Resulta que ahora las palomas disparan a las escopetas. Están llegando (o ya lo han hecho) a los límites del absurdo. Todos recuerdan que la entonces diputada Ninoska Lazarte demostró que el programa de carnetización montado por el gobierno con el financiamiento venezolano era un fraude de proporciones.
Ninoska Lazarte, presidenta del Concejo de Cercado, Cochabamba. (foto Los Tiempos)
Demostró que las cédulas de identidad eran entregadas en forma discrecional y fraudulenta a los masistas y grupos afines y que para eso se habían montado oficinas clandestinas, una de ellas en la zona de Achumani en La Paz, cuya existencia fue comprobada por los propios medios de comunicación.
Estamos en el mundo del revés. Ocurre que ahora se pretende acusarla por haber desvelado este oscuro asunto que tuvo por “virtud” inflar la votación masista en los sucesivos referéndums y elecciones que se realizaron en el último tiempo y que han tenido como consecuencia el paulatino afianzamiento de un modelo autoritario.
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Esta carnetización trucha, lamentablemente, no tuvo un adecuado seguimiento por parte de los medios de comunicación ni de los parlamentarios de oposición y al respecto se debe recordar que la entonces Corte Nacional Electoral detectó la existencia de 400 mil potenciales votantes que no tenían certificados de nacimiento o documentación valedera. No hay que ser adivino para saber de donde venían los carnés que utilizaron para inscribirse.
Se detectó que en recintos paralelos a la Dirección de Identificación de la Policía se trabajaba en las noches con la presencia de venezolanos. Esta actividad, naturalmente no era inocente y no respondía a un encomiable deseo gubernamental de carnetizar a todos los bolivianos como decía la propaganda oficial.
Ahora se quiere escarmentar a Ninoska Lazarte por haber investigado este asunto, pero no se investiga el delito de falsificación de documentos; se quiere acusar a la persona que hizo la investigación y denunció el hecho.
A propósito es oportuno recordar que Lazarte cuando era diputada recibió una golpiza de las hordas masistas en la puerta del Legislativo ante la mirada impasible de los policías y cumple ahora las funciones de presidenta del Concejo Municipal en Cochabamba por el bloque opositor.
A parte de lo grotesco que resulta el proceso iniciado en su contra, es evidente la intención del gobierno de apartar del cargo a Lazarte, para reemplazarla, naturalmente por un masista en esta abierta campaña que ha emprendido para desplazar a todos los opositores elegidos por el voto popular.
Es claro que la campaña seguirá “hasta las últimas consecuencias” y que en este y otros casos se recurrirá a todos los instrumentos para destituir de su función a los opositores y alcanzar el objetivo de copar todos los cargos a los que el MAS no pudo acceder por la vía del voto popular.
Como se pintan las cosas podemos ver que las perspectivas de los opositores que tuvieron la osadía de contar con el apoyo popular son más feas que la senadora Montaño.
Se comenzó con el alcalde de Quillacollo, se continuó con el de Punata, con el de Sucre, ya se han iniciado acciones contra el de Buena Vista y Joaquino de Potosí. La lista es larga y en ella están incluidos gobernadores, alcaldes, empresarios, dirigentes cívicos, periodistas y todo aquel que represente un estorbo al monopolio político que pretende imponer el actual régimen.