Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Los problemas de Evo Morales
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Bajo el Penoco, El Día: Amenaza pública
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Los Tiempos: Las relaciones boliviano-chilenas
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El Deber: Cuidado con la economía
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La Razón: Eterno Fidel
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Cambio: Autonomías con y para todos
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La Prensa: Fariñas emprende nueva lucha
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El Diario: Inviolabilidad de las leyes
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El Mundo: Errores
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Opinión: Insustancial polémica sobre sueldos ediles
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Clarín, Argentina: Habrá crecimiento sustentable sólo con políticas claras
El Día: Los problemas de Evo Morales
Mientras la Asamblea Plurinacional –“sindicato” para el presidente-, le hace un traje a la medida, con leyes altamente concentradoras y personalistas, Evo Morales atiende problemas típicos de un caudillo que está gozando en abundancia de los placeres del poder. Un atracón, no sólo lo obligaron a guardar cama por cuatro días, sino que le ha dejado el dilema de cambiar los cocineros del Palacio; las veleidades de nuevo rico lo llevaron a comprarse un avión de casi 40 millones de dólares sin tener en cuenta que ese lujoso “pájaro volador” necesita un piloto que esté a su altura y ahora seguramente está ocupado en buscarlo. Un viajero compulsivo como él y líder de talla universal, como lo ha definido Álvaro García Linera, no puede estar anclado en un país que le ha quedado chico.
En el nuevo Estado Plurinacional, la política será reducida a elegir correctamente a jueces y fiscales, obsecuentes y dotados de un inmenso poder para defenestrar a cualquier opositor, no importa si éste sea una autoridad elegida por el pueblo. En ese contexto, el presidente tendrá tiempo de sobra para comer, viajar, jugar fútbol, inaugurar canchitas, en fin, para entregarse de lleno a la gula del poder.
No por nada su preocupación principal de estos días ha sido conseguir un proyecto mágico para llevar a la clasificación del seleccionado de fútbol al Mundial del 2014. Seguramente no está muy contento con el plan presentado por el español Xabier Azkargorta, quien sabe que los buenos resultados futbolísticos no se consiguen inyectándoles plata a los pies de los jugadores y tampoco obedecen a la misma lógica de la política y el poder. Para el Presidente todo es cuestión de meterle nomás y hasta ahora todo le ha salido a pedir de boca. Algunos creen que el poder también empacha. Por ahora ese no es problema.
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Está por aprobarse la Ley Marco de Autonomías, la última de las cinco leyes fundacionales del Estado Plurinacional. Se han desbaratado las competencias exclusivas que habían sido consignadas en la Constitución Política del Estado, se consolida el recorte de recursos a las regiones, los municipios y las universidades y como remate, se le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de reglamentar las autonomías. Más centralismo que eso, imposible. El Presidente podrá dormir tranquilo, pues se prevé también dejar intacta la ley corta que permite la destitución de una autoridad con un simple requerimiento fiscal.
El Gobierno ha copado son su militancia todos los tribunales de justicia del país y hará lo propio con el Tribunal Supremo Electoral y las cortes departamentales. Pero en un país donde el transfugio es moneda corriente y la disidencia todavía es posible, se han establecido procedimientos mucho más expeditos para juzgar y destituir a los jueces que incurran en deslealtades. La Asamblea Plurinacional, que cedió ilegalmente su derecho a nombrar a los fiscales, hará las veces de corte inquisidora. En el Tribunal Supremo Electoral será más fácil todavía, pues sus integrantes tendrán la facultad de expulsar a cualquiera de sus miembros que no comulgue con las directrices del “cambio”. Con un país así, qué más puede hacer el Presidente. Volar nomás.
Elegir cocineros, buscar piloto para su avión, hablar de fútbol. Qué más puede hacer un Presidente que tiene un país en sus manos.
Bajo el Penoco, El Día: Amenaza pública
Defender a la Policía es un asunto muy difícil en Bolivia, pero protegerla de los políticos, ese debería ser uno de los principales desafíos de la sociedad. El ministro de Gobierno, Sacha Llorentty, dice que la Policía tiene que cambiar, de lo contrario se convertirá en una amenaza pública. Digamos que nuestros tradicionales verdolagas jamás han sido candidatos a suceder a la Madre Teresa, pero nunca como ahora se habla tanto de que la institución está podrida. ¿Quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que lo alimenta? Recordemos nomás quién estaba en el poder cuando estalló el escándalo del coronel Blas Valencia y su banda. Aquel líder y el que ocupa hoy el Palacio no se dicen vos, cuando se trata de manosear a la Policía. Obviamente, Sacha Llorentty no se refiere al capitán Wálter Andrade cuando se refiere a amenaza pública. Ese está becado en Venezuela y goza de amplia protección oficial al igual que el teniente ese que puso la bombita en un canal de televisión. Todos nos sentimos amenazados don Sacha, el problema es que algunos pensamos que los verdaderos peligrosos son otros.
Los Tiempos: Las relaciones boliviano-chilenas
NUESTRA PALABRA
¿No será hora de romper esa lógica que desde hace más de un siglo ha impedido que bolivianos y chilenos nos reconciliemos con la historia?
La semana que acaba se ha realizado la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre Bolivia y Chile, presidida por los respectivos vicecancilleres de Relaciones Exteriores. Luego de tres días de deliberaciones, se emitió la respectiva acta que, como ha sucedido desde la primera, ha generado interpretaciones diversas, particularmente en dos temas altamente sensibles: el uso de aguas del Silala y la demanda marítima del país.
No es aún pertinente hacer referencia a los temas de la agenda de trabajo, pues las informaciones que se conocen son, aún, más opinión que datos concretos. Lo que se debe destacar, por el momento, son algunos hechos que permiten suponer que hay un reencauzamiento de las negociaciones entre ambas naciones y que se están consolidando ciertos marcos de actuación que podrían agilizar el diálogo entre sus autoridades y representantes.
La XXII reunión fue precedida de algunos hechos que provocaron bastante susceptibilidad, pues algunas autoridades de ambas naciones utilizaron los medios masivos para ventilar posiciones, divergencia y reivindicaciones. Como se sabe, si algo puede perjudicar una relación diplomática es que ésta se ventile públicamente y, en el caso que se comenta, esa posibilidad es en forma permanente altamente probable por los réditos que tiene.
Como en el caso de las complejas relaciones con Estados Unidos, fue el Ministro de Relaciones Exteriores del país quien tuvo que salir al paso de una creciente indisposición política, al señalar que las negociaciones con Chile se realizan por los canales diplomáticos y no por los medios de comunicación, declaración que, por lo menos hasta ahora, parecen haber comprendido varias autoridades del país que luego de terciar en forma entusiasta en el debate hicieron mutis por el foro.
El otro antecedente que motivó suspicacia fue que la XXII Reunión debía durar un día, pero se prolongó durante dos jornadas más, generando alta expectativa tanto en el país como en Chile. Finalmente se conoció el acta del encuentro que, como es una lamentable tradición, no es lo suficientemente clara para ser interpretada en forma unívoca. Por tanto, aparecieron las diferentes percepciones que impiden, hasta que puedan ser contrastadas con hechos emergentes del propio documento, un objetivo análisis.
En ese contexto, más allá de los temas rutinarios en una agenda de relaciones bilaterales entre dos naciones vecinas (políticas de frontera, aduana, inversión, comercio, narcotráfico y, particularmente, el uso de las aguas del Silala) en ésta hay uno fundamental, el del acceso del país al mar, sobre el que se mantiene la predisposición a negociar, construyendo -se señala, y desde hace varios años– marcos de confianza que permitan -algún día– alcanzar alguna solución: con soberanía, de acuerdo al país, sin ella de acuerdo a Chile. El desafío -que tiene más de un siglo de vigencia- es cómo encontrar una fórmula acorde al Siglo XXI de un problema que viene del Siglo XIX.
Desde el país hemos intentado muchos caminos para arribar a una solución; desde Chile ha predominado la negativa a toda nueva iniciativa. ¿No será hora de romper esa lógica?
El Deber: Cuidado con la economía
Las empresas que estaban interesadas en el litio boliviano se fueron y, al parecer, no tienen la intención de regresar. La empresa Jindal Steel & Power está buscando la forma de abandonar Bolivia después de haber intentado, durante tres años, explotar el hierro de Mutún. Y la empresa Atlas Precious Metals se va luego de haber intentado poner en funcionamiento el ingenio de Karachipampa, instalado hace treinta años en Potosí.
Con éstos y otros casos, la imagen exterior de Bolivia ha empeorado de manera preocupante. El país está ahuyentando inversionistas mediante un procedimiento que consiste en actitudes de inoperancia, como el caso Mutún, o exigencias excesivas, como en los casos del litio y de Karachipampa.
Los inversionistas que llegaron a Bolivia a buscar posibilidades de invertir en el litio terminaron en Argentina, con acuerdos para la explotación de pequeños salares, que son capaces de cubrir la demanda actual.
En efecto, las explotaciones de litio que existen en este momento podrían cubrir cien años de la demanda actual, según dicen los expertos internacionales. Y las reservas descubiertas hasta este momento podrían atender la demanda durante 1.500 años.
Respecto al hierro, la perspectiva es preocupante porque la empresa que llegó a Bolivia representa a uno de los países con mayor demanda de hierro en el planeta, que es la India. Ese país acaba de anunciar que suspenderá sus exportaciones de mineral de hierro, porque quiere asegurar el abastecimiento de la demanda interna.
Y el caso de Karachipampa tiene que ver con la seriedad con que Bolivia cumple sus compromisos. Un contrato firmado por el Estado boliviano fue desconocido por las autoridades.
Todo esto tiene que ver con la imagen externa de Bolivia. Los inversionistas forman parte de una especie de mancomunidad internacional. Todos se pasan la voz acerca de cuán conveniente es invertir en tal o cual país.
En este momento, una empresa que cotice en las bolsas de valores de los países más desarrollados tiene que tener cuidado antes de decir que está operando en Bolivia. Lamentablemente, el país no es un referente conveniente para ninguna empresa.
Es decir que este tipo de comportamiento frente a las empresas extranjeras no daña solamente la imagen presente del país, sino el futuro. Es una mancha negra en la reputación del país que otras empresas tomarán en cuenta antes de pensar en llegar a Bolivia para cualquier operación.
La perspectiva de que las leyes de minería y de hidrocarburos sean cambiadas nuevamente, como lo viene anunciando el Gobierno, agrava aún más esta situación. Se ha comunicado a las empresas mineras que cuando se haya aprobado un nuevo régimen tributario para el sector, todos los contratos deberán acomodarse a las nuevas condiciones.
Si el propósito fuera ahuyentar inversiones, estas actitudes estarían correctas. Pero si estuviéramos ante la necesidad de recibir inversiones –como es el caso actual- estaríamos cometiendo un grave error con el actual comportamiento.
Si existe, como parece que es el caso, el convencimiento de que es preciso atraer inversiones para lograr el crecimiento económico, estamos haciendo exactamente lo que más perjudica a ese propósito.
La Razón: Eterno Fidel
Un personaje equiparable, para bien o para mal, a los que marcaron la historia
A veces, 83 años no parecen tantos. El líder de la revolución cubana los lleva, si no íntegro, al menos con lucidez. La decadencia física, inexorable, salta a la vista, más allá de que el aire caliente imprimiera sus bondades en la piel del caribeño cuya estela de lucha por ideales socialistas aún fulgura en este siglo XXI.
Es lunes 12 de julio y la pantalla chica lo muestra rodeado de papeles, a los que acude para responder a las preguntas del entrevistador, proclive al régimen de la isla, en la nota que se difunde por el socialista canal Telesur. Dice que lee periódicos todos los días. La edad no le ha hecho perder la costumbre de analizar sobre política internacional, y entonces una y otra vez recae en un tema habitual para él: Estados Unidos.
Varias alusiones al armamentismo desplegado por el país del norte, en especial con relación a Irán, demuestran que a Fidel Castro le preocupa la cuestión de la guerra. Influido por la consulta del periodista, termina comparando la política aplicada por Estados Unidos en Irak con la que, según su visión, podría estar planeando para Irán. Así, expresa su desconfianza en la actual gestión demócrata del Gobierno estadounidense: “Obama pretende engañar al mundo”.
Pero la parte más fuerte de su declaración, polémica como todas las suyas, pasa por una advertencia: si Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, se desatará una guerra nuclear. Puntualmente, señala: “Cuando se decidan a atacar a Irán se registrará una guerra después de otra”. Y defiende sin tapujos al cuestionado presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, del que afirma que “no es un improvisado”.
No habla de la liberación escalonada de presos políticos tras la mediación del Gobierno español y la Iglesia cubana; como si se tratara de una estrategia, su sola reaparición —fuera de sus columnas semanales de prensa— termina eclipsando ese suceso. Distendido, al final, desafiante de su rostro enjuto y cada vez menos rubicundo, cuenta que vio el Mundial de Sudáfrica, que sigue el exitoso desempeño de la selección de voleibol de su país.
A más de 50 años de la revolución que lo llevó al poder, Fidel se mantiene firme en sus ideales. Puede gustar o no. Se puede estar o no de acuerdo con sus pensamientos. Con él no hay medias tintas: se lo quiere o se lo odia. Un personaje equiparable, para bien o para mal, a los que marcaron la historia grande del planeta.
Cambio: Autonomías con y para todos
Una fuente fundamental para la construcción del Estado Plurinacional sin duda es la conciencia política e ideológica de los actores de este proceso. Aparejada a ella va la organización y la permanente movilización de los interesados en defensa de lo que consideran sus conquistas. El pueblo mayoritario —esto es los movimientos sociales, los pueblos indígenas y originarios, los trabajadores del campo y la ciudad, los profesionales progresistas, las fuerzas armadas del nuevo tiempo y todo ciudadano que ha decidido romper con el viejo orden— está llamado a construir la unidad y la cohesión social para el cambio, pero además a proyectar iniciativas que permitan el avance y la profundización del proceso que hoy vive Bolivia. El pueblo organizado ha dejado de ser un actor pasivo en el quehacer político y hoy es parte de la construcción de lo nuevo.
La inclusión es ciertamente uno de los logros de la construcción del nuevo Estado desde el 22 de enero de 2006. Ésta ha venido de la mano de indiscutibles procesos de reafirmación de la identidad de los pueblos y a la vez de participación y autogobierno en el marco de la unidad del Estado Plurinacional. Unidad en la diversidad es la tónica esencial que hace al proceso actual de edificación de la institucionalidad jurídica y política que ha comenzado a desplazar a la vieja estructura estatal, secante, burocrática, ineficiente y centralista a rajatabla.
Nadie puede negar que la centralidad del Estado generó —por décadas— una cadena de perjuicios y prejuicios en una Bolivia que se mostró, desde su nacimiento a la vida republicana, como independiente y soberana, pero que en los hechos nunca pudo definir su presente y futuro al margen de la mirada foránea, del intervencionismo descarado por parte de potencias como los Estados Unidos a través de su embajada en La Paz y de su agencia de cooperación Usaid. El ideal del Estado soberano, desde la creación de la República, sirvió sólo para los textos escolares y las hipócritas recordaciones patrias que los sucesivos gobiernos liberales y conservadores, en democracia o dictadura, proclamaban ante la ingenuidad de un pueblo sometido.
No queda duda de que aquel viejo centralismo se desenvolvió en el marco de los intereses de pequeños grupos privilegiados (de poder económico, fundamentalmente) que eran los que disponían de la cosa pública más allá y sin importar los intereses de los pueblos, de las regiones, y sin tomar en cuenta la voluntad del ciudadano. El centralismo tuvo el rostro perverso del autoritarismo, que siguió engordando a minorías que eran dueñas del poder político. Si el perjuicio principal de aquella forma de Estado la sienten aún los departamentos y las regiones más empobrecidas de Bolivia (principalmente de occidente, incluyendo a La Paz), el prejuicio fue mucho más pernicioso y llevó, ya en medio del proceso, a aquellos sectores que perdieron el poder político a utilizar esta figura como argumento para sustentar posiciones radicales que colindaron con el separatismo.
La Prensa: Fariñas emprende nueva lucha
Para someter al pueblo a esas condiciones inhumanas de vida, la fórmula es meterle miedo. Ese miedo que Fariñas y Zapata vencieron?
Guillermo Fariñas, aquel psicólogo y periodista que con una huelga de hambre y sed de 135 días dobló el brazo al Gobierno cubano logrando el compromiso de liberación no de 25 sino de 52 presos políticos, se apresta ahora a librar otra todavía más dura batalla, la de la libertad de expresión, en un lugar en el que ésta no se practica hace ya casi 60 largos años.
Con su huelga de hambre, iniciada al día siguiente de la muerte de Orlando Zapata, otro abanderado de la libertad, preso por sostener una ideología adversa a la del régimen cubano, Fariñas sensibilizó al mundo y puso contra la pared al Gobierno de los hermanos Fidel y Raúl Castro.
Los inventores del sistema monárquico comunista, donde se traspasa el poder al heredero del trono, tendrán ahora al frente a un disidente archiconocido, y reconocido por su valentía desafiante, que se apresta a luchar por otra causa noble y por un derecho fundamental del ser humano: la libertad de expresarse.
La libertad de expresión, reprimida por el régimen castro?comunista desde que fue instaurado, está en Cuba detrás de las rejas, donde también la está colocando el potencial presidente vitalicio venezolano, Hugo Chávez, y donde quisieran ponerla en plazos muy cortos sus aliados de este subcontinente.
Guillermo Fariñas ha demostrado al mundo que la justicia, al final, se impone. Fue apresado por sus ideas, fue a la cárcel por pensar diferente al dictador que no admite opositores y formó el equipo de amordazados por cuya libertad luchó pacíficamente, como lo hiciera Mahatma Gandhi, un símbolo de la Libertad, hasta conseguir el compromiso del autoritario régimen para que acepte liberar a 52 encarcelados de conciencia.
Los dictadores no admiten que nadie piense diferente. O se alinean con su causa autoritaria y antidemocrática, o son declarados enemigos. Todos deben pensar igual, todos deben vivir igual, todos deben comer lo mismo, vestir la misma ropa, usar los mismos zapatos, sufrir hambre y miseria. Pero, al mismo tiempo, nadie tiene derecho a disfrutar del bienestar, las comodidades, los lujos y las ventajas que da el poder a esos gobernantes y a sus séquitos de aduladores. En esas condiciones quien piense diferente será considerado un enemigo irreconciliable.
Para someter al pueblo a esas condiciones inhumanas de vida, la fórmula es meterle miedo. Ese miedo que Guillermo Fariñas y Orlando Zapata vencieron y que sólo Dios sabe cuántos más lo han hecho sin que se sepa la suerte que finalmente han corrido.
En Cuba ?el miedo es más fuerte que el dolor?, dijo el periodista y psicólogo de 48 años que ahora tiene el cuerpo débil, pero aún mantiene el espíritu de acero, al explicar la causa principal del sometimiento de la población, donde la libertad para expresarse y pensar es penada con cárcel.
Eso sucedió en 2003 con 75 cubanos condenados a cumplir entre seis y 28 años de cárcel, entre los que se encontraban Zapata y Fariñas. El primero murió como consecuencia de una huelga de hambre, pero queda el segundo para seguir luchando pacíficamente por la libertad.
El Diario: Inviolabilidad de las leyes
Una antigua frase dice: “La Ley es la Ley” y muchos pueblos le añadieron: “Y nadie puede violentarla” porque, se entiende, es desprendimiento de la Constitución Política del Estado, bien llamada Ley de Leyes y también Carta Magna. Nosotros, en Bolivia -salvo en gobiernos dictatoriales y conforme a conveniencias- el acatamiento de la Constitución fue norma general.
Hoy, por decisión del Gobierno y conforme a lo que estudió, analizó y redactó la Asamblea Constituyente, contamos con una nueva Constitución que, si sólo fue aprobada en un cuartel de Sucre y luego en la ciudad de Oruro sin intervención mayor de los constituyentes, actualmente tiene vigencia, no obstante, repetimos, sus graves yerros que, en todo caso, le restarían autoridad. Sin embargo, pese a los errores y aspectos críticos que contiene como Ley de Leyes, tiene vigencia y el respetarla debe ser norma de gobernantes y gobernados.
Sin embargo, pese a todo lo que se diga, explique y analice sobre la Constitución, hay que convenir en que este documento es violado y violentado tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo, puesto que, a su sombra, se ha aprobado disposiciones que, claramente, afectan a los textos constitucionales. Ante esta situación, el país se pregunta: ¿qué razón había para un nuevo texto constitucional si sería violentado -en perfecta imitación de los gobiernos ilegales- igual que anteriores constituciones?
En gobiernos de facto, la Carta Magna fue violentada muchas veces y, en casos, fue modificada conforme a la conveniencia o criterios de quienes administraban el Estado. Esas reformas generalmente se han producido para convocar a elecciones generales y poco o nada se ha respetado los preceptos de la Ley de Leyes. Los regímenes de facto, calificados como “revolucionarios” o propugnadores de “reformas por mandato de las FFAA”, -aunque integrados en su composición también por civiles y muchos de ellos pertenecientes a partidos políticos- han obligado a que las reformas tengan vigencia y se hayan cumplido sus mandatos.
En un Gobierno constitucional, legal y legítimo como es el actual, no corresponde violación alguna a la Constitución, mucho menos al texto por el cual se ha producido tanta propaganda y hasta se votó en Oruro para que sea promulgado “tal como está y sin cambio alguno” que, entonces, podían sugerir muy pocos sectores de oposición.
Violentar la Constitución y las leyes es complotar contra el país y la institucionalidad; es dar vigencia a la anarquía y al libertinaje porque no corresponde que, en nombre de “necesidades de las mayorías”, se tenga que pisotear lo que para todos debería ser sagrado e inviolable. Violar la Constitución desde los mismos poderes del Estado es atentar contra el mismo principio de la división de poderes que consiste en que el poder controle al poder y que ese control se haga en pro del bien general, por su libertad y para la vigencia plena de lo que significa justicia, equidad y ecuanimidad. En otras palabras, no se puede ni debe violar lo inviolable así sea en bien circunstancial -o si se quiere interesado para algún sector- que no beneficia a la generalidad. Es preciso tomar conciencia de que si contamos con una Ley de Leyes, que sea para respetarla y no para violentarla atenidos a que lo original contiene yerros o imperfecciones, como es la actual Constitución.
El Mundo: Errores
En un emotivo discurso, el Presidente del Estado Plurinacional indicaba ayer con énfasis, la importancia que tiene poner los ojos en los errores que se comete, para evitar repetirlos y al escucharlo, parecía que se trataba de una norma que se estuviera viviendo dentro del proceso de cambio que él mismo comenta con frecuencia y que asegura que se está operando en el país. Como dicen que para muestra basta un botón, quiero referirme a un hecho en particular y que es un botón que ha tenido a la juventud y especialmente la niñez en ascuas, durante la última semana y que como se asegura, continuará todavía azotando al país en el curso de la próxima.
Resulta que a partir del día en que los estudiantes debían retronar a clases, luego de la vacación de invierno, el frío comenzó a recrudecer y en muchos lugares del país se habla de las temperaturas más baja de la década, por decir lo menos, ya que otras personas aseguran que la experiencia se produjo hace un tiempo mucho mayor.
No es la primera vez que sucede en el país, que el frío comienza precisamente cuando los estudiantes terminan el descanso, no diremos pedagógico, ya que más que con los estudios, éste tiene relación con el ambiente adecuado para que puedan desarrollarse las clases.
Dentro del sistema centralista del Estado que fue una característica del nuestro, no sólo el neoliberal sino el estado tradicional, cuando se decretaba la vacación de invierno, ésta era válida para todo el territorio nacional y si bien la medida era buena para algunos lugares, para otros terminaba siendo un fracaso, a pesar de que en el caso actual, parece que fue igual para todos.
Nos imaginamos que las autoridades del sector, al decidir la vacación de invierno, lo hicieron pensando en el importancia de que los estudiantes estuvieran en las aulas al momento del celebrar el 201 aniversario del grito libertario del 16 de Julio y que se trataba de una medida estratégica, antes que de una medida que tienda a favorecer a los estudiantes, para que eviten las molestias ya las consecuencias nocivas para la salud que trae un frente frío.
En algún momento, estuvo vigente en el país un sistema de vacaciones regionalizado, en el cual las autoridades educativas a nivel departamental, tenían la opción de decidir cuándo se hacía la vacación, en base a los informes meteorológicos, sin importar si se trataba de San Juan, El Carmen o cualquier otra festividad tradicional religiosa, tan comunes en el país.
Sería importante que siguiendo la opinión del Jefe del Estado, esa experiencia pueda ser utilizada, para permitir que cada región disponga la convocatoria a vacaciones y otras medidas, en base a las necesidades regionales y no al capricho de alguna autoridad desubicada que lo único que hace es crear malestar, por decir lo menos.
Y si hablamos del campo de la educación, en un estado autonómico, deberíamos también pensar en la estructura administrativa, ya que el tema de los dos Seduca, actualmente vigente, por lo menos en Santa Cruz, lo único que hace es entorpecer la situación, ya que lo primero que sucede, por sentar autoridad, es que lo que dice el uno es diferente a lo que dice el otro y las medidas que el uno adopta careen de valor para la realización de determinados trámites.
Para evitar la interferencia del uno sobre el otro, la única medida que se ha adoptado es la de ubicarlos en situaciones lo más distantes que sea posible, al extremo de que un Seduca funciona en el centro de la ciudad, mientras el otro está en el Plan 3.000, a donde se puede llegar en un viaje que en el mejor de los casos toma entre 30 y 45 minutos de micro.
Ojala que la versión del Estado autonómico que está por entrar en vigencia, ponga solución también a estos problemas que a pesar de ser domésticos, constituyen una molestia para la ciudadanía y pueden ser resueltos sin necesidad de un conflicto con bloqueos, paros y ayunos a los que no podemos sustraernos, precisamente porque la experiencia del Jefe del Estado hacer ver que esas medidas tuvieron resultados positivos en el pasado.
Opinión: Insustancial polémica sobre sueldos ediles
Existe un principio generalizado respecto a la percepción del salario para un trabajador o funcionario público y tiene que ver con la responsabilidad que se le otorga, con la capacidad y las destrezas en sus funciones y con los méritos personales que ha obtenido durante una carrera sea técnica o académica y por supuesto con la posibilidad que tenga el que contrata de otorgarle la remuneración.
Fuera de estos principios una discusión sobre lo justo o injusto de un determinado salario puede resultar un ejercicio ocioso. Otra cosa es que existan políticas nacionales, departamentales y ediles sobre los montos que deben recibir los funcionarios públicos y que necesariamente deben obedecer a políticas globales, es decir que partan de planes expresamente establecidos y que desde luego no caigan en contradicciones en relación a objetivos y finalidades.
Desde hace varios días el Concejo Municipal está envuelto en una polémica sobre la rebaja de salarios que deben percibir los concejales y sobre los gastos de representación en una discusión que de manera absurda no se dilucida en los ámbitos ediles, sino por el contrario, se ha trasladado a escenarios mediáticos con declaraciones y contradeclaraciones, con afirmaciones y negaciones que no tienen ningún sustento racional y responden más a protagonismos y antagonismos entre determinados grupos oficialistas y opositores.
El asunto tiene su trascendencia en el común de la gente, porque a muchos interesa lo que ganan unos señores que han sido elegidos para trabajar por la comuna, y por ello se han presentado una serie de argumentaciones y opiniones, que como se ha dicho, son expresadas más al calor de los sentimientos que de las razones.
La promesa que hizo algún candidato a concejal de rebajar su sueldo, si llegaba al curul de concejal, pudo hacerla por demagogia o sin conocer las normas legales que establecen que cualquier modificación sobre sueldos se debe realizar de manera generalizada para todos los integrantes del Concejo y no de forma individual, pero no deja de ser cierto también que la presión de una persona resulta del mismo modo un acto estéril en el conjunto del Legislativo municipal.
Los gastos de representación, que más o menos duplican el sueldo del concejal, también obedecen a normas legales y en la pretendida rebaja o no cobro de los mismos se tienen que seguir también procedimientos internos y conformar un conjunto de resoluciones.
Lo que está ocurriendo en este asunto, resulta la degradación de la ciencia administrativa que debe considerar antes una solicitud concreta y formal para luego ser analizada en el Concejo Municipal, es decir en los recintos adecuados para la discusión en términos administrativos y técnicos, y desde luego legales por las repercusiones que una decisión de tal naturaleza puede implicar en la escala salarial del resto de los funcionarios.
Mientras organizaciones laborales como la Central Obrera Departamental y Juntas Vecinales presionan para la disminución de sueldos de los concejales, la población está perdiendo gran parte de esos emolumentos que paga a estos funcionarios inmersos en la discusión, cuando bien esos salarios deberían justificarse con asuntos que verdaderamente interesan al colectivo de la comunidad, o sea proyectos en beneficio de la ciudad y fiscalización para que los recursos que genera ese mismo ciudadano estén bien administrados.
Si hay necesidad de rebajar sueldos y que los concejales no cobren los gastos de representación pues que se sigan los caminos administrativos y legales correspondientes, y que se deje la discusión pública atizada por sindicalistas y algunos comunicadores sociales.
Clarín, Argentina: Habrá crecimiento sustentable sólo con políticas claras
La crisis en el abastecimiento de gas y la inflación son dos síntomas convergentes de una de las grandes debilidades de la política económica: el estímulo al consumo por encima de la inversión.
Desde hace años se advierte, especialmente en los momentos de consumo pico, en el verano y el invierno, la restricción en la oferta de energía y la necesidad de aumentar la inversión pública en el sector, y tomar medidas para estimular la inversión privada. Un aspecto preocupante de este problema es el progresivo agotamiento de las reservas de gas y petróleo.
Sin embargo, hasta el momento el Gobierno eludió el tema imponiendo cortes a la provisión de energía para empresas y domicilios, y privilegiando la importación de combustible, en algunos casos mediante operaciones sospechosas de sobreprecios y corrupción.
En la industria, la reducción de la disponibilidad de gas o electricidad es compensada con la utilización de otros combustibles o con usinas propias, todo lo cual agrega costos de producción que, más tarde o más temprano, se reflejan en los precios.
Otro aspecto en cuestión es el insuficiente aumento de la inversión productiva, especialmente en los sectores de mayor demanda. Si bien la inversión está aumentando, según estimaciones privadas, en la actualidad las industrias de mayor crecimiento trabajan al tope de su capacidad productiva y tiene pocos proyectos de ampliación. En la medida en que esta situación se mantenga se producirá una escasez de oferta que aumentará las presiones inflacionarias.
La insuficiencia de la inversión productiva en un contexto de aumento de la demanda se debe, fundamentalmente, a la incertidumbre en la economía, y uno de los motivos de esto es la inflación que, típicamente, reduce el horizonte de toma de decisiones y desalienta las inversiones de largo plazo.
La inversión está frenada también, por la falta de financiamiento en plazos y condiciones aceptables para las empresas, en lo cual influye, entre otros factores, la incertidumbre que genera la política económica en los medios financieros internos y del exterior.
Ante el repunte inflacionario de los últimos meses el Gobierno adoptó la posición de negar el fenómeno y de mantener la manipulación de las estadísticas del INDEC, cuyo índice de precios al consumidor sigue reflejando la mitad de la inflación que señalan otros indicadores privados y públicos. Al mismo tiempo, y por razones de calendario electoral, sostiene el fuerte aumento del gasto público, promoviendo un crecimiento insustentable de la demanda.
El único instrumento anti inflacionario de la política oficial es el retraso del tipo de cambio, un recurso típicamente ortodoxo, que tiene escasos o nulos efectos, y que está generando preocupación en los sectores exportadores y en las industrias amenazadas por la competencia externa.
Para afrontar este último problema el Gobierno apela a medidas proteccionistas que, sin demasiados efectos prácticos, han provocado conflictos con varios países, incluyendo China.
La falta de respuestas realistas frente a los aumentos de precios y a las necesidades de inversión, se complementan, en suma, para crear un escenario de recuperación inflacionaria y amenazante para el sector externo. Una tendencia que, de no modificarse la política, no podrá sostenerse en el mediano plazo.
La falta de gas y la inflación son partes vinculadas de una política económica que promueve un crecimiento no sustentable. Las restricciones energéticas se deben a falta de inversión, el consumo crece más que la inversión productiva, lo cual promueve inflación. Pero esa inflación desalienta las inversiones. El consumo sin inversión afecta, también, el sector externo. Si la política no cambia, el crecimiento no se sostendrá en el mediano plazo.