Índice de los Editoriales de Periódicos
-
El Día: Por las sendas de la paz
-
Bajo el Penoco, El Día: Domando a Chávez
-
Los Tiempos: REACOMODO REGIONAL
-
El Deber: Las lecciones de Potosí
-
La Razón: Potosí, desesperante
-
Cambio: Atentado en Colombia
-
La Prensa: El conflicto de Potosí, sin solución
-
El Diario: Clamor para el cumplimiento del deber
-
El Mundo: Obligados
-
Opinión: El lío de los choferes ante la falta de autoridad
-
Clarín, Argentina: Evaluación de la calidad educativa
El Día: Por las sendas de la paz
El flamante presidente colombiano, José Manuel Santos, ha dejado mal parados a los “guerreristas” del continente, entre ellos a presidente boliviano, Evo Morales, quien se puso a órdenes de Hugo Chávez para una eventual conflagración, luego del repentino rompimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia.
El ex ministro de Uribe, quien fue uno de los grandes artífices del arrinconamiento de las narcoguerrillas en Colombia y que, entre otros operativos, encabezó el ataque al campamento guerrillero que se había instalado en Ecuador y que consiguió la liberación de la ex candidata Ingrid Betancourt, la más emblemática de los rehenes de las FARC, ha dado la señal más contundente de su interés por pacificar la región.
El subcontinente ha estado caldeado durante los últimos años por afanes armamentistas, por rencillas entre presidentes de países con larguísima tradición de amistad y sobre todo, por la dañina influencia de las aspiraciones hegemónicas del líder venezolano que ha causado numerosos episodios violentos en Colombia, Bolivia, Perú, Nicaragua y otros países. Lo ocurrido en Pando en septiembre del 2008 fue apenas un chispazo del “Vietnam” que intentaba desatar Hugo Chávez en el país y la matanza ocurrida en las selvas peruanas de Baguá forma parte de la misma serie, aunque aquella vez el gobierno boliviano actuó como “delegado” de los intereses desestabilizadores chavistas.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La denuncia que hizo el gobierno saliente de Álvaro Uribe sobre la presencia de cientos de guerrilleros de las FARC y el ELN en territorio venezolano es el resultado de una vieja constatación sobre los estrechos vínculos que han desarrollado líderes y movimientos políticos del continente con grupos terroristas. Lo de Ecuador fue una prueba irrefutable, de donde saltó también el nombre de Bolivia. De hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de afirmar en un informe que en el territorio boliviano operan guerrilleros de varios grupos relacionados con actividades del narcotráfico.
El Gobierno de Evo Morales debería abordar con sumo cuidado este tema. El mundo entero está comprometido en una lucha abierta contra el terrorismo y cargar con ese estigma sería lapidario para un país con tantas dificultades. Luchar contra el narcotráfico de forma decidida es indispensable, pues las actividades mafiosas son el caldo de cultivo ideal para aventuras violentas que agobian desde hace décadas a Colombia y que causaron tanto derramamiento de sangre en Perú.
Las arengas del presidente subiéndose a los alaridos belicistas de Hugo Chávez sonaron disonantes en relación a la mesura que asumieron los líderes del continente. La conducta del mandatario venezolano que raudamente accedió a la mano tendida de su colega Juan Manuel Santos, debería ser la señal más clara de que la paz es la única ruta del desarrollo de los países. La guerra es lo último que le puede pasar a naciones que tienen en la pobreza a su peor enemigo a derrotar. El Gobierno boliviano debería preocuparse por mostrar tractores arando la tierra, cosechadoras recogiendo el grano, niños estudiando, hombre y mujeres trabajando y produciendo, en lugar de promover esas patéticas figuras de campesinos aprendiendo a disparar. ¿Dispararle a quién? ¿A qué?
El entendimiento entre Colombia y Venezuela debe servir para acallar los alaridos belicistas. Bolivia tiene enemigos, entre ellos la pobreza.
Bajo el Penoco, El Día: Domando a Chávez
Una de dos. O el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, es un buen amansador de caballos o alguna vez trabajó de policía en Bolivia. Uribe le aplicó a Hugo Chávez, una técnica que los policías locales conocen como “trabajar al susto”. Hostigan al infractor con una y mil acusaciones y hasta lo amenazan con meterlo preso por pasarse un semáforo en rojo y finalmente todo se arregla por 20 bolivianos. Chávez había amenazado con hacerle la guerra a Colombia si Juan Manuel Santos era elegido presidente. Uribe rodeó al “malacara” en la OEA con una sarta de acusaciones sobre sus vinculaciones y la protección a las narcoguerrillas. El garañón rompió la jáquima y se desbocó hasta el ridículo. Cuando estuvo en el brete comenzó a dar señales de sumisión y hasta les pidió a las FARC que paren un poco. Cuando el brioso estuvo a punto, vino Santos y le puso el apero. El martes hablaba de cambiar el diccionario para eliminar la palabra “guerra”. Santos le ha prometido perdón y dijo que no habrá inspección internacional en Venezuela para ver qué tan cómodas están las FARC en ese territorio.
Los Tiempos: REACOMODO REGIONAL
El desenlace del conflicto entre Colombia y Venezuela confirma que en las relaciones internacionales no hay amigos ni enemigos… hay intereses.
El viaje del mandatario venezolano a Colombia, donde, junto al nuevo Presidente de ese país, restablecieron plenamente las relaciones entre ambas naciones -rotas por el primero en uno de sus arrebatos entre histriónicos y de interés de política interna– ha devuelto a la región un necesario clima de distensión.
Es posible considerar que este cambio de actitud del presidente Chávez se debe a que su posición respecto al vecino país era cada vez más insostenible. De hecho, el comandante Fidel Castro -especie de "gurú" de los mandatarios del ALBA– desbarató el principal argumento que utilizó Chávez para justificar la ruptura de relaciones: que Colombia tendría la intención de invadir Venezuela. Castro, con argumentos bastante obvios -pero que dichos por él ha adquirido calidad de verdad absoluta para sus seguidores–, explicó a anonadados periodistas identificados con el gobierno bolivariano que esa invasión no era posible.
Se debe agregar que varios gobiernos de la región no se alinearon detrás de la retórica chavista y, más bien, en forma oficiosa intentaron mediar la relación colombo-venezolana. Esta posición, es posible prever, no fue del agrado del mandatario venezolano que esperaba un apoyo decidido de los gobiernos de la región, además del que recibió de sus subordinados aliados del ALBA.
Otro factor que probablemente ha influido es el económico. Las fricciones entre ambas naciones afectaron negativamente el comercio entre ellas, provocando serios problemas internos, que se tradujeron en una crisis entre los productores colombianos y la falta de productos, especialmente alimenticios, en Venezuela. Esta situación, sumada a la desastrosa gestión económica impulsada por el gobierno bolivariano, provocó un creciente descontento, peligroso ante la proximidad de las elecciones legislativas en ese país.
Pero, sería un error creer que el impase está solucionado. Por un lado, hay suficientes antecedentes para presumir que si el mandatario venezolano, por exigencias de política interna, requiere recrear enemigos externos para consolidar apoyo militar y social, no le será difícil recurrir al expediente de provocar problemas con Colombia. Por el otro, no se debe subestimar -pese a su evidente debilitamiento- la capacidad de las guerrillas de las FARC, el ELN, los llamados paramilitares, y el narcotráfico (con el que las anteriores fuerzas tienen contactos directos, cuando no alianzas claras) para generar conflictos. Por tanto, y dada la experiencia, conviene a los gobiernos de la región colaborar activamente para que el nuevo clima creado con el encuentro entre los mandatarios de Colombia y Venezuela se mantenga en el tiempo.
Desde otro enfoque es de esperar que de este hecho saque enseñanzas nuestra diplomacia y, particularmente, el Presidente del Estado. Su alineamiento acrítico con Chávez ha provocado que cometa una serie de errores que afectan al país: sus ataques al ex presidente Uribe, su posición sobre la presencia de personal estadounidense en Colombia (que ahora Chávez ha colocado en segundo plano), su denuncia de intentos de invasión de Colombia a Venezuela y, finalmente, su inasistencia a la transmisión de mando en Colombia, perjudican al país y al papel que podemos cumplir en la región.
El Deber: Las lecciones de Potosí
Dos semanas tuvieron que transcurrir para que el Gobierno del presidente Evo Morales concrete un diálogo con los dirigentes cívicos de Potosí.
La primera lección que deja esta experiencia al país es que el Gobierno nacional tiene dificultades para establecer líneas de comunicación con las regiones.
Esta vez se ha observado con mucha claridad que el presidente Morales, de origen muy popular, ha ido creando hábitos de liderazgo que lo alejan del pueblo.
Por razones de seguridad personal, el mandatario descarta todo contacto inmediato con regiones del país, incluso regiones que sienten mucho apego por su Gobierno.
En las elecciones de enero pasado, el presidente Evo obtuvo el 85% de los votos de Potosí, pero el temor del mandatario a visitar esa región daba la impresión de que se tratara de un electorado adverso.
Las condiciones que pone el equipo de seguridad son, como se ha visto ahora, excesivas para la realidad boliviana. Da la impresión de que fueran dictadas por asesores extranjeros, incapaces de conocer que el Presidente tiene muchas simpatías en algunas regiones del país.
Que el Jefe de Estado se niegue a visitar una región durante dos tensas semanas de protesta revela ese desconocimiento de la realidad pero también muestra que Evo Morales tiene temor a llegar a regiones en conflicto.
Los críticos del Gobierno han observado que el Presidente se niega a llegar a las regiones donde estallan dificultades. No ha visitado Huanuni desde que allí se dieron las protestas que provocaron cerca de dos decenas de muertos, se ha negado a llegar a Caranavi a pesar de que los conflictos de allí no han sido superados, ni acepta visitar Corocoro para aplacar a los dirigentes de los pueblos originarios que critican a su Gobierno, mientras los pueblos de las tierras bajas aseguran que las políticas sobre el medio ambiente son una traición a la Pachamama.
Hay regiones del país que Morales visita con mucha frecuencia, pero también existen otras a las que se niega a llegar, como si no tuviera el alto grado de popularidad que muestran las encuestas.
Aparte de este manejo deficiente de la imagen del Presidente, esta vez ha quedado muy evidente que los colaboradores suyos no tienen la gimnasia suficiente para atender los problemas regionales.
Los voceros del Gobierno se quejaron del manejo de la información en el caso de Potosí, olvidando que se trata de uno de los gobiernos con mayor presencia en los medios de comunicación que se haya dado en el país.
Se ha dado a entender que los líderes potosinos superaron al aparato gubernamental en el manejo de la información, pero todo indica que se trata de torpes maneras de justificar un desempeño ineficiente. Con tantos medios a su disposición, el aparato oficial fue incapaz de decir su verdad a la opinión pública, que quedó convencida de que el Gobierno descuida a las regiones.
Lo que pedía Potosí era una política económica gubernamental capaz de dar esperanzas a sus ciudadanos. Un requerimiento que es compartido por todas las regiones del país. Y quería también que el Presidente Morales estuviera más cerca, en lugar de ocuparse solamente de viajar al exterior.
La Razón: Potosí, desesperante
¿Y si el Presidente aceptase dialogar en persona? ¿Qué se perdería? ¿Qué se ganaría?
El pliego de peticiones del Comité Cívico Potosinista contiene seis puntos de complicada solución, pero el conflicto ha rebasado el ámbito de las demandas regionales. Desde hace por lo menos una semana que las emociones dominan a quienes tienen la responsabilidad de devolverle la paz y la tranquilidad al departamento más pobre de Bolivia.
Por un lado, los potosinos se sienten abandonados por el gobierno de Evo Morales, presidente al que apoyaron con el 78,4% de los votos en las elecciones del año pasado. Por el otro, el Órgano Ejecutivo responde que grupos de radicales vinieron entorpeciendo los esfuerzos realizados hasta ahora para lograr un acercamiento. Lo cierto es que, por increíble que parezca, ambas partes dilapidaron valiosos días en la discusión de dónde o quién debe negociar, poniendo condiciones en lugar de mostrar una apertura desinteresada por el bien de todos.
Más allá de los contactos de las últimas horas, el paro tiene al país impresionado por la falta de capacidad de diálogo entre bolivianos. A fuerza de intolerancia, de falta de sentido común y de un interés verdadero en resolver el conflicto, hasta el momento prevaleció la inconsciencia. Las pérdidas económicas que genera la medida de presión en Potosí, donde se encuentra el Salar de Uyuni, atractivo turístico sin par en el país, dejan al descubierto la miopía tanto de cívicos departamentales como de autoridades nacionales.
Para colmo de males, la legitimidad de las protestas de unos rivaliza con la violación de los derechos de los demás.
Es el caso de los bloqueos de caminos, con los que miles de personas —entre ellas visitantes nacionales y extranjeros que mueven la economía, especialmente, de las ciudades sureñas— suelen permanecer en completa indefensión.
La situación es ya angustiosa y resta por negociar la cuestión de límites entre Quillacas y Coroma, la apertura de la planta de Karachipampa, la preservación del Cerro Rico, la atención a proyectos viales, la construcción de un aeropuerto y la instalación de una fábrica de cemento. En este último punto, la lógica manda realizar un estudio de factibilidad, para establecer las mejores condiciones que puedan viabilizar este proyecto y evitar una aventura que podría acabar mal.
Es cierto que para cada caso, el Presidente tiene colaboradores preparados, seguramente, para dar respuestas. Pero, ¿y si él aceptase dialogar con los potosinos? ¿Qué se perdería? ¿Qué se ganaría?
Cambio: Atentado en Colombia
Un coche bomba estalló en la madrugada de ayer en Bogotá y dejó nueve personas heridas e importantes daños materiales en 1.160 edificaciones, según diversos reportes conocidos ayer desde esa capital. Se trata de un atentado terrorista ocurrido a menos de una semana de la investidura del presidente Juan Manuel Santos y a sólo dos del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela.
El atentado se produjo frente a la estación de radio Caracol y las oficinas de la agencia de noticias EFE; se trata del estallido de un automóvil cargado con unos 50 kilos de nitrato de amonio y una pipeta de gas propano, informó el alcalde de la ciudad, Samuel Moreno. Caracol es uno de los dos grandes grupos de radio y televisión privados de Colombia y se caracteriza por ser una cadena de informativos y programas de opinión.
En las oficinas de Caracol, gran parte del techo se desplomó y el edificio quedó seriamente dañado, por lo que debió ser evacuado, aunque el comandante de la Policía de Bogotá, general César Pinzón, señaló que todavía se investiga el origen y autores del atentado, del que aún no se tiene certeza sobre si estaba dirigido contra la radioemisora.
No obstante, todos los indicios señalan que se trata de un atentado terrorista que constituye una acción intimidatoria en contra de las iniciativas anunciadas recientemente por el gobierno del nuevo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y de su colega venezolano, Hugo Chávez Frías, quienes, tras su reciente reunión de Santa Marta, decidieron promover la paz y la estabilidad, no sólo en sus países sino en América Latina.
Las relaciones colombo-venezolanas quedaron rotas luego de que el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe acusara a Venezuela de albergar campamentos guerrilleros, denuncia que nunca fue probada y que fue vinculada a una política guerrerista que desarrolló durante los ocho años de su mandato en contra del proceso revolucionario venezolano.
Es en este contexto que las voces de condena contra ese atentado criminal se multiplicaron y todas se solidarizaron con la administración gubernamental del presidente Santos y con el pueblo colombiano.
El Gobierno de Venezuela repudió el atentado y lo calificó como "un acto contra el pueblo colombiano y deseo de vivir en paz". En un comunicado, la Cancillería venezolana señaló que "el pueblo y el Gobierno venezolano repudian de la manera más enérgica este acto terrorista dirigido contra el hermano pueblo de Colombia y contra su ferviente deseo de vivir en paz".
En tanto que el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, expresó su solidaridad con las víctimas, "así como con los habitantes y trabajadores de esta zona de Bogotá, incluido el personal de Caracol Radio y la agencia de noticias EFE".
El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el argentino Néstor Kirchner, expresó su "apoyo y solidaridad" al pueblo de Colombia y al presidente Santos, y reiteró la intención y el empeño de todos los países que conforman el bloque regional para trabajar en el mantenimiento y conservación de la paz en la región.
Pero, ¿a quiénes les interesa perforar el reciente acuerdo entre Bogotá y Caracas que permitió superar el más grave incidente entre el ex presidente Uribe y el presidente Chávez y la exhortación que éste hiciera para que los grupos guerrilleros colombianos dejen las armas y entreguen a los secuestrados?
Según el experto colombiano Jairo Libreros, ese acto terrorista buscó enviar un mensaje claro al gobierno de Santos, en el sentido de que las FARC siguen presentes y aseguró que hay otro asunto "preocupante", el hecho de que "el Gobierno colombiano ha perdido no sólo la capacidad de anticipación, sino también de respuesta".
No obstante, según el ex presidente Ernesto Samper, "no se puede descartar en este momento ninguna hipótesis", porque "hay terroristas de izquierdas y de derechas", y advirtió que en este momento lo más importante es "interpretar qué mensaje se trata de mandar", pero señaló que "si son las FARC habrá que ser muy claros y específicos en la forma como se condene esto, o si son otros sectores interesados en crear un entorno desfavorable a la nueva administración del presidente Santos".
Además, si en su primera etapa el uribismo debió mostrar dureza ante la subversión guerrillera y la revolución bolivariana de Venezuela, en la segunda etapa, encabezada por Santos, busca consolidar el modelo tratando de enfriar el calentamiento producido por tanta belicosidad, apuesta por mejorar sus relaciones con Caracas y abrir una oportunidad a la paz.
En este contexto es imprescindible que las autoridades colombianas esclarezcan el atentado terrorista de Bogotá, ya que de ello dependerá el fortalecimiento del acercamiento con Venezuela —pese a sus diferencias ideológicas— en el marco de la integración regional que reclama América Latina.
Las autoridades colombianas deben esclarecer el atentado terrorista, ya que de ello dependerá el fortalecimiento del acercamiento con Venezuela —pese a sus diferencias— en el marco de la integración regional que reclama América Latina.
La Prensa: El conflicto de Potosí, sin solución
El Gobierno parece limitarse a la espera de que las dificultades que sufren quienes lo impulsan terminen diluyendo el conflicto generado?
Han transcurrido más de 15 días del conflicto en Potosí y, más allá del deterioro de las relaciones entre quienes lo impulsaron y quienes serían los llamados a buscar una solución a través del diálogo, la situación no ha cambiado absolutamente nada, más allá de la expansión que ha sufrido la protesta y los daños consecuentes en este tipo de situaciones, desde la escasez de artículos de primera necesidad hasta la ausencia de servicios vitales, como los de educación y salud.
Más allá de si las exigencias que impulsa el Comité Cívico Potosinista son justas o no, no deja de extrañar la posición del Gobierno de don Evo Morales que parece limitarse a la espera de que las dificultades consecuentes de este tipo de situaciones para quienes los impulsan terminen diluyendo el conflicto generado. El Gobierno no ha dado muestra de ninguna intención de buscar el diálogo que ayude a encontrar alguna solución a las exigencias regionales. Es justamente esta extraña posición oficialista lo que ?en lugar de calmar las aguas? ha impulsado la expansión del conflicto mucho más allá de los límites de la ciudad de Potosí.
Naturalmente esta dispersión del conflicto ha tenido consecuencias dañinas que seguramente tendrán un efecto duradero en la economía del país, tal es el caso del numeroso grupo de turistas varados en la capital potosina que no pueden burlar los bloqueos organizados, con todas las consecuencias que pueden derivarse de esta situación, desde la escasez de dinero hasta la falta de alimentación. Este hecho ha impulsado a que algunos países europeos pongan a Potosí en la lista negra de los destinos turísticos, lo que complica el desarrollo de esta industria en el país, más aún si tomamos en cuenta que entre las mayores atracciones turísticas de Bolivia están el Salar de Uyuni y la denominada Villa Imperial.
Pero claro, los daños económicos son mucho mayores ya que las noticias más recientes nos hablan de que todo el aparato productivo minero de Potosí está al borde de una paralización total, más aún cuando la toma por más de 500 comunarios de una planta generadora de electricidad que provee de energía a la Empresa Minera de San Cristóbal, con la amenaza de cortar el fluido eléctrico, ha provocado la paralización de las operaciones de este proyecto minero, el más importante que tiene el país. A todo esto se suma el hecho de que las Naciones Unidas ha declarado que el bloqueo y otras medidas de protesta causan masivas violaciones de los derechos humanos, cuyas principales víctimas son los sectores menos protegidos de la población.
Lo descrito antes sólo es una parte de los grandes problemas que está acarreando el conflicto potosino al país y, aunque aparentemente ya existe un acercamiento entre el sector conflictivo y el supremo Gobierno, la opinión pública aún no vislumbra intenciones realmente abiertas de parte del oficialismo para buscar senderos que conduzcan a una solución inmediata de este conflicto que ya ha llegado a límites insoportables para cualquier sociedad. Tal parece que el Gobierno antepone a cualquier problema sus intereses políticos, una postura que parece expresarse en el empecinado silencio asumido por el presidente Morales en torno al tema.
El Diario: Clamor para el cumplimiento del deber
No es la primera vez que el Gobierno no acude a los lugares de conflicto para dar solución a las demandas que se le plantea, bajo la óptica de que los problemas se resuelvan por sí mismos. Conflictos como los que ahora se prolongan en Potosí por 15 días, pueden terminar en violencia o en excesos, como sucedió en Huanuni y Caranavi, entre otros. Sin la intervención del Estado no se ve una alternativa de solución a los movimientos de protesta de la Villa Imperial, a los que se plegó el propio Gobernador del MAS. Las reticencias de los ministros a un encuentro claro y definitivo o los “malos entendidos”, como lo de Sucre, sobre el recinto de reunión de las partes parecen obedecer a una estrategia de “dejar hacer y dejar pasar”.
Tanto en Potosí como en los demás departamentos se pide la presencia del presidente Morales en el lugar de los hechos, la que se considera clave para un esperado acuerdo. La respuesta hasta ahora es sinónimo de silencio, en un personaje que no escatima el discurso. Esta actitud indolente se lamenta de uno a otro confín del país ante los padecimientos y privaciones que sufre la población potosina y los centenares de viajeros por carretera y ferrocarril: mayores, mujeres, ancianos y niños -nacionales y extranjeros- por un bloqueo de características salvajes, sin alimentos, agua, abrigo ni asistencia médica y donde ni el dinero vale.
Lo propio padecen decenas de turistas al pie del Cerro Rico, poco menos que en condición de rehenes, a quienes se les niega toda posibilidad de salida sin respeto alguno a los derechos humanos. De regreso a sus países y después de tan dura experiencia no podrán dejar de desalentar el turismo a Bolivia, con grave perjuicio para esta actividad que no goza del flujo masivo de los países vecinos. Todo lo anterior no ha sido suficiente para que nuestro Gobierno intervenga y aporte soluciones, abriendo nuevamente paso a la anarquía. Hasta el momento la abstención del Primer Mandatario constituye un misterio. Nadie sabe sus razones para no acceder al clamor de los cuatro puntos cardinales de nuestra geografía.
Si se tiene evidencias de un complot o de un atentado se las debe denunciar de inmediato, de lo contrario no existiría motivo para que el Presidente sustraiga su concurso, cumpliendo así con la ley y con un irrenunciable principio de responsabilidad. Atribuir la magnitud del conflicto a una adhesión o movimiento inspirado por el alcalde René Joaquino, no reúne las condiciones necesarias que le otorguen validez, al paso que un castigo supuestamente ejemplarizador contra un pueblo que renovó su voto de confianza a dicha autoridad local, sería patentizar que la democracia no es tal si no beneficia al oficialismo.
Asimismo, la adhesión del gobernador Félix González al movimiento cívico-reivindicatorio de su pueblo, es otro factor que ha descolocado al Gobierno, en cuya costumbre no figura la contemporización y menos el perdón, no sólo hacia quienes le resultan incómodos desde la oposición, sino hacia sus propios militantes entronizados cuando no se ajustan a su severa disciplina de incondicionalidad. Ciertamente no sería bien visto que como en Sucre imponga a un sucesor ilegítimo o practique otra forma caprichosa en la Gobernación potosina. Este es el dilema que se le presenta al oficialismo: deshacerse de un Gobernador elegido por el voto popular a quien por ahora prefiere ver de reojo.
Sin entrar al problema que le plantean las exigencias del departamento de Potosí, algunas presuntamente carentes de análisis y de planificación, ni tampoco tocar el tema de territorios en disputa con Oruro a causa de supuestas riquezas minerales estratégicas que despiertan la codicia de las dos regiones limítrofes, el criterio colectivo es que el Gobierno actúe pronto superando responsablemente su estrategia contemplativa y dejando de lado la solución por el desastre que, por supuesto, no ha de ser solución.
El Mundo: Obligados
Después de haber estado haciendo esfuerzos por conseguir un tema para desarrollar esta nota, al final nos dimos cuenta de que el tema obligado del día no dejaba de ser el relacionado con el conflicto que desde los últimos días de julio, tiene preocupada a la ciudadanía en general, por un lado por la intransigencia de los potosinos y por otra por la incapacidad de las autoridades para encontrar una solución al tema.
En el primer caso, tenemos que coincidir que fueron los potosinos quienes dieron la voz de alerta, por su capacidad de tomar decisiones radicales, pero que como andaban las cosas en el país, podía haber salido por cualquier otro distrito, porque todos tiene algo que exigir desde hace mucho tiempo y que el Gobierno que ofreció encontrar soluciones para todos los problemas, finalmente no encontró una satisfactoria para el primero con características de gravedad que se le presentó.
En el segundo caso, la situación se pone todavía más difícil, porque quien llegó al palacio quemado para cumplir todo lo que había ofrecido a los bolivianos, en todos los años de su lucha sindical, que exigía a los gobernantes que den solución a los problemas que planteaba y que inclusive fue capaz de dar todos los pasos necesarios para que el gobierno de Sánchez de Lozada tuviera finalmente que salir del país contra su voluntad, por la incapacidad demostrada en su gestión, ahora resulta que tampoco era capaz de hacerlo, o lo que es más grave, no hizo el intento.
Estos quince días de paro en Potosí han servido para que el Presidente se dedique a visitar algunas provincias cruceñas, otras de Tarija y finalmente no pocas de su llajta e inclusive distraerse con un partido de fútbol mientras los potosinos eran atendidos por servicios médicos de emergencia que los obligaban a abandonar la huelga debido a la gravedad de su estado.
Merece una atención especial el trabajo de los negociadores, en un ambiente en el que se hace seria críticas a la discriminación, mientras se aprueban y se ejecutan normas discriminadoras, no resulta extraño que los ministros hubieran llegado a proponer el diálogo como si se tratara de un grupo de gente irracional al que había que poner en su lugar, porque estaba en una acción deliberante.
Si quieren hablar vengan aa La Paz uqwe los estamos aesperando fue la priemra propuesta y luego como una medida salomónica surge la idea de proponer como campo de negociación ala ciudad de Oruro, lo único que hizo ala propuesta fue refrescar la amemoria y poner en el tapete un viejo probleman de límites que hoy resulta elpunto neurálgicvo de la negocación.
Era necesario buscar un nuevo lugar de negociación y que nuestro criterio los potosinos no supieron aprovecharlo, sucre, pocos días antes desairada en su condición de capital de la vieja república y también del nuevo estado plurinacional iba a ser el nuevo campo neutral y otra vez el discurso de suficiencia de quienes pedían una diálogo que al final ira a resultar un diálogo de sordos, nosotros hablamos y ustedes digan también lo que quieran, total no se escucha, pero como son intransigentes, agentes del imperialismo y de la derecha no aceptan ceder en todo.
Como si eso fuera poco comienzan a vislumbrase fisuras en la estructura del Gobierno y verse que el superhombre sobrevuela en su avión aerodinámico
Opinión: El lío de los choferes ante la falta de autoridad
Muchos problemas que a diario enfrenta la población, es decir, la gente que vive y ejercita a diario sus actividades emergen simple y sencillamente de la falta de capacidad de las autoridades. Los problemas, de ese modo, se desarrollan en un ambiente de total indolencia y se reproducen con toda su carga de perjuicios e irracionalidad en el tiempo, porque nadie se ocupa de buscar soluciones pensando en el bien común.
Lo que sucede, casi a diario, con el lío de los choferes de transporte urbano, de los ?libres? y ?federados? es un ejemplo preciso de que la población no tiene a quien acudir en busca de respeto y consideración. Dos gremios, unos que reivindican su condición de sindicalizados y otros de libres, bloquean las calles cuando les da la gana, se trenzan en peleas violentas y delictivas destrozando sus vehículos e hiriendo a los pasajeros y bloqueando calles y avenidas cuando mejor les parece.
En este escenario del absurdo y del abuso, las autoridades municipales miran con indolencia asumiendo su propia irresponsabilidad, pero dejando pasar el problema, hasta que se repite una y otra vez, o sea que el abuso se convierte en una especie de salvoconducto para los violentos y abusivos, firmado por la inercia de las propias autoridades.
Los choferes expresan una especie de estado mental en el que se consideran con derechos sobre las calles y avenidas, son los que se disputan una ciudad, porque creen ser propietarios y porque la autoridad legalmente constituida se los ha permitido en el tiempo, es decir, en esa repetición de lo irracional y que se ha convertido en algo casi normal ante la autoridad. Ni municipio, ni Tránsito, ni otra instancia jurisdiccional ponen freno a una situación que ya no sólo genera violencia, sino que ha convertido a los choferes en vulgares gamberros.
A las autoridades municipales es necesario recordarles algunos conceptos rápidos sobre su misión y decirles que una definición sencilla sobre los servicios públicos que la Municipalidad tiene la obligación de prestar a la colectividad es aquélla que señala que son actividades encaminadas a posibilitar y facilitar la vida colectiva. La prestación de un servicio público supone un complejo técnico y administrativo puesto al servicio de la comunidad.
La Municipalidad tiene entre sus obligaciones un conjunto de servicios públicos que los tiene que brindar a la población, una veces de manera directa y otras de forma indirecta.
Un servicio público es el del transporte urbano. Ningún municipio ni gestión edil puede rehuir asumir su responsabilidad en este asunto, por más que guarde características tan especiales, como ocurre en el caso de la ciudad de Cochabamba.
El transporte en nuestra ciudad ha sido copado por gremios, sindicatos, por grupos de choferes que se han apoderado de las rutas, unas veces por la permisividad de la propia Municipalidad y otras por el chantaje que ejercitan los dirigentes sobre las autoridades por situaciones políticas y electorales. Sin embargo, lo que está ocurriendo en esta ciudad conquistada por la prepotencia de los choferes, tiene su origen en la falta de políticas claras municipales que organicen y reorienten las rutas de los ?federados? y ?libres?.
Con un mínimo de inteligencia de las autoridades, y desde luego voluntad, se podría otorgar soluciones en bien de la ciudad y principalmente del usuario, que es, al final de cuentas, el que mantiene este servicio y, paradójicamente, tiene que soportar a nombre de un servicio, la arbitrariedad y la prepotencia, en un escenario donde ya no sólo falta principio de autoridad, sino que en verdad no hay autoridad.
Clarín, Argentina: Evaluación de la calidad educativa
La evaluación de la calidad educativa es un presupuesto indispensable para adoptar los correctivos necesarios para mejorar la formación de los estudiantes del país.
Por eso, a partir de la realización en estos días del Operativo Nacional de Evaluación en las escuelas secundarias -que producirá una radiografía de contenidos, capacidad cognitiva y desempeño adquiridos en las áreas de Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales- se podrá tener un mejor conocimiento de la realidad de nuestras aulas, de la distancia que presenta nuestra educación con la de otros países aun de la región en los que se evidencia una notoria jerarquización de la escuela. En octubre, este operativo se realizará en las escuelas primarias. Es necesario que estas evaluaciones tengan continuidad y una periodicidad adecuada, pero por sobre todo que las conclusiones den lugar a cambios que tengan impacto real en la calidad educativa.
En el último operativo, concretado en 2007, el 65% de los alumnos secundarios tuvo un nivel bajo de desempeño en matemática. El operativo de este año permitirá conocer, entonces, si ha mejorado este rendimiento o no, y en este último habría que presumir que las autoridades no han tomado debida nota de la realidad y que la evaluación ha carecido de efectos prácticos.
Tomar en serio la educación significa mejorarla día a día, en especial en sus puntos más flojos: matemática, ciencias naturales y lengua. Mientras esto no ocurra, se incrementará la desigualdad educativa, agravando el nivel de exclusión social.
La puesta en marcha del Operativo Nacional de Evaluación debe tener, como correlato posterior, la implementación de los cambios que se requieren para elevar la calidad educativa.