Protesta. Dos asambleístas se vistieron de reas. Denuncian procesos digitados por el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía, feudos del Vicepresidente.
Asambleístas. María Cristina Vizcarra Gil y Jéssica Echeverría Bravo
ANF. La Paz
Diputadas denuncian que existen 18 presos políticos
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Las diputadas María Cristina Vizcarra (UN) y Jéssica Echeverría (PPB) llegaron ayer al hemiciclo de la Cámara de Diputados, vestidas de presas en señal de protesta por los 18 detenidos políticos que existen en las cárceles del país.
“Estamos vestidas así para recordar que desde hace más de dos años que tenemos presos políticos en las cárceles, para que no olvidemos que tenemos que velar porque tengan un proceso justo y de acuerdo con las leyes en Bolivia”, dijo Vizcarra.
Por su parte, la asambleísta Echeverría aseguró que en el penal de San Pedro, en La Paz, se encuentran los presos políticos con procesos digitados por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público, que carecen de transparencia y parcialidad.
En ese sentido, las diputadas denunciaron que las dos instituciones mencionadas anteriormente fueron convertidas en un feudo del vicepresidente Álvaro García Linera, que digita los procesos para perseguir y descabezar a los opositores.
Las asambleístas aseguraron que los presos políticos son procesados por los casos Porvenir y terrorismo.
El pedido de las diputadas fue sencillo, que la gente no se olvide de las audiencias a las que acudían para apoyar a quienes se consideran víctimas de un totalitarismo centralista que pretende implementar el Gobierno. El Deber
Opositores denuncian persecución política
Fernández. Dice que el MAS busca enjuiciarlo
La Razón – La Paz
Las autoridades opositoras denunciaron una persecución política del Gobierno a través de la instauración de juicios. La reacción surgió luego de la imputación al gobernador Mario Cossío y de la suspensión del alcalde de Potosí, René Joaquino.
Cossío, que está procesado por la realización, en el 2008, del referéndum de estatutos autonómicos, afirmó que “en realidad esto se trata de una acción más de carácter político, una acción más de judicialización y de persecución a los líderes políticos que no son de la línea del Gobierno Nacional”.
El Gobernador de Tarija es el tercer ex prefecto que enfrenta un proceso judicial por convocar a una consulta popular y hacer uso de recursos que no estaban presupuestados para este fin. También están imputados los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez.
El alcalde de la ciudad de Tarija, Óscar Montes, aseguró a radio Fides que “de seguro se vendrá una escalada de acciones judiciales para todas las autoridades electas”. Acotó que “sólo el Presidente y el Vicepresidente están protegidos por el marco jurídico, el resto estamos en una situación de vulnerabilidad”.
Montes se refirió a la suspensión del Alcalde potosino a quien se le acusó por la compra de vehículos a medio uso; señaló que si a él se le procesó por este hecho, igual “se debe actuar con el caso del avión presidencial, que no es nuevo”.
Su colega de Santa Cruz, Percy Fernández, señaló al mismo medio que “desde occidente existen los seguidores de Hesiodo o los difamadores que están buscando cómo destituir a todos los que no sean masistas”. En su caso, sindicó al concejal suplente del MAS, Hugo Siles, de buscar su suspensión, pues habría interpuesto una querella en su contra por supuestos sobreprecios en las obras.
A las críticas se sumó el Comité Cívico de Tarija, que convocó a una reunión de emergencia para analizar el caso de Cossío. Por su parte, las diputadas opositoras Yesika Chavarría y María Cristina Viscarra Gil, vestidas de presidiaras, denunciaron que el Gobierno tiene presos políticos que sufren las consecuencias de la politización de la justicia.