Plan: Dispone la confiscación de bienes usados en el contrabando y el aumento de la pena para los funcionarios públicos involucrados.
Contrabando: decomiso de bidones con combustible en el Desaguadero
La Prensa
El Gobierno propone una Ley 1008 para el contrabando. El presidente Evo Morales remitió el jueves a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que establece la confiscación de bienes usados en esa actividad ilícita e incrementa los años de cárcel para los funcionarios públicos y policías que resultaran involucrados.
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La información fue confirmada por el vicepresidente Álvaro García Linera, quien aseguró que esta norma representa un “golpe contundente y demoledor contra todo tipo de contrabando que desangra la economía del país”.
Se prevé que el proyecto sea tratado en el pleno de la Cámara de Diputados entre el lunes y martes de la próxima semana, toda vez que la comisión correspondiente ya elaboró su informe.
García explicó que a partir de su vigencia, todo vehículo que transporte mercadería de contrabando será confiscado y luego de un proceso judicial expedito, el cual se espera que no exceda los 30 minutos, pasará a propiedad del Estado, igual que cualquier herramienta, bien mueble o inmueble utilizados para ese efecto, que sufrirán la misma suerte.
Además, establece una pena privativa de libertad de 15 años para los funcionarios públicos, civiles o uniformados.
El Vicepresidente aseguró que mediante esta normativa se aplicará la misma rigurosidad que en el narcotráfico, en el contrabando, “una especie de 1008”.
La Ley 1008, de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, fue aprobada en 1988 por el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro; establece la confiscación de bienes usados en el narcotráfico y la detención de los involucrados directos e indirectos en el delito. Asimismo, reconoce y respeta las plantaciones legales de hoja de coca.
Sin embargo, en 2008, el actual Gobierno planteó su modificación con el argumento de que esa ley fue utilizada para violar los derechos de determinadas personas que fueron encarceladas sin un debido proceso por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico.
Ahora, en cambio, el Ejecutivo pretende obtener la aprobación de una norma similar en materia de contrabando.
Según datos de la Fundación Milenio, entre los periodos 2006-2008, el contrabando total generó una pérdida de 2.126 millones de dólares; de este monto, la mayor incidencia es la de los vehículos, automóviles y tractores, con 517,3 millones de dólares, además de otro sector igualmente relevante, el de máquinas, aparatos eléctricos de reproducción y otros, que generó una pérdida de 370,8 millones de dólares.
Se registra también el contrabando de combustibles debido a los precios diferenciales que se mantiene, por ejemplo, con Perú, el más cercano vecino del país.
En ese entendido, García Linera ya adelantó en junio la necesidad de aplicar leyes más drásticas para combatir el contrabando de alimentos y carburantes hacia países vecinos que afecta la seguridad alimentaria de los bolivianos.
“Vamos a endurecer las sanciones para aquellos contrabandistas. Si encontramos narcotráfico en su casa, se le quita su casa, se le quita su movilidad, sus ahorros, se le quita su camión, para que nunca más vuelva cometer el delito”, puntualizó entonces.
Por su lado, la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, reconoció hace dos semanas la dificultad de controlar las denominadas zonas rojas que hay en el país porque son regiones en las que habitan poblaciones muy agresivas y porque el número de miembros del Control Operativo Aduanero (COA) no siempre es el suficiente.
Según fuentes cercanas a la Aduana, hay unos 26 puntos por los que ingresa el contrabando y donde el control aduanero es deficiente o inexistente.
En 2000, el Gobierno accedió a un préstamo de cinco millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implantar un Programa de Reforma y Modernización de la Aduana Nacional de Bolivia, en particular respecto al sistema jurisdiccional aduanero establecido en la Ley General de Aduanas, por considerar que un sistema automatizado de gestión permitirá agilizar los trámites de comercio exterior.
Este proyecto financiado por el BID fue sólo un componente más, entre otros, de un programa mucho más amplio de reformas encarado en el país.
Sin embargo, los resultados no fuemuy alentadores porque no se logró mejorar el control de la actividad ilegal. Actualmente, la Aduana desarrolla un nuevo proceso de ajuste y de lucha contra la corrupción, para cuyo cumplimiento dispuso la instalación de cámaras de video en sus oficinas y, por el momento, planifica realizar mayores controles en las zonas fronterizas.
Uno de los casos más bullados en esta materia fue la incautación de 33 camiones de contrabando en la zona fronteriza de Pando, en el que el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana estuvo presuntamente involucrado.
Datos
El contrabando ingresa al territorio boliviano principalmente por el puerto de Iquique, Chile.
Entre 2006 y 2008, esta actividad ilícita generó una pérdida de 2.126 millones de dólares al Estado.
Hay regiones conocidas como zonas rojas por la imposibilidad de que el control aduanero ingrese en sus territorios.
La gente de estas poblaciones es agresiva y suele coordinar con los contrabandistas el ingreso de sus mercancías.
Entre los productos con mayor incidencia en el contrabando se encuentran los vehículos y los combustibles.
Los miembros del Control Operativo Aduanero son cuantitativamente insuficientes para controlar toda la frontera nacional.
La Aduana Nacional de Bolivia encara actualmente un profundo proceso de lucha contra la corrupción.
El Gobierno envió a la Asamblea legislativa un proyecto de ley diseñado para controlar y disminuir el contrabando.
La ley sugerida por el Ejecutivo promete ser drástica y radical respecto a las sanciones aplicadas a los contrabandistas.