Propone condenas de 15 a 20 años y bloquear cuentas de sospechosos. Un ministro presentó proyecto de ley ante visitantes de la ONU.
Comparecencia. Landívar (centro) sale de las instalaciones de la Fiscalía de La Paz, donde declaró ayer por la mañana
Marco Chuquimia. La Paz, El Deber
Proyecto. Un ministro presentó las reformas ante visitantes de la ONU
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El Gobierno busca endurecer las sanciones contra los financiadores del terrorismo a través de seis modificaciones al Código de Procedimiento Penal. Así lo dio a conocer ayer el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, a la comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó ayer a Bolivia para evaluar la lucha contra el terrorismo.
El proyecto asigna mayores responsabilidades a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que puede bloquear las cuentas de las personas que considere sospechosas de movimientos ilícitos de dinero. El financiamiento de este delito tendrá una pena de entre 15 y 20 años de cárcel, mientras que la legitimación de ganancias ilícitas será penada con entre cinco y diez años.
Respecto a la inmovilización de fondos, la propuesta señala que el fiscal requerirá al juez congelar los fondos de todas las personas que pongan recursos a disposición de los sujetos que cometan o intenten cometer actos de terrorismo. Cuando exista la sospecha de una operación fraudulenta para el financiamiento de actos terroristas, la UIF podrá bloquear por 48 horas la ejecución de la operación hasta que las autoridades jurisdiccionales puedan intervenir.
El ministro de Gobierno entregó a los miembros de la OEA y de la ONU este documento como propuesta oficial del Gobierno boliviano en el encuentro Marco Jurídico Universal de la Lucha Contra el Terrorismo, que se realiza en la Cancillería, y la delegación internacional saludó la iniciativa del Ejecutivo.
La representante de la ONU, Fernanda Lombardi, afirmó que esta propuesta es vista con agrado desde los organismos multilaterales y que será mejor cuando se apruebe la ley completa de lucha contra el financiamiento al terrorismo.
Lombardi afirmó que la presencia de esta comitiva es ‘crítica’ y que dentro de un breve plazo se enviará la evaluación respecto a Bolivia y sus esfuerzos de lucha contra el terrorismo.
Su colega, representante de la OEA, Ignacio Ibáñez, señaló que este encuentro examinará los 16 tratados internacionales de la Comisión Interamericana contra el delito, los riesgos de la cooperación intersectorial, los nuevos mecanismos de financiación terrorista, las lagunas legales, medidas preventivas que están al alcance, mecanismos de coordinación en diferentes niveles, técnicas especiales de investigación y enjuiciamiento.
Este comité escuchará a las autoridades y luego ellos elevarán un informe sobre la situación del país en esta materia.
Llorenti pide ayuda por el caso Rózsa
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, pidió el martes a la delegación de las Naciones Unidas corresponsabilidad para que los países signatarios en este ente multilateral entreguen a los acusados por el caso de terrorismo y sean juzgados en Bolivia.
“Bolivia ratifica el hecho de que países que conforman las Naciones Unidas entreguen a los ciudadanos vinculados al terrorismo y separatismo para que sean procesados por nuestra legislación”, dijo la autoridad antes de inaugurar el encuentro internacional Marco Jurídico Universal de la Lucha Contra el Terrorismo, que se realiza en la cancillería boliviana y que cuenta con la presencia de expertos de la ONU y de la OEA.
El titular de Gobierno afirmó que los países que integran estos organismos no deberían esperar un pedido de extradición y que debían entregarlos porque los acuerdos internacionales prevén que en materia de terrorismo no pueden tener ni refugio ni asilo las personas que son acusadas.
Llorenti dijo que existe plena certeza de que las personas que se fugaron del país en 2009 están principalmente en tres naciones, Estados Unidos, Brasil y Perú.
Al menos una decena de acusados de terrorismo por el fiscal Marcelo Soza está en EEUU y Llorenti señaló que se están haciendo esfuerzos para que estas personas sean trasladadas a La Paz y sean juzgadas conforme a las leyes bolivianas. Asimismo, dijo que hay trámites pendientes ante el Gobierno brasileño para que los sujetos que están solicitando refugio sean deportadas y entregadas a autoridades bolivianas. El mes pasado, la Fiscalía solicitó la captura internacional de una docena de personas investigadas por terrorismo que están fuera del país.
Fiscal Soza solicita captura internacional de juez Tapia
El fiscal que investiga el caso Rózsa, Marcelo Soza, anunció que pedirá una orden de captura internacional contra el juez Luis Tapia Pachi, que solicitó asilo en Brasil.
En su opinión, su aparición pública junto a otro investigado, el ex unionista David Sejas, demuestra su implicación en el caso y por ello pretendía llevarlo a la jurisdicción de Santa Cruz.
A través de una carta pública, Tapia Pachi defendió su inocencia y asegura ser víctima de una persecución política por parte del Gobierno. Tapia escribió que él nunca pidió el caso de terrorismo, sino que fue seleccionado por sorteo electrónico del sistema judicial.
Por otra parte, Soza anunció que la mayoría de los 23 convocados a declarar, entre el 5 y el 13 del presente mes, lo hará como imputados y no como sospechosos. Ayer se hizo presente el ex funcionario de Cotas Ronald Landívar, que no fue imputado y fue dejado en libertad.
Perfilan ley contra los que financian el terrorismo
Gobierno. Propone condenas de 15 a 20 años y bloquear cuentas de sospechosos
Miguel A. Melendres – La Paz, La Razón
El Gobierno plantea castigar con condenas de 15 a 20 años a personas que financien actividades vinculadas con el terrorismo, y “bloquear” las cuentas bancarias de los posibles sospechosos, según prevé un proyecto de Ley de Financiamiento del Terrorismo.
El proyecto fue presentado ayer en el taller sobre el marco jurídico universal de lucha contra el terrorismo que se realizó en La Paz, con la participación de representantes de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El artículo 1 del proyecto propone incorporar al Código Penal la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo. El financiador —prevé— es el que “de manera directa, indirecta, y deliberadamente proveyera, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, negociare o gestionare fondos, bienes, recursos o derechos…con la intención de que se utilicen en todo o en parte para financiar el delito de terrorismo…”.
La sola intención será objeto de persecución y sanción penal. Ante la supuesta comisión del delito o ante la flagrancia, se requerirá el congelamiento de fondos y activos financieros de personas que cometan, intenten, participen o lo faciliten. Se prevé una condena de 15 a 20 años de cárcel contra los financiadores.
Un operativo policial, ejecutado el 16 de abril del 2009 en Santa Cruz, desarticuló a un supuesto grupo terrorista liderado por el abatido Eduardo Rózsa. La Fiscalía aseguró que el grupo, que pretendía dividir Bolivia, contaba con el apoyo económico de líderes político-empresariales cruceños.
Fernanda Lombardi, especialista en prevención del terrorismo de la UNODC, destacó la iniciativa nacional y la ratificación de 12 de 16 instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, explicó que, con la iniciativa que se perfila aprobar, el Estado boliviano ratifica “su plena intención y acción contundente de luchar contra el terrorismo”.
En este marco, también pidió a NNUU y a la OEA que contribuyan a que sus países miembros, donde estarían algunos acusados en el caso terrorismo, entreguen a la justicia a los que huyeron por estar vinculados al caso Rózsa.
Acusados como Branko Marinkovic, Hugo Achá y David Cejas, entre otros, estarían, unos en Estados Unidos y otros en Brasil. El proyecto prevé condena de 5 a 10 años de cárcel al que adquiera bienes o recursos del terrorismo. Este proyecto prevé ser la antesala a la ley contra el terrorismo.
Buscan a Sejas en Brasil
El fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, indicó que se activará una orden de captura internacional contra el ex unionista David Sejas, que informó el lunes que se encontraba en Brasil. Soza sostuvo que recibe declaraciones de funcionarios de la telefónica Cotas.
Piden a Brasil expulsar a Tapia
El Gobierno, a través de la ministra de Justicia, Nilda Copa, solicitó a su par de Brasil rechazar el pedido de asilo político que hizo el juez cruceño Luis Tapia Pachi, procesado por demandar la jurisdicción del juicio por el caso terrorismo.
El juez señaló el lunes que se encontraba en una ciudad fronteriza de Brasil y que había solicitado asilo político por considerarse un perseguido político a raíz del juicio en su contra.
“Esperamos que no vayan a acoger a los delincuentes”, sostuvo Copa, quien añadió que el tema será analizado para formalizar ante Brasil el pedido de rechazo al asilo político.
Autoridades de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Defensa Legal del Estado y de Gobierno analizarán este tema, precisó la ministra.
Pachi demandó la jurisdicción del caso terrorismo, por lo que se lo acusó de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Este pedido generó un conflicto de competencias y al final el caso radicó en La Paz.