Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Un paso adelante
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Bajo el Penoco, El Día: Ya era hora
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Los Tiempos: COLOMBIA Y LA PAZ
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El Deber: En las puertas del ‘Bi’
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La Razón: Enrique García
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Cambio: Construir la paz
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La Prensa: Solución a medias?
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El Diario: El sentido de justicia
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El Mundo: Obligado
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Opinión: Erradicación de coca fuera del Chapare
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Clarín, Argentina: El Mercosur como Unión Aduanera
El Día: Un paso adelante
Con la aprobación por unanimidad de la adenda al contrato con la empresa india Jindal, el pleno de la Cámara de Senadores ha permitido dar un paso adelante en el propósito de explotación e industrialización del hierro en el yacimiento del Mutún, ubicado en la provincia Germán Busch, del departamento de Santa Cruz. De esta manera, con la promulgación por parte del Ejecutivo del contrato modificatorio de riesgo compartido, recién se pondrá fin a la serie de incoherencias y errores cometidos tanto por la empresa extranjera como por el Gobierno, en su afán de mostrar una firma de contrato impecable.
Conviene recordar que la parafernalia armada hace tiempo en el momento de la firma del original contrato con la Jindal, ocultaba a duras penas el interés político de mostrar que se ponía en marcha un anhelado proyecto nacional con perspectivas de acción inmediata. Lo que vino después ha sido un rotundo fiasco que se debe considerar como un claro retroceso que por fortuna se ha podido enmendar, aunque en ello se haya perdido un precioso tiempo y desencantado al país. Una de las trabas más importantes ha sido no reconocer a tiempo la necesidad de ampliar el área concedida para instalar la maquinaria de la empresa extranjera.
Ha sido necesaria una verificación en el terreno para darse cuenta de tal necesidad, lo que muestra con claridad que hubo más trabajo de escritorio que pericia técnica. Con la ley de modificación del contrato se abren nuevamente las puertas de la esperanza por un futuro promisorio para la región. Se puede afirmar que de aquí en adelante ya no valen las excusas y sólo cabe esperar el inicio de la explotación de uno de los yacimientos más grandes de hierro en el mundo que aún permanece sin explotar, como es el Mutún, cuyas reservas ascienden a 40.205 millones de toneladas de mineral de hierro en forma de hematitita principalmente, magnetita, siderita y manganeso. A todas luces, un yacimiento envidiable.
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Lo que el país espera es que a partir de la promulgación del contrato modificatorio de riesgo compartido, las tareas encomendadas a la Empresa Siderúrgica del Mutún y a su contraparte extranjera la Jindal Steel Bolivia, sean cumplidas a cabalidad, obviando en aras del interés conjunto las trabas menores que puedan entorpecer y retrasar el proyecto. Resulta lógico, en consecuencia, promover la vigilancia social para denunciar y evitar las irregularidades que atenten contra la magna misión de explotar e industrializar el hierro boliviano. Para ello se debe exigir transparencia y eficacia a las empresas concurrentes.
La responsabilidad del Gobierno sobre la explotación del Mutún deviene de suyo en decisiva, porque se rige de acuerdo a las políticas del Estado y la nueva Constitución. En la medida que se responda a las expectativas de los pobladores de la provincia Germán Busch, que esperan con ansias la generación de fuentes de trabajo y la apertura de una antesala hacia el progreso largamente postergado, se podrá afirmar que estamos en el camino correcto, sin olvidar que la industrialización del hierro significa además la diversificación de la industria nacional y la posibilidad de acceder al mercado externo con productos de valor agregado que cambiaría, definitivamente, la faz de un país digno de un futuro mejor.
El acceso al mercado externo con productos de valor agregado cambiaría, definitivamente, la faz de un país digno de un futuro mejor.
Bajo el Penoco, El Día: Ya era hora
Cuando el presidente Morales dice que el narcotráfico ha sido una de las principales debilidades de su Gobierno, es porque la cosa se está poniendo color hormiga. En lo que va del año, es decir en los primeros seis meses, la Policía ha incautado 20 toneladas de cocaína, una tonelada más que en los 12 meses del 2009. Durante años, el Gobierno ha estado asociando este fenómeno a la supuesta súper efectividad de las fuerzas antidroga nacionales, pero cuando en Brasil se quejan de inundación de droga boliviana y un candidato a presidente lo asocia con cierta complicidad oficial, la perspectiva es otra. La Iglesia también se muestra preocupada, se produce lo del amauta Mejillones y para colmo en Estados Unidos, el Departamento de Estado asegura que en el territorio actúan tres grupos terroristas ligados al tráfico de drogas. Todo eso es mucho como para que el jefazo siga insistiendo en que el narcotráfico es un invento de la prensa y otros sectores. Reconocer el problema es un primer paso para resolverlo, habría que ver cuándo empezamos.
Los Tiempos: COLOMBIA Y LA PAZ
La convocatoria del nuevo mandatario colombiano a una negociación directa con Venezuela ha sido aplaudida por los pueblos del mundo interesados en consolidar la paz en la región (con la lamentable autoexclusión del Gobierno boliviano)
El discurso de posesión del nuevo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, así como una serie de hechos simbólicos que han estado presentes en esta ocasión han abierto esperanzas en que ese sufrido pueblo, que vive en estado de violencia desde hace décadas, pueda efectivamente ingresar a un proceso de pacificación tanto interna como internacional.
En ambos frentes, el nuevo mandatario se ha declarado actor decidido de la paz y ha explicitado con precisión cuáles son los factores para alcanzarla. Internamente, mantener la dura política de enfrentamiento a las guerrillas de las FARC y el ELN -salvo que éstos anuncien su desmovilización, liberen a los rehenes en su poder y se sometan a la justicia- y enfrentar a la violencia del narcotráfico -con lo que da continuidad a la política aplicada por su predecesor-, a lo que ha agregado la necesidad de reducir sustancialmente la pobreza, particularmente con empleo, educación y asistencia estatal, atender al mundo rural colombiano generando condiciones que permitan impulsar un desarrollo integral y combatir la corrupción. Asimismo, se ha comprometido a respetar la institucionalidad democrática colombiana, reconociendo la importancia de la independencia de poderes y ha proclamado su convicción de que la democracia sólo funciona con partidos políticos fuertes, de manera que pueda haber confrontación de posiciones, mecanismo importante para poder avanzar en la resolución de los problemas.
En el campo externo, además de las fórmulas retóricas de rigor, ha sido muy claro en extender su mano a Ecuador y Venezuela, a quienes ha ofrecido esforzarse por resolver las divergencias que mantienen en un marco de mutuo y pleno respeto.
Antes de los actos oficiales, el presidente Santos recibió un bastón de mando de parte de los pueblos originarios de Colombia y en su posesión fue notoria la presencia de los presidentes que lo precedieron.
De esta manera, parecería que el nuevo presidente colombiano está convencido de que si bien es el natural sucesor del presidente Álvaro Uribe, no es -como señaló el presidente del Congreso- su "clon". Por ello, desde el momento en que obtuvo la victoria electoral ha dado muestras de una independencia de criterio dirigida a consolidar una identidad propia.
Desde otra perspectiva, en la región parece haber un sentimiento de distensión. El ánimo confrontacional del presidente Uribe, unido a las actitudes entre histriónicas, poco racionales e injerencistas del mandatario venezolano, hizo que en la zona se viva un estado de permanente tensión. El que Santos adopte un discurso más proclive al acuerdo y convoque a una negociación directa con Venezuela no sólo ha sido aplaudido por los pueblos del mundo interesados en el tema (del que lamentablemente se ha autoexcluido el Gobierno boliviano), sino que ha sido respondido en forma positiva por el presidente de Venezuela, que ha ofrecido viajar a Bogotá para dialogar en forma directa con Santos (es de esperar que esta respuesta no sea una táctica con fines internos de corto plazo, sino que exprese la voluntad de reconstruir una relación sólida, así sea que tengan posiciones ideológicas diferentes).
Se abre, pues, una nueva oportunidad de paz dentro y fuera de Colombia…
El Deber: En las puertas del ‘Bi’
Tal parece que los fastos del Bicentenario de Santa Cruz, que ya están a la vuelta de la esquina, nos sorprenderán a los cruceños en paños menores, en materia de preparativos y realización de actos conmemorativos de una real significación e importancia. Anteriores incluso a la independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825, los 200 años del grito libertario de la región podrían registrar un apagado eco y cumplirse sin pena ni gloria en septiembre próximo. Todo, aparentemente, porque con la debida planificación y oportunidad no fueron tomados los necesarios recaudos que garanticen el brillo y la trascendencia de la evocación de aquella magna gesta.
Es así que en la recta final de la cuenta regresiva, con tope en el 24 de septiembre, parece haberse invisibilizado la tarea organizativa de la celebración o, en todo caso, no han registrado un impacto mayor las escasas actividades que se han llevado a cabo o aquéllas que están en tren de realizarse. Gestores culturales e historiadores del medio se han ocupado del asunto y lo han hecho con lógica y comprensible preocupación mientras que las autoridades que tienen a su cargo la coordinación del ‘Bi’ reconocieron que las cosas no marchan como debieran, aunque creen que todavía queda un margen de tiempo para que el acontecimiento no pase desapercibido.
Han sido coincidentes los criterios consultados en sentido de que el Bicentenario debió haberse planificado en todos sus aspectos cuando menos con dos años de anticipación y convertirse en ‘pretexto’ para generar actividades de encuentro y regocijo de los cruceños.
A otras regiones del país como La Paz, por ejemplo, todavía les queda ‘cuerda’ para seguir festejando similar hecho histórico al que el año pasado dieron alto vuelo sus autoridades e instituciones, mancomunando esfuerzos, como debe y tiene que ser. Y no tendría que emplearse, en el caso cruceño, la excusa de la falta de recursos o alguna otra para no darle el lustre que se merece nuestra mayor gesta departamental. El Bicentenario es una celebración ‘única e irrepetible’ y ya habremos vuelto a la tierra para pretender vivirlo en los próximos 200 años.
Ojalá que en materia de organización nos permitan alcanzar alguna meta las aceleraciones a fondo y de último momento con relación al tema.
A ver si todavía cuaja en la conciencia del ciudadano común de que estamos en el año del Bicentenario y que cuando menos habría que arroparlo con fervor cívico.
A ver si es posible disipar la atmósfera de indiferencia que se respira por doquier frente a la inminente recordación.
Y, dicho sea de paso, que la experiencia del ‘Bi’ con sus improvisaciones y correteos de última hora no se repita para otro acontecimiento grande que debe y tiene que hacerse carne, corazón y conciencia en la gente de estas llanuras: los 450 años de la fundación de nuestra amada Santa Cruz de la Sierra en febrero de 2011. Que no vaya a pasar lo mismo.
La Razón: Enrique García
Del crecimiento que tuvo la CAF en sus 40 años de vida se benefició en gran forma nuestro país; y está bien que lo haya hecho, sobre todo, aprovechando la presencia del boliviano Enrique García Rodríguez en el máximo cargo de la institución integrada ahora por 18 naciones accionistas.
Al principio, constituida con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional andina, la CAF se fue haciendo en el camino, a veces silenciosamente, hasta llegar a ser lo que es hoy, una sólida organización financiera que se ha consolidado como un puente entre la región y el resto del mundo. Pero, al margen de esto, también es una importante fuente de generación de conocimiento.
La trayectoria de Enrique García, sólo en la CAF, impresiona. Desde que asumió la Presidencia Ejecutiva hace 19 años, fue reelecto tres veces consecutivas en un puesto para el que se consideran nombres de personalidades cada cinco años.
Este economista condujo de manera encomiable el crecimiento de la entidad que preside, después de que se comenzara dando pasos modestos por la solitaria iniciativa subregional de cinco países andinos. En la actualidad, la CAF no tiene nada que envidiar a otras instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Sus activos al 30 de junio, por un poco más de 17.000 millones de dólares, y aprobaciones en infraestructura del 2000 al 2008 por 16.656 millones, la confirman como la principal fuente latinoamericana de financiamiento.
Lo dijo él mismo hace poco. Este organismo multilateral “respeta las diferencias ideológicas”, y ésta es una gran virtud. En estos tiempos, en los que la región está siendo gobernada por mandatarios de corrientes antagónicas, una visión como ésa merece ser respaldada; en cuanto a Bolivia, se han canalizado recursos en todo tiempo, esté quien esté en el Gobierno.
Sólo el año pasado, la CAF aprobó operaciones a favor de nuestro país por 511 millones de dólares.
Sin dudas que la clave del éxito de la gestión de García se explica por la combinación de madurez y renovación permanente. Pero él no se conforma con lo hecho hasta ahora, y conviene aprender de su experiencia. Entre sus recetas de aplicación inmediata en el país destaca que se necesitarán préstamos multilaterales, acceso al mercado de capital e inversión extranjera; para eso, recomienda solidez financiera, macroeconómica y señales positivas.
Cambio: Construir la paz
Santos no es menos derechista que Uribe, seguirá siendo un fiel aliado de Washington y combatirá a la guerrilla hasta exterminarla. Pero también sabe que la política guerrerista de Uribe ya no es sostenible y que el pueblo está cansado de la violencia, de la pobreza…
La ministra de Relaciones Internacionales del nuevo gobierno de Bogotá, María Ángela Holguín, tras reunirse con su colega venezolano Nicolás Maduro anunció ayer que este martes los mandatarios Juan Manuel Santos y Hugo Chávez Frías se reunirán en territorio colombiano. Sin duda, se trata de un trascendental hecho que necesariamente allanará el camino de la reconstrucción de la confianza mutua para recomponer las deterioradas relaciones bilaterales tras la decisión de Caracas de romper todo vínculo con el gobierno del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
Ese encuentro entre el nuevo Presidente colombiano -que asumió el mando de su país este 7 de agosto- y el líder de la Revolución Bolivariana es el primer efecto del cambio de mando presidencial en la Casa de Nariño, cuyo nuevo inquilino comienza a mostrar que asumirá sus propias decisiones, tanto en la política interna y externa, aunque se refirió a Uribe como a "un hombre que brillará en la historia patria como aquel que devolvió a los colombianos la esperanza en el mañana".
Sin embargo, esa trascendental reunión con su colega venezolano ya fue anunciada el sábado por el propio Santos, quien, respecto al rompimiento de las relaciones diplomáticas colombo-venezolanas, había señalado que su gobierno priorizará un "diálogo franco y directo" y "lo más pronto posible" para restablecer las relaciones con Venezuela.
Además, el Presidente colombiano dijo ayer que el encuentro con Chávez debía darse "en el marco del respeto mutuo, de la cooperación recíproca y de la firmeza contra la criminalidad". "Yo espero que en esa reunión podamos sacar conclusiones que nos lleven a normalizar las relaciones entre los dos países", apostilló.
Y como no podía ser de otra manera, Chávez aceptó la invitación, se declaró feliz y aseguró que trabajará duro para que ese encuentro con el mandatario colombiano siente las bases para restablecer los vínculos fraternos entre dos pueblos hermanos que no sólo están unidos por su historia, sino por los intereses comunes que comparten. Pero ¿qué factores posibilitaron este nuevo escenario político que busca superar las conflictivas relaciones entre Bogotá y Caracas de los últimos años? ¿Cuál es el objetivo de Santos cuando marca distancias de la agresiva política contra Venezuela de su antecesor, Álvaro Uribe, hasta el último minuto de su mandato?
La Colombia que hereda es un país cuasi políticamente aislado del resto de las naciones latinoamericanas, producto de su sometimiento a los intereses de Estados Unidos.
Santos sabe que está atado al Plan Colombia y al Plan de Seguridad Democrática, dos instrumentos con los que la administración de su antecesor -de la que formó parte como Ministro de Defensa- cometió las más viles violaciones a los derechos humanos.
Además, él mismo ha sido vinculado con los "falsos positivos" -asesinatos de centenares de jóvenes y presentarlos como guerrilleros- y a la violación de la soberanía de países vecinos bajo la concepción de las operaciones extraterritoriales; de asesinatos selectivos de dirigentes populares, campesinos e indígenas, de los acuerdos para instalar soldados gringos en siete bases en territorio colombiano.
La Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad apunta que en Colombia más del 46% de la población vive en condiciones de pobreza y el 17% en la calle, ellos no tienen ingresos suficientes como para comprar una canasta básica de alimentos. Es decir, 20,5 millones de colombianos son pobres y 7,9 millones, indigentes.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 48 de cada 100 colombianos seguirán pobres en el año 2011, mientras que la meta en 2015 es que sólo sean 28 de cada 100 habitantes. "El problema es que este informe y cifras se obtuvieron antes de la crisis económica. Si el desempleo sigue en aumento al igual que la informalidad, es probable que la situación sea aún peor", dijo César Caballero, funcionario de esa entidad.
Para muchos estudiosos del tema, es una paradoja que en los dos años anteriores se reflejara un crecimiento de la pobreza, cuando precisamente el Gobierno anunció crecimientos altos de la economía.
Mientras el representante de la Cepal en Colombia, Juan Carlos Ramírez, señala que "los aumentos en los precios de los alimentos empobrecieron más a algunas personas y las mandaron a la indigencia", el ex ministro Juan Camilo Restrepo indica que las cifras explican que 46 de cada 100 colombianos siguen viviendo en la pobreza, "pero que si nos fijamos en los colombianos que viven en el campo el cuadro es aún más inquietante: 65 de cada 100 colombianos que habitan las zonas rurales viven en lo que se conoce como parámetros de pobreza".
Es en este contexto que Santos prometió ayer más inversión en educación, más subsidios, construir un millón de viviendas, recordó la responsabilidad de cuidar el medio ambiente para dar el paso hacia la prosperidad democrática; el eslogan de su campaña y con el que pretende subir un peldaño en lo que su antecesor llevó a cabo: la seguridad democrática.
Y para alcanzar al menos parte de esas promesas, Santos está obligado a mejorar sus relaciones con sus vecinos, particularmente con Venezuela, Ecuador y Brasil, este último un gran mercado capaz de absorber gran parte de la producción colombiana y que le presiona para una solución pacífica al conflicto con Caracas.
Entonces, el renovado rostro político del Presidente colombiano responde a esa realidad económica, social e internacional, porque Santos personalmente no es menos derechista que Uribe, seguirá siendo un fiel aliado de Washington y combatirá a la guerrilla hasta exterminarla.
No obstante, también sabe que la política guerrerista de Uribe ya no es sostenible y que el pueblo colombiano está cansado de la violencia, de los "falsos positivos", de la pobreza…
La Prensa: Solución a medias?
Mientras la desocupación siga trepando en los índices, nada ni nadie podrá restringir el volumen de internación ilegal de productos al país.
Moros y cristianos admiten los daños del contrabando a la economía nacional. Se estima que sobrepasó los mil millones de dólares la pérdida que le significa al TGN el recrudecimiento de tan censurable actividad. Acreditan la merma datos relativos a las gestiones del periodo comprendido entre los años 2000 y 2008, interregno en el cual la cifra ascendió de 350 millones a 846 millones de dólares.
¿Cuál es la causa esencial para que año que pasa aumente el volumen del contrabando con tan negativos efectos en los recursos fiscales del país? La fuente del problema radica en la desocupación real, mal que en forma creciente castiga a los estratos sociales bajos del país (campesinos, sectores populares urbanos y clase media empobrecida). A fin de ganarse el pan de cada día, miles de bolivianos que sufren toda clase de carencias, entre las que principalmente figura la del trabajo asalariado, se atrincheran en la economía informal. Se calcula que ésta congrega al 51 por ciento de la población del país. La actividad ferial y artesanal se ha convertido en una suerte de esponja de absorción de la mano de obra desocupada. No se sabe con exactitud qué porcentaje corresponde al contrabando, pero se presume que sea bastante considerable si nos atenemos a ciertos datos de valor indicativo al respecto. Nos referimos al intenso tráfago clandestino de mercaderías y productos desde las fronteras de Chile, Brasil, Argentina y Perú, hacia todas las regiones del país. Lo realizan, en creciente número, pobladores campesinos, pero también gente de clase media y, en no pocos casos, empresarios de rango mayor que de este modo engrosan más aceleradamente su patrimonio.
El Gobierno parece decidido a luchar con firmeza en la erradicación del contrabando, a fin de garantizarle al Estado la percepción integral de ingresos por concepto de impuestos a productos y bienes de importación. Quiere hacerlo con una ley que endurece las sanciones punitivas a cuantos sean sorprendidos haciendo contrabando. A los respectivos decomisos seguirá ahora la cárcel, no por meses, sino por años? El temor a que esto verdaderamente ocurra ocasiona ya ciertos revoltijos sociales en barriadas citadinas que viven del contrabando, a las que sin duda seguirán otras en zonas rurales.
No es dable cuestionar la medida gubernamental, pero tampoco dejar de cuestionar su eficacia real. Sabido es que, mientras la desocupación siga trepando en los respectivos índices, nada ni nadie podrá acabar ni restringir en forma más o menos drástica el actual volumen de internación ilegal de productos y bienes al país. ¿Recrudecimiento de las penas? No ayuda mucho, porque la necesidad de hacer cualquier cosa con tal de ganarse el pan para sí y su familia determina que en quienes afrontan esta urgencia la sanción pierda todo efecto intimatorio.
El contrabando en Bolivia tiene raíces de orden estructural que urge progresivamente erradicar. Hacerlo no es cuestión de meses ni de un año, sino de un periodo largo de políticas de desarrollo económico ? social en una clara proyección de generación de empleo. Con lo simplemente punitivo, la cosa se queda a medias. No tendrá que pasar mucho tiempo para que percibamos cómo el contrabando prosigue a pesar de la ley gubernamental?
El Diario: El sentido de justicia
Tanto para gobernantes como para gobernados, es importante que se tome conciencia sobre el sentido de la justicia. Ese sentido, automáticamente, conlleva las nociones de equidad, ecuanimidad y claridad que debe existir en la administración de justicia, no sólo por parte de los tribunales sino de las entidades y organizaciones públicas donde en cualquier cuestión atendida por el despacho público, debe primar el sentido de justicia que implica, además, respeto por los derechos de los demás, reconocer que todos somos hijos del mismo país y que el tratamiento de cualquier trámite o asunto no debe implicar jugar con las necesidades, urgencias y derechos de quienes, muchas veces, se ven obligados a soportar malos tratos, abusos y calamidades con tal de conseguir -a veces mal y tarde- atención a sus reclamos o derechos.
En Bolivia -como en casi todos los países pobres- parece que “se hizo ley” el que el funcionario, por ocupar un cargo (a veces, detentar el cargo por medios no acordes con la ley) cree que asumió la condición de ser un “Dios” o, por lo menos, ser superior a todos. Esas personas creen que ellas son dueñas del cargo y olvidan que con su conducta, buenas maneras, idoneidad, sencillez y humildad, deben hacer al cargo, honrarlo y utilizarlo en bien del público.
El trato en oficinas judiciales y entidades e instituciones dependientes del Gobierno central o de las prefecturas y alcaldías es casi siempre descortés, arbitrario, irresponsable y hasta malcriado; pocas veces se guardan composturas de educación, serenidad, buenos modales, sindéresis y respeto con quienes merecen no sólo atención sino consideraciones, porque ese público es el aportante para los sueldos que perciben esos empleados y para el sostenimiento del mismo Estado.
Renglón aparte merece el trato que dan los policías carabineros -oficiales y tropa- cuando se trata de entenderse con el público: para empezar, se impone la compra de una “roseta de inspección vehicular” cuando nada se inspecciona. Es innegable que no hay educación vial para los transeúntes y, en el caso de las “trampas”, Tránsito muchas veces las coloca indiscriminadamente. Algunos infringen sin querer las normas de parqueo debido a la falta de señalizaciones en letreros claros y colocados en lugares adecuados, además es necesario evitar privilegios para los estacionamientos. Para los que han infringido en algo las reglas, los trámites ante las oficinas de Tránsito deben hacerse con mucho tiempo y conforme a la voluntad que tenga el oficial o agente carabinero.
Enumerar los abusos que se comete contra el público sería muy largo y, cuando alguna autoridad recibe información sobre los abusos cometidos por sus dependientes, la explicación es simple: “No hay tales abusos, los funcionarios cumplen con su obligación” o “Los agentes dan el trato que reciben del público y, como son autoridad, deben cumplir sus deberes como sea”. Por otra parte, el maltrato en oficinas es debido a que el cargo durará muy poco y nadie está obligado a “ser damita” con los pobres ciudadanos urgidos de algún trámite. En muchos casos, actúan los corruptores y los corruptos para que algún asunto sea atendido; así, el que ofrece peca y daña al Estado y el que acepta es tan malo como el otro con la diferencia de que, para el futuro, el corrupto actúe con más soltura y exige más de quienes vayan “a recibir el favor de ser atendido”.
Para las autoridades, “son calumnias de la oposición, de los gamonales, de los que sirven al imperialismo” y otros. Será importante, pues, que se tenga noción de lo que es justicia y que no solamente se tramita en tribunales, sino en cualquier actividad de la burocracia que está obligada a un buen y digno comportamiento con quienes realizan trámites y requieren de los servicios públicos.
El Mundo: Obligado
Las autoridades de Gobierno y en especial el primer mandatario, hicieron esfuerzos, durante los festejos patrios, para evitar hacer mención al tema del conflicto con los departamentos de Potosí y Oruro; sin embargo, ello tuvo un efecto contrario, ya que se agudizaron los problemas.
La semana que comienza, tendrá que atraer la atención no sólo de los gobernantes sino de la ciudadanía en su conjunto para ver el tema, puesto que cada día surgen situaciones que profundizan la situación. Recordemos que el tema comenzó con el reclamo ante las autoridades de Gobierno, por las presiones para conseguir el cambio de René Joaquino, elegido como autoridad local y que ahora ya no cuenta con la simpatía del Gobierno.
La defensa de la autoridad municipal continuó siendo un problema del departamento y salió a relucir un añejo problema de límites con Oruro y que luego se convirtió en un planteamiento federalista.
Planteadas las cosas de esa manera se inició una huelga de hambre con piquetes que se suman cada día y que ha incorporado inclusive al Gobernador de la línea masista que se sumó al movimiento, en parte para evitar que se repita lo que sucedió con el dirigente cívico que terminó agredido por no compartir las inquietudes regionales.
Lo último que hemos escuchado, es el deseo de los pueblos del norte del departamento, que exigen el derecho a constituirse en un nuevo departamento y piden a la autoridad en huelga que se traslade a esa zona para ejercer su liderazgo.
La propuesta gubernamental de realizar un diálogo en un lugar neutral resulta, en esas condiciones, una salida que ha de aportar muy poco a la situación ya que el debate entre potosinos y orureños que podría ser el centro de la negociación propuesta, dista mucho de ser el camino para resolver un problema que ahora muestra otras facetas de mayor conflicto.
La recordación del Día de los Pueblos Indígenas, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, para llamar la atención sobre las condiciones en que viven los pueblos indígenas en todo el planeta, nos encuentra precisamente en una situación que tiene mucho que ver con los pueblos originarios.
A pesar del reiterado propósito de las autoridades de Gobierno, de trabajar en favor de los pueblos originarios, vemos que cada día se siente más el hecho de que los indígenas son utilizados para acciones políticas, como ha sucedido en reiteradas oportunidades en la vida política del país, antes que para una acción social planificada que podría reivindicar sus derechos, podemos comenzar indicando que la presencia de ponchos rojos en actos militares o el trabajo de entrenamiento de tropas irregulares no tienen nada que ver con la urgencia de eliminar el hambre y las condiciones de vida que distan mucho del discurso de calidad de vida que en algún momento mencionó con entusiasmo el presidente Morales.
Una consecuencia de esas acciones, orientadas en otra dirección, hace que se hayan producido manifestaciones de oposición, como la marcha de los pueblos del oriente o el pedido actual, poco menos que de independencia del norte potosino.
La reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas no va a producirse con la expropiación de propiedades privadas, el cierre de las industrias o la persecución a empresarios, sino con más y mejores oportunidades, que no van a venir precisamente por la producción de hojas de coca y el narcotráfico que en algún momento podría involucrar a esas personas en el vicio, en el afán de eludir el hambre.
Opinión: Erradicación de coca fuera del Chapare
Un pronunciamiento que llama la atención se ha escuchado durante los últimos días de parte de dirigentes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, que han felicitado al Ejecutivo por la determinación de erradicar cultivos de hoja de coca en la región paceña de Alto Beni, particularmente en el municipio de Palos Blancos.
Dirigentes cocaleros a tiempo de ponderar esa determinación expresaron su criterio en sentido de aceptar la erradicación de cultivos de coca en otras regiones del país, pero que no tengan nada que ver con el Chapare.
De tal manera que las poderosas federaciones de cocaleros de Cochabamba se pronuncian por una tarea que está a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para que desarrolle la erradicación de la coca en zonas del norte de La Paz, aunque han puesto reparos a que estas mismas acciones se ejecuten en el Chapare.
Llama la atención estas declaraciones que de inmediato debían haber merecido respuesta de parte de las autoridades del Viceministerio de Defensa Social, que entre otras cosas, hasta el momento no han hecho conocer un informe pormenorizado sobre el incremento de producción en los cocales que durante los últimos años ha sobrepasado las 20 mil hectáreas señaladas para el consumo tradicional de la hoja.
Las tareas para erradicar la producción de hoja de coca excedentaria deben realizarse de acuerdo a un programa específicamente establecido, es decir, que comprenda metas y un cronograma de trabajo. Para nadie es desconocido que el aumento registrado en el Chapare es uno de los aspectos que plantea serias dudas a las metas de lucha contra el narcotráfico que se ha propuesto desarrollar el actual Gobierno. Si bien en países vecinos como el Perú, la producción de coca sitúa esta actividad en niveles mucho mayores a los registrados en Bolivia, no se puede ignorar que la producción de coca y la producción de cocaína están relacionadas con los volúmenes situando esta actividad en una especie de circuito que parece ingresar a situaciones incontrolables.
La producción de coca ilegal ahora mismo es comercializada incluso con nuevas modalidades como el fraccionamiento de la hoja que puede facilitar la elaboración de la droga en una de sus etapas primarias.
Las fábricas móviles que han proliferado en zonas del altiplano y de los valles son otro factor que corrobora un aumento en la producción de coca y que está ocasionando, junto al procesamiento de droga, distorsiones notorias en la economía nacional.
Pero más allá de estas consideraciones, lo que ciertamente llama la atención es la posición de los cocaleros del trópico cochabambino, que por un lado, respaldan las acciones de erradicación en zonas del norte paceño, pero dejando claramente establecido que esos trabajos deben realizarse en otras zonas fuera del Chapare, lo que daría a entender que los cocaleros de las federaciones del trópico buscan preservar de algún modo su propia producción y en el extremo del planteamiento cerrar el paso a la producción competitiva en otras zonas del país.
La erradicación de los cultivos de coca tiene que responder a un plan nacional que si bien debe contar con acciones concertadas con los productores, no podría desarrollarse con preferencias ni con exclusiones, lo que en líneas generales debe señalar acciones que estén basadas en un plan nacional con metas y métodos para la consecución de tales fines.
En esta proyección, extraña que hasta el momento, los planes de erradicación de la hoja para evitar la producción ilícita no sean de conocimiento de niveles legislativos o de informes ante esas instancias, que en realidad, tienen todo el derecho de conocer las políticas que sobre esta materia debe tener el Gobierno.
Clarín, Argentina: El Mercosur como Unión Aduanera
A diecinueve años de su creación y pese a la persistencia de importantes diferencias, el Mercosur logró aprobar su primer Código Aduanero. Se trata de un conjunto de normas necesarias para el funcionamiento de la integración comercial del bloque tal como fue constituido.
Entre los distintos modelos de integración económica supranacional, los países del Mercosur eligieron el de la unión aduanera. La diferencia fundamental con las zonas de libre comercio es la existencia de aranceles externos comunes y la eliminación de las barreras arancelarias al interior del mercado común. Esta compatibilización de las normas que regulan el intercambio comercial de cada país implica un arduo trabajo de negociación, con el tratamiento producto por producto y la contemplación de excepciones y mecanismos compensatorios. Las asimetrías existentes entre los países del bloque y las diferencias entre sus dos socios mayores, Brasil y nuestro país, en las políticas de subsidios, constituyeron escollos insalvables que demoraron hasta ahora la posibilidad de alcanzar un acuerdo general en materia comercial.
El Código Aduanero aprobado en la 39° Cumbre del Mercosur coloca un peldaño más en el proceso de integración regional, aunque queda pendiente aún la aprobación parlamentaria en cada uno de los países socios. Su utilidad se verá en los hechos, en tanto contribuya a una mayor coordinación de las políticas comerciales y a la posibilidad de avanzar también en las empantanadas negociaciones con la Unión Europea.
A diecinueve años de su creación, con la aprobación del Código Aduanero el Mercosur logra cumplir con un requisito fundamental para ser una Unión Aduanera.