Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Cátedras de economía
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Bajo el Penoco, El Día: El otro Rózsa
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Los Tiempos: LA QUINTA ETAPA DE LA ‘REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA’
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El Deber: La verdad se abre paso
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La Razón: Cambios y poder
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Cambio: El narcotráfico es el pretexto
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La Prensa: La verdad se abre paso
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El Diario: Reforma policial o la medicina peor que la enfermedad
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El Mundo: La prueba
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Opinión: El cambio de ministros y la presión social
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Clarín, Argentina: Las importaciones y la competitividad
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El Universal: México: Evidencias de una política fracasada
El Día: Cátedras de economía
De vez en cuando el vicepresidente Álvaro García Linera pretende deleitar al país con alguna de sus cátedras sobre teoría política y económica. Durante su segunda posesión, el 22 de enero de 2010, anunció el advenimiento del Estado Integral, “el único capaz de asegurar la igualdad y el nuevo porvenir de los bolivianos, a través de la distribución de la riqueza”. El lunes, en un congreso de productores cocaleros, el segundo mandatario del país dijo que ya se cumplieron cuatro etapas en la carrera por la conquista del poder total en el país y viene la quinta: el dominio pleno sobre la economía.
Nadie puede discutirle que en las cuatro etapas anteriores han sido impecables y arrolladores; es decir, en la construcción de un instrumento político que ha logrado obtener y repetir resultados históricos en numerosos procesos electorales, que le han permitido a su vez copar todas las instancias institucionales del Estado y destruir política e ideológicamente a sus adversarios.
No es casual que el Vicepresidente haga esta exposición frente a los cocaleros. Ellos saben mucho de economía, pero sólo analizan su entorno. Ellos son tal vez los principales beneficiarios del clima político que el MAS ha creado para beneficiar su negocio. Expulsar a la DEA y debilitar la lucha antidrogas fue una medida política que marcó el advenimiento de un nuevo auge económico en el Chapare y otras regiones que se han convertido en el paraíso de la “industrialización” de la hoja sagrada.
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El problema es que esta misma cátedra no se puede ofrecer, por ejemplo, a un auditorio compuesto por empresarios del rubro petrolero o minero. Se olvida el Vicepresidente que la toma de la economía, por la vía de la nacionalización, comenzó a aplicarse mucho antes que el copamiento del pleno de la institucionalidad democrática. Es más, ni siquiera hacía falta, pues a punta de decretos se arremetió con las petroleras, Entel, las minas privadas y otros sectores y tampoco hubo resistencia ni de las empresas ni de las fuerzas opositoras.
Y justamente en este capítulo es donde conviene hablar de hechos para no quedarse en los conceptos abstractos que tanto le agradan al Vicepresidente. Demás está mencionar lo que ha ocurrido con la industria del gas; recientes diagnósticos hablan de lo que está pasando en la empresa de telecomunicaciones y con las minas, especialmente las de Vinto y Huanuni, lo que se ha observado es una multiplicación exponencial de los trabajadores contratados, sin que se haya registrado el mismo fenómeno en el aumento de la producción. Si el ritmo se mantiene como hasta ahora, no pasará mucho tiempo para que se produzca la misma situación de 1985, cuando el Estado tuvo que expulsar a las calles a miles de mineros.
En realidad Cuba es un “Estado integral”, que cumplió con todas las etapas que señala el vicepresidente. Domina todo y por supuesto controla la economía. Nadie puede producir un poroto en la isla sin la venia del régimen. Álvaro García Linera debería ser más claro y decirle al país que ése es el modelo que pretende aplicar en Bolivia. Algunos trechos del camino cubano ya se han recorrido y por ejemplo, ya nos estamos volviendo importadores de alimentos. La ventaja para los cubanos es que ellos ya están de vuelta. Raúl Castro no sabe qué hacer para que la gente se ponga a producir y deje de esperar que el “Estado integral” les llene el plato con comida importada.
El Vicepresidente anuncia el dominio total del Estado sobre la economía. Ése es un concepto abstracto. Cuba es la realidad.
Bajo el Penoco, El Día: El otro Rózsa
Hasta ahora no se sabe para quién trabajaba Eduardo Rózsa. Esa respuesta murió con él, aunque el otro que tiene toda la información, el capitán Wálter Andrade, está becado en Venezuela. Pero acaba de aparecer otro Rózsa. No es húngaro, es alemán, se llama Dirk Smith y fue detenido el 8 de julio por la Policía de Santa Cruz en poder de una gran cantidad de armas. El Ministerio de Gobierno lo presentó con gran rimbombancia, como si se tratara de Rambo o Terminator, presunto sospechoso de alzamiento armado y bla, bla, bla. Su esposa, una señora boliviana, que además fue concejal del MAS, acaba de denunciar que Smith era un viejo conocido del Gobierno y que desarrolló tareas de inteligencia en “momentos políticos” claves, como el cerco a Santa Cruz, la toma de tierras y otras estrategias importantes. Mostró además dos memorandos del Ministerio de Gobierno asignándole tareas especiales en Santa Cruz y solicitando para él la colaboración militar y policial. Uno de los firmantes de los documentos es nada menos que el ex viceministro Gustavo Torrico.
Los Tiempos: LA QUINTA ETAPA DE LA ‘REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA’
La industrialización en lo económico y el poder total en lo político, serán los próximos objetivos. ¿En qué consistirá la "revolución cultural"?
El pasado martes, durante el acto de inauguración del XXI Congreso Ordinario de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico, una de las que aglutina a mayor cantidad de productores de coca, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que nuestro país está asistiendo al fin de una etapa de la "revolución democrática y cultural" y al inicio de otra, que vendría a ser la quinta.
Cada una de las cuatro anteriores, según García Linera, habría marcado un hito en un proceso que se inició en el año 2000, cuando se produjo la "guerra del agua" en Cochabamba. La "guerra del gas" organizada alrededor de la consigna de evitar la venta de gas a Chile habría sido el segundo hito; el triunfo electoral en diciembre de 2005 el tercero; la lucha para derrotar a los sectores adversos al "proceso de cambio" marcó la cuarta etapa. Consumado ya el propósito de aplastar a la oposición -tarea cumplida en gran medida gracias a las inclinaciones suicidas de ésta– y aprobadas las leyes fundamentales del nuevo Estado, estarían ya dadas las condiciones para el inicio de la nueva etapa, la quinta.
La quinta etapa, según anunció García Linera, consistirá en una "ofensiva estratégica" orientada a la construcción y la toma del poder político, económico y cultural, es decir, ya no sólo del Gobierno, "sino del poder para tener la capacidad de decidir y mandar sobre la política y la economía" del país. Dicho en otras palabras, a la obtención del poder total, el poder sin límites, objetivo último para el que todo lo hecho hasta ahora no habría sido nada más que parte de un moroso pero necesario proceso preparatorio.
En el discurso vicepresidencial que comentamos no se dieron mayores elementos de juicio sobre la manera como se plasmará en los hechos prácticos "la toma del poder político, económico y cultural". Sin embargo, algo de ello se puede colegir a partir de una serie de mensajes, no necesariamente verbales, que el gobierno da de manera constante.
En lo económico, se ha anunciado ya la decisión de concentrar esfuerzos y energías en programas de desarrollo, entendido éste en los términos más convencionales. Es decir, industrialización intensiva, apertura de caminos, construcción de plantas hidroeléctricas y todo cuanto sirva para incrementar la participación del Estado en la economía nacional de modo que, por lo menos en términos relativos, disminuya la del sector privado.
En lo político, de lo que se trata ahora que ya no existe oposición digna de tal nombre es, como se desprende de numerosos mensajes presidenciales y vicepresidenciales, de dirigir la "ofensiva estratégica" contra los "traidores". Es decir, quienes por uno u otro motivo se han ido -y sin duda se irán- alejando de los conductores del proceso. La exclusión, por primera vez desde hace cinco años, de los "movimientos sociales" de la evaluación semestral de la labor del gabinete ministerial también da indicios sobre lo que eso significa. Nada que pueda considerarse sorprendente o novedoso.
Es poco, en cambio, lo que se puede vislumbrar sobre lo que traerá consigo el componente de "lo cultural" en la nueva etapa del proceso de cambio. Pero sin duda pronto comenzarán a verse las primeras muestras de lo que eso significa.
El Deber: La verdad se abre paso
El periodista José Pomacusi demostró palmariamente que nada en absoluto ha tenido que ver en el bullado ‘caso Rózsa’ en el que se pretendió involucrarlo por un ocasional contacto suyo con otros imputados. Lo hizo durante el prolongado interrogatorio al que lo sometió en las últimas horas el controvertido fiscal Marcelo Soza, cabeza de unas escabrosas y enmarañadas investigaciones sobre aquel luctuoso episodio ocurrido hace poco más de un año en un céntrico hotel de esta ciudad y al que se tiene conectado a una supuesta acción ‘terrorista’.
Ya se sabe que por la muerte a bala de Rózsa y algunos de sus acompañantes, en un oscuro y sangriento episodio, todavía no llegaron a puerto alguno, pese al tiempo transcurrido, las laberínticas indagaciones que Soza lleva a cabo con el consiguiente y comprensible desgaste del fiscal, lo que pudo evidenciarse durante la comparecencia de Pomacusi en el reducido espacio que sirve de centro de interrogatorio en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en la sede de Gobierno. Por allí han desfilado, y lo siguen haciendo, decenas de angustiados ciudadanos cruceños citados a declarar hasta por unas simples y vagas sospechas, violándose, entre otros más, su derecho constitucional al debido proceso.
El caso de Pomacusi tenía adquiridas unas patéticas características, tratándose de un comunicador de una amplia, límpida y reconocida trayectoria extendida en los últimos años a la dirección de una importante publicación mensual y de un programa televisivo de amplia convocatoria. Imposible que evitara, en consecuencia, una diversidad de contactos y concurrencias en procura de nutrir su agenda informativa, a no ser que, por si acaso, se mantuviera completamente aislado del mundo.
Con la tranquilidad de su conciencia, Pomacusi respondió serenamente durante poco más de dos horas el rosario de interrogantes. Inclusive aquéllas en que Soza, invadiendo y violando como al descuido el terreno de la libertad de expresión, inquirió sobre quién y por qué escribió determinado título o texto en la revista que dirige el comunicador, no sin dejar de cuestionar, en ambos casos, el mensaje por ‘desprestigiar’ dizque la investigación encomendada al fiscal y cuya actitud puso en alerta máxima a diversas organizaciones de la prensa nacional e internacional que acompañaron al periodista en su citación y que en la misma detectaron un afán de amedrentamiento para intentar amordazar el periodismo independiente, incómoda piedra en el zapato de los actuales detentadores del poder en Bolivia. No en balde, el mismo Soza ha revelado que tiene bajo análisis la próxima citación a otros periodistas.
Mientras tanto, entre las densas brumas de una investigación sobre la que necesariamente y cuanto antes tiene que abrirse paso la luz de la verdad, José Pomacusi dijo la suya y como hombre de bien que ha visto torpemente alterada la rutina de su vida familiar y profesional, ha exigido que su nombre sea limpiado. Razones no le faltan.
La Razón: Cambios y poder
El arte de gobernar no debe traducirse como el arte de borrar de plano ciertas tradiciones
Lo ideal sería concertar y no confrontar. Hace cuatro años, precisamente en Sucre, al momento de instalarse la Asamblea Constituyente, se inauguraba una nueva forma de desfilar con una muy aplaudida parada campesino-militar. Sin embargo, los tiempos no son los mismos y, tras una serie de situaciones que han distanciado a las autoridades políticas con parte de la sociedad chuquisaqueña, la capital de Bolivia perdió la organización de los actos del 6 de Agosto.
La promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, no obstante, abrió la posibilidad de que Sucre no siempre albergue esta cita particularmente simbólica para el país. Lo que salta a la vista es que la regla manda a los asambleístas legislativos a inaugurar sus sesiones en Sucre y, sólo en casos excepcionales, en otro lugar.
También, resulta positiva la intención del Gobierno de democratizar una fiesta que no es exclusiva de una ciudad, sino que involucra a todo el país.
Mientras el debate siga en pleno desarrollo y seguramente continuará así la próxima semana, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que ahora, el desafío es construir el poder total en base a tres ejes: los poderes económico, político y cultural, para garantizar el proceso de cambio.
En cuanto al poder económico, manifestó que se tiene que consolidar el proceso de industrialización de las materias primas a cargo del Estado y la soberanía sobre los recursos naturales, luego redistribuir la riqueza y por último potenciar la capacidad económica de los sindicatos para que tengan capacidad económica y productiva.
En cuanto al poder político, anunció que la presencia “del pueblo” tiene que seguir profundizándose con gente que responda al control social y estar en todas las entidades, con servidores públicos dispuestos a sacrificarse, con la idea de que van a salir pobres de los cargos.
En cuanto al poder cultural, el Vicepresidente señaló que éste debe construirse a partir del potenciamiento y la formación ideológica y la emergencia de nuevos dirigentes. “La idea del pueblo tiene que estar en todas partes”.
El arte de gobernar no debe traducirse como el arte de borrar de plano ciertas tradiciones. Y la historia —incluida la Casa de la Libertad, como todo templo de la libertad en Bolivia— merece respeto, lo cual no significa que no se deban aplicar los cambios propuestos.
Cambio: El narcotráfico es el pretexto
El vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, denunció hace un par de días que representantes de corrientes políticas vinculadas a la derecha pusieron en marcha una campaña internacional de desprestigio en contra de Bolivia, orientada a vincular a sus autoridades con el narcotráfico. El propósito encubierto de esa nueva arremetida ultraconservadora es el de aislar internacionalmente al país para crear las condiciones para una probable intervención militar, de manera similar a lo que ocurrió en Panamá el 20 de diciembre de 1989.
Esa amenaza de intervención denunciada se cierne en un contexto político en el que las fuerzas populares asumen un papel cada vez más protagónico en la construcción del Estado Plurinacional boliviano —en el marco de la edificación del poder político, económico y cultural— libre, independiente, solidario, digno y soberano.
Hace 21 años, fuerzas militares de Estados Unidos invadieron Panamá so pretexto de "garantizar la vida de los norteamericanos y la seguridad del Canal", llevar a ese país centroamericano la "democracia" y sancionar al entonces dictador Manuel Antonio Noriega. Creer este argumento es tan pueril como dar por hecho que Estados Unidos invadió Irak en 2003 por las (inexistentes) "armas de destrucción masiva", como sostuvo George W. Bush en su momento.
La invasión a Panamá cobró la vida de medio millar de personas, 2.000 heridos, 20 mil quedaron sin techo porque sus viviendas fueron destruidas por las bombas de aviones y tanques de guerra, y los daños materiales y de infraestructura que provocaron se cuantificaron en al menos 400 millones de dólares, de acuerdo con diversas fuentes.
Entre 1981 y mayo de 1989 Noriega fue el aliado privilegiado de Washington, recibió respaldo político y militar para transformar a la Guardia Nacional en un Ejército moderno.
A cambio, el dictador privatizó la economía y asumió una deuda externa impuesta por los organismos financieros internacionales, pero fueron las luchas populares en contra del gobierno panameño las que llevaron a la crisis del acuerdo entre ambos. Antes de ser acusado de narcotraficante, delito por el que cumplió una pena de 17 años de prisión, luego de ser capturado durante la invasión, Noriega fue una ficha fundamental de Estados Unidos en la guerra que los ‘contras’ nicaragüenses desataron sobre la revolución sandinista, ya que permitió el tráfico de armas —adquiridas con fondos provenientes precisamente del tráfico de drogas— por territorio panameño.
Éste fue el escenario creado por Washington para justificar su invasión a suelo panameño, lo que le permitió conseguir su objetivo primario: establecer un régimen político que con apariencia democrática le garantizara la aplicación de sus políticas neoliberales.
En este contexto de la secular historia intervencionista norteamericana en América Latina, la denuncia del vicepresidente boliviano adquiere trascendental importancia porque desvela que intereses ajenos a la patria intentan vincular al gobierno del presidente Evo Morales con el narcotráfico. García Linera señaló que, en las últimas horas, una cadena internacional de noticias —a la que no identificó— acusó al Primer Mandatario "de fomentar el narcotráfico".
Y para intentar dar sustento a la falacia, esos intereses utilizan a paniaguados locales, como el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; a candidatos presidenciales neoliberales, como el brasileño José Serra, y a grandes medios corporativos del orbe. Costas sindicó al Vicepresidente de haber "recibido" recursos "del narcotráfico", pero fue tan ladina e insostenible su acusación que el gobernador de marras no tuvo otra que retractarse públicamente de semejante exabrupto, aunque ello no impidió que el injuriado le iniciara un proceso legal para que pruebe los supuestos vínculos denunciados.
Además, los medios corporativos multinacionales —vinculados a intereses imperiales y que forman parte de una gigantesca estructura mundial de desinformación— acusan al Gobierno boliviano de "fomentar el narcotráfico", con el objetivo de crear las condiciones propicias que permitan justificar una eventual intervención en el suelo patrio.
Es que esas falaces acusaciones forman parte de la denominada Guerra de cuarta generación, cuya columna vertebral se enmarca dentro del concepto de guerra psicológica, o guerra sin fusiles, que fuera acuñada en la década de los años setenta.
La Guerra de cuarta generación es el empleo planificado de la propaganda y de la acción psicológica orientado a direccionar conductas en la búsqueda de objetivos para desprestigiar a gobiernos contestatarios e independientes de los designios imperiales, de control social, político o militar, sin recurrir al uso de las armas. Los ejércitos militares son sustituidos por grupos operativos descentralizados, especialistas en insurgencia y contrainsurgencia, y por expertos en comunicación y psicología de masas.
Como en la guerra militar, el plan de guerra psicológica busca aniquilar, controlar o asimilar al enemigo, y si esta estrategia de terrorismo mediático no rinde los frutos, entonces ahí están los marines dispuestos a invadir pueblos en nombre de la ‘libertad’ y la ‘democracia’.
Por eso el imperialismo lanza sus arteras acusaciones —con una generosa cobertura mediática— de que Bolivia "es un país que fomenta y está comprometido con el narcotráfico" y busca aislarnos del resto del mundo para tomar medidas en contra del presidente Evo Morales, de campesinos, cocaleros, del pueblo… de la patria. Y en este contexto, el narcotráfico es sólo el pretexto, y los esbirros locales y de afuera, los instrumentos.
El plan de guerra psicológica busca aniquilar, controlar o asimilar al enemigo, y si esta estrategia de terrorismo mediático no rinde los frutos, entonces ahí están los marines dispuestos a invadir pueblos en nombre de la ‘libertad’ y la ‘democracia’.
La Prensa: La verdad se abre paso
Diversas organizaciones de la prensa que acompañaron al periodista en su citación, en la misma detectaron un afán de amedrentamiento?
El periodista José Antonio Pomacusi demostró palmariamente que nada en absoluto ha tenido que ver en el bullado ?caso Rózsa? y en el que se pretendió involucrarlo por un ocasional contacto suyo con otros imputados. Lo hizo durante el prolongado interrogatorio al que lo sometió en las últimas horas el controvertido fiscal Marcelo Soza, cabeza de unas escabrosas y enmarañadas investigaciones sobre aquel luctuoso episodio ocurrido hace poco más de un año en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz y al que se tiene conectado a una supuesta acción ?terrorista?.
Ya se sabe que por la muerte a bala de Rózsa y algunos de sus acompañantes en un oscuro y sangriento episodio, todavía no llegaron a puerto alguno, pese al tiempo transcurrido, las laberínticas indagaciones que Soza lleva a cabo con el consiguiente y comprensible desgaste del Fiscal, lo que pudo evidenciarse durante la comparecencia de Pomacusi en el reducido espacio que sirve de centro de interrogatorio en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en nuestra ciudad. Por allí han desfilado, y lo siguen haciendo, decenas de angustiados ciudadanos de origen cruceño citados a declarar hasta por unas simples y vagas sospechas, violándose, entre otros más, su derecho constitucional al debido proceso.
El caso de José Antonio Pomacusi tenía adquiridas unas patéticas características al tratarse de un comunicador de una amplia y reconocida trayectoria extendida en los últimos años a la dirección de una importante publicación mensual y de un programa televisivo de amplia convocatoria. Imposible que evitara, en consecuencia, una diversidad de contactos y concurrencias en procura de nutrir su agenda informativa, a no ser que por si acaso se mantuviera completamente aislado del mundo.
Con la tranquilidad de su conciencia, Pomacusi respondió serenamente durante poco más de dos horas al rosario de interrogantes. Inclusive aquéllas en que el fiscal Marcelo Soza, invadiendo y violando como al descuido el terreno de la libertad de expresión, inquirió sobre quién y por qué escribió determinado título o texto en la revista que dirige el comunicador, no sin dejar de cuestionar en ambos casos el mensaje por ?desprestigiar? dizque la investigación encomendada al Fiscal, y cuya actitud puso en alerta máxima a diversas organizaciones de la prensa nacional e internacional que acompañaron al periodista en su citación y que en la misma detectaron un afán de amedrentamiento para intentar amordazar al periodismo independiente, incómoda piedra en el zapato de los actuales detentadores del poder en Bolivia. No en balde, el mismo Soza ha revelado que tiene bajo análisis la próxima citación a otros periodistas.
En tanto, entre las densas brumas de una investigación sobre la que necesariamente y cuanto antes tiene que abrirse paso la luz de la verdad, el periodista José Antonio Pomacusi dijo la suya y, como hombre de bien que ha visto torpemente alterada la rutina de su vida familiar y profesional, ha exigido que su nombre sea limpiado. Razones no le faltan?
El Diario: Reforma policial o la medicina peor que la enfermedad
En el transcurso de meses recientes, la Policía ha sido objeto de agudas denuncias en sentido de que algunos de sus integrantes, entre ellos de alta graduación, fueron descubiertos en acciones de corrupción que dañaban profundamente el prestigio de la institución. Algunos de los casos descubiertos y comprobados con diversas pruebas, sirvieron para que ex altas autoridades policiales fuesen sometidas a investigación y luego a juicios ejecutivos que terminaron con la condena a los enjuiciados, con enérgicas sanciones carcelarias. La misma institución dispuso una profunda depuración de sus filas desde los altos hasta los más bajos niveles.
Esa lamentable relación de hechos delictivos en la entidad precisamente encargada de oponerse a la delincuencia, originó que inclusive el Ministro de Gobierno afirme que “si la Policía no se transforma se constituye en una amenaza porque seguirá conviviendo con delincuentes”. En forma paralela, un ex Ministro de esa Cartera de Estado insistió en que la Policía debe recuperar la “confianza” de la población, so pena de perder aún más su prestigio, aunque no se puede juzgar a la institución por unos malos policías.
Acentuando todavía más la crisis interna, el actual Comandante de la Policía ha intervenido en el debate público y confirmando la existencia de un alto grado de corrupción en la entidad a su cargo, ha declarado de manera explícita que está en aplicación un proyecto denominado “Plan Final” de lucha contra la corrupción, el mismo que está destinado “a la depuración de nuestros efectivos, la formación de nuestros cuadros policiales y la cualificación de nuestros recursos humanos”, opinión que se suma a las que, de manera parecida, en anteriores oportunidades anunciaron autoridades de la alta jerarquía policial, oferta que causa algún alivio entre la población, aunque siempre, naturalmente, que se convierta en realidad.
De otro lado, se debe recordar que la Constitución del “Estado Plurinacional” expresa que “La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano”, misión que debe hacerse realidad y no quedar en papel, más aún porque esta entidad depende del Presidente del Estado y que es sobre quien recaen las responsabilidades en caso necesario.
Sin embargo, la adopción de medidas como las indicadas y que sólo son repetición de otras anteriores, podría quedar de nuevo en nada porque se trataría de atacar únicamente los efectos, olvidando las causas que los originan, o sea una forma inadecuada de tratar de curar la enfermedad y que, por el contrario, sólo podría agravar el mal. En forma general, es sabido que si no se ataca las raíces de un problema, no se puede esperar resultados positivos, actitud muy frecuente en nuestros medios oficiales y que dan por resultado final que la medicina resulte peor que la enfermedad.
El Mundo: La prueba
El anuncio de una visita inesperada no suele ser un momento importante para cualquier persona e institución que no se encontraba preparada para ello; sin embargo, se constituye en un desafío que bien vale la pena afrontar. La decisión del Gobierno central de realizar la Asamblea anual del 6 de Agosto en cualquier del distrito del país, suele ser aceptada como un acto de distinción o preferencia y más de uno se estará preguntando las razones por las cuales se ha asumido la determinación de hacerlo en Santa Cruz.
La sola idea de contar con la presencia del Presidente del Estado en tan magno acontecimiento ha dado lugar a que como primera reacción, algunas personas e instituciones hubieran dado a conocer su rechazo y descuerdo, siguiendo una tradición que se ha mantenido en las últimos ocho años y que si lo vemos bien, no ha dado los resultados que sus protagonistas esperaban.
Lo que sucede en muchas oportunidades es que no podemos disociar lo que es la investidura de autoridad del estado y la persona que ocasionalmente la detenta, especialmente si se trata de una personas que ha dado varias razones para buscar la fricción; sin embargo, hay varias situaciones que bien vale la pena que sean tomadas en cuenta y que van a permitir mostrar en qué situación nos encontramos y cuán capaces somos de analizar las circunstancias para lograr obtener el mejor resultado.
Tradicionalmente, las autoridades de Gobierno, cuando realizan una visita a una determinada región, además de su presencia, son portadoras del saludo del estado en general y traen como producto de su visita algunos benéficos para apoyar el desarrollo de la región.
Por otro lado, Santa Cruz ha hecho gala, en forma permanente, de su hospitalidad y ahora se encuentra en condiciones de demostrarlo. Ser hospitalario no significa someterse a una persona o ponerse a su disposición, lo importante es que estando con nosotros se sienta a gusto pueda considerar que se encuentra en su casa.
Si bien hay suficientes razones para sentir disgusto, hay muchas que permiten que esa visita tenga que ser aprovechada para poner las cosas en claro e intentar mejorar las relaciones.
Dentro de las estrategias más utilizadas de negociación y que mejores resultados ha conseguido, está precisamente aquella en que se permite hacer funcionar la sinergía, de tal manera que los esfuerzos para llevarla adelante se manifiesten de la mejor manera.
El encuentro de las autoridades de Santa Cruz con aquellas que vendrán de la sede del Gobierno, podría mantenerse de la misma manera con que se pueden aproximar dos fuerzas físicas, estableciendo un campo magnético, está en manos de las autoridades repelerse, como lo harían los polos opuestos o aproximarse de tal manera que de ese encuentro pueda surgir una solución necesaria.
Santa Cruz, desde hace muchos años, ha venido desarrollando una lucha por su autonomía, la que ha mostrado significativo avance en algunas oportunidades y en otras retrocesos, no necesariamente provocados por los lideres regionales.
Somos conscientes de que un proceso de autodeterminación ha de ser siempre resistido, con mayor razón si, como en el caso actual de Santa Cruz, el distrito que trata de su autodeterminación es el eje del desarrollo económico del país.
Ojala que se encuentre en esa reunión la posibilidad de lograr mejores perspectivas para la lucha autonómica que por lo visto, ha experimentado algún retroceso, pero que no debe significar de ninguna manera que se ha decidido abandonar la lucha.
Opinión: El cambio de ministros y la presión social
De acuerdo a la Constitución Política del Estado, es el Presidente el que tiene la atribución para designar a sus ministros y proceder también a su cambio. Los presidentes de la ex República se han manejado consecuentemente y en muy pocas oportunidades cedieron a presiones para proceder a su remoción.
La misma norma rige en la nueva Constitución del Estado Plurinacional y el presidente Evo Morales, como los anteriores, es reacio a ceder a las presiones sociales o de los movimientos populares.
Aparentemente, se trata de un principio o una forma de entender el manejo del Órgano Ejecutivo que debe cuidar la fortaleza y las decisiones del Primer Mandatario que no podría ceder ante presiones de diversa índole.
Luego de la evaluación de estos meses de Gobierno, que realizó el Presidente con sus ministros, fueron señaladas algunas debilidades y falencias en el manejo gubernamental, y el presidente Morales lanzó la conminatoria para que se desarrolle una mejor gestión en la realización de obras de beneficio colectivo, principalmente, en las áreas rurales y se pongan en marcha una serie de proyectos.
A pocas horas de la reunión y de la decisión presidencial que descartó cualquier cambio en su gabinete, los movimientos sociales y sectores del propio oficialismo insistieron en la necesidad de remover algunos ministros. Concretamente el jefe de la bancada de senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Ávalos, ha pedido al Presidente que cambie a su ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, afirmando que esta autoridad no cumple con la responsabilidad que le ha sido encomendada y que muchos proyectos han quedado en los papeles.
Pero, el pedido no sólo es del jefe de bancada del MAS y hombre fuerte del Gobierno, sino también de dirigentes campesinos e indígenas. Por ejemplo, el líder del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), Rafael Quispe, demanda que sean cambiados los ministros de Minería, José Pimentel; de Autonomías, Carlos Romero; de la Presidencia, Óscar Coca y de Gobierno, Sacha Llorenti, sobre este último a las voces de oficialistas y de movimientos sociales se unen las de la oposición que lo acusan de haber actuado negativamente en los casos de Caranavi y los linchamientos de Uncía.
Es cierto que la posición del Presidente en sentido de renovar su confianza a sus ministros resulta del privilegio que la Constitución Política del Estado le otorga, pero la característica del Gobierno actual, unido a los movimientos sociales, campesinos e indígenas de algún modo le plantea una situación especial, mucho más en el entendido del discurso de escuchar a las bases que son la esencia del Gobierno.
No se puede pasar por alto las afirmaciones de los dirigentes campesinos e indígenas que sostienen que la renuncia de los ministros citados, debería ser un acto de hidalguía por su manifiesta incapacidad y porque no trabajan de cerca con las organizaciones sociales y además porque se han servido de estos sectores para llegar a ocupar cargos importantes en la estructura gubernamental.
En el análisis de esta situación pueden existir dos explicaciones concretas: una, que las demandas para la renuncia de ministros provengan de la protesta de que no han hecho nada por mejorar las condiciones de vida de los sectores populares del área rural y dos, del sentimiento de algunos líderes de sentirse excluidos del proceso de cambio y de las funciones gubernamentales, o finalmente de una combinación de ambas circunstancias. En todo caso, las presiones y las demandas están frente al esquema de Gobierno.
Clarín, Argentina: Las importaciones y la competitividad
El ritmo de aumento y la composición de las importaciones dan cuenta de una inconsistencia de la política económica que se origina en la incertidumbre y que ya está afectando la producción.
En el primer semestre del año las importaciones aumentaron un 43%, mientras las ventas externas lo hicieron un 18%, en una tendencia que. de mantenerse, pondrá en riesgo el superávit comercial. Esta es la principal fuente de divisas, por el bajo ritmo de inversión extranjera y las restricciones que existen para el financiamiento en el exterior.
Pero, además del incremento, es preocupante la composición de las importaciones. En el período de crecimiento de la economía anterior a la caída de 2009, las compras externas tenían un fuerte componente de bienes de capital, que contribuían a aumentar la productividad y competían muy parcialmente con la oferta interna de esos productos. Pero, en la actualidad, hay una elevada participación de bienes de consumo e intermedios lo cual está afectando a la producción doméstica y revela el debilitamiento de la inversión.
El Gobierno ha reaccionado a esta situación imponiendo restricciones al ingreso de productos importados y presionando a empresas para que sustituyan importaciones. Esta política no ha logrado revertir el flujo de compras externas y ha generado conflictos con socios comerciales que afectan a las exportaciones, como sucede especialmente en el caso del aceite de soja que se vende a China.
Por otra parte, las decisiones de inversión necesarias para sustituir importaciones están postergadas por incertidumbres que generan tanto la política de presiones y amenazas al sector privado que lleva adelante el Gobierno, como la persistencia de una elevada inflación.
Para revertir este cuadro es necesario dejar de lado medidas destinadas a ocultar la realidad que generan conflictos y contribuyen a generar incertidumbre en las empresas, y estimular la inversión para que la competitividad no dependa.
Las importaciones aumentan más que las exportaciones, por consumo y falta de inversiones. Las medidas tomadas por el Gobierno crean conflictos y no alientan la competitividad.
Evidencias de una política fracasada
El número de bienes patrimoniales vinculados con las mafias mexicanas ha crecido en más de 700% en los últimos cuatro años, según las autoridades de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Así lo afirma Edgardo Buscaglia, especialista en temas de seguridad y asesor de las Naciones Unidas en la materia.
Sólo las mafias china y rusa superan en importancia a la mexicana. Han quedado atrás del hampa mexicana otras que en su momento fueron consideradas de las más peligrosas como la colombiana o la italiana. Es paradójico, por decir lo menos, que haya sido justo este periodo de guerra contra el crimen organizado en México, el lapso en el que más haya florecido el patrimonio y crecido el poderío del crimen organizado, tanto en nuestro país como en otras zonas geográficas.
Las organizaciones delincuenciales ya tenían un enorme poder económico y una red de corrupción consolidada antes de que el presidente Felipe Calderón les combatiera con las Fuerzas Armadas; sin embargo, en el presente sexenio han tenido su mayor desarrollo en la historia. Cabe preguntarse cómo es posible, cuando ahora, como nunca antes, hubo más decomisos, detenidos y soldados en las calles.
Cuando se miran los datos, se muestra que el combate del gobierno federal se ha enfocado en perseguir a los vendedores de droga, a los sicarios de medio pelo y a algunos capos, todos ellos probablemente lejanos a quienes realmente tienen el control de los negocios; personajes que gozan de su riqueza lejos de la línea de fuego, “empresarios” impecables e inalcanzables hasta ahora para la ley.
La lucha contra la inseguridad, o guerra, como se le quiera llamar, no se ha dado en el plano de la inteligencia financiera, con una visión de cooperación internacional, como el mismo Buscaglia ha denunciado con insistencia. Los resultados están a la vista: negocios ilícitos boyantes pese a la espectacularidad del combate a los narcos y sus armas.
Si a este escenario se suma la ya clásica teoría del economista Milton Friedman —de que a mayor prohibición más se eleva el precio de las drogas y, por tanto, la ganancia para los comerciantes — todo indica que en los próximos años seguirá la fórmula de violencia en las calles y ganancias en los bolsillos de los altos empresarios criminales. Son evidencias de una política fracasada. Hace tiempo que nos llegó la hora de revisar las premisas de tanta equivocación.