Hacia el control total del poder

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Nuevo mapa de conflictos

  2. Bajo el Penoco, El Día: La moral de Cahuana

  3. Los Tiempos: APRENDER DE LA EXPERIENCIA

  4. El Deber: Agresión en las aulas

  5. La Razón: Incendios forestales

  6. Cambio: Paro y pérdidas millonarias

  7. La Prensa: Hacia el control total del poder

  8. El Diario: Rectificación de la política de exportación de hierro

  9. El Mundo: Evidencias

  10. Opinión: El movimiento cívico por encima del partido

  11. Clarín, Argentina: Caída de reservas de gas y petróleo


El Día: Nuevo mapa de conflictos



Los analistas creen que el paro y bloqueo de 19 días de Potosí “ha abierto las puertas a una nueva configuración de los conflictos sociales de Bolivia”. En términos profanos eso quiere decir que para hacerse escuchar con el Gobierno de Evo Morales hay que recurrir a una medida similar o mayor a la que encararon los potosinos.

Las previsiones no son nada auspiciosas para el Gobierno, no sólo por la intensidad de los conflictos sino también por la cantidad. Un estudio reciente revela que, en promedio, la administración del MAS ha enfrentado 68 eventos conflictivos por mes en el primer semestre de 2010, algo superior las estadísticas de 2009 y muy por encima de los números históricos, al menos los registrados en los últimos 40 años. La tendencia es al aumento, según el informe de “Riesgo y Seguridad Bolivia”, que registró el récord de 117 protestas en el mes de mayo.

Lo más llamativo del estudio es que Santa Cruz ha pasado a encabezar la lista de las regiones más conflictivas junto con Cochabamba y La Paz. La mayoría de las protestas han tenido como “adversario” al Gobierno central y en segundo lugar a las empresas del Estado. Aunque en ninguno de los casos se ha visto amenazada la estabilidad política, ni se ha puesto en duda el derecho del presidente Morales de ejercer el cargo, sí se ha cuestionado seriamente su capacidad para hacerlo. “Al demandar atención, objetar decisiones, exigir cambios en los planes y proyectos gubernamentales, este enorme cúmulo de acciones conflictivas erosiona severamente la capacidad de gestión del Gobierno, de por sí afectada por los cambios institucionales que se propuso llevar a cabo. Podría incluso establecerse con bastante certeza que hay una correlación inversa entre la cantidad de eventos conflictivos y la calidad de la gestión”, dice el informe.

Pese a estas evidencias, el Gobierno sigue insistiendo en que Bolivia vive una “falsa conflictividad” y considera que Potosí protestó por nada, motivado por la derecha con el fin debilitar la imagen de Evo Morales. Detrás de esta afirmación está la evidencia de que el país atraviesa por una relativa bonanza y que los conflictos no tienen móviles económicos, sino que son demandas de participar en la abundancia. De hecho, mientras los potosinos bloqueaban, se registraban nuevos récords en los precios de los minerales, hecho que no frenó en ningún momento las protestas, porque quienes estaban en las carreteras y en las manifestaciones están convencidos que Potosí seguirá siendo, pese a ello, la región más pobre del país, mientras los gobernantes compran aviones, viajan en primera clase y derrochan los recursos públicos.

Los potosinos han festejado con júbilo y se declaran ganadores frente a un Gobierno al que obligaron a dialogar, al que esta vez no le dio resultado la descalificación del adversario y tampoco pudo recurrir a la represión. Lo que está en duda es la capacidad del Gobierno de cumplir con los compromisos asumidos. Ese ha sido el problema eterno, el de un Estado que no resuelve problemas y que se dedica a “apagar incendios”. ¿Podrá el Gobierno de Evo Morales romper con esa vieja práctica? ¿O es que debemos prepararnos, los cruceños, los paceños, los cochabambinos, los orureños y los benianos para imitar a Potosí?

Pasó Potosí y los conflictos tienden a aumentar. Lo ocurrido debe obligar al Gobierno a desarrollar su capacidad de gestión.

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Bajo el Penoco, El Día: La moral de Cahuana

El líder gremial Jesús Cahuana, quien alguna vez fue alcalde de Santa Cruz (y después venimos a quejarnos), ha dicho que la nueva Ley de Aduanas, tanto o más dura que la Ley 1008, significará un nuevo impulso para la corrupción, pues las coimas tendrán que aumentar. De entrada, don Jesús da por descontado que su sector vende mercadería de contrabando y que por lo tanto, coimea a los aduaneros. En ese caso, o estaría tratando de evitar que los muchachos de la Aduana ensucien más sus conciencias o lo que pretende es monopolizar la corrupción. En algo sí tiene razón Cahuana cuando rechaza las insólitas declaraciones de algunos parlamentarios oficialistas, quienes afirman que la nueva ley sólo se aplicará a los grandes contrabandistas. El dirigente dijo que si fuera verdad que este Gobierno pretende atrapar a los peces gordos, no hubiera perdonado al ex ministro Juan Ramón Quintana y sus 33 camiones. Y lo que es de temer vino a lo último. Los gremiales son casi dos millones en el país, número que puede causarle al Gobierno problemas del tamaño de dos Potosí juntos.

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Los Tiempos: APRENDER DE LA EXPERIENCIA

Como ya sucedió con los indígenas de las tierras bajas, el Gobierno ha infligido serias heridas a aliados suyos que le serán difíciles de restañar

No parece adecuado, en la evaluación que se realiza cuando se supera un determinado conflicto social, determinar cuál bando es victorioso y cuál derrotado, porque la verdad es que ambos pierden. A lo máximo, unos perderán menos que los otros.

Esto es lo que ha sucedido en la movilización de Potosí que ha durado 18 días, afectando a centenares de miles de personas -hayan participado o no de la movilización- y provocando varios millones de dólares de pérdida para el departamento y el país.

Por ello, la pregunta de fondo es si valió la pena haber invertido tanto esfuerzo desde un lado o asumido una actitud soberbia y confrontacional en el otro para el tratamiento de seis temas que sin dejar de ser importantes no han sido, en verdad, resueltos más que en la retórica.

Un primer acercamiento a los hechos permite afirmar que en el campo de lo simbólico -que es tan importante en la política- efectivamente la población potosina se ha impuesto y, probablemente sin que ése sea su objetivo, ha dañado la aureola de plena identificación del presidente del Estado y del MAS con los sectores populares. La forma en que han sido tratados los dirigentes cívicos, la indiferencia mostrada por el primer mandatario que mientras se radicalizaban las medidas en la Villa Imperial entregaba canchas de fútbol en Cochabamba y la agresividad de los ministros encargados de instalar las negociaciones con los dirigentes potosinos han sido actuaciones que han afectado a mucha gente que estaba plenamente identificada con el régimen. Es decir, como ya sucedió con los indígenas de las tierras bajas, el Gobierno ha infligido serias heridas a aliados suyos que, se puede prever, le serán difíciles de restañar.

Solucionado el conflicto, el triunfalismo -no muy acertado, por lo demás- que ha mostrado la dirigencia y ciudadanía potosinas ha provocado sentimientos atávicos de las autoridades del Gobierno y dirigentes del MAS, muchos de los cuales ya han comenzado a lanzar acusaciones y amedrentar a quienes dirigieron la movilización o se adhirieron a ella. De hecho, han salido voces pidiendo un revocatorio para los legisladores y asambleístas del MAS que ingresaron en huelga de hambre, se ha acusado al "imperialismo" estadounidense, a los "partidos tradicionales" y a la derecha de impulsar la movilización, cuando todo parece indicar que se trató de una reacción a la inicial indiferencia gubernamental.

Estas agresiones, que evidentemente generan temor dada la capacidad represiva que ha mostrado el Gobierno fundamentalmente a través del Ministerio Público, también pueden interpretares como una incapacidad para corregir errores, la misma que puede poner en mayor peligro el futuro democrático del país. Es que en la medida en que las autoridades sientan -más allá de que este sentimiento tenga relación con la realidad- que cualquier disidencia significa subversión, utilizarán los recursos represivos de los que disponen -que son muchos y poco escrupulosos- poniendo, una vez más, en peligro las libertades ciudadanas. Más aún si en la nueva retórica vicepresidencial el "bolchevismo" aparece con más frecuencia que el "robespierismo" manteniéndose la ambición de tener el poder total de la nación.

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El Deber: Agresión en las aulas

El maltrato físico, las amenazas y los insultos recibidos por un menor de edad a manos de sus compañeros de aula en el interior de un colegio privado de la ciudad, se convirtieron, en los últimos días, en insumo noticioso y en comidilla del ámbito social cruceño. El deplorable incidente, a la usanza de otras latitudes y siguiendo determinadas ‘reglas de juego’, fue incluso filmado y ‘subido’ a la red informática como si fuera una proeza o algo imperdible de verse y comentarse. Para colmo de males y repitiendo imágenes hasta el hartazgo, algunos medios de comunicación audiovisual, con un manejo irresponsable del delicado caso al que se dio un tinte sensacionalista, no se detuvieron en el cálculo de los efectos de una absolutamente innecesaria puesta en escena de la agresión.

El muchacho fue agredido por el color de su piel y por ser un aventajado estudiante, según se pudo saber.

También llegó a establecerse que no es la primera vez que se da ese tipo de ataque en el mismo establecimiento educativo, lo que de igual manera ha ocurrido en otros colegios de la ciudad capital donde entre el alumnado, por algún problema de comportamiento o desborde social no resuelto o bien atendido por maestros y padres de familia, la discriminación, el racismo, la violencia y la tendencia al pandillaje parecen estar encontrando caldo de cultivo o, más bien, franco espacio.

Hace falta correctivos y una más sólida formación en valores. En casa y en el colegio. O en cualquier otro ámbito donde el buen mensaje pudiera ser necesario. ¿Cuánto y cómo hablan padres y profesores de estos temas con los chicos?, es una interrogante por responderse.

Los grupos de adolescentes y jóvenes mal encaminados en la vida por influencias perniciosas internas y externas bajo formas diferentes, no son asunto sólo de colegios y de otros centros de enseñanza y formación. En muchos barrios cruceños de la periferia y aún del centro, la violencia por la posesión y delimitación de ‘territorios’ entre grupos de jóvenes y adolescentes de ambos sexos, ha derivado en hechos de violencia que incluso han costado vidas por ‘ajustes de cuentas’ entre los propios pandilleros.

Algo hay que hacer frente a situación que raya en lo explosivo lisa y llanamente. Porque Dios es grande y piadoso, aún no desemboca el problema que nos ocupa en una brutal serie de episodios sangrientos. Mas no hay nada que nos garantice que no vamos a llegar a extremos bárbaros como los que parecen estar amenazando tras nuestras propias puertas.

Los padres ante todo, y los maestros en funciones de forjadores de ciudadanos, tienen el indiscutible compromiso de emplear saber e incluso fuerza para que el individuo en formación no se deje torcer por los vendavales negativos de la existencia. Y aquél que no responde a compromiso tan relevante, pues no sólo que peca por negligente, sino que a la vez es cómplice por omisión elemental. Y por tal cargo responderá cuando menos en el juicio divino.

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La Razón: Incendios forestales

No hay que esperar a que se produzcan desastres ecológicos para reaccionar

Debido a la magnitud de los incendios y a los estragos que éstos ocasionaron en cerca de 60 viviendas, la opinión pública le presta especial atención al drama que sufren varias comunidades del departamento de Santa Cruz. Pero no menos dolor provoca el fuego en el Parque Nacional Tunari, de indiscutida importancia biológica, más allá de que reste clasificar una gran parte de sus riquezas.

El área reservada del Tunari —sitio en jurisdicción cochabambina— destaca por su valor acuífero y ecológico. Dicen que un grupo de personas encendió la mecha con una inocente fogata que no tardó en extenderse hasta tocar el parque de flora y fauna exuberantes.

Estas verdaderas catástrofes ecológicas, aunque comparadas con otras pareciesen menores, obligan a reflexionar sobre el grado de responsabilidad del ser humano en el cuidado de su propio hábitat. Porque, de no tomar consciencia, el millón de hectáreas de focos de calor registrado hasta ahora en cuatro departamentos: Santa Cruz, Beni, Pando y Cochabamba, se multiplicará año tras año.

Los incendios forestales provocan daños materiales y, a veces, humanos; pero además contribuyen al calentamiento global, contaminan el aire, desertizan y afectan gravemente a la biodiversidad.

Solamente entre la última semana de julio y la primera de agosto, los focos de calor (que no siempre se traducen en incendios) aumentaron en más de 100 por ciento, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Entre el 26 de julio y el 1 de agosto se detectaron 2.949, mientras que entre el 2 y el 8 de agosto, 6.714.

En la mayoría de los casos, todo comienza con los chaqueos. Esta práctica tradicional, que suele ser descontrolada, no encuentra alternativas debido a la imposibilidad de los campesinos de acceder a otros métodos que les permita recuperar la productividad del suelo. Aquí, falta la mano del Gobierno.

En el caso del Parque Tunari, falta entender la importancia de conservar las pocas zonas libres de contaminación atmosférica y acústica que quedan en el país. Falta que las autoridades se propongan seriamente impulsar campañas de concienciación para incorporar en los bolivianos, desde niños, el conocimiento de su medio ambiente y la forma de protegerlo.

Falta, en suma, asumir acciones preventivas y sostenidas mediante la educación, y no esperar a que se produzcan desastres ecológicos irreversibles para entonces reaccionar.

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Cambio: Paro y pérdidas millonarias

"A confesión de parte, relevo de pruebas", es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo. Por lo cual, si el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) admitió ayer que "dos o tres personas" de la entidad que preside "tienen vínculos políticos" y que su accionar estuvo orientado a "perjudicar al presidente Evo Morales", Celestino Condori reconoció lo que negó durante el desarrollo del paro de 19 días que causó daños económicos por al menos 34 millones de dólares y llevó al noble pueblo potosino a un sacrificio que bien pudo haber sido evitado si su dirigencia cívica actuaba con responsabilidad y compromiso leal con su región.

El secretario general del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Luis Pastor, había asegurado el lunes a la Red Erbol que "Potosí le está diciendo al señor Evo Morales y al MAS que ni siquiera se atreva a venir el 10 de noviembre, no le permitiremos que entre a Potosí al Presidente del Estado porque este pueblo no merecía ese trato de su gobierno y su partido durante estos 18 días de movilizaciones". Es decir, el dirigente de marras desnudó la posición eminentemente política que marcó el paro potosino.

Ayer Condori, en una entrevista con la estatal Radio Illimani, de la Red Patria Nueva, fue admitió esa injerencia política disfrazada de reivindicaciones regionales, negó que ese veto sea institucional y aseguró que sería contradictorio evitar que el presidente Evo Morales Ayma visite Potosí en noviembre y atribuyó las declaraciones del cívico Luis Pastor a un presunto protagonismo "para quedar bien ante un pequeño sector de la sociedad potosina con expresiones político-partidarias".

Cuando la conductura del espacio radial el Pueblo tiene la Palabra le preguntó: ¿El veto estaría apoyado por intereses políticos, existe algún dirigente de Comcipo que esté manejado por intereses politicos que no son de la región?, un inseguro Condori respondió: "Existen, por supuesto, algunas tendencias (políticas) que son respetables, pero no pueden ir a posiciones que (expresen) excesos".

¿A que intereses se refiere? "Haber, quien pierde con este movimiento cívico, por supuesto que el MAS en lo político. Hay intereses politico-partidarios que quieren que el MAS ya no tenga presencia en Potosí (…) Es una o dos personas felizmente y no sería ético mencionarlas. Yo estoy reconociendo que hay (en Comcipo) esas tendencias".

Por eso, "a confesión de parte…" Y pese a que durante el conflicto que duró 19 días los dirigentes regionales juraron y perjuraron que el bloqueo de caminos y la paralización de las labores productivas de Potosí "eran por reivindicaciones regionales", poco a poco los hechos desvelan un entramado político opositor que no sólo basó su argumento en la falacia para movilizar al pueblo potosino sino que oscuros intereses subalternizaron las legítimas demandas regionales.

Y como quedó demostrado en el acuerdo que ministros de Estado y dirigentes cívicos potosinos firmaron en Sucre, todos los puntos contemplados en las resoluciones que había sido aprobadas por Comcipo, fueron favorablemente atendidas por el gobierno el pasado 23 de julio.

Entonces, tal como ayer mismo aseguró el ministro de la Presidencia, Oscar Coca, ese conflicto regional fue alentado por intereses políticos, que el bloqueo no tuvo razón de ser así como el sacrificio de un pueblo que en los días del paro padeció del suministro de alimentos y artículos de primera necesidad, sus niños y jóvenes dejaron de asistir a las escuelas y colegios, pero principalmente vio cómo su producción minera reportaba millonarias pérdidas que nunca podrán ser recuperadas.

Según el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, al menos 34 millones de dólares perdió el sector minero potosino a consecuencia del paro y bloqueo de caminos y la principal afectada fue la mina San Cristóbal, la cual genera dos millones de dólares por día y que paralizó su producción por prevención ante las amenazas de comunarios de Yura de cortarle la energía eléctrica, situación que derivó en la pérdida de 20 millones de dólares.

La otra empresa afectada fue la Mankiri, cuya producción en términos económicos está cerca de los 500 mil dólares diarios y, al estar ligada su actividad al Cerro Rico de Potosí, su paralización fue total, lo que generó 10 millones de dólares en pérdida. Una circunstancia similar vivió la actividad minera en el Cerro Rico, cuyos cooperativistas perdieron 200 mil dólares por día de paro y un total de 4 millones de la moneda estadounidense.

En este contexto y aunque el dirigente cívico Celestino Condori prometiera que en una reunión de Comcipo se analizará "las conductas de algunos dirigentes" que antepusieron sus intereses políticos a los de su región, el tremendo daño económico ya ha sido consumado.

El conflicto regional también impidió el ingreso de al menos 140.000 dólares por la no llegada de turistas a establecimientos de hospedaje en la cuidad de Potosí y en el Salar de Uyuni, según el director de Conoce Bolivia, Milko Mita, quien dijo que al menos 3.000 turistas cambiaron su destino turístico y no llegaron a Potosí, temerosos por las medidas de presión implementadas en esa región. Por eso, los hechos confirman que el paro de 19 días fue político, que las soluciones a sus planteamientos fueron atendidas el 23 de julio y que los cívicos utilizaron a un noble pueblo para oscuros fines que no son los regionales.

El conflicto regional en Potosí fue alentado por intereses políticos, el bloqueo no tuvo razón de ser así como el sacrificio de un pueblo que en los días del paro padeció del suministro de alimentos y artículos de primera necesidad, y su minería perdió al menos $us 34 millones.

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La Prensa: Hacia el control total del poder

No sólo es la Constitución Política, sino también las leyes orgánicas recién aprobadas las que le permitirán al Gobierno llegar a ese fin.

Pasada la demorada solución al conflicto de Potosí, nació el Órgano Electoral Plurinacional, que reemplaza a la ya desaparecida Corte Nacional Electoral, con dudas sobre su independencia e imparcialidad.

Como todos los problemas sociales radicales, el de Potosí, que pudo haberse resuelto rápidamente sin llegar a la violencia, derivó en enfrentamientos, con saldo de más de una decena de heridos, uno de los cuales perdió una mano. Lo extraño es que la policía, que debe velar por el orden interno del país, estuvo totalmente ausente en éste que fue uno de los mayores conflictos que vivió el Gobierno del presidente Evo Morales.

De no haber mediado la prudencia del máximo dirigente cívico de Potosí que instruyó el repliegue de los bloqueadores de la Garita de San Antonio, los enfrentamientos con presuntos campesinos que intentaban despejar los caminos oponiéndose al prolongado paro pudo llegar a situaciones fatales.

Lo lamentable, además, es que el Gobierno hubiera obrado con una lentitud paquidérmica para luego apurar un diálogo que debió haber empezado el mismo día del nacimiento del conflicto y no a más de dos semanas después. Felizmente, la solución o postergación del problema ha permitido que la tranquilidad retorne a esa región.

Y cuando se veía que la paz era inminente, el presidente del Estado Plurinacional posesionaba a los nuevos miembros del Tribunal Electoral Plurinacional, sindicados, en algunos casos, de haber incurrido en acciones que establecen la ilegibilidad para el cargo.

La oposición política, con documentos en mano, ha denunciado que algunos de los elegidos por la Asamblea Legislativa como vocales de ese tribunal han sido denunciados de ser o militantes del gobernante Movimiento Al Socialismo, o de haber llevado adelante procesos electorales en anteriores gobiernos o de tener juicios pendientes o haber sido dirigentes sindicales.

El oficialismo, también con documentos, ha desmentido esas versiones. La duda queda pendiente de aclaración definitiva debido a que los documentos expuestos tienen origen en fuentes diferentes.

Sin embargo, los discursos de contenido político oficialista y el juramento de uno de los vocales con el puño izquierdo en alto ?saludo masista? generan una razonable sospecha de que el MAS está cumpliendo con su propósito de controlar no sólo el Gobierno, sino el poder.

La plataforma para cumplir con ese propósito, expresado en algún momento por el Presidente y el Vicepresidente del país, está armada. No sólo es la Constitución Política del Estado, sino también las leyes orgánicas recientemente aprobadas, como la del régimen electoral que incluye serias violaciones a la libertad de expresión, las que permitirán llegar a ese fin.

Éste es el resultado de una hábil estrategia política oficialista que no tiene una sólida y coherente oposición política al frente que impida esa acción destinada a establecer un control total y absoluto del poder, lo que puede resultar altamente peligroso para la democracia.

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El Diario: Rectificación de la política de exportación de hierro

En medio de algunas irregularidades, como la presencia de una sola firma en la licitación del yacimiento del Mutún -por lo que debió ser declarada desierta- el asunto del contrato con la firma Jindal se lo ha vuelto a poner en tapete y después que estaba a punto de ser anulado, se ha llegado a una nueva solución con base en la entrega de terrenos diferentes a los inicialmente acordados. Por esa decisión, convertida en ley, esa empresa seguirá explotando ese centro minero, aunque, entre tanto, el Gobierno anunció que por su parte explotará la otra mitad del yacimiento.

Sin embargo, si bien se solucionó un aspecto referido al contrato, la entrega de terrenos, no se sabe cuándo la empresa Jindal instalará la fundición de hierro que permita que en adelante no se exporte materia prima para ser industrializada en otros países, donde adquiere valor agregado y se la vende con precios elevados, política de exportación de productos naturales en bruto, de vieja tradición en Bolivia. Esa política determina, por otro lado, que el país productor de la materia prima termine en la miseria, mientras los países industrializados experimentan un desarrollo extraordinario.

Pero, por otro lado, también el Gobierno ha ofrecido explotar una parte del cerro Mutún por medio de una Empresa Siderúrgica estatal, para lo cual el Ejecutivo dispondrá de 2 millones de dólares, suma con la que se comprará maquinaria pesada, de tal forma de tener concentrados listos para su utilización, pero, con actitud pragmática, no en fundiciones propias, sino para su exportación a países extranjeros, aprovechando además las altas cotizaciones de este mineral, cuya tonelada llegó a los 139 dólares en el año 2008 y 39 en 2009, con la perspectiva de que alcanzará todavía cotizaciones más elevadas, en vista del aumento de la demanda de parte de países que han iniciado un proceso de industrialización acelerado como China e India.

Sin embargo también la firma estatal, igual que la empresa Jindal, anuncia que sólo exportará materia prima en bruto, ya que al no contar con hornos de fundición, no podrá utilizar en otra forma el mineral obtenido, por lo cual ya no sólo será la empresa privada la que exporte hierro como materia prima, sino también la firma estatal. Es decir que, en realidad, tanto el Estado como la empresa privada procederán a la exportación de mineral de hierro, cuya ley, además, es muy baja, de 58%, y no satisface ampliamente los deseos y necesidades de las grandes empresas de fundición de otros países, hoy desesperadas por encontrar quien satisfaga sus necesidades de insumos de esta naturaleza.

Las informaciones anteriores permiten recordar que cuanto más materias primas sin elaborar exporta un país, más se empobrece. Es más, esa política económica se convierte en un acto de corrupción colonial, porque determina el saqueo de recursos naturales y repite la política colonialista exportadora de algunos gobiernos oligárquicos del pasado que se dedicaron a exportar productos minerales en bruto y se opusieron a su industrialización, como ocurrió con el caso del estaño. En ese sentido, el Gobierno actual estaría incurriendo en la misma política que criticó en otros tiempos, consistente primero en firmar contratos para facilitar exportaciones de hierro y, en segundo lugar, proceder con una firma estatal en el mismo sentido, es decir repetir el error con agravantes.

La explotación e industrialización de hierro en Bolivia es de extraordinaria urgencia y las autoridades deberían proceder en el sentido nacional, vale decir hacer posible que, sin tardanza alguna, tanto la firma Jindal como la empresa estatal instalen hornos de fundición, utilizando gas natural, y produzcan hierro esponja, aunque fuese en las etapas más elementales, las mismas que constituyen la base para procesamientos más avanzados. Es de destacar que técnicos nacionales están en condiciones de proceder en ese sentido, siempre que las autoridades escuchen sus proyectos y sugerencias, considerando que los costos para alcanzar ese objetivo son más baratos, se cumplen en corto tiempo y dan altos resultados económicos, sociales y políticos para el país.

Finalmente, corresponde reiterar que con la entrega de terrenos a la empresa Jindal se atendió sólo uno de los aspectos del contrato para la explotación de hierro del Mutún. Como declaró el Presidente de esa compañía hindú, ese mismo contrato le permite a la Jindal producir y exportar concentrados de mineral de hierro, lo que se conoce como producción anticipada y que es lo previsto para los primeros cinco años de dicha actividad.

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El Mundo: Evidencias

El informe presentado por la Asamblea de Derechos Humanos sobre las muertes que se produjeron en la localidad paceña de Caranavi, como resultado de un enfrentamiento que se afirmaba, se realizó entre lo miembros de la comunidad, terminó poniendo en evidencia la participación de las autoridades en la mencionada acción. Como de costumbre, en el Gobierno se atribuyeron las muertes a la influencia del imperialismo y las ONGs, indicando que fueron estas instituciones las que intervinieron en la búsqueda del problema que como recordarán los lectores, se debió a los ofrecimientos incumplidos del Gobierno; en esa oportunidad, la solución llegó por el camino del ofrecimiento y sabemos que si ellos no se cumplen, en algún momento se reanudarán las hostilidades.

Como quiera que el hecho, diferido por el Gobierno con la esperanza de conseguir el cansancio de los huelguistas, como intentaban hacerlo con Potosí y no sucedió, dio más bien como resultado la muerte de dos personas.

Una comisión de la Asamblea Plurinacional hizo la evaluación de la situación y resultó informando que los culpables eran los vecinos, a pesar de existir un informe por minoría, en la comisión mencionada que no estaba de acuerdo con las conclusiones anotadas.

Ahora se ha conocido el informe de la Asamblea de Derechos Humanos y los resultados han sido claros, se ha confirmado el contenido del informe que presentaron los diputados del grupo minoritario, debido a una sencilla razón, mientras las opositores tomaron la información en el lugar de los hechos e hicieron la evaluación imparcial de los sucesos, los diputados oficialista buscaron las instrucciones de la cúpula partidaria y le pusieron la firma al informe propuesto por el Ministerio de Gobierno que terminó siendo el primer responsable de los hechos.

La Asamblea de Derechos Humanos ha centrado la responsabilidad de los sucesos de Caranavi en el Ministerio de Gobierno, recodemos que la persona que está a la cabeza de ese ministerio, paradójicamente, es el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, no sabemos si pensar en que el ministro disfrazó su forma de pensar cuando se hizo nombrar Presidente de la Asamblea y ahora nos muestra su verdadera imagen o que el Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos cambió de actitud para quedar bien con quienes lo pusieron en el Ministerio.

Pero la culpabilidad no está centrada sólo en la persona del Ministro que fue quien dispuso las movilizaciones, sino también de la Policía que empuñando armas de fuego, llegó al lugar de los hechos y en lugar de disuadir a las personas que mantenían el conflicto, prefirió dispersarlas a balazos, con los resultados ya conocidos.

En todo caso, debemos coincidir en que la existencia de una disposición para persuadir a las personas con el empleo de la violencia se ha convertido en una característica del Gobierno y ello ha sucedido en La Calancha, cómo olvidarlo y también en otras situaciones en que los resultados ha sido la presencia de muertos, en algunos casos de personas involucradas en el problema y aún menores de edad que se encontraban al margen de los hechos.

En algún momento, nos enteraremos de la verdadera magnitud de todos estos sucesos y con seguridad, la sociedad se encargará de cobrar las consecuencias, cuando las condiciones de democracia y libertad lo permitan.

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Opinión: El movimiento cívico por encima del partido

Los movimientos sociales cuando ingresan al plano de las medidas de presión para conseguir reivindicaciones sociales o regionales, que interesan a un gran conglomerado de personas, dejan tras de sí una serie de secuelas y efectos en lo social, político y económico.

Lo que ha ocurrido en el departamento de Potosí con el paro indefinido y bloqueo de caminos que ha durado 19 días es un hecho que no puede pasar desapercibido en la historia de los movimientos cívico-regionales, y por el contrario, debe ser tomado en cuenta por gobernantes y dirigentes sociales como un referente con características propias.

El conflicto de Potosí estuvo caracterizado por la unidad del movimiento cívico que logró aglutinar a sectores sociales como el transporte, mineros, estudiantes, universitarios y población en general, pero al mismo tiempo, contra todo lo que podía hacer suponer al Gobierno en la estrategia del desgaste a medida que pasaban los días, fue lo contrario en un fortalecimiento progresivo.

En todo el ámbito en el que se desarrolló el conflicto, y que como se ha dicho, tiene que ser analizado con el debido cuidado, se ha destacado un hecho verdaderamente singular y que tiene que ver con la unidad o la presión cívica social, a partir de la decisión del Gobernador de Potosí y de los diputados y senadores del partido del oficialismo que se plegaron al movimiento cívico, más allá de las consabidas instrucciones partidarias y de las consignas tan utilizadas por el partido oficialista y por la propia estructura respecto a los mandos dirigentes.

Lo ocurrido, durante los acontecimientos en Potosí, ha roto esa especie de control partidario sobre las autoridades oficialistas y sobre los representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como bien se señala, la explicación puede estar en que estas autoridades han sido elegidas por el voto popular y en realidad deben responder en situaciones de extremo conflicto, antes que al partido y a las consignas políticas, a sus mandantes, es decir, a quienes los eligieron para que trabajen y defiendan los intereses del departamento y de la región. La decisión adoptada por los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) de iniciar una huelga de hambre en respaldo al movimiento potosino, había planteado en ese momento una de las situaciones de mayor controversia en las filas del oficialismo. Es posible que estas acciones tengan su costo político en las filas partidarias para quienes las asumieron pero, al mismo tiempo, también es probable su rédito en la imagen de defensa de los intereses cívicos y regionales.

Puede ser que las presiones cívicas y sociales fueron tan extremas para el Gobernador potosino, sin embargo, lo que queda como una lección es que una autoridad por mucho que mantenga lealtades y obediencia a los mandatos del partido en función de Gobierno, no puede separarse de las reivindicaciones de su región y si esto pasa corre el riesgo de perder legitimidad o peor aún ser desconocido por quienes lo eligieron.

En la difícil dicotomía de escoger entre las lealtades partidarias y los mandatos de las cúpulas dirigentes o entre los intereses regionales, lo que se ha presentado en Potosí es lo que podría ser calificado como una señal de rebeldía que, en todo caso, es un mensaje a las estructuras partidarias que deberán analizar que el ocupar una plaza en términos políticos y electorales no obliga a la obsecuencia o sumisión de las autoridades que al final, por las circunstancias, tienen que elegir entre su partido o el pueblo.

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Clarín, Argentina: Caída de reservas de gas y petróleo

La sostenida caída de reservas de petróleo y gas, debidas a la falta de inversión, es el testimonio más dramático del fracaso de la política energética.

Según un informe del Instituto Argentino de la Energía (IAE) ?General Mosconi? las reservas de petróleo y gas cayeron un 38% entre 2000 y la actualidad. Sólo en 2009, la reducción llegó a un 2,8%. Hace diez años, las reservas de gas natural alcanzaban a 17 años de consumo, mientras que en 2009 eran de sólo 7,8 años. Esta evolución se debe principalmente a la caída de la inversión en exploración y explotación. De acuerdo al citado informe, en la década del ochenta, se incorporaron 1.026 pozos de exploración, en la del noventa 989 y en la última década sólo 484.

La baja en las inversiones necesarias para cuando menos mantener el nivel de reservas comenzó en los años noventa, pero se mantuvo luego a pesar del fuerte aumento en las cotizaciones del petróleo y el gas, lo cual aumentó la rentabilidad del negocio, como lo demuestran las inversiones que se realizaron en otros lugares del mundo, incluido el vecino Brasil.

A esto se sumó el incremento del consumo interno a partir de la recuperación de la economía en 2003. El cambio de tendencia en la demanda productiva y doméstica hubiera requerido un programa destinado a promover la inversión en todo el campo energético, ya que los faltantes o el encarecimiento en algún segmento de la oferta puede ser, en algunos casos, suplantado por una mayor disponibilidad en otros.

Sin embargo la política oficial siguió operando sobre la coyuntura, negando la existencia del problema y, principalmente, compensando parte de la escasez local con importaciones de energía en términos muy onerosos para el sector privado y el fisco.

De no modificarse esta orientación, la caída de reservas y de oferta energética se profundizará, lo cual plantea un horizonte de mayores costos para el sector privado, las familias y el fisco y también un mayor gasto de divisas por importaciones.

La caída sostenida de las reservas de petróleo y de gas es testimonio del fracaso de la política energética y se debe a la falta de inversiones en el sector.

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