El TPI y la denuncia contra Venezuela

Emilio Cárdenas*

Emilio-Cardenas- La presidencia de Álvaro Uribe es ya parte de la historia de Colombia. No obstante, las consecuencias de uno de sus últimos actos de gobierno puede sobrevivir su gestión. Me refiero a su resolución de denunciar a Hugo Chávez, personalmente, y a la vecina Venezuela, como Estado, ante el Tribunal Penal Internacional. Ocurre que esa denuncia pone en marcha los mecanismos del Estatuto de Roma que regulan el funcionamiento del tribunal, que poseen una inercia propia.

La procedencia formal de la denuncia colombiana genera pocas dudas. El artículo 5 del Estatuto de Roma confiere jurisdicción al tribunal internacional tanto respecto de los delitos de lesa humanidad, como con relación a los crímenes de guerra, esto es a los delitos de lesa humanidad cometidos en el curso de conflictos armados internacionales o internos, por igual. Por lo demás, los múltiples crímenes que se atribuyen a las FARC y al ELN están incluidos, explícitamente y más allá de toda duda, en los artículos 7 y 8 del referido Estatuto.



El derecho de Colombia a formular la denuncia surge también claramente del texto de los artículos 13 (a) y 14 del Estatuto, que disponen que cualquier Estado Miembro puede poner en marcha el respectivo proceso denunciando una situación específica ante el Fiscal.

Hoy esto sucede ante el Fiscal actual, el argentino Luis Moreno Ocampo. Si el Fiscal, que puede requerir información adicional, concluye que hay base razonable para abrir la investigación, debe solicitar autorización para comenzarla a una sala especial del Tribunal ante la cual las víctimas de los delitos que se denuncian pueden hacer sus propias presentaciones, si así lo desean. Esa sala, si concuerda con las conclusiones previas del Fiscal, puede conferir la autorización solicitada. El Fiscal puede asimismo decidir no iniciar la investigación, haciendo en este caso públicas sus conclusiones y razones.

Si el Estado que tiene jurisdicción sobre la denuncia formulada la investiga genuinamente, el tribunal internacional podría decidir declarar inadmisible la denuncia. Pero en este caso particular, la negativa pública venezolana a investigar; su grotesca ruptura de relaciones con Colombia, para hacer cortinas de humo; las aparentes violaciones venezolanas -graves y reiteradas- de normas obligatorias en materia de terrorismo emanadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; su poco imparcial e independiente sistema judicial; y el hecho mismo de ser, tanto Chávez como Venezuela, los acusados directos, tornan poco probable que el Tribunal Penal Internacional decida dejar la delicada investigación solicitada por Colombia en manos de los propios denunciados. Por aquello “del zorro en el gallinero”. Así lo sugiere la propia lectura del artículo 17.2 del Estatuto de Roma.

Por esto no es imposible que el Fiscal, salvo que las acusaciones colombianas sean realmente livianas, solicite la autorización necesaria para abrir la investigación requerida. Ella incluiría al propio teniente coronel Chávez, desde que el tribunal tiene también jurisdicción sobre personas físicas. En los hechos, el tribunal internacional está -desde hace rato- procurando procesar al presidente de la teocracia de Sudán por los crímenes de los que podría ser responsable, cometidos en la castigada región de Darfur. No sería, entonces, ni sorpresivo, ni la primera vez que se investiga o procesa a un Jefe de Estado.

La denuncia colombiana, queda claro, puede tener repercusiones serias y abrir un proceso de investigación que algunos creemos necesario. Las sospechas que en los últimos años se han acumulado sobre la administración de Chávez tienen entidad suficiente como para que un ente imparcial, como el Tribunal Penal Internacional, las compruebe o las despeje. Por esto Pierre Leluche, el secretario de estado francés, acaba de decir: “Todos estamos más o menos de acuerdo en que las FARC se refugian del otro lado de la frontera cuando son perseguidas. La pregunta es si cuentan, o no, con ayuda por parte del gobierno venezolano”. El interrogante es bien grave como para que siga flotando. Si Chávez no despeja las dudas, no es imposible que la responsabilidad recaiga sobre el Tribunal Penal Internacional. Entre otras cosas, para eso está.

* Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.

El Diario Exterior