Autonomía. El Poder Ejecutivo logra acuerdos con los indígenas del oriente y garantiza el dinero para el saneamiento de tierras. Un analista ve molestia del Presidente por la marcha
Trabajo. Adolfo Chávez, segundo desde la derecha, escucha los planteamientos del Poder Ejecutivo en la sede de la Cidob
Christian Peña y Lillo H., El Deber
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Un principio de acuerdo fue alcanzado ayer entre los representantes del Gobierno y la dirigencia de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), en el segundo día de discusión sobre la plataforma de 15 puntos presentada por los originarios en rechazo a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, para exigir el saneamiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y la reversión de las concesiones forestales en territorios indígenas.
A pesar de los avances anunciados, desde Santa Cruz de la Sierra, por los delegados de ambos bandos, en San Ramón los marchistas permanecían a la espera de un informe para definir si continúan o no con la caminata hasta La Paz.
A decir de los representantes del Poder Ejecutivo, de los 15 puntos en debate, al menos cuatro están prácticamente resueltos. “Hemos visto que hay satisfacción respecto a las propuestas planteadas por la Cidob”, comentó Henrry Baldelomar, delegado gubernamental de la Casa Autonómica de Santa Cruz.
Baldelomar precisó que uno de los puntos de avance fue la decisión asumida por el Gobierno de garantizar los $us 1,5 millones que la Cidob demanda para concluir con el saneamiento y la titulación de las TCO. El representante gubernamental dijo que este proceso se iniciará a finales de agosto.
Otro punto atendido, según Baldelomar, está referido a la emisión de un decreto supremo para iniciar la reversión de las tierras fiscales, trabajo que es evaluado por los dirigentes indígenas, pero que el Gobierno aclara que se ejecutará de acuerdo con lo que establece la Ley Forestal en vigencia.
Finalmente, ayer al caer la tarde, Baldelomar señaló que el pedido de la Cidob para que el Estado atienda con sus recursos la implantación de Gestión Territorial Indígena (GTI), aún estaba siendo debatido. En este punto, el Ejecutivo plantea la creación de una canasta de fondos para impulsar iniciativas económicas de los pueblos originarios, mientras los originarios proponen que el Estado deje de depender de financiamientos externos.
Adolfo Chávez, líder de la Cidob, confirmó que todavía no hay consenso sobre el tema del financiamiento para la GTI, aunque apuntó que se seguirá trabajando.
A decir de los representantes gubernamentales, no han solicitado a los indígenas la desmovilización de los marchistas, aunque esperan que cese en el transcurso de hoy, una vez se informe sobre los avances del diálogo.
Chávez dijo que los marchistas definirán de manera independiente si siguen o no con su caminata.
El MAS anuncia paquete de leyes
El gobernante Movimiento Al Socialismo prepara en la Asamblea Legislativa Plurinacional un nuevo paquete de leyes judiciales, militares, sociales y de deslinde, que serán analizadas después del receso parlamentario que durará hasta agosto.
La presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, Cecilia Ayllón, dijo que los proyectos de ley están referidos al deslinde jurisdiccional, de procedimientos constitucionales, de faltas y contravenciones, de seguridad ciudadana, de armas y municiones, de procurador del Estado, modificaciones al sistema penal a favor de los niños, niñas y adolescentes, modificaciones al Código Tributario y la nueva Ley de Aduanas.
“Son proyectos que esta comisión tratará hasta fin de año, y esperamos que en este tiempo sean aprobadas. Estamos trabajando en estos temas. A pesar del receso, debemos seguir trabajando”, dijo.
De hecho, señaló que la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara Baja trabaja en la redacción de los anteproyectos, en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Defensor del Pueblo, Fuerzas Armadas, Policía y las instituciones comprometidas con las leyes referidas.
Ayllón informó de que la Comisión elabora el proyecto de ley de deslinde jurisdiccional, contemplado en el artículo 191 de la Constitución.
La demanda indígena es auténtica
Carlos Cordero / Politólogo
La marcha indígena me pareció una demanda auténtica de los pueblos que buscaban su autodeterminación, como ofertó el entonces candidato a la Presidencia. Por esa razón es que la movilización de la Cidob resulta ser irritante para el Gobierno y el Presidente.
Los indígenas reclaman por más recursos, territorio, autonomía política, pero cuando el Gobierno se percata de que no puede cumplir con todas las ofertas a las bases sociales, intenta descalificarlos y negocia en función de los resultados del censo 2011 para anunciar que habrá más representación y escaños para los originarios, pero esa propuesta también es una falacia, porque para aumentar los siete curules que ocupan actualmente no se necesita de un nuevo padrón de población.
Un nuevo censo beneficiará a Santa Cruz, porque le concederá más poder de negociación porque se sabrá el número de habitantes, que está próximo a la población de La Paz, lo que significa que habrá una nueva lucha por la reasignación de escaños. Los indígenas fueron engañados y por eso los representantes del Ejecutivo buscan negociar para intentar aplacarlos, porque la base étnica no está contenta con la Ley Marco de Autonomías, ya que el Movimiento Al Socialismo y el Gobierno ofrecieron autodeterminación de los pueblos, casi un Estado dentro del Estado, pero no se ha logrado porque era una exageración.
El Presidente también emitió señales de molestia contra las regiones, los indígenas, a algunos partidos políticos e intelectuales representantes de la oposición porque la autonomía del Gobierno no encaja en las propuestas de los departamentos autonomistas, que una vez más se quedan con sabor a poco porque querían más competencias, más recursos, más responsabilidades, pero eso no ofrece la ley promulgada.