Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Sequía: a la buena de Dios
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Bajo el Penoco, El Día: La gran oportunidad
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Los Tiempos: IMPORTANCIA DE UN PACTO AUTONÓMICO
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El Deber: Sosa y sus excesos
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La Razón: ¿Adiós ‘transformers’?
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Cambio: Respeto a la Constitución
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La Prensa: La Paz mejora su imagen
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El Diario: Presupuestos y manejo de dinero en hospitales
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El Mundo: Entender
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Opinión: Los desafíos de la Asamblea Departamental
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Clarín, Argentina: El caso de la embajada paralela
El Día: Sequía: a la buena de Dios
Las autoridades nacionales relacionadas con el agro todavía están en el gran dilema de determinar si exageran o no los ganaderos del Chaco boliviano sobre la muerte de animales afectados por la sequía. Desde hace varias semanas especulan con las cifras y anuncian evaluaciones del problema, pero en todo caso, la tendencia que se observa en los funcionarios y ministros es a minimizar el desastre que atraviesan decenas de miles de familias y productores.
Si quieren ver el drama de la sequía en su verdadera dimensión, sólo tienen que solicitar las estadísticas meteorológicas a cualquier centro especializado y se darán cuenta que gran parte de la zona sur del país atraviesa su cuarto año de déficit de lluvias. Sabrán que en todo el mes de junio no ha caído ni una sola gota en la región chaqueña y que el nivel de las precipitaciones de este año llega apenas al 40 por ciento de lo normal en el mejor de los casos y en algunos sectores ha llovido sólo el 20 por ciento de lo acostumbrado. Más sequía que eso nadie puede inventar.
Es tan serio el problema que los ríos del Beni están a punto de perder su condición de navegables con lo que se verá afectado también el comercio entre varios departamentos del país. En realidad no hay zona del territorio nacional donde no se escuchen pedidos de auxilio por la sequía y quejas por el atraso de la ayuda. En Chuquisaca los campesinos han anunciado medidas de presión para obligar a las autoridades a reaccionar.
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Hace unos días, el presidente Morales entregó en persona y con gran aspaviento varios camiones proveídos con taladros para perforar pozos de agua en el Chaco, equipamiento que demandó una inversión de seis millones de dólares. Esa maquinaria aún no ha salido de la ciudad de Santa Cruz y los encargados del proyecto vienen a enterarse ahora de que antes de iniciar la perforación deben contar con un estudio de suelos, procedimiento indispensable para no hacer excavaciones fallidas. Los responsables llaman a esto “burocracia”, cuando se trata en realidad de una absoluta ausencia de previsión, conducta que explica en gran parte las secuelas funestas que puede acarrear este fenómeno.
La sequía que azota a Bolivia es una consecuencia del fenómeno de “El Niño” que desde el 2005 ha sido implacable en varias regiones del país. Algo similar ocurrió entre 1982 y 1983, cuando el nivel de precipitaciones bajó en casi un 40 por ciento luego de un periodo caracterizado por inundaciones. La falta de agua en extensas zonas de cultivo de Cochabamba, Potosí y Oruro obligó a miles de campesinos a dejar sus tierras y emigrar al oriente boliviano y también a la Argentina y otros países; los niveles de pobreza y marginalidad se acentuaron, hubo escasez de alimentos y en gran medida el proceso hiperinflacionario de esos años tiene sus orígenes en la sequía.
El Gobierno ha tenido cuatro años y medio para evaluar un problema que parece no haber visualizado todavía y obviamente no lo ha conmovido como para encarar acciones paliativas. Lo más probable es que los responsables del área ni sospechen lo que se puede venir con esta mezcla de flagelo climático e inoperancia. Ojalá que las consecuencias no sean parecidas a las del pasado. Habrá que encomendarse a Dios.
La inoperancia para enfrentar la sequía se arrastra desde hace cuatro años. Las consecuencias podrían ser funestas para el país.
Bajo el Penoco, El Día: La gran oportunidad
Si el vicepresidente García Linera es coherente con los postulados del régimen que comanda, debería ser él quien demuestre su inocencia en relación a las supuestas vinculaciones que tiene con el narcotráfico, tal como lo ha denunciado el gobernador cruceño Rubén Costas. No hace falta una denuncia formal ni tribunales judiciales y tampoco deshacerse de los fueros especiales, simplemente probarle al país que este Gobierno es enemigo del narcotráfico y que lo combate con el mismo ahínco y con todos los recursos que ha usado para perseguir a los líderes autonomistas de Santa Cruz y otras regiones. Buscar la justicia no tiene sentido porque lo van a declarar inocente de un dos por tres. Para él sería más simple actuar justamente al revés, no sólo porque Costas lo haya denunciado, sino porque el candidato brasileño José Serra ha dicho exactamente lo mismo y porque los organismos internacionales a cada rato machacan que Bolivia se ha convertido en el paraíso de las drogas. Es la gran oportunidad del vicepresidente de demostrar que la nueva lógica jurídica puede funcionar.
Los Tiempos: IMPORTANCIA DE UN PACTO AUTONÓMICO
Los actores políticos y regionales deben realizar esfuerzos para facilitar el proceso autonómico, pues seguir oponiéndose a él sólo traerá mayores problemas.
La construcción del Estado autonómico y pluricultural costará mucho dinero que deberá provenir de las mismas fuentes de las que, hasta la reforma constitucional y las elecciones del pasado mes de abril, se nutrían el poder central y las regiones (municipios y prefecturas). Además, los gastos han aumentado con la conformación de las asambleas departamentales y toda la burocracia que estas nuevas estructuras implica.
De nada valdría esta inversión si no hubiera el convencimiento generalizado (como prueban los referendos autonómicos) de que si bien se necesitará más dinero, el Estado autonómico y pluricultural creará las condiciones para generar más recursos vía, sobre todo, impuestos, y de la explotación de los recursos naturales. Es más, un sustento teórico del autonomismo es que las regiones, mediante la diversificación de actividades económicas, fundamentalmente industriales, generarán más dinero, teniendo como esperanza que las rentas provenientes de los recursos naturales pasen a un segundo plano, como condición sine qua non para un desarrollo sustentable del país.
Pero, este proceso exige de un pacto por la autonomía que incluya por lo menos tres condiciones: que la dirigencia política tenga una vocación autonómica y opte por acordar la elaboración de una buena legislación, que la solidaridad entre regiones se haga realidad y que se acuerde un pacto fiscal que permita avanzar en forma armónica en la construcción del nuevo Estado.
Lamentablemente, hasta el momento no hay voluntad autonómica ni predisposición para acordar una buena ley que dirija este proceso. Afloran las contradicciones y los intereses de corto aliento, que no hacen sino poner obstáculos a un proceso que ha comenzando a andar y que será imposible detener, como a fines de los 70 y 80 del siglo pasado fue imposible para los militares y sus aliados impedir el proceso democrático. Se trata de una corriente planetaria porque la ciudadanía quiere ser tomada en cuenta en el ejercicio del poder y ser actora de su desarrollo.
Si esta voluntad está ausente, será difícil invocar la solidaridad de las regiones, y sin ésta, no habrá posibilidades de alcanzar un pacto fiscal, tema que con más claridad muestra la esencia centralista del Gobierno, posición que responde, a su vez, a su visión del desarrollo. No se puede olvidar que el presidente del Estado se ha declarado explícitamente admirador del modelo cubano, cuya principal característica es la concentración del poder en una cúpula gobernante que es la que hace y deshace en la isla.
Por ello, a la hora de aplicar las ideas y principios incluidos en la reformada Constitución Política del Estado no sólo se ahondan las contradicciones con las regiones -donde conviven las gobernaciones, los municipios y los municipios/autonomías indígenas-, sino que incluso el Gobierno está decidido a romper alianzas con sectores que forman parte de su sustento político. Pero, en aras a una real transformación del país, corresponde exhortar a los actores políticos y regionales a realizar los mayores esfuerzos para facilitar el proceso autonómico. Seguir oponiéndose a él -así sea que en el discurso se lo apoye- sólo traerá mayores problemas al país y a la gente.
El Deber: Sosa y sus excesos
La última decisión del fiscal Marcelo Sosa, que investiga el supuesto caso de terrorismo que estalló en abril del año pasado a raíz de una confusa operación policial en un hotel de Santa Cruz, ha sido convocar a otros 23 ciudadanos cruceños.
El fiscal Sosa tiene en sus manos un tema que no parece tener fin. Un analista dijo que Sosa tiene una virtual “canilla abierta” que le permite actuar con absoluta libertad contra quienquiera que sea, sólo con presuntas sospechas.
En la penúltima lista de citados figura el conocido periodista José Pomacusi, que deberá viajar a La Paz para presentarse en las instancias que Sosa decida.
Se ha observado la raíz de este tema con insistencia, poniendo dudas acerca de cómo surgió la historia de unos presuntos terroristas que murieron en un confuso episodio en el que luego se comprobó que había policías en ambos bandos.
Sin entrar en esos detalles, que se mezclan con la política, es pertinente observar que todo el procedimiento de investigación tiene irregularidades, cuya inspiración también se mezcla con la política.
El hecho de que sea un fiscal de La Paz el que lleve adelante el proceso es ya una irregularidad. Una irregularidad que comenzó siéndolo con otros temas y que ahora, a fuerza de imponerse, se ha hecho una costumbre, pero una costumbre que sigue siendo irregular.
Sin entrar al tema regional, como hacen analistas, que observan el hecho de que la investigación se ensañe contra líderes cruceños, hay una observación preocupante: el caso se extiende en el tiempo sin límite alguno.
El propio fiscal Sosa, seguramente por vergüenza profesional, dijo a principios de este año que todo acabaría en tres meses, pero en estos días, cuando está sobrepasado ese plazo, ha decidido sumar 23 personas a la lista de los investigados.
Si se trata de distraer la atención para que la opinión pública deje de observar otros temas, algunos de los cuales son muy preocupantes, la trama que maneja Sosa está equivocada. Es que la opinión pública necesita que se le explique si hay algún motivo real para investigar o si se trata de una tramoya política.
Como estamos ante un caso en el que los testigos clave están muertos pero han dado lugar a una libre investigación, lo menos que se puede sospechar es que hay motivos políticos que mueven todo esto.
Desde el exterior, tanto desde Irlanda como desde Hungría, han llegado observaciones muy serias acerca de las circunstancias en que se produjo la muerte de los presuntos terroristas. La propuesta de que sea una organización internacional la que se ocupe de este caso ha sido descartada por el Gobierno nacional.
Al iniciarse este año, el vicepresidente Álvaro García Linera expresó que había llegado el tiempo de la construcción y del trabajo armonioso entre los bolivianos, pero todo indica que el fiscal Sosa no ha recibido instrucciones en ese sentido. Las órdenes que parece seguir el fiscal de marras, son para ahondar un caso que despierta muchas sospechas entre los bolivianos y que sólo sirve para aumentar la tensión y la sensación de que no existen garantías democráticas en la actual realidad.
La Razón: ¿Adiós ‘transformers’?
La Zona Franca Industrial de la ciudad de El Alto redujo su actividad al mínimo.
A fines del 2008, cuando el gobierno de Evo Morales emitió el Decreto Supremo 29836 que prohibió la importación de vehículos de más de cinco años de antigüedad, la historia de este negocio cambió por completo. Allí se había montado una cadena laboral: empresas, talleres, mecánicos, tableristas; en fin, todo un aparato en el que el oficio de los técnicos automotrices, entre otros, gozaba de buena salud.
Dos años después, la Zona Franca Industrial (Zofri) de la ciudad de El Alto, donde la demanda de motorizados usados daba trabajo y dinero a cientos de familias, redujo su actividad al mínimo. Los trabajadores migraron a Iquique (Chile), Challapata y Huari (Oruro) para transformar allí vehículos de contrabando.
Un reportaje de La Razón, publicado el lunes, reveló la crítica situación de esa zona franca en la que no sólo se habían concentrado grandes capitales de especuladores, sino también los sueños de mucha gente que deseaba tener un auto propio.
Hoy, la realidad es muy distinta. Los ‘transformers’ generan menos recursos y, por el contrario, la misma tarea pero realizada en Challapata, suscita un interés mayor con ganancias superiores en hasta un 40 por ciento.
La situación cambió tanto que paralelamente la demanda, si bien no se movió del rubro, sí se trasladó al negocio de los vehículos nuevos. Es así que mientras se registraba una paulatina caída de la rentabilidad en la venta de automotores usados, las importadoras de cero kilómetros experimentaban un auge muy esperado y positivo desde el punto de vista de que este sector empresarial siempre contribuyó al erario nacional.
Esto trajo aparejado un fenómeno que involucra a la banca, pues en ésta las importadoras han encontrado un aliado para que usuarios habituales de automóviles usados puedan acceder a créditos con intereses bajos y, así, adquirir vehículos nuevos.
Así, por un lado, tenemos la buena noticia de que la industria automotriz ha recibido un impulso más que interesante y, por otro, la mala de que la escasa venta de autos usados afecta con la pérdida de fuentes laborales en la Zofri alteña.
La desaparición de los ‘transformers’ sería un arriesgado vaticinio en este momento, si se toma en cuenta que éste es un país donde el contrabando se mueve a sus anchas, especialmente por los caminos secundarios, con y sin complicidad de los responsables de evitar esta actividad ilícita.
Cambio: Respeto a la Constitución
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, mediante uno de sus portavoces, expuso varias observaciones al proyecto de Ley Marco de Autonomías; exigió el reconocimiento de los cuestionados estatutos autonómicos de ese departamento, Beni, Pando y Tarija; demandó para las entidades autónomas el 50% de los recursos por concepto de coparticipación de las recaudaciones de los impuestos nacionales (50% para el Estado Plurinacional) y rechazó el control estatal sobre la administración de los gobiernos departamentales.
“Este proyecto de ley no reconoce la vigencia de los estatutos autonómicos de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz, y ésa es una posición de principio que nosotros vamos a defender”, aseguró el emisario de Costas, el secretario de Coordinación Institucional de la Gobernación cruceña, Óscar Ortiz, durante una audiencia pública desarrollada hace un par de días en el pleno de la Comisión Mixta de Autonomías de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El año 2008, en esos cuatro departamentos se aprobaron estatutos autonómicos mediante referendos calificados de ilegales por las autoridades de la entonces Corte Nacional Electoral, ya que esas consultas se realizaron al margen de la Ley del Referéndum y de la Constitución Política del Estado.
Los impulsores de esas consultas ilegales —que en el caso de Santa Cruz tuvo un costo de 10.061.239 bolivianos— enfrentan procesos legales por la comisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros delitos.
En ese contexto, el emisario de Costas argumentó que es el Tribunal Constitucional el que podría definir si esos textos contradicen o no la Carta Magna, aunque en última instancia —dijo— serán las asambleas departamentales las que “revisarán el fallo del Tribunal”. “Entre tanto, tal cual establece la Constitución, los estatutos están vigentes y así deben ser reconocidos y respetados”. Sin embargo, Ortiz olvida un pequeño pero gran detalle. La tercera disposición transitoria de la Ley Suprema del Estado señala taxativamente:
I) Los departamentos que optaron por las autonomías departamentales en el referendo del 2 de julio de 2006 accederán directamente al régimen de autonomías departamentales de acuerdo con la Constitución.
II) Los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006, deberán adecuar sus estatutos autonómicos a esta Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad.
Es decir, Ortiz miente cuando afirma que “los estatutos están vigentes y así deben ser reconocidos y respetados”. Ninguno de los cuatro ‘estatutos autonómicos’ aprobados en comicios fraudulentos y con alto porcentaje de abstención ciudadana (cercano al 50%) están vigentes, menos reconocidos legalmente.
El único camino para que esos documentos adquieran legalidad es que las asambleas legislativas departamentales —por dos tercios de votos— los adecuen a los preceptos constitucionales antes de ser sometidos al control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional.
Además —según Óscar Ortiz—, una vez que el Tribunal Constitucional dicte su fallo sobre la constitucionalidad de los cuatro estatutos en cuestión, “en última instancia serán las asambleas departamentales las que revisarán el fallo del Tribunal”. No es cierto, las asambleas departamentales no tienen la facultad de “revisar” un fallo constitucional, sino asumirlo.
Lo cierto es que los estatutos, cuya legalidad proclama Rubén Costas, no están vigentes y menos son constitucionales. El Gobernador de Santa Cruz olvida —porque le conviene— que él fue uno de los principales impulsores —no sólo de la redacción entre cuatro paredes y sin participación del pueblo— del estatuto autonómico cruceño que reivindica, sino del ilegal referendo que convocó en su condición de prefecto sin estar facultado por la Ley del Referéndum ni por la Constitución Política del Estado de entonces.
Por eso, hace un par de días, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, recordó que en esos departamentos algunos grupos “conspiraron contra el Congreso, convocaron a un referéndum y usaron recursos públicos, y les dije: ‘Pasarán tres, cuatro ó veinte años, pero las personas que armaron esos referendos van a ser castigadas, y las que usaron dinero público sin ley expresa van a tener que pagar sus penas en la cárcel’”.
Esta declaración fue contestada con un exabrupto por uno de los aludidos, Rubén Costas, quien tuvo la desafortunada idea de acusar al Vicepresidente de vínculos con el narcotráfico. “Al señor García Linera le digo que empiece a construir cientos de cárceles con el dinero que le da el narcotráfico, porque las cárceles de todo el país no tendrán cabida para millones de cruceños y bolivianos que se sienten orgullosos. Y cuando se le acabe la borrachera del poder, cuando exista una real democracia, él tendrá que responder en el banquillo de los acusados por corrupción, por narcotráfico y terrorismo de verdad”, dijo un desafiante Costas.
Y la respuesta de García Linera fue renunciar a un eventual juicio de responsabilidades y despojarse de sus prerrogativas como segundo mandatario del Estado Plurinacional. “Hay una acusación, entonces deben presentarse las pruebas ante el Ministerio Público para que el ciudadano acusado, el Vicepresidente del Estado, se defienda ante los estrados como cualquier otro ciudadano (…) Yo renuncio a ese derecho y me someto a la justicia ordinaria para demostrar mi inocencia de los cargos que emitió el señor Costas, gobernador de Santa Cruz”.
Es decir, Costas está obligado a presentar las pruebas que sustenten su grave acusación, si es que las tiene, ante el Ministerio Público, caso contrario desvelará que mintió como siempre.
En este marco, los autodenominados ‘autonomistas’ no tienen otro camino que someterse a la ley y comprender que sus días de impune arbitrariedad pertenecen a un pasado sepultado por el voto del pueblo que apuesta por la democracia y el respeto a la Constitución.
La Prensa: La Paz mejora su imagen
La Alcaldía tendrá que encarar otras obras para acabar con el caos generado por ese desordenado tránsito que hace penoso el circular por el centro?
La Paz está cada vez más atractiva y la inauguración de nuevas obras, en algunos casos monumentales, como los denominados Puentes Trillizos, en este mes en que se celebra 201 años del grito libertario lanzado por Pedro Domingo Murillo, le darán aún mejor fisonomía.
Los últimos años y como consecuencia de una buena administración municipal, la ciudad de La Paz ha mejorado su rostro y lo seguirá haciendo si se sigue en ese camino de embellecerla más.
La principal ciudad de Bolivia es única. Las capitales de otros países son muy diferentes y, aunque en todas ellas se advierte un desarrollo muchísimo mayor que ha sacado años de ventaja a La Paz, hay que reconocer que ninguna tiene sus singulares características.
Sus laderas con serpenteantes gradas que trepan por cerros, como angostos caminos al cielo, en medio de edificaciones de casas de dos, tres y hasta cuatro o cinco pisos, desafiando la ley de la gravedad y sostenidas por pilones de cemento en inclinadas superficies, le dan a La Paz ese toque que la hace diferente a otras ciudades. Quizás Quito, con su volcán Pichincha y su cerro El Panecillo tuvo, en algún momento, cierta semejanza con La Paz, pero su crecimiento y avance acelerado, con pasos a bajo y sobre nivel, o sus largos viaductos subterráneos, su creciente industria, gigantescos centros comerciales y sus modernos edificios que se extienden más a lo largo que lo ancho, han modificado gran parte de las similitudes.
Cuando las obras estén concluidas, cuando desaparezcan los escombros y los cerros de tierra acumulada para embovedar el Choqueyapu o abrir los pasos de acceso a Los Trillizos; cuando sean retiradas las vallas de calaminas pintadas que cubren los últimos toques que se da al mercado Camacho, junto a una adecuada relocalización de vendedores ambulantes que hoy ocupan desordenadamente las calles y que están tugurizando la ciudad, La Paz podrá preciarse de estar vestida con sus mejores galas.
La Alcaldía Municipal tendrá, además, que encarar otras urgentes obras para acabar con el caos generado por ese desordenado tránsito que hace insufrible y penoso el circular por el centro de la ciudad. Deberá, con ayuda de la Policía de Tránsito, imponer orden y disciplina en base a elevadas multas para que los abusivos conductores no paren sus minibuses, taxis y trufis donde mejor les parezca o conformen vallados infranqueables en algunos puntos neurálgicos y en las horas pico, estacionando sus vehículos en dos y tres carriles, cuando debían hacerlo en filas de uno detrás de otro.
Deberá reasfaltar varias calles y avenidas de la ciudad, llenas de baches que destruyen a los automotores, y arreglar las aceras de casi la totalidad de las calles de los diferentes barrios donde la gente tiene que tener excesivo cuidado al caminar para no tropezar por los desniveles o doblarse los tobillos.
Tendría que acordar con la Alcaldía de El Alto un plan de mejoramiento de la entrada y salida del aeropuerto internacional para evitar que los turistas y visitantes del exterior e interior del país tengan esa pésima impresión de estar llegando a una ciudad caótica y destruida.
El Diario: Presupuestos y manejo de dinero en hospitales
Para nadie es desconocido que la prioridad en la administración del país debería ser atender, con mucha diligencia, los rubros de salud y educación a más de cumplir una sana y eficiente administración de las finanzas nacionales en pro del bien común; pero hay que lamentar que los dos puntos indicados no siempre reciben la atención debida de las autoridades. Uno de ellos, el de la salud, podría decirse que está librado a las circunstancias y no siempre responde a una planificación efectiva.
Desde hace muchos años, especialmente en La Paz, los recursos financieros que recaudan los hospitales públicos son depositados en la Alcaldía Municipal, dizque “para una correcta administración”; sin embargo, casi normalmente los nosocomios no pueden disponer de sus propios recursos por decisión de las autoridades ediles.
Las partidas presupuestarias -nacionales, departamentales o municipales- para los rubros de educación y salud, no siempre tienen prioridad en su atención; al contrario, parece que ya es costumbre de una “atención automática” en el sentir de la burocracia que cree que de todos modos, “funcionarán esas obligaciones”, pero la verdad es que en la mayoría de los hospitales no hay disponibilidad de lo más necesario por falta de recursos.
Muchas veces se alegó que la corrupción atacó las arcas de hospitales y “preventivamente” se deposita sus recaudaciones en los municipios; la medida resultó contraproducente porque no hay la atención diligente necesaria y hasta han ocurrido casos en los que se dispuso arbitrariamente de esos fondos en otros rubros que nada tenían que ver con la salud. Muchos alcaldes y concejos municipales han comprometido la solución de este problema, pero dado el tiempo transcurrido, parece que se espera milagros para atender algo que merecería mayor responsabilidad.
La verdad es que los presupuestos y recaudaciones propias de los hospitales públicos, deberían ser manejados por sus administradores que, a su vez, deben estar sometidos permanentemente a las acciones vigilantes de las leyes a través de la Contraloría y otros estratos de la administración y sin que ello implique mayores trabas y problemas para un sano manejo de los presupuestos y dineros propios que, en todo caso, son pagos de los internos que acuden en pos de atención a su salud.
Por otra parte, en tiempos de cambio como se dice que son los actuales, correspondería la reestructuración de todos los hospitales públicos porque nunca han faltado conductas corruptas y, además, la infraestructura y los equipos que tienen son obsoletos y precisan remozarse en pos de una mejor atención a los enfermos y contar con las comodidades y la tecnología moderna para uso del personal médico. Es preciso, por otra parte, en consonancia con los servicios de seguridad social (caso Caja Nacional, Petrolera, etc., etc.) planificar atención permanente y sin mayores trabas (turnos, largas colas, horarios desajustados a la salud y la edad de muchos pacientes) que permitan dinamizar los aspectos de prevención y atención.
No atender ni entender debidamente los problemas de educación y salud, es permitir que males ancestrales crezcan y, además, contagien a los que, en el campo privado, funcionan bien aunque siempre con deficiencias que ninguna autoridad exige que sean corregidas. La salud es básica para cualquier emprendimiento de las personas; sin buena salud, el ser humano está expuesto a muchos problemas y desgracias que, en algunos casos, determinan fallecimientos prematuros y esto ocurre especialmente en los nosocomios donde, por su condición de gratuidad, hay descuido y negligencia por parte del personal que no siempre está bien pagado y menos capacitado.
El Mundo: Entender
Muchas veces, las posibilidades de diálogo entre las personas se rompen, no necesariamente por la falta de argumentos para sustentar las ideas y la voluntad por encontrar soluciones; la ruptura puede llegar porque los interlocutores no consiguen entender lo que se les explica y ello sucede porque no hay el deseo de comprender esos argumentos o simplemente porque se subestima al adversario. Lamentablemente, esas cosas suceden con frecuencia con las autoridades del Gobierno actual que consideran siempre que están tratando con personas que no son capaces de tener buenas ideas, porque están influenciadas por el imperialismo y sus tentáculos que según ellas, superan muchas veces distancias considerables para actuar.
Cuando esas situaciones se plantean con interlocutores que por su formación, han tenido una educación precaria, no sólo se comprende esa forma de pensar, sino que muchas veces se puede aceptar las mismas, en el entendido de que el interlocutor tiene limitaciones.
Sin embargo, cuando se trata de personas que tienen cierta formación que les es reconocida y en muchas oportunidades han tendido inclusive ideas geniales, vale la pena ser algo más flexible.
Las consideraciones anteriores nos llevan a analizar la afirmación hecha por el vicepresidente del Estado Plurinacional, quien ha afirmado que el ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, no ha leído la Constitución Política del Estado y que por consiguiente, sus afirmaciones sobre el contenido de la misma carecen de credibilidad.
Lo grave del caso es que la afirmación no sólo parte del líder social, sino también de varias personas, entre ellas periodistas que hacen análisis de las situaciones coyunturales y que han visto en la Constitución Política del Estado varias contradicciones que hacen que el documento sea no sólo difícil de entender, sino también fácil de torcer y es lo que precisamente el Gobierno ha estado haciendo, desde la aprobación de ese documento que es obra de su creación.
La organización, de una manera autoritaria, del Tribunal Constitucional, de acuerdo a la norma Constitucional y que tendrá a su cargo precisamente la tarea de administrar justicia, interpretando esa norma, se manifestará en nuestro medio y por la calidad de los trabajos que se produzcan; ello hará con seguridad que los documentos constitucionales sean mal utilizados y que sus fallos estén ajustados más a la forma de pensar de los integrantes del Tribunal antes que al contenido del documento.
La capacidad de leer pasa por diferentes etapas y ello hace que difícilmente una personas decida si otra sabe o no sabe hacerlo, pues existen diferentes niveles de profundidad en esa acción.
La lectura va desde la capacidad de reconocer las letras que es lo que hacen las personas que comienzan a aprender, para luego relacionar los conceptos con su experiencia y recordar el significado, luego asociar con la realidad y finalmente entender para aplicar los nuevos conocimientos adquiridos.
Si alguna de esas etapas ofrece confusiones, como pasa al revisar el actual texto constitucional, las interpretaciones que se puedan hacer de él resultarán contradictorias y es por esa razón que las dos interpretaciones diferentes podrán tener la misma validez y eso sucederá favoreciendo a las personas que detentan el poder y eso es lo que ha dado lugar a que las aplicaciones que se hacen sean diferentes.
Si bien ese análisis resulta ofreciendo una solución salomónica que da la razón a las dos personas que opinaron sobre el tema, debemos nomás aceptar que alguien está tratando de imponer su posibilidad de utilizar la fuerza y no es la primera vez que lo hace, con la misma actitud de sobrenatural suficiencia.
Opinión: Los desafíos de la Asamblea Departamental
Así como en los gobiernos municipales se dieron dramáticos cambios institucionales que han marcado la vida democrática del país y de los ciudadanos, del mismo modo estamos frente a transformaciones en las Prefecturas de departamento, hoy llamadas Gobernaciones.
Si antes de la recuperación de la democracia la alcaldías estaban bajo el manejo prebendal de los gobiernos de turno con una especie de intermediaciones entre el caudillo edil y del ciudadano, hoy la democracia municipalista se ha convertido en pilar fundamental en la relación ciudadano y autoridades municipales.
Las prefecturas como expresión directa de un centralismo secante y obsoleto se desenvolvían bajo las órdenes del Presidente y del Ministerio de Gobierno, ahora, han ingresado a su legitimidad mediante el voto ciudadano que ha elegido al Gobernador y a los consejeros departamentales.
Los cambios trascendentales en los gobiernos regionales parten del hecho de la participación del ciudadano en la elección de sus autoridades y de una serie de modificaciones que se darán cuando entre en vigencia la Ley Marco de Autonomías y los Estatutos Autonómicos regionales en un proceso que debe seguir adelante tomando en cuenta los equilibrios regionales y nacionales, y sobre todo, el derecho de las regiones a conseguir niveles de desarrollo demandados y postergados durante años.
Uno de los pasos importantes que se ha dado hace poco en Cochabamba, ha sido la aprobación del Reglamento de la Asamblea Departamental que regirá el trabajo de los asambleístas, es decir de ese parlamento regional que regirá su destino mediante normas que buscarán el desempeño orgánico de cada una de estas autoridades, que en última instancia deben responder ante sus electores y en dimensión amplia ante el pueblo.
Entre las labores fundamentales de los asambleístas de Cochabamba está la legislación y la fiscalización que tienen que ver, la primera, con la elaboración de leyes de acuerdo a las disposiciones que emanen de las competencias de la autonomía y del estatuto departamental. Otro aspecto es la fiscalización, un mecanismo que pretende evitar irregularidades y el poder casi omnímodo que ejercitaban los prefectos que decidían en muchos casos contratos de obras al calor de influencias y de situaciones que derivaban en corrupción. La asamblea está facultada a interpelar y pedir informes al Gobernador y sus secretarios de área, también pueden inspeccionar, ejercitar la conminatoria a la autoridad y otros derechos y obligaciones que buscan, como en todo reglamento, optimizar la función pública y la participación ciudadana en un ejercicio que puede resultar innovador, cuando el ciudadano a su vez tenga mayor injerencia en los asuntos públicos que son de primera importancia e interés para su vida cotidiana.
No cabe duda que los asambleístas de la región pueden dotarse de los mejores instrumentos para el desempeño de sus funciones, pero aún es más cierto que en cualquier proceso de transformación lo que define su avance o éxito es la persona, es decir, las aptitudes morales de las autoridades, su vocación de servicio, su capacidad intelectual y profesional y en todo caso la percepción que tengan sobre el proceso de la autonomía regional. El marco mayor de la política nacional, tan consolidado en el pasado, no debe hacer perder de vista la especifidad del entorno local.
Lo que Cochabamba tendrá frente a sí, al igual que otros departamentos, es la gran oportunidad de lograr un instrumento político administrativo que optimice el manejo del dinero de Cochabamba y que, al mismo tiempo, logre herramientas para mejorar la vida de la gente.
Clarín, Argentina: El caso de la embajada paralela
La existencia de canales paralelos de vinculación ¿oficiales o extraoficiales? en las relaciones con Venezuela aparece a esta altura como un dato difícil de refutar, luego de las múltiples evidencias aportadas por funcionarios, ex funcionarios, diplomáticos de carrera y medios de comunicación. Para responder a estas denuncias, distintos miembros del Gobierno adoptaron una postura plena de contradicciones, negando una vez y aceptando otra, la existencia de las gestiones paralelas en tratativas bilaterales que suponen una seria anomalía en el manejo de las relaciones exteriores.
El país cuenta con delegaciones diplomáticas oficiales, y son estas las que deben centralizar las relaciones bilaterales tanto de carácter político como económico. En el caso de existir un volumen de intercambio comercial importante o intereses estratégicos en promover exportaciones, la Cancillería dispone de recursos para fortalecer las consejerías económicas y delegaciones consulares.
El sólo hecho de que un gobierno haya decidido apelar a una vía de negociaciones externas diferente a la establecida, permite presumir que hubo un intento de ocultamiento y hechos cuando menos irregulares. Es así que de diversos testimonios surgen sospechas de corrupción por posibles cobros de comisiones indebidas a empresas que querían vender en Venezuela, así como la discriminación inexplicada de otras, como ha surgido de diversos testimonios que están ahora en manos de la Justicia. Las operaciones en cuestión fueron manejadas directamente por el ministro de Planificación Julio De Vido, primero a través del ex secretario Claudio Uberti y luego a través de emisarios políticos sin experiencia diplomática o de gestión de las relaciones exteriores, tal como fue reconocido por funcionarios de la Cancillería y por el propio ministro De Vido.
El caso ha generado, finalmente, fricciones en el seno de la propia Cancillería, lo que muestra las implicancias del mismo y el daño que causa al Servicio Exterior y a la imagen del país en el exterior.
Las contradictorias explicaciones del Gobierno no han hecho más que confirmar serias anomalías en el manejo de las relaciones con Venezuela.