¿El Estado soy yo?


image

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Evo en su laberinto

  2. Bajo el Penoco, El Día: Vuelvan en septiembre

  3. Los Tiempos: ¿El Estado soy yo?

  4. El Deber: La ‘cacería’ tras el poder total

  5. La Razón: Urupabol

  6. Cambio: Una agencia para dignificar

  7. La Prensa: Hacia el control total del poder

  8. El Diario: Gobierno y empresarios, ¿en unidad y concordia?

  9. El Mundo: Divertido

  10. Opinión: Poderes internos y pugnas de Gobierno

  11. Clarín, Argentina: El Gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa


El Día: Evo en su laberinto

El Presidente ofreció una prolongada conferencia de prensa, el pasado jueves y respondió a cada una de las casi treinta preguntas que le hicieron los periodistas. Estaba ansioso y pedía que no lo interrumpan. Quería hablar. Había tantas cosas acumuladas, desde el tema del alemán Dirk Schmidt, pasando por Potosí, el pedido de renuncia de ministros y por supuesto, los incendios que agobian a siete departamentos del país. Era como si estuviera en un laberinto del que sólo se puede salir con una palabra mágica: “conspiración”.



“Traidores”, “conspiradores”. Finalmente el presidente no ha encontrado otra respuesta para definir el paro de 19 días de Potosí, conflicto que lo ha dejado muy afectado (“antes no protestábamos así, nunca quemábamos banderas ni muñecos representando al presidente”, ha dicho). Ni la catarsis a la que se ha sometido estos días con el derrocamiento del alcalde potosino, René Joaquino, el arresto del jefe municipal de Warnes y el acoso a los gobernadores de la oposición, le ha ayudado al Primer Mandatario a salir del estado de shock causado por conflicto más importante desde el 2003.

A juzgar por las palabras del Presidente, el país sigue en la misma situación que el 2008, el año más duro desde que asumió el poder y todavía falta mucho para ingresar a la etapa del “cariño” que prometió el pasado 6 de agosto. Cree que los potosinos y ahora también los campesinos de La Paz, que le exigen que eche a por lo menos cinco de sus ministros, han asumido la misma actitud que las regiones de la Media Luna, donde puso a raya a la oposición regional a punta de persecución, acusaciones y leyes que institucionalizan los derrocamientos. Tumbar a René Joaquino y comenzar a hablar de conspiración en el departamento que lo apoyó con más del 70 por ciento en las elecciones, lo coloca en una tarea mucho más delicada. 

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Desentenderse de los indígenas del oriente boliviano fue un trámite menor para el Presidente, pero podría no resultarle tan fácil darle la espalda a los originarios y campesinos del Altiplano, que están amenazando con cercar la ciudad de La Paz si el Gobierno no accede a sus demandas. Evo Morales les advierte a los sindicatos en apronte que no pierdan el tiempo, porque no va a hacer cambios en su gabinete. A los dirigentes les deben sonar raras esas palabras después de haber escuchado tantas veces que este Gobierno les pertenece a los movimientos sociales.  El Primer Mandatario ha afirmado que sólo va a botar a los ministros que estén ligados a la corrupción, aunque no dice nada de la calidad de la gestión, factor que parece estar generando el descontento.

Por último, el laberinto parece habérsele complicado también dentro de casa. Por primera vez, el presidente admite que al interior del Gobierno hay “infiltrados” (en esa categoría colocó al alemán Dirk Schmidt) y que también hay políticos de la derecha que cumplen funciones en el Estado Plurinacional. Un senador del MAS cree necesario iniciar una purga, aunque todo indica que la depuración ya empezó y no precisamente en la orientación de la que habla Evo Morales. Todo indica que el laberinto tiende a complicarse aún más. Pese a todo, el Presidente prefiere irse de viaje y dejar el diálogo para su vuelta.

 

El Presidente ve conspiradores por todos lados. A Potosí le han seguido las protestas en Oruro y entre los campesinos de La Paz.

Ir al Indice

Bajo el Penoco, El Día: Vuelvan en septiembre

El canciller David Choquehuanca les dijo a los campesinos de la Federación “Túpac Katari”, de La Paz, que tendrán que esperar hasta septiembre para reunirse con el presidente Evo Morales, cuando éste vuelva de su viaje a Corea. Se trata del tramo más largo que hará por primera vez el jefazo en su nuevo avión Falcon. “Qué lindo, dormir en las nubes, salir de noche y aterrizar en otro continente y en avión que es nada más que mío; qué delicia, sábanas nuevas, pijamas flamantes, mejores que las del Torísimo; todo con olor a nuevo, los asientos, el cuero lustrado, todo mío”. “Su Excelencia, ¿qué les decimos a los campesinos”. “¿Qué?, no me interrumpan pues así, soñando estaba. ¿los campesinos? ¿el cerco? ¿no hemos llegado a Corea todavía? Avisen pues, en Bolivia habíamos seguido. Tanto cerco, tanta protesta, ya ni viajar tranquilo dejan”. “¿Qué les decimos señor presidente a los campesinos?”.  “Ah, díganles que no lo voy a sacar al Sacha, que hagan su cerco a ver si pueden, bien testarudo me he vuelto”.  “Les hemos dicho que vuelvan en septiembre ¿está bien?”  “Mejor, mejor, hasta eso ya se nos ocurrirá algo”.

Ir al Indice

Los Tiempos: ¿El Estado soy yo?

NUESTRA PALABRA

Los más recientes actos presidenciales dejan sin sustento las esperanzas de un cambio de actitud que había despertado su discurso del 6 de agosto

El pasado jueves en la mañana, el presidente del Estado, en una inusual conferencia de prensa, arremetió con excesiva dureza en contra de los dirigentes -de su partido y cívicos así como de otras tiendas políticas- de Potosí por haberlo traicionado; defendió a su ministro de Gobierno respecto a la denuncia en sentido de que presionó para que un ciudadano alemán -que se declara partidario de él- sea trasladado ilegalmente a la cárcel de Chonchocoro; y menospreció a dirigentes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, que amenazaron con realizar un cerco a la sede de Gobierno si no echaba a cinco ministros.

En la tarde, seguramente molesto porque en un seminario sobre la situación energética del país se comprobó que el país, con la nacionalización, perdió la oportunidad de ser el centro de distribución de gas en la región, exigió a los ejecutivos de las empresas petroleras que inviertan dinero y no se inmiscuyan en política apoyando a sus opositores y saludó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por invalidar la aplicación de un tratado militar entre ese país con Estados Unidos, interpretando esa sentencia por una presunta decisión de los jueces de "escuchar" a los pueblos (seguramente no le explicaron, por un lado, que ésta era porque no se siguió el procedimiento establecido por ley ni, por el otro, que el funcionamiento de una Corte de esa naturaleza en el país haría que sus miembros sean objeto de persecución implacable).

En forma casi simultánea, comenzó nuevamente a funcionar la máquina represora del Ministerio Público, cuyo resultado fue la licencia del alcalde de Potosí, la declaración ante una fiscal del gobernador de Santa Cruz, la anotación de bienes del gobernador de Tarija y el inicio de investigaciones en contra del alcalde de Santa Cruz. Además, desde la Policía, el apresamiento del alcalde de Warnes. Todos ellos opositores a la actual gestión.

Así, en menos de 24 horas se contradijo el discurso que el presidente del Estado pronunció en la celebración del 6 de agosto, en el que expresó su predisposición a entablar una diálogo con las autoridades regionales, así sean opositoras, si las acciones concertadas benefician a la gente. Entonces, hubo un aplauso generalizado a ese cambio de actitud y nació la esperanza de que consolidado en el poder y producidas las leyes sustanciales del nuevo armazón estatal, el primer mandatario se enrumbaría en la construcción de la nueva institucionalidad estatal tratando de concertar antes que imponer, que es la mejor receta para hacer que los cambios sean difícilmente reversibles.

Se trató de una esperanza pasajera, porque además del retomar la actitud de enfrentamiento, se debe anotar que los discursos del Presidente adquieren, cada vez más, un tono trascedente. Al parecer, está convencido de que él expresa a la nación, la verdad y el cambio. Por tanto, quien disiente, lo desafía o critica no sólo lo ofende, sino perjudica a la nación y es expresión de intereses oscuros y antinacionales que no pueden ser tolerados en el estado que él comanda.

El país vive, pues, un peligroso proceso de personificación del poder que -si se consulta la historia- a nada bueno conducirá.

Ir al Indice

El Deber: La ‘cacería’ tras el poder total

Como parte de una muy clara estrategia de concentración absoluta del poder, el Gobierno de Evo Morales quiere gobernaciones y alcaldías totalmente expurgadas de opositores. Que no quede huella de su presencia en aquellas reparticiones. Para ello sale de ‘cacería’ y con unos diligentes y empeñosos fiscales somete a dichas autoridades a un nutrido tiroteo procesal-penal que, día que pasa, aumentando de intensidad, amplía su número de blancos.

Uno de los casos más recientes y notorios es el de René Joaquino, alcalde de Potosí, elegido en el cargo por una amplia mayoría ciudadana. Casi a la par del burgomaestre potosino también fueron inhabilitados los alcaldes de Bermejo (Tarija) y Warnes. Porque están en la mira, una media docena más de autoridades ediles no oficialistas podría tener la misma suerte en los próximos días.

En suma, en estos momentos no hay en el país autoridad alguna que pueda sentirse segura en sus funciones si no es de la línea gobiernista, por más democrática y legítima que hubiese resultado su elección a través de una avalancha de votos.

A los alcaldes ya suspendidos se los acusa formalmente de manejos ilícitos de recursos y de otras irregularidades. Sí, formalmente. Es decir, en base a una simple sindicación sin el imprescindiblemente necesario acompañamiento de pruebas.

En los enrarecidos tiempos actuales, esto basta para que se suspenda del cargo a dichos funcionarios para después procesarlos. Antes no se podía proceder de tal manera sin previo auto de acusación de autoridad judicial competente, sobre la base de idóneas pruebas indiciarias y de un preliminar informe de la Contraloría General acerca de movimientos económicos, inversiones, gastos públicos y otros propios de una gestión.

Hábilmente, el régimen masista se hizo de una norma que le permitiera abreviar de forma drástica los procedimientos para sacar de las referidas funciones a sus opositores y reemplazarlos, en lo posible, por gente del oficialismo. Es lo que pretende ahora con el gobernador de Tarija, Mario Cossío, a quien un fiscal funcional al MAS de aquel departamento ya ha librado una acusación formal en contra de aquél por el presunto manejo ilícito de recursos regionales. Otros gobernadores a los que se busca acorralar con sendos procesos judiciales son los de Santa Cruz y Beni.

No vamos a defender a autoridades que posiblemente hayan cometido errores premeditados o no intencionales en su gestión. Si esto ocurrió nadie puede oponerse a que se les aplique la respectiva sanción, tanto administrativa como jurídico-penal. Lo que realmente es cuestionable a todas luces es el procedimiento y el objetivo que se persiguen desembozadamente.

El primero resulta totalmente arbitrario. En ningún país del mundo, incluso en los que registran los más bajos índices de desarrollo institucional, basta una simple sindicación para suspender de su cargo a un funcionario. Esta medida sólo corresponde cuando contra él pesa acusación fundamentada o sentencia ejecutoriada. Prevalece el principio constitucional de presunción de inocencia.

Entre nosotros, el Gobierno sepulta este valioso postulado y desconoce, de paso, la voluntad popular expresada en las urnas como es el caso de los alcaldes que resultaron electos en los últimos comicios y que ahora han sido suspendidos irregularmente de sus funciones. Si así lo hace, es por causas puramente políticas, referibles a su ya incontrolable propensión a tener todo el poder en regiones y jurisdicciones municipales de todo el país. No hay dónde perderse… 

Ir al Indice

La Razón: Urupabol

Urupabol, este mecanismo subregional que integra a Bolivia con Paraguay y Uruguay fue establecido originalmente como un bloque operativo regional del Banco Interamericano de Desarrollo en 1963. Un renovado compromiso de los tres países con su relanzamiento permite ahora sí avizorar resultados promisorios.

Los tres gobiernos de estos países vecinos decidieron, en 1981, instituirlo como un ente propio, más allá del BID, aunque preservando la coordinación de las partes en los organismos internacionales de carácter financiero. No obstante, con amplios criterios de integración añadieron otros objetivos como son la promoción de las condiciones de navegabilidad de sus ríos, así como conciliar sus legislaciones sobre navegación y promover el mejoramiento o desarrollo de la infraestructura para el transporte y las telecomunicaciones así como "estudiar proyectos y realizar otras acciones de interés común".

Luego de un letargo de tres décadas, debido tanto a razones políticas como económicas atribuibles a autoridades de los tres Estados, los gobiernos han decidido relanzar Urupabol priorizando la integración física a través de una adecuada interconexión navegable por el río Paraguay, utilizando las áreas francas cerca de Asunción, Nueva Palmira y Montevideo, y añadiéndose ahora la posibilidad de construir un puerto de aguas profundas para naves de gran calado en La Paloma, departamento de Rocha, litoral marítimo uruguayo frente al océano Atlántico. Las crecientes exportaciones de la soya cruceña, así como la producción del Mutún, constituirán aportes importantes de la economía boliviana que justificarán en buena parte esos esfuerzos.

El otro objetivo fundamental de carácter estratégico lo constituye la integración energética mediante la exportación del gas boliviano a Paraguay y Uruguay a través un gasoducto que se extienda desde Tarija hacia los otros dos países así como la venta de excedentes de electricidad paraguaya a su vecino del sur. La propuesta para viabilizar este objetivo ha sido planteada por el Mandatario paraguayo al emir de Qatar Hamad bin Khalifa al Thani, en ocasión de su reciente visita de esta semana a Asunción; el impulso financiero y tecnológico de esa potencia petrolera a estos emprendimientos puede ser sustancial para materializarlos en el corto plazo.

Si bien hay cierto escepticismo en esferas de los tres países sobre los alcances y beneficios de este mecanismo de integración subregional, debido a un pasado decepcionante y sin logros, es indudable que, con proyectos efectivos y la expansión de la economía boliviana en el oriente de nuestro país, la utilización apropiada de la hidrovía Paraguay/Paraná es viable ahora. En esa dirección, los tres gobiernos deberán reunirse el próximo mes de noviembre para evaluar los avances y perspectivas de esa auspiciosa marcha integradora bajo una nueva dinámica. Para nuestros pueblos, la cabal finalidad de Urupabol entonces tendrá sentido.

Ir al Indice

Cambio: Una agencia para dignificar

Ha resultado un verdadero acierto del Gobierno la creación -mediante Decreto Supremo 538- de la Agencia para el Desarrollo Integral para las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf). No sólo porque se ha planteado como una instancia ejecutiva para encarar proyectos específicos a lo largo y ancho de nuestras fronteras, sino porque, por fin, el Estado llegará a todos los rincones del jirón patrio y estará donde tiene que estar, sentando soberanía.

La Ademaf nos da la posibilidad de pensar efectivamente en el interés nacional y tener una visión de país desde el punto en que nos encontremos. Aún hace falta que todas y todos miremos más allá de nuestro terruño para ver el conjunto, ver el país desde la ventana de nuestras comunidades. Pero no sólo verlo, sino comprenderlo y promover acciones comunitarias que tengan precisamente ese sentido integrador, incluyente y solidario.

Todavía los bolivianos somos presos de nuestras visiones inmediatistas, sectoriales y regionalistas. El largo proceso de dominación colonial-neoliberal ha provocado un prejuicio localista que aún se expresa en el día a día, en los asuntos cotidianos. El individualismo capitalista ha limitado nuestra capacidad de lectura integral sobre lo que siempre fue Bolivia, lo que hoy emerge incontenible de la mano del Estado Plurinacional.

Resulta pues de gran importancia pensar en el desarrollo de nuestras fronteras y de las llamadas macrorregiones que, en el caso de la amazonia, cuentan con ingentes riquezas naturales que por siglos han sido explotadas de manera descontrolada y para beneficio de ajenos. La Ademaf viene a llenar un vacío, de los muchos que dejó el viejo Estado, que requería ser ocupado bajo mirada audaz para pensar precisamente en el desarrollo de todo el país, desde los centros de decisión política y económica hasta las comunidades más alejadas y olvidadas de la geografía boliviana. En esa perspectiva, resultan pues por de más importantes las acciones que desarrolla la Ademaf, como el reciente Foro para el Desarrollo Integral de la Macrorregión de la Chiquitania y el Pantanal, que se realizó en la localidad de Roboré entre los días 19 y 20 de agosto de 2010.

Ir al Indice

La Prensa: Hacia el control total del poder

El principio jurídico universal de presunción de inocencia ha desaparecido. Hoy todos los ciudadanos parecen culpables de cualquier delito?

En nuestro país, que marcha aceleradamente a un profundo cambio dejando atrás las estructuras de las políticas neoliberales, los bolivianos que no comparten la ideología gubernamental están atravesando por momentos difíciles.

Como nunca antes en democracia, se ha desatado una persecución contra parte de esos ciudadanos, tratando de defenestrarlos, en algunos casos, de los cargos para los que fueron elegidos o buscándoles cualquier presunto delito para apresarlos o, cuando menos, amedrentarlos.

En unos casos, como el de cinco alcaldes elegidos por voto popular, fueron las mayorías oficialistas de sus concejos las artífices de esos virtuales derrocamientos. Usando una cuestionada y abusiva ?ley corta?, se defenestró a esos alcaldes, todos ellos, coincidentemente, representantes de partidos políticos no oficialistas, para ser reemplazados por los del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Con esa misma ley se busca también descabezar a los tres gobernadores opositores y, así, copar todas las gobernaciones del país para no tener un solo escollo en el camino al cambio que se propuso el Gobierno después de tomar el control de los cuatro órganos del Estado Plurinacional y otras instituciones públicas, como la Aduana, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

En otros casos, el ministerio público asumió la función de verdugo contra los opositores políticos, contra críticos del Gobierno o contra quienes, habiendo sido oficialistas, exigieron con bloqueos y protestas el cumplimiento de promesas electorales que el Gobierno había olvidado.

Fue así que con relación al supuesto tristemente famoso caso de terrorismo de Santa Cruz se llamó a declarar a decenas de personas. El inclemente fiscal asignado al caso, Marcelo Soza, en algunas parece haber encontrado indicios de complicidad y las mantiene detenidas y, en otras, no halló nada comprometedor y las dejó en libertad.

Por ese medio se arremetió también contra bloqueadores y ex oficialistas, como sucedió con los casos de Caranavi y Potosí, y contra Félix Patzi o Gustavo Torrico y su contratado ayudante alemán Dirk Schmidt, a quienes se les busca y parece que no se les encuentra todavía ningún delito. Por si acaso, al alemán se lo mantiene preso. A ver si se le encuentra indicios de alzamiento armado, extorsión a menonitas, alianzas con presuntos terroristas o vínculos con la endiablada embajada estadounidense y sus organismos de cooperación.

El principio jurídico universal de presunción de inocencia ha desaparecido. Ahora todos los ciudadanos son o parecen culpables de cualquier delito hasta que prueben lo contrario. Los únicos inocentes son los que se someten incondicionalmente al mandatario o a aquellos poderosos ministros que le han creado un impenetrable cerco. Aquellos que para granjearse la voluntad del gran jefe firman decretos para autorizar adquisiciones directas, como las del millonario avión presidencial, violando la Ley Safco, porque están seguros de que nada les pasará.

Entretanto, la ciudadanía vive temiendo que en cualquier momento cualquier fiscal servil le quite injustamente su preciada libertad.

Ir al Indice

El Diario: Gobierno y empresarios, ¿en unidad y concordia?

El Presidente dijo que el Gobierno estaría dispuesto a trabajar en una especie de sociedad para derrotar a la crisis y emprender el desarrollo, en conjunción con el empresariado privado. Ésto implicaría que, finalmente, habría tácito reconocimiento del régimen de haberse equivocado; de entender, finalmente, que la actividad privada del país -al margen de posiciones político-partidarias- es boliviana y ama a este país como el que mejor pueda hacerlo y lo hace en relación con el tiempo en que se vive, con las realidades y perspectivas nacionales, sin resentimientos ni complejos de alguna clase.

Pero, si bien habría las mejores intenciones en el Primer Mandatario, habrá que esperar conducta semejante en el Vicepresidente que siempre se mostró reacio a cualquier concomitancia con todo lo que “suene a empresariado” por considerárselo “gamonal, reaccionario, antipatria, sirviente del imperio”, y otros calificativos. Conducta semejante habrá que esperar del partido MAS y de quienes están en el entorno presidencial, empezando por los ministros y, finalmente, de las conductas similares que adopten los miembros del Legislativo que, se entiende, actúa al unísono de lo que dispone el Ejecutivo.

Es tiempo de que las partes en discordia -Gobierno y comunidad nacional- actúen en consonancia para derrotar los males que adolece el país; entender que enfrentados nunca se llegará a resultados positivos y los problemas adquirirán dimensiones peligrosas. Reponer la unidad nacional es de vital importancia; reimplantar las garantías para el empresariado privado, es imperioso; es urgente restituir libertades para que el capital privado existente pueda reasumir -plena y libremente- sus actividades; disponer que las bases jurídicas para las inversiones nacionales y extranjeras sean una realidad en el menor tiempo; en fin, comprender que ser Gobierno no implica ser amo y señor de todos los habitantes, de sus bienes, condiciones de vida y posibilidades futuras.

Cambiar efectivamente implica que el reconocimiento de los yerros cometidos obliga a corregirlos; que las posiciones demagógicas y plenas de complejos, habrá que desterrarlas para siempre. Se deberá entender que ninguna generación desde la fundación de nuestra República, es culpable de lo malo que haya ocurrido antes y durante el Coloniaje; no endosar culpas de otros y de muy lejanos tiempos a la comunidad de hoy; hacer conciencia de que la soberbia -practicada durante más de cuatro años- no debe seguir en vigencia; en fin, mucho hay por cambiar.

Si el Gobierno da pasos positivos y cumple sus buenos propósitos, habrá que entender que la comunidad nacional -incluidos los adictos al régimen y su partido, el MAS- actuará con la misma conducta porque comprenderá que sólo con trabajo, unidad, eficiencia y capacidad se podrá vencer las dificultades, en armonía y sentido de responsabilidad.

No corresponde, en las actuales circunstancias, mantener vivas la confrontación, la división y todas las actitudes que implican desacuerdos y desunión. Compete a gobernantes y gobernados abandonar posiciones de enfrentamiento y discordia; no hacerlo querrá decir que el Gobierno actuó por pura demagogia y populismo barato y la colectividad no sabe ni puede actuar en consonancia con los sagrados intereses del país que, en todo caso, merece el esfuerzo y hasta sacrificio de todos para salir de la profunda sima de pobreza y subdesarrollo.

Ir al Indice

El Mundo: Divertido

Generalmente, cuando se ven las cosas desde la distancia, nos permiten aislarnos en el momento de tomar decisiones e inclusive de emitir opiniones, con la seguridad de que no siendo parte del problema, los resultados no nos afectarán en lo mínimo. El comentario viene a propósito de la afirmación hecha por el Presidente, quien manifestó que le daban risa las decisiones de las autoridades cívicas potosinas que resolvieron prescindir de su presencia, en ocasión de celebrar el Bicentenario de la participación de los potosinos en el movimiento libertario americano.

El comentario llego todavía más allá, ya que el Presidente ha manifestado que el hecho de que no lo inviten, lo libera de hacer llegar un regalo en el aniversario cívico, como si se tratara de la administración de sus bienes, de los cuales podría disponer para dar satisfacción a sus amigos que cada vez los conocemos mejor.

Nos imaginamos que la decisión del Presidente ha de ser también una razón importante para el análisis del Presidente Piñera junto a sus asesores ya que no sería extraño que en la próxima reunión donde se discutan temas relacionados con la reivindicación marítima boliviana, podría llegar un momento en que cuando las cosas tengan que ser resueltas en un partido de fútbol, como sucede con frecuencia, si las cosas no satisfacen, el amigo podría decidir llevarse su pelota.

Nos imaginamos que el tema está también tratándose seriamente dentro de los compañeros del sindicato campesino Túpac Katari, ya que por reclamones, los compañeros podrían quedarse sin recibir los regalos a los que el Presidente los tendría acostumbrados y ellos quedarían para dar satisfacción a sus ministros adulados que fueron observados por ese grupo que no alcanza a comprender el trabajo que ellos realizan, en beneficio del Estado Plurinacional.

Las situaciones que se han ido sucediendo en los últimos tiempos ha sido reiteradamente motivo de diversión para el jefe del Estado que no ocultó tampoco sus risa al enterarse de que los Estados Unidos decidieron retirarse de la guerra con Iraq, seguro de que la actitud no tiene otra explicación que la aceptación de una derrota, en una confrontación que vista de esa manera, sería sólo un pasaje intrascendente dentro de las relaciones internacionales y que no tendría ninguna trascendencia dentro de la actividad, no sólo política sino también económica a nivel internacional.

Y la verdad parece que las cosas chistosas resultan siendo contagiosas, ya que un par de parlamentarias también decidió sumarse a esta forma de actuar que al parecer da mejores resultados que el debate al que la oposición no es aceptada y resolvieron aparece vestidas de reos, para recordar que mientras las autoridades del Gobierno se divierten, hay personas encerradas en la cárcel sin el proceso correspondiente y lo más grave, contra lo establecido por las normas ya que según dicen ellas, nadie puede ser detenido por un tiempo prolongado sin la instauración del correspondiente proceso, para verificar si la detención se justifica o sólo está hecha para quitar del medio a los adversarios políticos.

Sería importante que contando con la mayoría parlamentaria, la decisión de conformar un gabinete, aunque no caiga bien a las organizaciones sociales que según las palabras del mismo gobernante, son el sustento de su gobierno y el control de todos los estamentos de la administración, se deje de lado la diversión por algún momento, con el fin de que el Estado Plurinacional muestre la diferencia que aspira tener con la vieja República que durante sus 185 años, alguna experiencia ha debido acumular para dejar de lección, para que pueda ser aprovechada en el futuro.

Ir al Indice

Opinión: Poderes internos y pugnas de Gobierno

En las últimas semanas, la administración gubernamental se ha caracterizado –al margen de los conflictos regionales– por enfrentar un ambiente político enrarecido que se origina en altos niveles políticos partidarios y que tiene repercusiones en cargos de Gobierno.

No es cosa del otro mundo que en el interior de los partidos políticos en función de Gobierno existan discrepancias ideológicas, pero generalmente, aquéllas que surgen por ambiciones de poder y de copar cargos públicos son las que más los afectan.

En el seno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se dice que existen por lo menos tres grupos de poder muy fuertes que son los que ofician a manera de grupos de presión o factores de poder sobre el partido y sobre el Gobierno, tomando en cuenta que la categoría de grupos de presión son todos aquellos que tienen influencia sobre el Gobierno sin ser necesariamente parte de él. Una estructura partidaria es compleja en su composición y mucho más en conciliar diferentes variables que son inherentes al manejo y la práctica política.

No se puede olvidar, en esta casi irrefrenable práctica de hacer paralelismos, que el poderoso Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) alcanzó el poder en 1952 dotado de una férrea unidad partidaria e ideológica, con un líder, un pueblo que lo sustentaba y una doctrina. Transcurridos los primeros años empezaron a surgir las primeras fisuras al interior del partido que luego se convirtieron en corrientes ideológicas contestatarias y que incluso provocaron el surgimiento de nuevos líderes o jefes partidarios. El MNR había arrinconado casi a toda la oposición política enviando a los contrarios a prisiones y campos de concentración, perseguidos y asesinados los pocos cuadros opositores de la Falange Socialista Boliviana (FSB) habían quedado aniquilados. Paradójicamente, la oposición a la maquinaria política y electoral del movimientismo surgió desde sus propias entrañas. Juan Lechín con el PRI, Wálter Guevara con el PRA, Siles Zuazo con el MNRI, y otros líderes menores, pero de influencia en el esquema inicial de la revolución fueron separados del proceso o voluntariamente se retiraron para fundar sus propios esquemas partidarios.

Hablando de lo que está ocurriendo ahora en el partido de Gobierno, que lleva el proceso de cambio, no se puede negar que existen situaciones internas que generan, como se está presenciando durante las últimas semanas, situaciones que por el momento están en el plano de las acusaciones y contraacusaciones, aunque no por ello se ha eximido a los disidentes de la condena partidaria y de los procesos judiciales. Hombres tan influyentes como Gustavo Torrico son separados de las filas partidarias y del esquema gubernamental en un encono indisimulable con el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, o el ex candidato a gobernador de La Paz, Félix Patzi, duramente sancionado por una borrachera, el ex director de Penitenciarías, el ex sacerdote renunciante con lágrimas que acusa de presiones al ministro Llorenti y otros que no se van contentos de la estructura gubernamental.

Las purgas partidarias se realizan muchas veces con motivo o a raíz de ese juego de poderes internos que pugnan por cargos públicos o que vienen de resentimientos, o que tienen reacciones reflejadas en el hastío que motiva ver figuras políticas que a sentir de algunos no representan los intereses de la revolución o del proceso de cambio. Falta conocer, en la realidad actual del Gobierno, cuáles son los grupos de poder internos, a quienes representan y cuáles son sus objetivos inmediatos. Esta realidad podrá marcar el rumbo de este proceso y su sobrevivencia en el tiempo.

Ir al Indice

Clarín, Argentina: El Gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa

Después de su derrota en las elecciones legislativas del año pasado, el Gobierno nacional desestimó todo cauce autocrítico. En cambio, se abroqueló en la errática convicción de que su descrédito ante la ciudadanía, expresado con elocuencia en las urnas, se basó en una presunta influencia negativa de los medios. Y en base a esa conclusión de escasa raigambre republicana, emparentada con modos y acciones propias de los regímenes opresivos más intensos, pasó a desarrollar una estrategia de hostilidad y persecución de aquellas voces periodísticas críticas de la gestión gubernamental. El mentor de ese plan fue y es Néstor Kirchner, con sus máximos consejeros, entre ellos el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Y el objetivo, nunca tan bien aplicado el término de reminiscencias militaristas y bélicas, ha sido y es, principalmente, el Grupo Clarín y sus medios de comunicación.

Así, se fueron sucediendo acciones combinadas, en un operativo de pinzas inédito e incesante, de los cuales fueron puntos centrales la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy impugnada ante la Justicia; la persecución y ensañamiento contra Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos de la directora de Clarín; la hostilidad planificada y gradual hacia la fusión de Multicanal y Cablevisión, contraria a las decisiones del primer gobierno de Néstor Kirchner, hasta llegar a la reciente y burda maniobra de despojar a la empresa de la provisión de su servicio de Internet a través de Fibertel. Más el trofeo mayor: el apoderamiento, por cualquier medio y contra todo principio de legalidad constitucional, de los activos de Papel Prensa mediante la construcción de un relato falso de toda falsedad, faccioso y propio de una organización paragubernamental. Con el agravante de que para ello se puso en marcha todo el poder del Estado, médula de la sociedad.

El control absoluto de Papel Prensa, de la cual se viene anunciando un ?informe final?, es una decisión ya tomada: el Gobierno pretende adueñarse de los activos y controlar la empresa, manejar la producción de papel nacional para la impresión de diarios y someter así al periodismo independiente hasta llevarlo a una convivencia dócil con el poder. Un esquema que hunde sus raíces en las formas más arcaicas de la política.

¿Por qué Papel Prensa es tan codiciada por un Gobierno que hace del poder una ostentación continua e ilimitada de la mera fuerza por sobre el llano Derecho? Hagamos un rápido repaso. Papel Prensa nació como respuesta a la necesidad de que el país contara con una industria nacional de fabricación de papel para diarios, el insumo básico de la prensa escrita. Los principales accionistas de la compañía son Clarín (49%), La Nación (22,49%) y el Estado nacional (27,46% directo y 0,62% de propiedad de la agencia oficial de noticias Télam). Papel Prensa es el principal proveedor de papel de diario del país y abastece el 75% del consumo nacional. El restante 25% del papel se importa sin ningún tipo de aranceles o impuestos, lo que pone a la empresa en una situación competitiva que ninguna otra industria enfrenta en el país: la de competir con los productos importados sin ningún tipo de protección.

Hasta el nacimiento de la empresa, el papel en el que se imprimían los diarios en la Argentina era importado. Los editores periodísticos dependían de importadores de papel, de las fluctuaciones del dólar y, en especial, de las restricciones a la importación que los gobiernos de turno aplicaban para controlar, presionar y en algunos casos someter a los medios escritos.

Con esa percepción de control sobre los criterios editoriales independientes de la prensa gráfica, es que hoy el Gobierno pretende adueñarse de los activos de Papel Prensa y controlar a su antojo la empresa, como parte de su obsesión por la domesticación de las voces periodísticas que no consigue avasallar o al menos estandarizar a medida de sus intereses y necesidades.

Estas, y no otras, son las razones por las que la empresa es blanco desde hace tiempo de una escalada de violencia y de intimidaciones contra sus directivos, de igual o mayor dimensión e intensidad que las amenazas y hostigamientos que sufren en el país los medios de comunicación y los periodistas en general. Es necesario remarcar que la verdadera ambición del Gobierno es manejar el abastecimiento local de papel para diarios, el cual combinado con el control de las importaciones, pondría en sus manos un decisivo poder de presión sobre los medios gráficos.

Eso explica la escalada contra Papel Prensa y sus accionistas privados, sometidos a las arbitrariedades, insultos y ramplonas prepotencias de un funcionario de rango menor como el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, apenas un vocero obediente y acrítico, la cara más grotesca del poder político. Sus conocidas y patéticas bravatas escaso favor le hacen a la cultura democrática argentina y alimentan un clima de depredación y desmerecimiento sistemático de la función de medios y periodistas, en extraña interpretación oficial de una libertad de prensa sólo entendida cuando se piensa como quieren y disponen los habitantes transitorios de la Casa Rosada.

Así, la puesta en marcha de la embestida contra Papel Prensa se sustentó en la primera acusación a la empresa de desórdenes administrativos, que nunca se pudieron demostrar. Simplemente porque no existieron ni existen. Hoy, la línea argumental más insistente del Gobierno pretende vincular la compra de las acciones de Papel Prensa con un delito de lesa humanidad. Ese falso argumento, reforzado por una inusitada campaña de agravios y falsedades, afirma que las acciones fueron compradas a la familia Graiver, dueños originarios, cuando sus integrantes estaban secuestrados y torturados por la dictadura militar de entonces.

Para construir su propio ?relato?, acompañado del incesante bombardeo propagandístico con múltiples medios y periodistas afines, tanto en la esfera pública como en la privada, el Gobierno tergiversa los hechos, altera su cronología y no duda en bastardear una causa noble y de principios éticos universales como la de los derechos humanos, consustanciada definitivamente en la conciencia popular de los argentinos y no por obra de este Gobierno, sino por un largo proceso de construcción política que incluyó la inmensa tragedia cívica de la dictadura.

La verdad histórica es que las acciones fueron compradas al Grupo Graiver en noviembre de 1976 por los diarios Clarín, La Nación y La Razón, cuando dicho Grupo enfrentaba problemas financieros y societarios, con la quiebra de al menos dos de sus bancos en el exterior, y cuando el Grupo no podía continuar con el proyecto de construcción de la planta. En ese momento todos sus integrantes estaban en libertad y no se encontraban bajo amenaza de la dictadura. Además, en el momento de la transferencia accionaria, no se conocía la conexión del grupo Graiver con la organización armada Montoneros, vínculo que en 1977 desencadenó el repudiable secuestro de varios miembros del Grupo Graiver por la administración militar.

Así sucedieron los hechos. Los miembros de la familia Graiver fueron ilegalmente detenidos más de cinco meses después de la venta del paquete accionario de Papel Prensa, cuando salió a la luz la relación financiera de David Graiver con Montoneros. David Graiver era acusado de haber recibido una suma millonaria del grupo armado Montoneros para administrarla e invertirla.

Anteriormente al traspaso accionario, los diarios Clarín, La Nación y La Razón ya habían elaborado un proyecto que consideraban estratégico para la prensa argentina. Por entonces los tres diarios manejaban ese proyecto propio de construir una planta de papel, al que dejaron de lado para la compra de Papel Prensa.

Una vez reestablecida la democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín, los integrantes de la familia Graiver supieron entonces honrar la verdad, la misma que hoy los hermanos Papaleo, que nunca tuvieron acciones de Papel Prensa degradan, en un viraje conceptual de difícil explicación. Cuando Lidia Papaleo testimonió ante la Justicia sobre los hechos que rodearon aquella venta, nunca hizo referencia a que se hubiera realizado mientras estaba detenida ilegalmente o bajo amenazas de la dictadura militar.

De la lectura de sus afirmaciones judiciales surge claramente que cuando se vendió el paquete accionario de Papel Prensa, los miembros del Grupo Graiver estaban libres. La Justicia estableció como fechas de sus detenciones ilegales las que ellos mismos declararon, y encontró que la causa de los secuestros fue la vinculación de David Graiver con los Montoneros. Esa vinculación financiera de Graiver con Montoneros fue investigada dos veces por la Justicia en la democracia, durando esta causa diez años. En 1986, la Cámara Federal dio por probado que David Graiver, efectivamente, había recibido ese dinero de parte del grupo Montoneros.

Lidia Papaleo y su hermano Osvaldo, de militancia justicialista ortodoxa, vienen contradiciendo en los últimos meses, en abierta, inesperada y sugestiva sintonía con el kirchnerismo, una posición que no es la que declararon a la Justicia en tiempos de la recuperada democracia. En sus conciencias, más que en la verdad histórica, habrá que rastrear alguna huella que justifique un giro tan abrupto.

La apropiación de Papel Prensa, aunque se disfrace con el ropaje de los derechos humanos, sólo procura la subordinación incondicional de la palabra escrita, como parte central de un proceso de dominación social impropio de los sistemas democráticos. Néstor Kirchner y su esposa, la Presidenta, después de garantizarse una ley que regula con marcada influencia del estado los medios audiovisuales y de avanzar arbitrariamente sobre la libre elección de los usuarios de Internet, ahora apresuran el paso para controlar el flujo de la información a través de la palabra impresa. Por eso le apuntan al insumo básico de la misma: el papel. Sin papel no hay diarios. Y sin diarios, aun en tiempos del auge de Internet y sus redes sociales, la palabra impresa, que sigue resumiendo la versión más perdurable del sentido de la libertad y de la crítica, se empobrece y vacía de sentido. Hasta desfallecer. O hasta resistir y honrar su digna historia.

Ir al Indice