Una vez eliminada la oposición, las divergencias se trasladaron al campo interno, con lo que la dictadura siguió un camino que se suele repetir
Índice de los Editoriales de Periódicos
-
El Día: Menos trabas para invertir
-
Bajo el Penoco, El Día: La danza de la lluvia
-
Los Tiempos: 21 DE AGOSTO DE 1971
-
El Deber: Entre la ley y el Gobierno
-
La Razón: Flota Yungueña
-
Cambio: La oposición y el 21 de agosto
-
La Prensa: Entre la ley y el Gobierno
-
El Diario: Alarmante proliferación del latifundismo indígena
-
El Mundo: Ingrato
-
Opinión: Ley de Pensiones debe consultarse con todos
-
Clarín, Argentina: Los desafíos de la emergencia china
El Día: Menos trabas para invertir
La posibilidad de invertir en el país, por parte de las empresas privadas extranjeras petroleras, se ha visto condicionada a la necesidad de adecuar –cuanto antes– el marco legal vigente para viabilizar la actividad del sector y garantizar a largo plazo los proyectos de industrialización. En otras palabras, la reactivación de la exploración en busca de nuevas reservas de gas y petróleo en territorio boliviano, depende del marco legal claro y estimulante para el sector petrolero privado, de modo que los inversores privados cuenten con garantías y un margen razonable de sostenibilidad a largo plazo.
Tal ha sido el mensaje fundamental del reciente Congreso Bolivia, Gas y Energía, que la Cámara Boliviana de Hidrocarburos ha organizado en Santa Cruz de la Sierra. La lectura crítica de la situación permite mostrar la sincera preocupación de la inversión extranjera acerca de las trabas legales que dificultan –y a menudo impiden- el ingreso de divisas frescas para el sector petrolero nacional. Esto se hace más evidente cuando se constata que la empresa nacional YPFB todavía se encuentra enfrascada en procesos administrativos lentos y exasperantes, a sabiendas que participa de los contratos de operación y tiene a su cargo la comercialización y el transporte de los hidrocarburos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Las trabas legales para la inversión se ponen de manifiesto a cada momento. No sólo la nacionalización del sector petrolero en Bolivia ha constituido un freno brusco, sino también el marco jurídico producto de la eclosión del Estado Plurinacional ha impedido ofrecer mecanismos que compensen los capitales de riesgo, la propia inversión en la exploración y el subsiguiente desarrollo de ciertos yacimientos. Como si ello no fuera suficiente, la apresurada reforma a la Ley 780, que modificó la norma aduanera y el Código Tributario, ha perjudicado casi sin proponérselo, el ingreso de maquinarias, equipos e insumos indispensables para trabajos en toda la cadena petrolera. Increíble.
Se hace preciso resaltar el hecho que el Gobierno está plenamente consciente de estas dificultades, pero da la impresión que el asunto se le escapa de control. Existen procesos de consultas a los pueblos indígenas, con el propósito de evitar o disminuir el impacto ambiental de algunos trabajos en el área de las comunidades originarias, pero que sólo han servido para aplazar proyectos petroleros de diversa envergadura. Los conflictos de competencia de las instancias ministeriales constituyen otra de las trabas para invertir.
Pero hasta con este panorama desalentador para la inversión extranjera en el sector petrolero, las empresas privadas que operan en el país esperan que el Gobierno destrabe a la brevedad los permanentes obstáculos que se han presentado. Existe coincidencia sobre el hecho que cualquiera sea el modelo legal adoptado, aun dentro del cambio de la matriz económica del país, éste debe permitir la reactivación del sector para que Bolivia se encamine a una reposición de las reservas que permitan su seguridad energética. Se ha advertido, con razón, que la demora en superar las trabas causa perjuicios costosos y, hasta en presencia de estas oportunidades, puede ahuyentar los intentos de inversión.
El Gobierno está plenamente consciente de estas dificultades, pero da la impresión que el asunto se le escapa de control.
Bajo el Penoco, El Día: La danza de la lluvia
La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, ha admitido que el Gobierno no puede hacer nada para apagar los incendios forestales que amenazan con destruir más de seis millones de hectáreas de bosques en el territorio nacional. En los pueblos e incluso en algunos barrios, cuando una casa se está quemando, los vecinos agarran lo que pueden, baldes, mangueras o hasta una tutuma para tratar de sofocar las llamas, pero en el caso del Estado Plurinacional, han preferido no hacer nada y según Achacollo, sólo queda esperar que alguna lluvia apague el fuego. Lástima que estamos en un régimen laico, porque lo ideal hubiera sido organizar procesiones, cadenas de oración o novenas, como hacían nuestros abuelos, para rogarle a San Pedro que no tacañee con el agua. En último caso y ya que nuestros queridos plurinacionales le tienen tanta fe a los ritos cósmicos, podrían recurrir a algún amauta para que haga algo al respecto. Por último, la opinión pública estaría de acuerdo si la Fuerza Antidroga le da algunas horas de permiso a Valentín Mejillones para que realice alguna danza de la lluvia. Todo sea por la Pachamama.
Los Tiempos: 21 DE AGOSTO DE 1971
Una vez eliminada la oposición, las divergencias se trasladaron al campo interno, con lo que la dictadura siguió un camino que se suele repetir
Hoy se recuerda los 39 años del golpe de Estado que culminó con la posesión del entonces coronel Hugo Banzer Suárez en la Presidencia de la República en reemplazo del general Juan José Torres, dando inicio a una nueva etapa del ciclo militar iniciado en 1964, y que mucho ha costado a la República tanto en el plano humano como en el económico.
Conviene recordar ese período -que se extendió por siete años– porque hay una tendencia muy grande en el país a olvidar la historia, olvido que permite cometer errores similares así las circunstancias sean diferentes.
La dictadura que se instaló en 1971 lo hizo en una etapa de radicalización de la "guerra fría" entre Estados Unidos y la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y a cuyos intereses respondían las diversas regiones del planeta. En la nuestra predominaba Estados Unidos, nación que so pretexto de la lucha contra el comunismo apañó sangrientas dictaduras que además de violar sistemáticamente los derechos humanos despilfarraron los recursos nacionales. En el caso boliviano, la dictadura banzerista se benefició de unas circunstancias favorables sin precedentes en la historia de la República por el incremento de los precios de las materias primas, especialmente el estaño y petróleo, y un fácil acceso al crédito internacional que se tradujo en el incremento de la deuda externa a más de tres mil millones de dólares al final de este período.
En el plano político, el ascenso del general Banzer tuvo respaldo de los entonces partidos más fuertes (el MNR y FSB) que, con las FF.AA., formaron el Frente Popular Nacionalista (FPN). Los sindicatos fueron intervenidos, como no había sucedido desde los 50, se intervino a las Universidades Autónomas y se desató una dura represión, especialmente a agrupaciones de centro e izquierda, y todo disidente sufría el rigor de la cárcel, la tortura cuando no su eliminación. El propio mandatario de entonces instruía a sus bases, formadas al calor del poder y la prebenda, a eliminar a los opositores porque, al hacerlo, servían al país. No está demás recordar que quien disentía era automáticamente tildado de "comunista, tonto útil, antinacional, político, subversivo"…
Una vez eliminada la oposición, las divergencias se trasladaron al campo interno, y mientras la situación económica fue buena las disputas pudieron ser controladas (a veces con excesivo rigor, como en el caso Selich); luego, se dispuso la expulsión del gobierno de los primeros aliados orgánicos (FSB y MNR), prohibiéndose las actividades políticas, y con el pretexto de las negociaciones con Chile se buscó la prórroga indefinida del entonces mandatario.
Pero, se presentaron dos fenómenos que sumándose a la aún débil oposición, fueron el germen de una solución terminal: la situación económica se comenzó a deteriorar rápidamente por la crisis internacional y el endeudamiento externo, y en Estados Unidos se dio un golpe de timón en el tema del respeto a los derechos humanos…
La historia siguió su curso y el general Banzer terminó siendo derrocado por quien había sido su delfín en un amañado proceso electoral.
Siempre es bueno, pues, recordar la historia…
El Deber: Entre la ley y el Gobierno
La renuncia del director general de Régimen Penitenciario, Wilson Soria, y el comentario que el presidente Evo Morales hizo al respecto muestran una reveladora discrepancia entre lo que dicen las leyes del país y lo que, en este caso, dispone el Gobierno nacional. En efecto, Soria renunció al cargo y dijo que lo hacía como resultado de la presión que estaba recibiendo de parte del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, para trasladar a la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro al ciudadano alemán Dirk Schmidt, acusado de poseer armas de fuego de grueso calibre.
Soria dijo: “Nosotros averiguamos todos los antecedentes de este caso y no hallamos ningún elemento legal que pueda justificar este traslado. La ley es muy clara. Tuve que renunciar por incompatibilidad con el ministro de Gobierno”.
Al comentar este hecho, el presidente Morales dijo que el traslado del alemán a La Paz no fue un pedido del ministro Llorenti sino una “acción del Gobierno” por considerar al extranjero un delincuente internacional, prófugo de la justicia alemana y que se infiltró en el MAS.
Se trata de un caso muy claro en que la ley dice una cosa y el Gobierno ordena otra. Soria alega que las leyes bolivianas no justifican el cumplimiento de la orden gubernamental.
El funcionario estaba en un conflicto. Cuando llegó al cargo juró, con el puño en alto, cumplir con las leyes bolivianas pero ahora se entera de que, por encima de las leyes, está la voluntad del Gobierno.
En este caso, y quizá en otros también, queda claro que los funcionarios públicos tienen que tomar en cuenta la voluntad del Gobierno antes que las leyes del país.
¿Les pasará lo mismo a los jueces, a los fiscales, a la Policía, a las Fuerzas Armadas? ¿Llegará este conflicto a influir en cuestiones de conciencia, como podría ser el caso de periodistas que, antes de cumplir con sus normas éticas o solamente con la verdad, deban tomar en cuenta y cumplir lo que ordena el Gobierno?
Son situaciones como ésta las que se toman en cuenta cuando deben definirse las condiciones democráticas que rigen en un país. Cuando es la voluntad de un Gobierno la que se impone por encima de las leyes, generalmente se trata de un caso de totalitarismo, porque es alguien que detenta la totalidad del poder.
En el caso específico del ciudadano alemán y del conflicto que obligó a la renuncia de Soria hay también un criterio ofensivo. Sólo la cárcel de La Paz es apta para recluir a los presos, con garantía de que no podrán ni escapar ni gozar de privilegios. Todos los demás centros de reclusión del país son sospechosos de favorecer a los delincuentes.
Se trata de políticas y actitudes que el Gobierno nacional tendría que revisar. El primer caso, referido a que la voluntad del Ejecutivo debe cumplirse por encima de las leyes, afecta a su imagen y lo desprestigia. En el segundo caso se trata de una actitud que ofende a ocho departamentos, pues postula que sólo en La Paz las cosas son bien hechas.
La Razón: Flota Yungueña
Cuál es el sentido de una sanción? Pues, pagar por una falta, pero sobre todo desanimar a quien la haya cometido de volver a hacerlo. Escarmiento, en otras palabras. Pero, si el castigado halla la forma de eludir tal sanción, como que el castigo pierde su sentido y deja muy malparados a los castigadores.
Esto está sucediendo con la empresa de flotas Yungueña que, tras haber provocado, uno de sus conductores en uno de sus buses inseguros, la muerte de 13 personas, ha sido suspendida durante 30 días. Y, sin embargo, como comprobó La Razón el jueves reciente, la empresa no respeta la disposición de las autoridades. Los buses siguen transportando pasajeros bajo el engaño: no llevan la identificación de “Yungueña”. Como aparentemente no hay control, la sanción podría ser de un año, que a los propietarios de la flota no les afectará en casi nada.
Lo peligroso de todo esto es que, cabe suponerlo, nadie está vigilando que los buses se hallen en buenas condiciones. Si no hay quién se asegure de que Yungueña no opere, menos hay quien mire si los frenos están en regla o improvisados —como pasó en el accidente— con gomas.
El caso desnuda muchas irresponsabilidades: de empresarios, claro, de autoridades, por supuesto, pero también de los usuarios que trepan a los vehículos como desafiando al peligro.
Cambio: La oposición y el 21 de agosto
Hace 39 años, Bolivia ingresaba al teatro de operaciones montado bajo los moldes de la Doctrina de Seguridad del Estado, propiciada por la Central de Inteligencia Americana (CIA). Al igual que en otros países de la región donde las dictaduras militares se impusieron por voluntad de los Estados Unidos, el 21 de agosto de 1971 fue el turno de Bolivia.
La Prensa: Entre la ley y el Gobierno
Son situaciones como la presente las que se toman en cuenta cuando deben definirse las condiciones democráticas que rigen en un país.
La renuncia del director general de Régimen Penitenciario, Wilson Soria, y el comentario que el presidente Evo Morales hizo al respecto muestran una reveladora discrepancia entre lo que dicen las leyes del país y lo que, en este caso, dispone el Gobierno nacional. En efecto, Soria renunció al cargo y dijo que lo hacía como resultado de la presión que estaba recibiendo de parte del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, para trasladar a la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro al ciudadano alemán Dirk Schmidt, acusado de poseer armas de fuego de grueso calibre.
Soria dijo: ?Nosotros averiguamos todos los antecedentes de este caso y no hallamos ningún elemento legal que pueda justificar este traslado. La ley es muy clara. Tuve que renunciar por incompatibilidad con el Ministro de Gobierno?.
Al comentar este hecho, el presidente Morales dijo que el traslado del alemán a La Paz no fue un pedido del ministro Llorenti, sino una ?acción del Gobierno? por considerar al extranjero un delincuente internacional, prófugo de la justicia alemana y que se infiltró en el MAS.
Se trata de un caso muy claro en que la ley dice una cosa y el Gobierno ordena otra. Wilson Soria alega que las leyes bolivianas no justifican el cumplimiento de la orden gubernamental.
El funcionario estaba en un conflicto. Cuando llegó al cargo juró, con el puño en alto, cumplir las leyes bolivianas, pero ahora se entera de que, por encima de las leyes, está la voluntad del Gobierno.
En este caso, y quizá en otros también, queda claro que los funcionarios públicos tienen que tomar en cuenta la voluntad del Gobierno antes que las leyes del país.
¿Les pasará lo mismo a los jueces, a los fiscales, a la Policía, a las Fuerzas Armadas? ¿Llegará este conflicto a influir en cuestiones de conciencia, como podría ser el caso de periodistas que, antes de cumplir con sus normas éticas o solamente con la verdad, tengan que tomar en cuenta y cumplir lo que dicen las instrucciones del Gobierno?
Son situaciones como ésta las que se toman en cuenta cuando deben definirse las condiciones democráticas que rigen en un país. Cuando es la voluntad de un gobierno la que se impone por encima de las leyes, generalmente se trata de un caso de totalitarismo, porque es alguien que detenta la totalidad del poder. En un sistema democrático lo que siempre priman son las leyes.
En el caso específico del ciudadano alemán y del conflicto que obligó a la renuncia del director del Régimen Penitenciario, Wilson Soria, hay también un criterio ofensivo. Sólo la cárcel de La Paz es apta para recluir a los presos, con garantía de que no podrán ni escapar ni gozar de privilegios. Todos los demás centros de reclusión del país son sospechosos de favorecer a los delincuentes.
Se trata de políticas y actitudes que el Gobierno nacional tendría que revisar. El primer caso, referido a que la voluntad del Ejecutivo debe cumplirse por encima de las leyes, afecta a su imagen y lo desprestigia. En el segundo caso, se trata de una actitud que podría ofender a los ocho departamentos restantes, pues postula que sólo en La Paz las cosas son bien hechas.
El Diario: Alarmante proliferación del latifundismo indígena
Contra todos los preceptos constitucionales y legales del Estado Plurinacional, así como de los principios del partido que maneja las riendas del país, se ha puesto en práctica un alarmante sistema de latifundismo a favor de pueblos indígenas, el mismo que, según las autoridades agrarias, se encuentra en plena aplicación.
El dato oficial concreto revela que a pedido de las comunidades indígenas de Beni, Santa Cruz, La Paz y Tarija, se proyecta entregar más de 18.000.000 de hectáreas en calidad de propiedad a unos 50 mil habitantes, o sea casi el 20 por ciento de la superficie del territorio nacional, con el objetivo final de establecer “autonomías indígenas”.
Según detalle del INRA en Beni, las comunidades de los ayoreos, chiquitanos, yuracarés y mojeños piden 7.900.000 hectáreas y al mismo tiempo, las comunidades guaraníes demandan otras 5.600.000 hectáreas. De otro lado, ocho comunidades de La Paz, conocidas como mosetenes y tacanas, solicitan 2.900.000 hectáreas, mientras los pueblos originarios tapiete y weenhayek de Tarija demandan 1.135.000 hectáreas. Finalmente, las comunidades de Machinaro y Tacana de Pando ya fueron beneficiadas con otro millón de hectáreas.
El total de la superficie que proyecta entregar el Gobierno a esos “pueblos indígenas”, cuya población en cada caso es muy pequeña, alcanza nada menos que a 18.000.000 de hectáreas, lo cual significa que una quinta parte del territorio del “Estado Plurinacional” será propiedad de pequeños grupos sociales, mientras alrededor de ocho millones de personas, que viven en las ciudades y centros poblados, poco menos que a nada tendrán derecho. Se agrega que los territorios a entregarse gozarán de “autonomía”, practicarán sus propias leyes, tendrán ayuda del Estado central, gozarán de diversas garantías, inclusive mantener costumbres y usos esclavistas o feudales y estar al margen de las leyes del país.
Los datos oficiales sobre la dotación de inmensos latifundios a pueblos indígenas de escasa población causan realmente no sólo asombro, sino también alarma, más aún cuando se proclama a tambor batiente que se eliminará el latifundio y que esa política de entrega ilimitada de tierras terminó en el país en la gestión actual. Asimismo, esa actitud es más preocupante porque ni los gobiernos de más extrema derecha que hubo en Bolivia habían procedido de esa forma tan descontrolada, y al fragmentar el territorio boliviano esos grupos étnicos ponen en peligro, más a corto que a largo plazo, la existencia de Bolivia.
Este estado de cosas en lo que se refiere a la cuestión de la tierra, se hace sumamente preocupante porque es inconstitucional y contraria a todas las afirmaciones del sector oficial. De otro lado, mientras se anuncia la reversión al Estado de algunas propiedades calificadas de “latifundios”, por otro, el mismo Estado dota ese tipo de propiedad a pequeños grupos étnicos, dentro de los cuales existen sistemas esclavistas de producción y ninguna norma de defensa del medio ambiente toman en cuenta.
El Mundo: Ingrato
Hay una gran cantidad de hechos que evocamos con satisfacción y quisiéramos ver que se repitan con mayor frecuencia; sin embargo, hay otros que quisiéramos olvidar, es más deseamos que nunca hubieran sucedido, por el daño que causaron. Una situación de esa naturaleza es la que recordamos todos los años, en esta fecha y que nos muestra cómo los bolivianos, en algún momento, actuamos al margen de la racionalidad, para servir situaciones particulares o para defender posiciones egoístas que dicen mal de los intereses de la mayoría.
Comenzaba la jornada del 17 de agosto de 1971 cuando un grupo de militares encabezados por el ex comandante del Colegio Militar Gualberto Villarroel de La Paz, Hugo Banzer, levantó a la unidad del Regimiento Ranger de Montero y marchó sobre la ciudad de Santa Cruz, donde sostuvo un enfrentamiento con los jóvenes, en su mayor parte universitarios que mostraron su desacuerdo con esa forma de actuar y fueron reprimidos dejando algunas víctimas en la Plaza 24 de Septiembre.
En el giro de algunos días, el golpe de estado quedó concretado el 21 con la toma del palacio de gobierno en la ciudad de La Paz. Fue el inicio de una década en la cual se cometió una cantidad de aberraciones, comenzando por conculcar la libertad de los bolivianos y el cierre de los colegios y universidades, paradójicamente el autor de estos hechos fue designado años después benefactor de la educación.
Ese gobierno autoritario sometió a los bolivianos en todos los sectores y realizó persecuciones que alcanzaron a dirigentes estudiantiles, sindicalistas, periodistas y por supuesto los partidos políticos, aunque en el caso que nos ocupa, los partidos políticos tradicionales, velando por sus intereses mezquinos, aparecieron apoyando el movimiento que en un par de años también los envió al exilio, después de haber servido de tontos útiles.
No sólo para los bolivianos sino para los habitantes de casi toda Sudamérica, aquellos hechos resultaron fatales, una coordinación de los gobiernos militares de la región puso en vilo a toda la sociedad civil y no tuvo reparto en acumular tal cantidad de víctimas que hoy, 39 años después, continúan mostrando la aparición de fosas comunes, donde fueron enterradas las víctimas, además de todas aquellas que fueron arrojadas al mar desde los aviones o de aquellos niños, hoy personas adultas que fueron arrebatados de las manos de sus padres o nacieron en las cárceles y que dieron nacimiento a grupos como los de las Madres y luego las Abuelas de Plaza de Mayo en la Argentina o la Asociación de Familiares de las Víctimas de la Dictadura en nuestro país y en otros de la región.
Aquel día, un general boliviano, Hugo Banzer se preparaba para sumarse después a Augusto Pinochet de Chile, Rafael Videla de Argentina, Alfredo Stroessner en el Paraguay, Joao Goulart en Brasil, Juan María Bordaberry en Uruguay y juntos rubricaron con su firma esta página negra de la historia del continente, conocida como el �Plan Cóndor�, y en el caso de nuestra patria, además de la desaparición de muchos ciudadanos, impulsó la ilegalidad y el narcotráfico que tuvieron índices de crecimiento acelerado.
Al margen de los acontecimientos posteriores, producto de la falta de memoria del pueblo boliviano para castigar a sus verdugos, estos hechos nos dejaron un modelo de autoritarismo tal que cuando lo vemos manifestarse en el desempeño de otros gobernantes, incluyendo los procesos democráticos, nos resultan estremecedores y hacemos votos porque estos hechos ingratos no vuelvan a repetirse.
Opinión: Ley de Pensiones debe consultarse con todos
Cuántas veces se tiene que decir que las leyes que no son consultadas a instancias sociales y económicas antes de ser aprobadas, casi siempre, están destinadas al fracaso. Es cierto que los legisladores reciben la representación del ciudadano para legislar pero es más cierto aún que tienen la obligación de hacer conocer los proyectos para que el debate sea el más amplio posible.
En leyes que tienen que ver con los intereses directos de los ciudadanos, como es la nueva Ley de Pensiones, que con tanto afán está siendo considerada para luego ingresar a la discusión y aprobación legislativa, parecería un absurdo que no sea ?socializado? el proyecto, como ahora se acostumbra decir, porque en la formulación de ese texto legal deberían participar todos, por el sencillo hecho de que afecta a un gran espectro ciudadano e institucional.
El Gobierno ha decidido dar fin con las Administradoras de Fondos de Pensiones -AFPs-, bajo un sinnúmero de argumentos, aunque el principal parece que radica en las ganancias que obtienen y las comisiones elevadas que cobran a los que tienen aportes individuales. Sin embargo, el punto medular para la defunción decretada de estas administradoras parece estar en su carácter privado y la intención gubernamental de que la mayoría de las actividades productivas y de servicios sean copadas en el menor tiempo posible por la mano del Estado.
El sistema de pensiones en todas partes del mundo es un aspecto delicado porque su organización y administración compromete los recursos y la vida de miles de personas que dependen de una buena administración y del entendimiento de los gobiernos en relación a los aspectos económicos y a la viabilidad de determinado sistema, más allá de las consideraciones políticas o presiones sociales. Si un sistema de pensiones no es avalado en su vigencia y en su consistencia en el tiempo, mediante cálculos actuariales y otras reglas inherentes al mismo, puede resultar un fracaso y la tragedia para miles de personas que reciben pensiones de jubilación y para generaciones futuras.
El anterior sistema de reparto en Bolivia no era el mejor y por el contrario había ingresado en el momento de las reformas y del cambio a las administradoras de pensiones en una especie de vorágine que lo hacía insostenible. Pero más allá de considerar beneficios o aspectos negativos, lo que importa ahora que se está considerando el cambio del sistema de pensiones para adoptar administradoras estatales del dinero de los aportantes, para disminuir edad de jubilaciones para varones y mujeres, para la creación de un Fondo Solidario, aportes empresariales y laborales, y otros aspectos, es la consideración seria del asunto. Y para ello es necesario que todos los actores que tienen que ver con este rubro sean convocados por el Gobierno, es decir, no sólo los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) o de los mineros, también los empresarios tienen que hacer conocer su punto de vista, los maestros y miles de miles de personas que actualmente aportan a las cuentas individuales de las dos Administradoras de Pensiones. Resulta un contrasentido o un acto de mala fe que los directamente interesados, es decir estos aportantes que depositan su dinero desde hace más de 15 años, sean simples espectadores y que no puedan decidir si prefieren continuar en la administración privada o estatal.
Muy poco se conoce lo que se discute respecto al proyecto de la nueva Ley de Pensiones y de lo que significará para la vida de los bolivianos. En este asunto tan significativo y sensible, el oficialismo no puede dar cuenta con lo obrado. Se trata del ahorro, el sacrificio y el futuro de los bolivianos.
Clarín, Argentina: Los desafíos de la emergencia china
La llegada de la economía china al segundo puesto del ranking mundial no hace sino confirmar la importancia del gigante asiático en el mercado internacional y los desafíos que plantea a todo el mundo, la Argentina incluida.
China comenzó su carrera de crecimiento hace treinta años, combinando la propiedad pública con la inversión privada interna y externa y usufructuando la estabilidad que proporciona el control político y sindical centralizado. En un primer momento la competitividad china se basó en su mano de obra abundante, barata y disciplinada, pero, luego comenzó a apoyarse en una creciente la participación del capital y la tecnología. China practicó, por otra parte, una sustitución de importaciones que le permite disponer de bienes industriales que hasta no hace mucho importaba y que ahora incluso exporta. Como resultado de su poder comercial acumuló gigantescas reservas de divisas que lo posicionan como un gran actor en el mercado de capitales. China es, además, un punto central en la red productiva y financiera asiática, que incluye a Japón, Corea del Sur y otros países asiáticos, y cuya ligazón está formalizada en el ASEAN+3.
El ritmo y las características del crecimiento chino y de su competitividad plantean enormes oportunidades y desafíos. China ofrece un mercado en expansión que está contribuyendo a movilizar la economía internacional y una importante fuente de financiamiento y, cada vez más, de inversión externa directa. Pero también obliga a acelerar la carrera de la competitividad, especialmente en las economías más sometidas a la competencia de la producción china, o cuyas exportaciones tienen menores perspectivas de éxito en el mercado asiático.
El avance chino, incrementa, por lo tanto, conocidos desafíos de la globalización, que no pueden enfrentarse con respuestas defensivas o atajos coyunturales -como el proteccionismo al que recurre en la actualidad el Gobierno argentino-, y que obligan a pensar estrategias de largo plazo para la transformación de las estructuras productivas y de la capacidad exportadora.
La emergencia china plantea enormes oportunidades, pero también desafíos por su competitividad. Refuerza la necesidad de la transformación productiva y exportadora.