del plato lanzándole piropos a la autoridad cruceña. “Lo he visto desprendido y amable”, afirmó. Tanto Roca como Costas, han estado haciendo esfuerzos por no hacer ninguna alusión a Evo Morales, mientras dirigían todos sus dardos hacia su principal colaborador. Constantemente ambos contendientes trataban de llamar la atención del Presidente para denunciar las cosas que hacía su vicepresidente. García Linera acaba de cumplir la misión de poner al Gobierno nuevamente en conflicto con los “oligarcas, separatistas y divisionistas”, cuando la gran preocupación de Evo Morales está en la pelea de los indígenas contra el Gobierno indigenista.
Los Tiempos: CUBA, OTRA BATALLA POR LA LIBERTAD
El paso dado por La Habana parece marcar el inicio de un largo proceso más que el fin de una crisis circunstancial, como en épocas anteriores
La liberación de los primeros siete presos políticos, de un total de 52 que deberán ser excarcelados en el transcurso de los próximos cuatro meses, ha vuelto a poner a Cuba y al régimen encabezado por los hermanos Castro en el centro de la atención mundial.
El hecho -la expatriación de prisioneros de conciencia- en sí mismo no es novedoso. Ya en más de una ocasión el régimen cubano hizo concesiones similares tras la mediación de influyentes personajes del escenario internacional, generalmente a cambio de alguna retribución política o económica. Entre los antecedentes más importantes cabe recordar la liberación de 26 presos políticos que consiguió el pastor demócrata estadounidense Jesse Jackson en 1984, pero sobre todo el caso de los 80 presos que fueron expatriados como un gesto de buena voluntad hacia el papa Juan Pablo II tras su visita a la isla en 1998. Sí es novedoso, en cambio, el contexto en que se produce y las probables consecuencias del paso dado.
En lo que a las circunstancias se refiere, se debe destacar que en esta ocasión la concesión del régimen cubano estuvo directamente relacionada con factores de presión internos más que foráneos, como en los casos anteriores. La muerte tras casi tres meses de huelga de hambre de Orlando Zapata en febrero pasado, la posibilidad de que Guillermo Fariñas siga sus pasos y tras él se desencadene, como ya fue anunciada, una ola de huelgas de hambre igual de radicales fueron algunos de ellos. Y no menos importante, por su perseverancia y su tendencia creciente, fue la movilización de las “Damas de Blanco” que han llegado a tener sobre la opinión pública mundial una influencia ante la que las ya clásicas descalificaciones gubernamentales resultan nada convincentes.
Tan relevante como lo anterior fue el papel de la Iglesia católica. Y no porque antes no haya tenido un papel protagónico, como en 1998, sino porque esta vez fue la jerarquía eclesiástica autóctona encabezada por el cardenal Jaime Ortega, y no la diplomacia vaticana, la principal interlocutora durante todo el proceso, dato que el arzobispo de La Habana se esmeró en subrayar al insistir una y otra vez que “este es un asunto que se trata y resuelve entre cubanos”.
Muy ligado a lo anterior está el papel secundario que esta vez les tocó jugar a quienes quisieron atribuirse oficiosamente el papel de mediadores. Es el caso de algunos diplomáticos españoles que creyeron ver en el paso dado por Cuba una ocasión para arrogarse méritos que no les corresponden. Tampoco quedó muy bien parada la diplomacia brasileña, si se recuerda que hace no mucho tiempo el presidente Lula da Silva llegó a comparar a los prisioneros políticos hoy expatriados con vulgares delincuentes comunes.
Pero aun más importante que todo lo anterior es que esta vez la concesión del régimen cubano no parece marcar el fin de un proceso de tensiones políticas, con su efecto catártico, sino sólo el principio de una nueva ola de demandas a favor de la restitución en la isla caribeña de la plena vigencia de las libertades sin que quienes discrepan tengan que elegir entre la sumisión, la cárcel o la expatriación.
El Deber: Limpiar la Policía
El presidente Evo Morales instruyó al comandante de la Policía Nacional, general Oscar Nina, aplicar una rápida solución para limpiar la institución de las prácticas de corrupción que la han desprestigiado ante los ojos de los ciudadanos.
Los hechos de Caranavi, San Ramón y Uncía, que estallaron entre mayo y junio, hicieron surgir esta inquietud en el Presidente, con palabras que fueron expresadas en ocasión del aniversario de fundación de la Policía, el 24 de junio pasado.
La participación de agentes, algunos de ellos en servicio activo, en los bandos de los narcotraficantes, desnudó esta realidad de la que se sospechaba, pero no se tenía datos precisos, con nombres y fechas.
El general Nina respondió con presteza a las instrucciones del Presidente, pues anunció que en 45 días la Policía iba a destruir las estructuras de corrupción interna.
El optimismo del comandante ha sido excesivo, a juzgar por los hechos que se han producido desde entonces.
En efecto, cuando corría el plazo fijado por Nina, a principios de julio se produjo el caso del asesinato, por tortura, del ciudadano David Olorio, mientras era interrogado acerca del asalto a la caseta de cobro de peaje en la autopista La Paz-El Alto.
Olorio murió a consecuencia de las torturas a que lo sometieron policías, según dijo el propio presidente Morales, lo que muestra que la situación que Nina quería enfrentar es mucho más compleja. La investigación ha establecido que Olorio era víctima de presiones, extorsiones y amenazas de parte de otros uniformados.
Se está hablando de un individuo muerto que, según las sospechas de la Policía, formaba parte de la banda que asaltó el puesto de peaje, y que habría cometido quién sabe cuántas otras fechorías. Un individuo que, formando parte de esa banda, era presionado por policías, seguramente para ofrecerle cobertura, protección e inmunidad.
De lo que se desprende que el muerto no era el único vinculado con hechos ilegales. Es inevitable preguntarse, por lo tanto, ¿cuántos otros policías están vinculados con bandas de asaltantes, o con organizaciones delincuenciales de otro tipo? ¿A cuántos otros comprometen esos policías, para gozar de impunidad?
Lo ocurrido con Olorio podría ser el hilo que lleve a la madeja de otros nexos entre los delincuentes y los uniformados.
Los dirigentes de los ayllus de Sacasaca, cerca de Uncía, donde fueron asesinados cuatro policías a fines de mayo los primeros tres y a principios de junio el cuarto, dijeron que los policías los extorsionaban.
Se sabe de la actitud prepotente de policías que arrebatan los pasaportes a turistas extranjeros para sacarles dinero a cambio. Pero lo más tenebroso es la relación que tienen, a juzgar por los hechos de San Ramón, con las bandas de narcotraficantes que llevan droga a Brasil.
Quizá el general Nina estaba subestimando el fenómeno de la corrupción en la Policía cuando dijo que haría la ‘limpieza’ en 45 días. Pero por eso no tiene que desanimarse: se trata de una tarea vital para el país.
La Razón: ¿Y los misiles chinos?
Casi cinco años después, la investigación está paralizada
¿Por qué razón no se han dado pasos contundentes para la resolución de este tema, tan comentado en los medios de comunicación y que atañe a varios países? Los misiles chinos habrían salido de la base Bilbao entre el 2 y el 4 de octubre del 2005 a El Alto y de allí en un C-130 norteamericano rumbo a la base de Manta (Ecuador), con destino final a la base de Guantánamo (Cuba).
Como antecedente se debe destacar que en el 2006 se celebró la reunión plenaria del Acuerdo de Wassenaar para el Control de Exportación para Armas Convencionales y Tecnologías de Uso Dual, donde se acordó una “Lista de Control e Intercambio de Información”, que incluía los sistemas de misiles antiaéreos portátiles. Hasta hoy, de los 40 países firmantes de este acuerdo internacional, el único sudamericano es la Argentina.
Además del entonces ministro de Defensa, Gonzalo Méndez, se encuentran involucradas ex autoridades militares.
También al ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé se le acusa de haber permitido que los misiles salieran hacia Norteamérica, pese a las reiteradas solicitudes del ex mandatario de que se exijan explicaciones al Gobierno de Estados Unidos acerca de su controvertible accionar en este caso.
Quienes tienen buena memoria saben que Rodríguez cumplió un papel central para la democracia boliviana en el año 2005, cuando, en un momento particularmente difícil para la historia del país, habiendo estallado una aguda crisis política, dejó la presidencia de la Corte Suprema y asumió la responsabilidad de tomar las riendas de una Bolivia angustiada. Entregó el mando a Evo Morales, tras elecciones nacionales, el 22 de enero del 2006.
Rodríguez es un hombre consagrado a las leyes. Por eso no sorprende que el ex presidente se remita a pedir dos cosas: investigación y justicia.
Cinco años es mucho tiempo para un asunto que toca directamente a dos países. Y no sirve de justificativo el argumento de que en el ínterin se tensaron las relaciones entre Bolivia y EEUU, las mismas que ambas partes buscan recomponer con negociaciones desde el mes pasado.
El acercamiento que se anuncia con los preparativos de un acuerdo marco debe ser aprovechado para tratar, además de los temas álgidos como narcotráfico y relaciones comerciales, la nunca resuelta cuestión de los misiles. Rodríguez Veltzé reclama acertadamente que esto sea abordado también por la vía diplomática. Así debería ser.
Cambio: ¿Ataque nuclear contra Irán?
El histórico líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, aseguró que un ataque de Estados Unidos e Israel a Irán desatará inevitablemente una guerra nuclear, pero advirtió que se toparán con una fuerte resistencia, la que no encontraron en 2003 en Irak, un país dividido entre sunitas, chiitas y kurdos.
Esa advertencia —lanzada a principios de julio— fue ratificada este lunes al comparecer en el programa televisado Mesa Redonda de la Televisión Cubana, escenario en el que hizo un análisis exhaustivo de la grave situación existente en Oriente Medio como consecuencia de las amenazas estadounidense e israelí de lanzar un ataque destructivo contra Irán.
Fidel advirtió también del “equivocado criterio de Washington” sobre la posibilidad de que el pueblo iraní no enfrente a los agresores y destacó la resistencia que pudieran a encontrar. Los iraníes llevan 30 años preparándose y adquiriendo aviones y armas rusas y chinas para una eventual defensa.
“Están entrenando a todas las personas mayores de 12 años y menores de 60, solamente los Guardianes de la Revolución tienen un millón de miembros, el Ejército y la Marina tienen fuerzas de aire, mar y tierra, son 20 millones de musulmanes chiitas”, expresó.
¿Pero en qué contexto internacional el líder de la revolución cubana lanzó esa advertencia sobre el holocausto que podría generar ese ataque de fuerzas combinadas judío-estadounidenses contra esa nación islámica?
Desde fines de junio, embarcaciones de guerra de Estados Unidos, entre ellos el portaaviones Harry S. Truman, escoltado por submarinos nucleares y otros buques militares con misiles y cañones nunca antes utilizados en una aventura bélica navegaban hacia las costas iraníes a través del canal de Suez. Y junto a esas fuerzas navales avanzaban buques militares israelitas —con armamento igualmente sofisticado— supuestamente con el objetivo de inspeccionar cuanta embarcación exporte o importe productos que el funcionamiento de la economía iraní requiere.
Además, el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo presión de Estados Unidos y con el apoyo de Gran Bretaña, Francia y Alemania, aprobó una resolución que endureció las sanciones contra Irán y que no fue vetada por ninguno de los países que ostentan ese derecho, entre ellos Rusia y China.
Los datos expresados por el líder de la revolución cubana señalan que Estados Unidos gasta en cuestiones militares más recursos que todas las naciones del mundo y que esos presupuestos de guerra superan en 49% lo gastado por Washington en el año 2000.
A esto se suma la fuerte presión que Estados Unidos ejerce sobre Irán por el desarrollo de su programa nuclear que Teherán asegura tiene fines pacíficos, lo que ha llevado a un bloqueo riguroso y al estrangulamiento de Irán.
Y porque la situación es cada vez más tensa, Castro dejó entrever que Mahmoud Ahmadinejad, el presidente iraní, no dirige precisamente a un Ejército como el que fue derrotado en Irak por Estados Unidos y sus aliados y, por ello, mucho menos cederá a las exigencias.
Según afirma Castro, Irán y su Ejército resistirán y combatirán ante una situación de conflicto. Sin embargo, ante la posibilidad de reanudar las negociaciones, es previsible que Brasil y Turquía, los dos Estados que promueven una solución negociada a la crisis iraní, no serán invitados a ellas.
Entonces, si Irán no piensa ceder, al igual que Estados Unidos, Europa e Israel, el panorama se complica y, en este escenario, las advertencias de Fidel toman cuerpo y constituyen un llamado a la racionalidad en defensa del derecho internacional y una exigencia a las Naciones Unidas para que extreme todos sus esfuerzos para evitar que nuevamente Oriente Medio sea escenario de un conflicto bélico de imprevisibles consecuencias.
Estados Unidos es el poseedor de los mayores arsenales de armas de destrucción masiva del mundo y el único que ha utilizado armas nucleares contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki —el 6 y el 9 de agosto de 1945—. Dispone actualmente de 534 misiles balísticos intercontinentales; 432 misiles balísticos de lanzamiento submarino y aproximadamente dos centenares de bombarderos nucleares de largo alcance, entre los que se cuentan 16 “invisibles” del tipo B-2. El total de cabezas nucleares desplegadas podría oscilar, según fuentes, entre 5.000 y 10.000.
Según la enciclopedia libre Wikipedia, a finales de los años noventa la comunidad de inteligencia estadounidense calculaba que Israel disponía de entre 75 y 130 armas nucleares para su aviación y sus misiles basados en tierra.
Actualmente se cree que tiene entre 100 y 200 cabezas nucleares desplegadas y operacionales, aunque algunas fuentes elevan esa cifra a 400. Además, Israel podría disponer de al menos 12 misiles de crucero de alcance intermedio con cabeza nuclear.
No obstante, ambos países acusan a Irán de desarrollar un programa nuclear para dotarse de al menos dos bombas nucleares hasta dentro de dos años, aunque Teherán ha rechazado tajantemente esa versión y ha reivindicado que sus plantas nucleares desarrollan energía atómica exclusivamente con fines pacíficos.
En este contexto, la advertencia de Fidel adquiere trascendental importancia, ya que la humanidad estaría al borde de una hecatombe nuclear que ningún país amante de la paz desea y así debe entenderlo el imperio.
La Prensa: Actitudes deplorables de fiscales
A esos fiscales no les interesa cumplir las normas y menos piensan en el honor, la dignidad y el prestigio de los convocados, ni el dolor de las familias.
Los fiscales tienen la misión de investigar todos los presuntos delitos contra el Estado y/o la sociedad, pero, por ley, deben ser política y socialmente independientes, y cumplir su función dentro de los marcos absolutamente constitucionales, apegados a las disposiciones legales.
Esa misión de defensa del Estado y de la ciudadanía deberá hacerse sin presiones de ninguna naturaleza y sin convertir esa tarea en un acto represivo o vengativo del Gobierno, utilizado con fines políticos o para desprestigiar a quienes no están sometidos al oficialismo. Las ideologías o simpatías políticas deberían estar al margen de las actividades profesionales de los fiscales y no deberían influir en sus investigaciones, que siempre deben estar enmarcadas en la búsqueda de la verdad única.
Pero, en nuestro país, esa imparcialidad parece haber desaparecido, especialmente de fiscales vinculados a investigaciones de presuntos actos delictivos de carácter supuestamente político, como sucede con los casos de los gastos reservados, el Porvenir o de supuesto terrorismo.
El fiscal que investiga este último caso ha tomado un inocultable partido por el Gobierno acusador. Las actuaciones de Marcelo Soza son tan evidentemente parcializadas que no tiene el menor problema en manifestar su animadversión contra quienes llama a declarar, contra los sospechosos o con los que resultan imputados o formalmente acusados de un hecho que todavía no ha sido esclarecido.
Los fiscales no deberían sembrar el desprestigio, el temor, ni incumplir disposiciones legales que prohíben revelar nombres de quienes son simplemente citados a declarar. Esa forma de actuar los hace aparecer como implicados en delitos, sin que hubieran sido siquiera formalmente acusados. Pero eso no cuenta. Al fiscal del supuesto caso de terrorismo, al de los gastos reservados y de otros casos, no les interesa cumplir las normas y menos piensan en el honor, la dignidad y el prestigio de los convocados, ni el dolor de los familiares, ni el inmenso daño moral que esa divulgación acarrea. Lo hacen sin ningún respeto ni temor a la justicia. Ahí están los casos del cardenal Julio Terrazas, cabeza de la Iglesia Católica en Bolivia; del periodista José Antonio Pomacusi y de muchas otras inocentes personas que se estableció que no tenían ninguna vinculación con hechos delictivos. Sin embargo, sus nombres fueron divulgados públicamente, poniéndolos en la picota del escarnio, por obra de profesionales que ignoran el debido proceso y el Estado de derecho.
Algunos obran con prepotencia y sin consideración, como lo hizo recientemente el fiscal antiterrorismo con Pomacusi, a quien citó a declarar en un día y hora determinados, con la amenaza de aprehenderlo si no acataba la convocatoria. El periodista cumplió, pero el fiscal no, demostrando una evidente falta de seriedad y sin que nadie lo aperciba con una sanción por ello, a pesar de la existencia de una ley que sanciona el incumplimiento de funciones de los funcionarios públicos.
Las acciones que desarrollan los fiscales contra la Iglesia y el periodismo parecen obedecer a intenciones superiores de atemorizar o acallar a estas dos instituciones que, según las encuestas conocidas, son las que están en el primer y segundo lugares, respectivamente, de la confianza y la credibilidad del país.
El Diario: Importancia del agro para el desarrollo
Desde hace décadas, y mucho más desde el mes de agosto de 1953, cuando se aprobó el decreto sobre Reforma Agraria (hecho ley en 1956), se sostiene la necesidad de “dar funcionalidad” al trabajo de la agricultura hasta llegar al término de agroindustria; lamentablemente, ninguno de los gobiernos, de 1953 a la fecha, se ha preocupado por cumplir efectivamente con el contenido de la mencionada ley a favor del agro y, en general, del país.
Examinar la Ley de Reforma Agraria es establecer que ni siquiera el 20% de su contenido se ha cumplido porque no hubo ni la capacidad ni la voluntad para hacerlo realidad -salvo el reparto de títulos, por simple demagogia-. Si esa disposición se hubiese cumplido así sea en mucho tiempo, éste es el momento en que el agro boliviano sería uno de los más adelantados y su población tendría buenos niveles de vida no sólo en lo económico sino en lo educativo, cultural y en salud.
El incumplimiento de la Ley de Reforma Agraria es causante de la mayoría de los problemas que enfrentan las áreas rurales -especialmente de occidente- que no han recibido ni la atención ni la dedicación de las autoridades, ya que, por razones “de partido” o “para sostener al gobierno de facto”, se ha utilizado a las “masas campesinas” (como se las llamó muchas veces), sólo para marchas, manifestaciones y actitudes extremas que sólo han derivado en perjuicio de ellos mismos, cuya buena fe se supo aprovechar.
Pero si nos atenemos al dicho popular, “no hay mal que dure cien años”, la Ley de Reforma Agraria ya tiene 57, es tiempo de tomar en cuenta el espíritu, la intención y las proyecciones y perspectivas de esa Ley; de otro modo, el campesino boliviano y por ende colonizadores y muchos núcleos poblacionales, seguirán viviendo de promesas y esperando que algún día, en alguna generación se inicie un trabajo honesto y responsable para hacer de las áreas rurales instrumentos de desarrollo y progreso del país.
Bien se sostiene, a nivel mundial y desde hace muchos siglos, que “el trabajo rural es duro y el menos rentable” y cabe en sitios donde se han organizado sistemas de trabajo como cooperativas (que establece la Ley de Reforma Agraria), donde ni se han conformado grupos que inviertan capitales y tecnología; tampoco se ha cuidado el aspecto que señala la mencionada Ley: conformar cuadros de técnicos, asesores, artesanos, que ayuden a los pobladores del campo, que los guíen y enseñen sistemas y métodos para dar agilidad y funcionalidad al trabajo de la agricultura.
Hay mucho por cumplir de dicha disposición legal, y postergar su aplicación sería irresponsable. El Gobierno sostiene la urgencia y necesidad de dar al campesinado, al originario, lo que “la historia le negó por siglos” y no debe seguir en la misma política negando a estos habitantes los derechos que tienen a trabajar, producir, contribuir al desarrollo del país y, tal vez lo más importante, alcanzar condiciones óptimas de educación, salud y desarrollo personal y familiar.
Finalmente, hay que entender que no es con demagogia político-partidista ni con promesas muy lejanas de cumplirse, que se “reconocerán los derechos de los habitantes del campo”; son los hechos honestos, oportunos y responsables los que determinarán el desarrollo y progreso del campesinado y de todos los poblados que radican en áreas -desde las más deprimidas de occidente hasta las más progresistas que hay en el oriente-. No actuar con realismo y honestidad con la gente del campo es obrar en contra del país y su desarrollo como medio para salir de la pobreza que caracteriza, especialmente, a regiones deprimidas en muchos lugares de nuestro territorio.
El Mundo: Espectadores
Mientras el Gobierno asegura contar con el apoyo de toda la ciudadanía, apoyado especialmente en los resultados de las elecciones, muchas personas que se animan a analizar las acciones que se cumplen al margen de la Constitución Política del Estado que él mismo ha elaborado, aprobado en todas sus etapas y puesto para la aprobación de un referéndum, no logran entender cómo, quienes hicieron todos esos esfuerzos para aprobar la norma, finalmente la incumplen, porque ha quedado chica para satisfacer todas las acciones que se ejecutan en esta nueva etapa.
Estamos a punto de tener aprobada la Ley Marco de las Autonomías que ya dejó atrás las propuestas hechas por los distritos del país que consideraban que ese sistema iba a ser beneficioso para el país; en efecto, de acuerdo a la Constitución, incorporó como opciones las autonomías de los pueblos indígenas y otras figuras que dejaron atrás la idea de departamentalización.
Los cuatro distritos de la llamada media luna, que mostraron su oposición a las arbitrariedades, han sido calificados como separatistas primero y luego terroristas y otros calificativos que tratan de estigmatizarlos, de tal manera que en muchos lugares de las zonas altas, se los considera extraños y hasta enemigos, a pesar de que en algún momento contaron con el apoyo de otras regiones, como Cochabamba y Chuquisaca que precipitaron la decisión de incorporar el tema en la Carta Magna.
Ahora no son sólo los sectores de oposición, a los que se considera de una posición política de derecha extrema y alentados por gobiernos extranjeros, sino los propios pueblos originarios, a los que el Gobierno dice defender, que hoy expresan su preocupación, por sentirse marginados de las normas, al dárseles una representatividad y facultades que no permiten su accionar; el mencionar que esa reacción ha sido alentada por un organismo internacional, conocido por su tarea de apoyo al desarrollo de los pueblos y de los cuales nuestro país no ha sido la excepción, sólo muestra la debilidad con que se asumen esas posiciones.
La necesidad de normar los alcances de la Constitución Política ha dado lugar a otras normas, con las mismas características, la del Órgano Electoral por ejemplo, que no sólo se aleja de lo que prescribe la Constitución, a la cual se le hicieron las observaciones en su momento, sino que agrava las posiciones de manera que convierten a esa Ley en inconstitucional.
Esas posiciones no hacen otra cosa que recordarnos aquellos tiempos en que los gobiernos dictatoriales, los cuales manejaban el país a punta de Decretos y que no hacían otra cosa que imponer sus caprichos, con la diferencia de que en ese momento, no se contaba con un Parlamento ni otras instancias de poder que actualmente existen, por lo menos en apariencia.
El hecho de que todas las instancias del poder hubieran quedado bajo la decisión de una sola persona, ha dado lugar a que en nuestro país, esté vigente, en este momento, una suerte de anarquía, en la cual puede escucharse cualquier posición, como producto de los caprichos de la persona que ha quedado con todo el poder en sus manos y sólo sirve a quienes lo rodean.
Lo ideal sería que contando con todo ese cúmulo de poder, tome la decisión de poner el país en marcha, en lugar de buscar la confrontación con grupos de personas que no comparten con su forma de actuar y que son sometidos a persecuciones, citaciones y otras acciones que no hacen otra cosa que mantener un ambiente de incertidumbre que no va a llevar a nada positivo, ya que han sido postergadas situaciones que tienen que ver con la necesidad de desarrollo y la seguridad nacional.
Los gobernantes, en lugar de apoyar, han buscado el enfrentamiento con instituciones que podrían ofrecerle su apoyo para esos emprendimientos. Mientras tanto, la mayor parte de los ciudadanos se mantienen como simples espectadores.
Opinión: Nueva unidad policial para control de caminos
Los accidentes que no cesan en las carreteras del país han dejado a la población que utiliza los servicios de las flotas de transporte interdepartamental en una absoluta desprotección. El número de accidentes durante las últimas semanas corrobora estas afirmaciones, pues en los recientes 10 días, casi medio centenar de pasajeros perdió la vida en accidentes de tránsito protagonizados por los buses.
Las determinaciones del Gobierno para disminuir la tragedia que enluta con tanta frecuencia a las familias de los bolivianos, no tienen ningún resultado. El decreto aprobado hace varios meses atrás y difundido con tanto aparato plublicitario no ha servido para nada, las medidas que aparentemente endurecían las sanciones para los choferes ebrios o para las empresas que incumplían normas básicas para operar en el transporte de pasajeros, no han logrado ningún objetivo concreto, y la prueba más clara en este sentido la otorgan las estadísticas.
Posiblemente y ante esta realidad o en el extremo de la impotencia, ahora el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti anunció la creación de una unidad policial especializada para que se encargue del control en las carreteras. No está mal la decisión, pero el anuncio no da ningún detalle sobre los medios de los cuales dispondrá esta unidad especializada, ni tampoco habla sobre si será abolida la Policía Caminera que actualmente cumple funciones, aunque con graves limitaciones, en algunos caminos del país.
Lo importante cuando se adoptan estas determinaciones que tienen que ver con la seguridad de las personas es que las autoridades no continúen con los anuncios de crear nuevos cuerpos policiales y otras medidas que no tienen el estudio necesario que incluya número de efectivos, vehículos y financiamiento para sus operaciones. Es una costumbre desde los anteriores gobiernos.
Se repiten los planes de seguridad ciudadana, planes para evitar que los choferes consuman alcohol, para que las empresas de buses cumplan con mínimas normas laborales que garanticen que los conductores realicen su trabajo en condiciones adecuadas, revisiones de policías en las unidades motorizadas y en fin, una serie de disposiciones que en los hechos nunca se dan.
El problema está en que los anuncios de las autoridades surgen muchas veces para calmar la protesta o la preocupación ciudadana, ante situaciones, como los accidentes en carreteras, donde se evidencia que no hay nadie quien haga algo por evitarlos o disminuir los índices.
El anuncio del Ministro de Gobierno tendrá que tener el beneficio de la duda en sentido de la intención de establecer un sistema biométrico de control de los choferes en las trancas, para verificar la identidad del conductor, las horas de trabajo y ver si imprimió excesiva velocidad. Y alcance primero ejecución práctica y segundo continuidad y alcance territorial.
Lo cierto, sin embargo, es que muchos de los anuncios de las autoridades, las anteriores y las actuales, siempre se dieron para pasar el momento de la coyuntura. Ahí están los numerosos planes de seguridad ciudadana, las advertencias para ser más rígidas las disposiciones del Código Penal en sanciones para los choferes infractores y así una serie de normas que en realidad quedan en el papel o las buenas intenciones, porque nunca se cumplen o se aplican a medias, para luego desaparecer en el tiempo.
En el anuncio concreto del Ministro de Gobierno para crear una nueva unidad de control carretero hay que esperar si obedece a un plan serio o simplemente a una intención distractiva, porque mucha gente empieza a preguntarse por qué, en vez de pensar en crear nuevas unidades, no se refuerza la existente que es la Policía Caminera.
Clarín, Argentina: Mora en el acceso a la información
El acceso a la información pública es un derecho resistido por las prácticas estatales abusivas, las cuales se extendieron bajo el amparo de una irrazonable cultura del secreto. Esta opacidad de la administración pública es una valla contra la transparencia y, por ello, un resorte que facilita la corrupción. La resistencia de las instituciones argentinas a permitir el acceso a la información tiene raíces antirrepublicanas y expresa la voluntad de mantener privilegios en el uso de prerrogativas que deben estar al servicio de la comunidad.
Para revertir este abuso estatal -el cual es una anomalía en la región, ya que la mayoría de los países ya disponen de leyes que garantizan el acceso a la información-, en el Senado de la Nación ha comenzado la búsqueda de un consenso capaz de llevar al recinto un proyecto de ley sobre la materia luego del receso invernal.
El objetivo es brindar herramientas que permitan ampliar exponencialmente el acceso ciudadano a datos que se hallan en manos de los diversos estatales o de las empresas de servicios públicos. En el Ejecutivo actualmente rige un decreto de 2003, el cual tan sólo permitió que se presentaran cinco mil pedidos de acceso a la información, dejando sin responder una considerable cantidad de los pedidos -así, la UBA informó que de las 1.036 solicitudes formulados en estos años por estudiantes de Comunicación, sólo se respondieron el 56%.
Es imprescindible, entonces, que se garantice a través de una ley el más amplio y ágil acceso a la información, convirtiendo a los datos secretos en una excepción debidamente justificada.
Todavía se carece de un régimen legal que garantice el más amplio derecho a la información pública. Un consenso legislativo permitiría saldar una falta que favorece abusos.