Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Estado desenfrenado
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Bajo el Penoco, El Día: Es cuestión de atreverse
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Los Tiempos: Una iniciativa auspiciosa
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El Deber: Quemas y daños al medio ambiente
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La Razón: Juicio a la deriva
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Cambio: Mercenarios del terrorismo
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La Prensa: Atraco y tortura
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El Diario: El bien común, fin de toda administración
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El Mundo: Sin seriedad
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Opinión: Una advertencia de los policías de base
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Clarín, Argentina: La reforma de la Magistratura
El Día: Estado desenfrenado
El hostigamiento que ejecuta el Gobierno contra la compañía AeroSur ha sobrepasado ya los límites de la racionalidad y tiene al vicepresidente Álvaro García Linera como la punta de lanza de un acoso que compromete a todo el Estado Plurinacional en el aniquilamiento de una empresa privada.
Nunca antes se había visto un derroche tan grande de poder dirigido hacia un solo sujeto, lo que hace presumir la existencia de un asunto personal que va más allá de la búsqueda de la transparencia en el manejo de AeroSur, empresa que seguramente tiene problemas como cualquier otra, pero que en todo caso merece el beneficio de la duda y la oportunidad que le debe brindar el Estado de corregir las anomalías en el marco de la legalidad. Nadie, ni hasta el más correcto y saneado podría resultar ileso y libre de culpa con todo el ensañamiento que se está observando.
El caso de AeroSur es el ejemplo más claro de cómo se está manejando el Estado boliviano. A la voz de un solo individuo, numerosas instituciones que supuestamente deberían actuar al margen de las consignas políticas, se alinean como un ejército para atacar al enemigo. Eso incluye a muchos operadores de justicia, cuya actuación es equiparable a la de los esbirros de las dictaduras, siempre atentos a las órdenes del caudillo para aplastar a los oponentes.
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Qué puede esperar un ciudadano común, una empresa local o extranjera, un inversionista o cualquier persona que nunca está libre de entrar en contradicción con los agentes de este Estado desenfrenado. Si nos preguntamos por qué Bolivia se ha vuelto uno de los peores lugares para invertir y por qué muchas compañías extranjeras radicadas en el país no sueltan sus capitales ni siquiera bajo amenaza, la respuesta está en las dos palabras que viene pronunciando desde hace meses el presidente de AeroSur, Humberto Roca: “Reglas claras”. Y mientras la consigna sea “yo le meto nomás”, que equivale a “yo destruyo nomás una empresa” y “yo aplasto nomás a mis enemigos”, “porque no tengo control, nadie me puede frenar y tampoco nadie me puede juzgar por mis actos”, el resultado nunca será otro que un Estado carcelario, en lugar de un Estado productivo y competitivo. No hablemos ya de un Estado de derecho, porque eso ya es historia.
Hay que insistir que no se trata de defender a una empresa o a cualquier otro particular que mantenga alguna controversia con el Estado o con las normas, sino de reprochar la forma de gobernar un Estado que intimida y aterroriza con fines oscuros. “Reglas claras” no significa permisividad ni tolerancia de manejos reñidos con la ley, sino de una solicitud elemental que exige la convivencia humana. Tampoco se trata de pedir leyes contemplativas que se adapten a cualquier circunstancia, sino de construir un modelo transparente, confiable y que perdure en el tiempo. Aplicando los procedimientos actuales, es decir, respondiendo al grito de guerra de un caudillo, el MAS nunca podrá construir un país con estabilidad política y económica, base indispensable para lograr una sociedad desarrollada y exitosa. De profundizarse este proceso, mejor dicho, esta involución, no cabe duda que el destino de Bolivia seguirá truncado por mucho tiempo.
El ataque perverso que sufre la empresa AeroSur es una demostración de cómo está siendo manejado el Estado boliviano.
Bajo el Penoco, El Día: Es cuestión de atreverse
Un estudio realizado por la Comisión Nacional para el Control de Estupefacientes de Chile ha demostrado que el consumo escolar de cocaína en ese país ha aumentado de 3,1 al 3,4 por ciento en los últimos dos años. Lo más preocupante del estudio es que el 60 por ciento de los estudiantes considera que el consumo de cocaína no produce daño alguno. También se ha descubierto que la proporción de adolescentes chilenos que declara haber estado expuesto a la oferta de cocaína ha pasado del 7 al 12 por ciento. Estos datos ponen a Chile a la cabeza en el consumo escolar de cocaína en Sudamérica, tal como lo ha alertado la ONU, organismo que ha señalado también aumentos considerables de la drogadicción en Argentina y Brasil, países que igualmente son limítrofes con Bolivia. Al Gobierno chileno le preocupa, al igual que su par brasileño, la avalancha de droga que llega desde el territorio boliviano. ¿Qué pasará de este lado de la frontera? Sobre el aumento de la producción está sobradamente claro ¿Se atrevería el Gobierno a investigar qué ocurre con el consumo de cocaína?
Los Tiempos: Una iniciativa auspiciosa
Los acuerdos entre la Gobernación y los sectores productivos son indispensables para encarar eficazmente el desarrollo con justicia social de la región
La reunión que ha sostenido el gobernador de Cochabamba con representantes de las Cámaras de Industria, Minería, Exportadores y de la Pequeña Industria, y de la Asociación Departamental de Avicultura, para debatir sobre el desarrollo del departamento, permite abrigar esperanzas en que, por lo menos en la región, podría comenzar una nueva etapa en la que la gestión administrativa y el trabajo suplan al ya tedioso enfrentamiento político-sectario prevaleciente en el ámbito nacional.
Muchas experiencias en el planeta muestran que en la medida en que los tres pilares del desarrollo de una nación -Estado, productores y trabajadores- alcanzan acuerdos, sin dejar de velar por sus propios y legítimos intereses, el beneficio para el conjunto es concreto. En cambio, cuando uno de ellos quiere imponer una sola visión o beneficiarse en forma excluyente de la riqueza que se genera, es seguro que más tarde que temprano esa sociedad colapsará. En el país hemos vivido experiencias muy aleccionadoras al respecto que debemos recordar y estudiar en forma permanente para evitar caer en los mismos errores del pasado.
Además, es importante aprovechar los inicios del proceso de construcción del Estado autonómico para debatir sobre el impulso que se debe dar a nuestra estructura productiva regional. Muchos entendidos sostienen que la prioridad en Cochabamba es promocionar y apoyar las diversas iniciativas empresariales que permitan generar excedentes, así como a aquellas políticas redistributivas que ayuden a paliar las brechas sociales existentes y, de esa manera, combatir eficazmente la pobreza.
Así, junto al trabajo que la Gobernación debe realizar con los sectores productivos -sin exclusiones de ninguna naturaleza-, se debe prestar especial atención a la salud y la educación, asumiendo la premisa de que es fundamentalmente a través de ellas que la redistribución de la riqueza se hace realidad. Además, en tiempos en el que a nivel planetario el conocimiento ha pasado a ser un insumo fundamental del desarrollo, Cochabamba puede ser un espacio donde las nuevas tecnologías -que bien administradas se coinvierten en extraordinarios raseros de igualdad- se produzcan y aprovechen a plenitud.
Obviamente se trata de un largo camino en el que los avances y retrocesos serán constantes dados los múltiples intereses en juego, las diversas visiones que se tiene sobre el futuro del país y la región y la aún fuerte corriente centralista presente en el Órgano Ejecutivo. Lo importante es que se comprenda que si fallamos en este proceso, nuestro destino será absolutamente incierto, pues daríamos muestras de una incapacidad vital para construir una nación desarrollada y con justicia social.
Bajo esas premisas, y a partir del primer encuentro oficial entre las nuevas autoridades regionales y representantes de los sectores productivos, se puede sostener que Cochabamba reúne muchas condiciones para convertirse en un referente del desarrollo nacional. Además, su ubicación geográfica hace que más allá de presunciones y prejuicios, este departamento ha sido y debe seguir siendo la garantía de la unidad nacional. Es decir, impulsar un desarrollo armónico y con justicia social y aunar los lazos entre las regiones del país son, probablemente, sus más importantes desafíos.
El Deber: Quemas y daños al medio ambiente
Un dato que obviamente provoca alarma y preocupación entre cuantos ciudadanos se consideran de vocación ecológico-ambientales, es el dado a conocer recientemente por los medios de comunicación social, en sentido de que Bolivia, después de Brasil, es el país que registra la mayor cantidad de focos de calor en lo que va de la presente temporada invernal. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en el territorio nacional se ha detectado poco más de 300 de dichos focos, de los cuales 164 corresponden a Beni y 144 a Santa Cruz. Estas cifras superan de forma sensible a las registradas en igual periodo de 2009. Es que la actual y prolongada sequía, que afecta no sólo al Chaco, sino también a diferentes provincias de Santa Cruz, indujo a muchos agricultores y ganaderos a adelantar las quemas de bosques y pastizales para habilitar áreas de cultivo y de apacentamiento. Se trata de una actividad que regularmente se realiza entre julio, agosto, septiembre, e incluso octubre, pero la ausencia de lluvias alteró los tiempos y procedimientos.
Igual que en años anteriores, lamentablemente tales quemas no se ajustan a las reglas de control que establece la ley vigente en la materia. Las llamas se propagan rápidamente, por acción del viento, dando lugar a incendios que, además de devastar la flora y la fauna del lugar donde se producen, contaminan el aire con el humo, cuyos efectos se dejan sentir hasta en los centros urbanos, dañando la salud de las personas, particularmente de niños y ancianos.
De 302 procesos administrativos por quemas ilegales iniciados en la gestión 2009 por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), 207 se registraron en Santa Cruz, donde la superficie dañada por esas prácticas irresponsables superó el millón de hectáreas. Una quema que no es debidamente controlada se convierte fácilmente en un incendio forestal.
Lo peor de todo es el daño a la salud climático-ambiental de la región, puesto que la quema del bosque interrumpe el proceso de evado-transpiración de las hojas de los árboles, los cuales aportan a la atmósfera el fluido gaseoso que después baja a la tierra en forma de lluvia. La deforestación que sigue a los incendios forestales altera también la textura de la tierra, restándole fertilidad.
Con toda seguridad se puede afirmar que una de las causas de la actual sequía que sufrimos es este estropicio ecológico-ambiental, contra el cual el Gobierno debe aplicar medidas tan efectivas como radicales, sobre todo en el orden preventivo. Hay medios de rastreo satelital de la superficie selvática para tal fin. Sus imágenes permiten alertas tempranas para conjurar a tiempo los riesgos de expansión del fuego que daña y destruye el medio ambiente.
La Razón: Juicio a la deriva
Se estima que, hasta ahora, el juicio avanzó aproximadamente un 50 por ciento.
En un verdadero dilema se están viendo dos de los responsables de sostener la acusación por los sucesos de Octubre Negro. Los fiscales Milton Mendoza y Mirna Arancibia postularon a sendas vocalías en diferentes tribunales de distrito y ganaron en sus respectivas convocatorias. Esto les alejaría, sin embargo, del caso que se desarrolla en la Corte Suprema de Justicia.
Mendoza y Arancibia están a un paso de hacer realidad su legítima aspiración de seguir creciendo en la profesión del abogado, pero para eso tendrían que dejar su trabajo a medias, en el que seguramente es el más trascendental de los juicios que les tocó afrontar.
Un año, un mes y dos semanas es el tiempo transcurrido desde que se constituyó el tribunal de sentencia para desarrollar este proceso en Sucre. Ministros del gabinete de gobierno de ese momento y ex autoridades militares aparecen en la lista de acusados, pero la Fiscalía General del Estado se vio impedida de hacer lo mismo con los principales implicados: el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Dante Pino, Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas y Yerko Kukoc.
Todos ellos han huido del país y la legislación nacional no contempla la figura de los juicios en rebeldía. El fiscal Mendoza estimó que, hasta ahora, el juicio de responsabilidades avanzó aproximadamente un 50 por ciento.
Los familiares de las víctimas de Octubre Negro, a lo largo de este año, debieron escuchar la versión de más de 200 testigos, mientras que los miembros del tribunal de sentencia recibieron más de 800 documentos de prueba.
Todo esto en medio de recursos incidentales que han obligado a paralizar el proceso en distintas oportunidades.
A la odisea de pasar por estas largas causas en Bolivia, se sumó la deficiente actuación de la diplomacia, pues hasta ahora no se cumple la orden de extradición librada por la Suprema en el exterior. Como algunos de los acusados se encuentran en Estados Unidos, las malas relaciones con ese país contribuyen a una silenciosa impunidad.
Ahora, tanto los familiares de las víctimas como el viceministro Wilfredo Chávez, piden a Milton Mendoza y Mirna Arancibia que permanezcan en sus cargos para no entorpecer el juicio. Con todo respeto: si dos funcionarios renuncian, por los motivos que fuere, el Ministerio Público sigue en pie y un proceso tan importante como éste no debería correr riesgo alguno.
Cambio: Mercenarios del terrorismo
La captura del salvadoreño Francisco Chávez Abarca —acusado de ser la mano derecha del terrorista Luis Posada Carriles y de ser autor de varios atentados con explosivos en Cuba— durante una operación de inteligencia la noche del jueves 1 de julio, cuando intentaba ingresar a Venezuela, desveló un siniestro plan terrorista, presumiblemente financiado por los más radicales opositores al presidente venezolano Hugo Chávez, que incluía una serie de atentados para provocar hechos de violencia en contra del venidero proceso electoral del 26 de septiembre y desestabilizar a ese gobierno.
Chávez Abarca fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía con un pasaporte guatemalteco e identidad falsos a nombre de Carlos Adolfo González Ruiz. Comprobada su verdadera identidad se procedió a solicitar información a la Interpol en Venezuela, que dio como resultado que por su alta peligrosidad estaba clasificado en el código de alerta roja.
¿Pero quién es Francisco Chávez Abarca, por qué era uno de los terroristas más buscados por la Policía Internacional (Interpol), qué buscaba en Venezuela y quien le financiaba?
Se trata de un sujeto con frondoso prontuario en el que figuran crímenes cometidos en diversos países latinoamericanos, vínculos con el tráfico de drogas, atentados criminales con explosivos e incluso relacionado con bandas dedicadas al robo organizado de vehículos.
Según la información que maneja el Gobierno venezolano, Chávez Abarca, durante su incursión criminal en las últimas dos décadas, utilizó varios alias para camuflar sus actividades criminales y terroristas: Manuel González, Roberto Solórzano, William González, etcétera.
A principios de los años 90, Chávez Abarca se dedicaba al narcotráfico así cómo a la venta de armas y de dinero falsificado en Guatemala. A través de estos negocios se relacionó con Posada para convertirse poco a poco en su hombre de confianza. Su padre, Luis, se dedicaba —en los años 80— a comprar armas capturadas por el ejército salvadoreño en operaciones de contrainsurgencia mientras Posada, su cliente —terrorista confeso de la voladura de un avión de Cubana de Aviación en 1977 que causó la muerte de 77 personas—, “administraba” entonces las operaciones de canje de drogas por armas desarrolladas a favor de la ‘contra’ nicaragüense.
Utilizando sucesivamente sus alias, Chávez Abarca cumplía una infinidad de tareas por cuenta de Posada Carriles y sus patrocinadores, hasta el punto de participar, en Guatemala, en reuniones secretas con el fallecido director de la Fundación Cubano Americana (FNCA) Armando Monzón Plasencia. La conspiración de 1997 para sembrar el terror en Cuba se generó en las oficinas de la FNCA, fundada en septiembre de 1981 por el agente de la CIA Jorge Mas Canosa, alumno, al igual que Posada Carriles, de la academia de Fort Benning.
Chávez Abarca fue vinculado a Posada Carriles por el mercenario salvadoreño Ernesto Cruz León. Cuando éste fue detenido en La Habana luego de los atentados que provocó en la Isla, confesó que trabajaba bajo orientación de Posada Carriles y Chávez Abarca, ambos contratados y financiados por la FNCA, un instrumento del dispositivo anticubano de la CIA.
Durante sus declaraciones, Cruz León explicó cómo fue entrenado por Chávez Abarca para colocar los explosivos en Cuba.
El terrorista salvadoreño efectuó tres viajes a Cuba, en abril y mayo de 1997, todos muy breves, en los cuales consumó sus fechorías.
Fue él quien colocó el primer artefacto que estalló en la campaña de terror de 1997, una bomba de 600 gramos de C-4 que causó daños materiales en los baños de la discoteca Aché del Hotel Meliá, el 12 de abril de ese año. El 30 de abril fue desactivado otro artefacto explosivo de 401 gramos de C-4 que el salvadoreño había colocado en una maceta ornamental del piso 15 de la misma instalación hotelera.
Además, el 24 de mayo, mientras Chávez Abarca se encontraba en México, estalló una bomba en la entrada de las oficinas de la corporación Cubanacán de la capital.
En marzo de 1999 se reveló, en el juicio del salvadoreño Ernesto Cruz León, cómo Chávez Abarca fue quien contrató a este mercenario cuando trabajaba en la agencia de rentar autos Geo Rent a Car, en San Salvador. Lo convenció de realizar misiones terroristas en el extranjero —le contó que él mismo lo había hecho—, y pronto le dio el entrenamiento en la confección de artefactos explosivos.
Cruz León realizó dos viajes a Cuba, durante los cuales situó bombas en hoteles habaneros, una de las cuales mató al joven turista Fabio di Celmo, el momento más trágico de la criminal campaña de terror desencadenada por la FNCA, Monzón Plasencia y Posada Carriles.
Según el reporte de Granma, la muerte de Fabio di Celmo no interrumpió los planes terroristas de la FNCA, Monzón, Posada Carriles y Chávez Abarca. Continuaron los atentados y los intentos de infiltrar en Cuba materiales explosivos. Chávez Abarca colaboró con Posada Carriles para contratar a otros terroristas centroamericanos, los guatemaltecos María Elena González, Nader Kamal Musalam Barakat —conocido también como Miguel Abraham Herrera Morales— y Jazid Iván Fernández Mendoza, arrestados en La Habana en marzo de 1998 cuando intentaban introducir explosivos.
Nader Kamal expuso durante su juicio cómo le entregó material explosivo, relojes y detonadores, y cómo le enseñó la confección de bombas. Muchos actos terroristas señalan el sinuoso camino que recorrió Chávez Abarca antes de ser capturado en Venezuela y luego extraditado a Cuba, donde deberá rendir cuentas por los crímenes que cometió.
Por eso, la detención de Chávez Abarca representa un duro golpe al terrorismo, y su sentencia hará justicia a las víctimas inocentes que el terror, alimentado por intereses ajenos a los procesos de liberación de los pueblos, asesinó.
La Prensa: Atraco y tortura
En lugar de inventar explicaciones inverosímiles, la Policía y la Fiscalía deberían munirse de profesionales para resolver las dos aristas del caso.
La extraña muerte del ciudadano David Olorio, implicado en el atraco a la Administración del peaje de la Autopista La Paz-El Alto, alarma, estremece y, por qué no decirlo, recuerda las viejas prácticas autoritarias y antidemocráticas.
Cuando se creía que quedaron en el pasado los métodos violentos, los bolivianos han sido impresionados con lo sucedido en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en El Alto.
Olorio murió en algún momento de la noche del martes 6 de julio, supuestamente en el trayecto del edificio de la FELCC hasta el hospital Agramont, en esa ciudad.
Las evidencias gráficas que medios impresos, como La Prensa y El Alteño, han publicado sobre Olorio son sólidas y estremecedoras. El supuesto hombre clave para resolver el millonario atraco ocurrido la noche del domingo fue torturado y, al parecer, fue sometido a asfixia por personas desconocidas en algún punto de la Policía.
A pesar de aquello, en la Policía y la Fiscalía aún creen que los bolivianos darán crédito a las versiones sin fundamento y hasta ridículas con las que pretenden explicar las heridas y laceraciones en la humanidad del presunto delincuente.
La fiscal Virginia Villegas fue más allá. Quizás con el criterio de que la estupidez es un mal generalizado, ella ha declarado que Olorio ?no ha sufrido ningún tipo de lesiones? y que ha sido víctima de ?una muerte súbita?. Lo que resta saber es qué intereses existen en este caso para que la supuesta defensora del Estado y la sociedad mienta sin el menor rubor.
La Constitución Política del Estado es, como sabemos, una de las normas más progresistas del mundo en materia de derechos humanos. La Carta Magna establece, nítidamente, que ?toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes?. Las imágenes difundidas demuestran que, en el caso de Olorio, se violó el artículo 15 de la CPE.
En lugar de inventar explicaciones, como aquélla de que una caída ha provocado que Olorio quede así, las autoridades de la Policía Boliviana y de la Fiscalía deberían conformar un equipo de profesionales peritos en la investigación para determinar quiénes y por qué torturaron a Olorio, que era una persona con prontuario policial.
El atraco perpetrado contra Vías Bolivia deja muchas interrogantes y una certeza. Resulta muy extraño que una oficina desguarnecida como la de El Alto tenga que guardar la recaudación generada en tres retenes del departamento de La Paz.
Los delincuentes actuaron con pasmosa profesionalidad. Burlaron a la gente y mataron a sangre fría a un policía que, además, estaba desarmado. En cambio, los investigadores de El Alto actúan sin profesionalidad y menos con criterios técnicos, lo que, con seguridad, afecta al esclarecimiento del delito y la recuperación del dinero, cuyo monto total no ha sido precisado aún.
Una vez más, la Policía está en la mesa de la controversia. Y su Comandante General está en la obligación de resolver las dos aristas de este complejo caso: debe dar con las autores y el botín del atraco, e identificar a quienes torturaron a David Olorio.
El Diario: El bien común, fin de toda administración
Conforme se agrava la crisis económica, y con ella los conflictos sociales, los principios de bien general adquieren proporciones mayores y se presenta la urgencia de que ese bien común -el pueblo- merece más atención y dedicación de las autoridades administrativas del Estado. Para el Poder Ejecutivo, ejecutor de las políticas económicas y sociales del país, sea por descuido o indiferencia, parecería que la crisis no ha calado aún muy hondo tal como la vive el pueblo.
En cualquier situación, lo que debería importar al Presidente, su gabinete y su partido es entender que el país no puede seguir sin la adopción de medidas que permitan paliar la crisis; entender que, para ello, tan sólo es preciso restablecer la producción y hacer que el capital y el trabajo readquieran energías, en ámbitos de confianza, con miras a superar lo que se siente a nivel del pueblo: la inflación que avanza, el encarecimiento de la “canasta familiar”, las obligaciones impositivas que es preciso cumplir por parte de la población, la falta de trabajo y muchos otros problemas que generan preocupación y hasta angustia en la mayor parte del pueblo.
Desde el año 2006, debido a las medidas de “nacionalización” que adoptó el Gobierno -aunque se trate solamente de privatizaciones o cambio de contratos con las compañías petroleras- la desconfianza en el país adquirió proporciones muy grandes: el capital extranjero nos ve con desconfianza; los posibles inversionistas internos prefieren esperar y no arriesgar ni un centavo o, si algunos lo hacen, es con la debida precaución y en cantidades ínfimas. El haber disminuido la producción y generado decremento de las exportaciones, es otro problema grave cuya solución será muy difícil, puesto que, en economía, es fácil perder la confianza y es muy difícil recuperarla.
Lo más grave es que hay nubes de “tormentas socialistas” en los caminos y planes del Gobierno, situación que acrecienta los problemas porque la mayoría del aparato productivo no sabe a qué atenerse ni qué pasos dar en pos de mejorar su situación que, en casos, es angustiosa, especialmente por ausencia de inversiones de capital y tecnología tanto nacional como extranjera.
El desempleo aumenta de día en día y las esperanzas de solución se alejan porque el Gobierno no da pasos precisos con miras a corregir lo mal hecho ni rectificar las intenciones que pueblan los ambientes de producción. Las propias entidades financieras -pese al acumulo de capital que tienen- soportan la falta de colocación de esos capitales porque no hay proyectos de inversión y tampoco intenciones de mejorar o renovar las actuales instalaciones industriales que aún hay en el país.
La agroindustria está cada día más deprimida y el sector empresarial vive angustiado por el futuro que se presenta incierto y totalmente ajeno a lo que, en tiempos normales, podría tener en el campo de esperanzas y nuevas perspectivas de desarrollo y progreso, mientras el Gobierno no asuma su función de administrar el país en pro del bien común.
El Gobierno debe tomar conciencia de la realidad en que se vive, despejar las fantasías de que vivimos “en jauja” y con situaciones semejantes a las de Suiza; debe, en concreto, administrar el país, hacer gestión e imprimir seriedad y responsabilidad a todos sus actos con miras a salir, aunque lentamente, del profundo pozo de la pobreza. No tomar en serio la función de administrador del Estado, implicará que los problemas se agraven y las medidas que aún se puede adoptar, en corto tiempo serán inútiles.
El Mundo: Sin seriedad
El hecho de que los candidatos cuando pretenden alcanzar el favor del voto popular ofrecen todo lo que sea, con tal de lograr sus objetivos y luego de ser elegidos, olvidan con facilidad las promesas, resulta ser una constante de la política boliviana. Cuando los ofrecimientos llegan estando ya en función de gobierno la situación se torna diferente y se constituye en una falta extrema de seriedad que bien vale analizar para evitar que se repita.
La marcha de los campesinos de las tierras bajas hacia la sede de gobierno no tenía otra razón que exigir el cumplimiento de las promesas que una vez en el gobierno las autoridades del MAS no pudieron concretar, en efecto, el ofrecimiento de trabajar a favor de los desfavorecidos hasta a el presente, que constituyen los pueblos originarios, no dejó de ser un discurso para justificar el apoyo a los pueblos del altiplano.
La firmeza con que se lleva adelante la medida, dio lugar a una serie de gestiones para impedir su continuación y una vez establecido que había cansancio en las filas de los marchistas, en efecto, la iniciación de las negociaciones tomó su tiempo para manifestarse.
Pensando en el engaño inicial los marchistas anunciaron que no mantendrían conversaciones sino con quienes están a la cabeza del gobierno y en algún momento dijeron que sólo lo harían con el jefe del Estado Plurinacional ya que la pérdida de confianza era total.
Sin embargo, no tardaron en admitir que sus exigencias habían llegado a un límite impracticable y aceptaron la negociación con la autoridad de gobierno directamente relacionada con el tema de la aplicación de la Ley reautonomías. En esas circunstancias reprodujo otro hecho digno de ser analizado, el ministro del ramo antes que ofrece una negociación intentó demostrar su poder y exigió ser aceptado por lo que los campesinos de las tierras bajas no tuvieron otra opción que exigirle su renuncia.
La actitud no sólo entorpeció las posibles negociaciones sino que hizo que los marchistas se pusieran en guardia pensando que lo que se buscaba era un enfrentamiento, ello se agravó con el anuncio de los cocaleros del Chapare que amenizaron con impedir su paso por esa región demostrando una vez más que la militancia política hace que se pierda inclusive la identidad de clase para servir a quien tiene el poder en sus manos.
El nuevo panorama no acobarda los rebeldes y por el contrario mostraron una firmeza tal que forzó la presencia no de una sino de dos o más comisiones parlamentarias que buscaron mediar en el conflicto.
Resulta interesante en esas circunstancias ver la presencia de alguien sin ninguna representación parlamentaria pero con un criterio más claro sobre lo que representa negociar y que intervino en su condición de ex candidato a alcalde de Santa Cruz por el partido de Gobierno, que consiguió hacer aceptar un nuevo ofrecimiento tal vez apoyado en alguna actividad políticas del pasado.
Pero como el deseo de enfrentarse esta siempre presente en los niveles ejecutivos del Gobierno surge una nueva postergación, el plazo que se había establecido para la modificación de las norma que era considerada perjudicial por los pueblo reunidos en la Cidob no fue cumplido y se reanudan los planes para reanudar una medida de presión que bien pudo haber desaparecido.
Las puertas para el diálogo no están cerradas del todo, pero es importante que ese afán de resolver los problemas en base ala fuerza, como lo ha demostrado el Gobierno en más de una oportunidad, vaya transformándose en una voluntad de diálogo que puede ser la iniciación de un nuevo estilo de trabajo, para resolver no sólo este, sino todos los problemas que se vayan presentando en el futuro que con seguridad, serán varios por el estilo autoritario de la gestión.
Opinión: Una advertencia de los policías de base
Sobre el trabajo que realizan los policías y en torno a la misma institución se pueden formular muchas preguntas, como de hecho, se lo ha estado haciendo durante los últimos tiempos, reflejando la preocupación de las personas frente a uno de los problemas que golpean con fuerza a la sociedad y que es la falta de seguridad ciudadana.
En un marco general, se puede decir que la Policía, hasta ahora, no encuentra soluciones institucionales referentes a su reorganización, a desterrar los índices de corrupción, a mejorar las condiciones de trabajo y en suma a ubicarse en un lugar que merece una institución que constitucionalmente está llamada a resguardar el orden público y a preservar la vida y los bienes de la gente.
Es cierto que durante los últimos tiempos la Policía por diferentes factores ha perdido autoridad, situación que debería ser una de las preocupaciones mayores de sus autoridades, sin embargo, esa pérdida de autoridad no tiene que ver sólo con el surgimiento o el descontrol ante la delincuencia y el crimen organizado, toca a una serie de motivos sociales que si bien pueden estar vinculados con delitos como el narcotráfico y el contrabando, se han convertido en extremos intolerables en relación al trabajo y la presencia policial en determinados lugares del país.
Los policías temen por sus vidas ante los ataques de grupos de personas, principalmente del área rural, es decir, concretamente, ante los linchamientos. Los casos de policías linchados durante los últimos años -y que son de baja graduación- están creando una ola de temor y desconcierto en estos guardianes de la sociedad a punto tal que estos hombres generalmente con uniforme raso han advertido que si sus autoridades superiores no hacen respetar el uniforme buscarán sanciones efectivas, y quizá similares, contra los linchadores.
Los casos a los que se refieren están frescos en la memoria de los ciudadanos: Epizana, Uncía y hace pocos días Pantipata, Llave Grande en Vinto, donde el sector estaría ocupado por fábricas de cocaína.
Estos policías, según dijeron a este diario, ya no aguantan más bajar la cabeza ante tanto abuso de los comunarios, porque no pueden gasificarlos, ni levantarles la voz y si los linchan tienen que aguantar callados.
Estos policías, que sí se han atrevido a decir su verdad, aunque guardando en reserva sus nombres, parece que expresan una situación que se arrastra desde hace tiempo, y ello debe interpelar a los altos mandos policiales para que expliquen qué es lo que está sucediendo en la institución, si es que evidentemente existen órdenes para actuar con guante de seda ante algunos comunarios de áreas rurales comprometidos con delitos comunes o con el narcotráfico, aún a costa de la propia vida.
Resultaría un contrasentido, un absurdo y una contravención tan extrema cualquier instrucción de permisividad ante el delito, porque cuando hay delito no se califica a las personas, ni a su origen ni a su situación social, se reprime al delincuente. Por ello mismo la sociedad, para liberarse de la carga destructiva del mal, ha creado un conjunto de normas de cumplimiento obligatorio y de aplicación universal que se tipifican bajo el nombre de delitos, es decir, aquellos actos que lesionan al conjunto de la sociedad.
Es probable que en esta extraña situación de grupos de pobladores enardecidos y de policías flagelados y hasta asesinados, concurran además factores de extorsión de algunos policías que caen en el delito, pero esto debe ser aclarado en la justicia ordinaria.
Los altos mandos policiales y el Ministerio de Gobierno tienen la obligación de analizar y obrar en esta situación que se extiende peligrosamente, y que al final, puede socavar no sólo las bases institucionales de la Policía, sino destruir el concepto que para el policía es sagrado y que tiene que ver con el cumplimiento del deber.
Clarín, Argentina: La reforma de la Magistratura
La reforma del Consejo de la Magistratura es un presupuesto indispensable para fortalecer la independencia de la Justicia, ya que la actual composición del organismo le brinda al oficialismo una mayoría que manipula el ejercicio del poder disciplinario, condicionando de ese modo la labor de los jueces en causas clave.
La aprobación en la Cámara de Diputados de la modificación de la integración de este cuerpo es, entonces, un paso importante, el cual es de esperar que el Senado convierta en ley. El cambio principal es la ampliación del número de integrantes, que de 13 pasará a 18, estableciendo un equilibrio en la distribución de puestos que respeta la directiva Constitucional.
Otros cambios buscan darle al cuerpo mayor transparencia -al establecer la publicidad de todos los expedientes en trámite- y que se garantice la pluralidad de género. Además, se reduce el plazo para expedirse sobre las acusaciones de mal desempeño de los jueces, de manera de evitar que se perpetúe un factor condicionante de las investigaciones judiciales. Así, la oposición ha alcanzado un consenso básico en un área de la cual en última instancia depende el fortalecimiento de la división de poderes y la capacidad de perseguir el esclarecimiento y la sanción de delitos y abusos realizados por personas pertenecientes o vinculadas al poder político.
La finalidad última del Consejo de la Magistratura es garantizar la imparcialidad judicial, y hoy esta meta resulta distorsionada por actuaciones que tienden a premiar o castigar jueces, archivando denuncias por mal desempeño o amenazando con darles curso, en función de la conveniencia política. Este tipo de intervenciones del Consejo afecta negativamente la labor de los jueces y le resta eficacia a la lucha por el derecho, que tiene como principal soporte la igualdad de todos ante la ley. Por esto, el paso dado en Diputados es una señal institucional positiva, que expresa la voluntad de remediar errores y fortalecer a la Justicia, un poder indispensable para garantizar los derechos constitucionales y evitar los abusos del poder estatal.
La reforma de la Magistratura es indispensable para fortalecer la independencia de la Justicia. La aprobación en Diputados de la modificación de la integración del cuerpo es un paso adelante.