Cinco leyes que marcan otro hito

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: El líder de los insultos

2. Bajo el Penoco, El Día: Que vivan las vuvuzelas

3. Los Tiempos: Cinco leyes que marcan otro hito

4. El Deber: Autonomía y diálogo

5. La Razón: Elecciones en Brasil

6. Cambio: Obediencia a la Constitución

7. La Prensa: El derecho a escoger

8. El Diario: Explotación de las riquezas de La Gaiba

9. El Mundo: Para pensar

10. Opinión: El modelo económico y las inversiones

11. Clarín, Argentina: La expansión de un comercio ilegal

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El Día: El líder de los insultos

El último insulto de Evo Morales a Estados Unidos ha sido el de “chantajista”. Acusó a Washington de condicionar la ayuda a los países industrializados a cambio de que éstos no defiendan el medio ambiente. El Presidente aún procura convencer al mundo de que es un férreo luchador ecologista, pese al patético discurso que pronunció en Tiquipaya hace unos meses y a la reciente advertencia que hizo nada menos que el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, quien afirmó que los cultivos de coca que tanto defiende Evo Morales, “deterioran y dañan la madre tierra y destruyen vastas extensiones de terrenos cultivables y parque nacionales”.

No hay duda que Evo Morales usa sus estribillos ambientalistas para posicionarse como líder de talla mundial, pero para conseguirlo no es suficiente con subir el tono de voz, despotricar contra el imperialismo y comprarse un avión caro. Cuando menos, el mundo le exigirá una dosis mínima de coherencia y que abandone esa actitud de pendenciero internacional que ha llevado a Hugo Chávez a ser considerado un “intratable” en la mayoría de los foros multilaterales. Sin la abundancia de petrodólares para repartir y comprarse amigos, al líder bolivariano le está costando cada vez más mantener siquiera los círculos de lealtad que había creado a través del ALBA y otras instancias. Hoy, su área de influencia está prácticamente reducida al eje Caracas-La Habana y el régimen boliviano como un satélite que no ha conseguido un rumbo propio como lo ha hecho Correa en Ecuador.

Paradójicamente ha sido Estados Unidos el que le ha dado la posibilidad a Evo Morales a dar el salto que lo posesione como un líder de referencia internacional. Durante la visita a La Paz del jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Arturo Valenzuela, se informó en conjunto con el canciller boliviano, David Choquehuanca, que había un 99 por ciento de avance en la conformación de un “acuerdo marco” para la relación entre ambos países. De lograrse ese pacto, sería la primera vez que Washington hace una concesión de esa naturaleza, un logro que la diplomacia nacional podría explotar a su favor y que naturalmente le daría un espaldarazo a la imagen del Presidente.

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Obviamente, el insulto no es el mejor camino para conseguir un acuerdo con Estados Unidos, donde existen sectores políticos que están convencidos que la paciencia que expresa actualmente la Casa Blanca no es el trato adecuado para los que se consideran “enemigos” de Washington. En Bolivia, como es evidente, también hay algunos representantes del Gobierno que constantemente sabotean los esfuerzos por conseguir un entendimiento. Evo Morales parece más influenciado por éstos últimos, pese a que el canciller trabaja en el sentido contrario, porque está convencido que ni la soberanía ni la dignidad de un pueblo se verían melladas mediante acuerdos comerciales, cooperación en áreas sociales y otros aspectos en los que existen grandes posibilidades.

El Presidente deberá tomar una decisión cuanto antes sobre estos aspectos. Los plazos no son eternos y tal como se puede observar en la oscilación del péndulo político latinoamericano, adoptar actitudes aislacionistas puede ser peligroso.

Evo Morales quiere posicionarse como un líder de talla internacional. Pero además de comprarse un avión no hace más que insultar.

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Bajo el Penoco, El Día: Que vivan las vuvuzelas

Al presidente Morales no le molestan las vuvuzelas, de lo contrario no hubiera salido sonriente en las fotografías que se hizo tomar en un estadio de Sudáfrica, donde el ruido ensordecedor de las cornetas plásticas fue motivo de queja generalizada. Las vuvuzelas se han convertido en una amenaza pública en muchos países, donde han llegado a vetarlas en los espectáculos deportivos y en los Emiratos Árabes Unidos, un país donde impera el fundamentalismo islámico, los fanáticos religiosos han emitido un edicto que califica como “pecado” al ruido de las famosas trompetas. En aquella nación tampoco hay libertad de prensa, pese a que este derecho figura en la constitución. Por ley el Ministerio de Información emite las licencias y aprueba el nombramiento de editores. El Ministerio de Información y Cultura revisa el contenido de todo material impreso importado e impone limitaciones a material considerado como pornográfico, violento, peyorativo del Islam o contrario a la política del gobierno. Insistimos, menos mal que al presidente Morales no le molestan las vuvuzelas.

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Los Tiempos: Cinco leyes que marcan otro hito

Al poner en vigencia en los plazos previstos las cinco leyes, el MAS ha logrado cerrar una etapa más del proceso que se inició cinco años atrás

Con la promulgación, el pasado de la lunes, de la quinta de las cinco "Leyes Orgánicas" propuestas por el Movimiento Al Socialismo y aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, se ha cerrado una etapa más del proceso iniciado en diciembre de 2005, cuando el binomio encabezado por Evo Morales y Álvaro García Linera logró en las urnas el apoyo de una abrumadora mayoría de la población. Puede decirse que se ha marcado un nuevo hito histórico y que todo lo que venga de aquí en adelante pertenecerá a una nueva etapa de la historia contemporánea de nuestro país.

Las cinco leyes a las que nos referimos -la del Órgano Judicial, del Órgano Electoral, del Régimen Electoral, del Tribunal Constitucional y la Ley Marco de Autonomía— consolidan las bases de un nuevo Estado. Es un Estado que ya no corresponde a la clásica figura republicana basada en la división y separación de poderes, aunque por razones formales se mantengan algunas apariencias. El nuevo Estado Plurinacional tiene más bien los rasgos de un régimen en el que todo el poder se concentra en un centro hegemónico y los que antes eran otros poderes -el Legislativo y Judicial— que ahora se denominan "Órganos" lo que es algo más que un detalle semántico, sólo cumplen la función de apéndices.

El espíritu centralizador del poder alrededor del Órgano Ejecutivo, y el ánimo de subordinar a él a todos los demás, es probablemente el rasgo distintivo más notable de las cinco leyes aprobadas. Y es natural que así sea, pues si algo estuvo claro desde que comenzó a ponerse en marcha el proyecto político encabezado por el MAS fue, precisamente, su intención de dirigir todos los esfuerzos necesarios a la obtención del poder total y no conformarse sólo con una parcela de él.

Cinco años de ingeniería política, además de muchos otros invertidos en la etapa previa a los éxitos electorales, fueron necesarios para coronar exitosamente tales empeños. El largo y tortuoso camino que condujo a la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, la cadena de elecciones y referendos, entre otros hitos marcados en virtud a la hábil combinación de la fuerza y la adhesión voluntaria de gran parte de la población, fueron paulatinamente sentando las bases de un régimen que ahora ya cuenta con los cinco pilares principales del nuevo andamiaje legal.

Para llegar a este punto, el MAS contó en abundancia con las tres condiciones necesarias para el éxito político. Un firme liderazgo respaldado por una red de liderazgos locales y sectoriales, un sólido cuerpo ideológico y doctrinario, y un plan de acción que nunca dejó nada al azar, pero fue suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades impuestas por las circunstancias, que dieron los resultados que hoy se plasman en un control prácticamente monopólico del poder.

Nada de eso habría sido suficiente, sin embargo, si no hubiera contado con el complemento perfecto, el que le dio una oposición sin líderes, sin ideas y sin más plan que el permanente quejido lastimero. La facilidad y eficiencia con que el MAS se apoderó de las banderas autonomistas hasta reducirlas a los términos de la ley recientemente aprobada es la más clara muestra de lo dicho.

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El Deber: Autonomía y diálogo

Las circunstancias políticas han contrariado a los pueblos que ambicionaban las autonomías, pueblos que estuvieron inspirados en la necesidad de reducir, al menos en parte, el poder del centralismo.

La causa de las autonomías se convirtió en la nueva corriente de la vieja ambición de descentralizar el país, ambición que nació al mismo tiempo que Bolivia, cuando sus líderes advirtieron la dificultad de vivir en el centralismo en un territorio tan diverso.

Las batallas que libró la causa de la descentralización fueron varias, incluyendo la ‘guerra federal’, comandada por los líderes paceños, que luego de ganar cambiaron de idea y se aferraron al centralismo.

Los cuatro departamentos que en el referéndum de 2006 optaron por las autonomías departamentales cobijan en sus territorios a las tres capitales de departamento que todavía no están conectadas a la red nacional de carreteras asfaltadas: Cobija, Trinidad y Tarija.

La bandera autonomista fue, para esos departamentos, una manera de protestar contra el inepto centralismo que los dejó aislados durante cerca de dos siglos.

Los cruceños que bregaron por la autonomía departamental aspiraban a que las decisiones que tienen que ver con el desa-rrollo económico y la realización de las ambiciones sociales no sean tomadas desde remotas oficinas.

Pero las circunstancias han querido que esta nueva batalla por la descentralización tenga un desenlace, sino negativo, por lo menos mezquino.

La Ley Marco de Autonomías, aprobada por la Asamblea Legislativa, en efecto, ha reducido las autonomías departamentales a su mínima expresión, o al solo nombre, porque tuvo que compartir el objetivo con autonomías parceladas que surgieron a último momento.

Pero es esa ley la que ahora está en vigencia y, asumiendo aquello de que la política es el arte de lo posible, habrá que tomar este momento como un paso más en el largo camino de la batalla por la descentralización.

A pesar de haber pasado por agua el objetivo de las autonomías departamentales, algo ha cedido el centralismo, muy poco, es cierto, pero algo.

Quienes diseñaron el remedo de autonomía que está contenido en la ley tuvieron que decepcionar también a otros, como los pueblos indígenas, a los que se les había ofrecido no solamente autonomía, sino incluso autodeterminación.

En el afán de contrariar a las autonomías departamentales, los primeros instintos de quienes elaboraron el proyecto de ley resultaron excesivos respecto de los pueblos indígenas, lo que se tradujo en una gran decepción de pueblos que ahora se sienten traicionados.

En la batalla contra las autonomías departamentales, los que diseñaron la ley no dudaron ni siquiera en dividir un departamento en dos, dejando una herida que lacera a los tarijeños.

Pero esto no es el fin de la historia ni el fin del camino. Habrá que esperar que los líderes de las regiones que necesitan la autonomía sigan en la brega.

Por el momento deberán abrir conductos para el diálogo, a fin de usar lo que se ha dado en beneficio de los pueblos. Si esto es, de alguna manera, una cesión que hace el centralismo, bienvenido. Habrá que ocupar todos los espacios cedidos.

Pero siempre seguir en la brega del autonomismo, para no defraudar a los pueblos que respaldan la idea de descentralizar el país.

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La Razón: Elecciones en Brasil

La campaña acapara la atención no sólo de brasileños, sino la de los países vecinos

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva culmina un segundo exitoso periodo presidencial y ha elegido para continuar su obra a Dilma Rousseff, ex ministra Jefe de Gabinete, quien fue la coordinadora de los planes de Infraestructura y Economía de su gobierno. Ella es militante del Partido de los Trabajadores (PT). Lula la presentó afirmando que “Brasil va a experimentar que la mujer no es un objeto de la cama y la mesa, sino un ser político que lo puede hacer mejor que nosotros en 500 años". A pesar que Lula confía en lograr imponer a su favorita, lo cierto es que la historia ha demostrado que la popularidad de un presidente no siempre puede ser transferible.

Los analistas sostienen que en este escenario, si bien la candidatura oficialista repunta con fuerza, la victoria ante el opositor José Serra no está garantizada. Serra es candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fue  ministro de Planeamiento y de Salud durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), senador, gobernador y prefecto de la ciudad de Sao Paulo, un político de experiencia que se desempeñó muy bien. Serra también recibe el apoyo del Partido Popular Socialista (PPS) y Laborista Brasileño (PTB).

Frente a Rousseff y Serra se presenta una tercera rival, la ecologista Marina Silva, del Partido Verde (PV), antigua aliada y ex ministra de Lula en su primera gestión que, de acuerdo con varios expertos, es la más carismática.

Estos serán los tres principales rivales en la contienda, en la que han inscrito sus candidaturas otros nueve aspirantes a la presidencia, que en conjunto no llegan a sumar más del 2 por ciento de intención de voto en las encuestas.

Se anticipa que será la elección más cara de todos los tiempos, pues Serra tendrá un presupuesto de $us 100 millones para enfrentar a la maquinaria que apoya a Rousseff,  que se estima a un costo de $us 90 millones, mientras que Silva ha previsto gastar sólo $us 50 millones.

De acuerdo con los sondeos, para el electorado serán determinantes los contenidos de los programas propuestos por los postulantes en temas tan importantes como la seguridad ciudadana, el narcotráfico, la preservación del medio ambiente, el crecimiento de los ingresos, los programas de apoyo social y de desarrollo tecnológico.

La campaña acaba de iniciarse de forma muy reñida y acapara la atención no sólo de los ciudadanos brasileños, sino también la de los países vecinos.

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Cambio: Obediencia a la Constitución

La adecuación de estatutos autonómicos y cartas orgánicas a los preceptos de la Constitución Política del Estado es el primer efecto inmediato de la recién promulgada Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, ya que marca el amplio camino por el que deberá transitar el nuevo régimen de administración territorial por el que millones de bolivianos se expresaron en las urnas el 25 de enero de 2009, histórico día en el que —mediante un referendo constitucional— aprobaron la vigente Carta Magna.

En este marco, las asambleas legislativas departamentales de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando encaran procesos de revisión, modificación y adecuación de sus estatutos a la Constitución, mientras que las Asambleas de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba están en pleno proceso de elaboración de esos textos en el marco de la ley suprema y de la Ley Andrés Ibáñez.

Por eso es destacable que las asambleas legislativas de Tarija, Beni y Santa Cruz —cuyos miembros asumieron sus cargos el 31 de mayo— anunciaran ajustes de fondo en los estatutos aprobados en sendos referendos ilegales durante 2008. En tanto que la Asamblea Departamental de Pando desconoció el estatuto aprobado entonces, precisamente por haber sido avalado en una consulta ilegal.

La nueva ley, que contiene 149 artículos y regula los cuatro niveles de autonomía previstos por la Constitución Política del Estado: departamental, municipal, regional e indígena originario-campesino, constituye el instrumento legal más trascendente —después de la Constitución Política del Estado— porque no sólo posibilita el reordenamiento territorial y la recomposición del poder político, sino que reasigna recursos económicos y materializa la histórica demanda de las regiones para elegir en las urnas a sus autoridades y administrar sus recursos en el marco de la unidad nacional.

En ese contexto, es imprescindible que los estatutos autonómicos —cuestionados legalmente— de Santa Cruz, Beni y Tarija (Pando anuló el suyo), y los de La Paz, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Cochabamba, que se encuentran en plena elaboración, deben ser adecuados a los mandatos de la Carta Magna con el voto de dos tercios de los miembros de las asambleas legislativas departamentales antes de ser sometidos a control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Es que todos los estatutos autonómicos departamentales entrarán en vigencia luego de pasar por el control constitucional en todos los casos, y referendo aprobatorio en los cinco departamentos que optaron a la autonomía mediante referendo de 6 de diciembre de 2009.

Las autonomías constitucionales que reivindica la histórica demanda regional para descentralizar el Estado fijaron las reglas de juego porque a través del voto de millones de bolivianos eligieron a los asambleístas departamentales que hoy sí representan la voluntad soberana de las regiones, a diferencia de los extintos consejos departamentales, cuyos componentes eran designados por el dedazo.

Ese voto popular posibilitó que en los nueve departamentos del país se hayan conformado asambleas legislativas marcadas por la pluralidad política, lo que garantiza que, en el caso de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, la revisión y adecuación de los estatutos ilegales en el marco de la Constitución se realizará con el apoyo de dos tercios de votos de sus miembros.

Y si consideramos que esos documentos fueron redactados por amigos del prefecto, entre cuatro paredes y ‘aprobados’ en consultas al margen de la ley, marcadas con un alto ausentismo popular (en casi todos los casos del 50%), no tienen ninguna posibilidad de que sean ratificados. Por eso es previsible que las asambleas legislativas departamentales aprueben estatutos que preserven la unidad de la patria, los intereses comunes y, sobre todo, lo sometan a los mandatos de la Carta Magna.

Los primeros pasos en este sentido ya han sido asumidos en todas las asambleas departamentales y se encuentran en marcha procesos de elaboración del reglamento de debates y la conformación de comisiones, una de ellas analizará las contradicciones de los estatutos —de lo que fue la ‘media luna’— con la ley suprema de los bolivianos.

Además, varios asambleístas señalaron que ese proceso tendrá la participación de organizaciones sociales que arbitrariamente habían sido excluidas.

Mientras tanto, en los departamentos que optaron por las autonomías en diciembre de 2009 —La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Chuquisaca—, sus estatutos aún se encuentran en proceso de elaboración.

En ese marco, las autonomías constitucionales que hoy recorren los caminos de la patria, llevan el sello de la unidad de los bolivianos y sepultan a aquellas que habían sido diseñadas a la medida de pequeños pero poderosos grupos de latifundistas que antes alimentaron el viejo centralismo en resguardo de sus intereses.

Sólo así se entiende que hoy, tras la promulgación de la ley marco, esa oligarquía apátrida rechace las autonomías constitucionales porque teme que se desarrollen en el marco de los intereses colectivos y bajo la mirada de Bolivia como un Estado Plurinacional cuya fuente de inspiración son los pueblos marginados y oprimidos y, por lo tanto, tiene un profundo sentido comunitario, liberador y descolonizador.

Es previsible que las asambleas legislativas departamentales aprueben estatutos autonómicos que preserven la unidad de la patria, los intereses comunes y, sobre todo, los sometan a los mandatos de la Constitución Política del Estado.

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La Prensa: El derecho a escoger

Lo correcto sería que los ciudadanos pudieran expresar su soberana voluntad entre las distintas opciones: una del Gobierno y otra de la oposición.

Dentro del sistema democrático, el ciudadano común que concurre a depositar su voto en pleno ejercicio de su derecho constitucional no hace otra cosa que escoger entre varias opciones a la persona que, representando a un determinado partido o grupo político, debe regirlo desde los poderes del Estado. La democracia deja de ser tal si un nivel intermedio entre el ciudadano perteneciente al pueblo, fuente de la soberanía, le cierra a aquél las puertas a la pluralidad de opciones ideológicas y políticas por considerar. En su ejercicio, el voto ciudadano es directo. Nada ni nadie le puede impedir que se defina en tal o cual dirección político-partidaria. Desnaturaliza la esencia del sistema democrático el Gobierno que incurra en semejante despropósito.

Es de lamentar, en consecuencia, que respecto a la futura elección ?popular? de los magistrados del sistema judicial del país, el Gobierno actual ?que serán las primeras elecciones con voto directo para elegir a los miembros del Poder Judicial?, a través de la aplastante mayoría con la que cuenta en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se valga de una reglamentación consagratoria de tan censurable irregularidad.

Aplicando los dos tercios de votos, que todavía los tiene, el partido gobernante del Movimiento Al Socialismo (MAS) ?preseleccionará? a los aspirantes a tan altos cargos. La respectiva lista, obviamente, será integrada por gente de filiación masista o que le inspira confianza al presidente Evo Morales y a su equipo de ministros, será la única por la cual puedan votar los ciudadanos bolivianos.

No existirán, por obvias razones, otras opciones para elegir a los magistrados de los órganos supremos de administración y control judiciales. Naturalmente, el objetivo apunta a copar partidariamente también el sistema Judicial que, de esa manera, estará condicionado a manipular la realidad política a los intereses que persiga el partido gobernante.

Vale decir que el voto ciudadano, en lugar de ser directo, será desviado. Obviamente, en dirección y beneficio de una organización política como la del jefe de Estado, confiada todavía en asegurarse una cómoda victoria en las respectivas urnas fijadas para diciembre del presente año. De ahora hasta entonces, es poco probable que el Movimiento Al Socialismo baje en las preferencias ciudadanas en un porcentaje que le signifique una eventual derrota. Es un tramo temporal demasiado corto para que se produzca esta contingencia, aunque eventualmente podría darse.

La ley ha sido diseñada de tal manera que, además, el ciudadano tampoco podrá acceder a la información pertinente que le permitiría conocer de manera más profunda las virtudes y defectos de aquel candidato por el que optará depositar su voto.

Lo correcto sería que para la elección de los magistrados del sistema judicial del país, los ciudadanos pudieran expresar su soberana voluntad entre las distintas opciones: una del Gobierno y otras de la oposición. Así sería el voto directo del pueblo el que lo defina todo, y no una mayoría con una ?preselección? que, en realidad, no es tal, sino real y arbitraria elección con el epílogo de una simple formalidad democrática expresada en las urnas.