La Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz denunció que el proceso de saneamiento está paralizado. INRA asegura que atenderá todas las demandas de tierra en el país.
Indígenas se suman al pedido campesino, quieren la renuncia de Rojas
Santa Cruz, Ago (Erbol).- El presidente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Diego Faldín, afirmó que el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, debe renunciar a su cargo, debido a que no está realizando un trabajo eficiente, sumándose de esta forma al pedido del sector campesino que exige la destitución de dicho funcionario.
Faldín, en declaraciones a Erbol, indicó que no existe coordinación entre el INRA y las organizaciones indígenas a la hora de realizar los trabajos de saneamiento de sus territorios y están beneficiando más a los empresarios privados.
“Está siendo ineficiente (Juan Carlos Rojas) en cumplir algunas actividades, es mejor que se eche a un lado y que venga otra persona más competitiva que coordine con todas las organizaciones, porque lo que pedimos es que ya no limiten los derechos de las comunidades”, aseveró.
Asimismo, denunció que el proceso de saneamiento actualmente está paralizado y no se está cumpliendo con los compromisos firmados en la reunión realizada en Trinidad, por lo que demandó al INRA la agilización de este trabajo.
Por su lado, el secretario de Tierra y Territorio de la CPESC, Ramiro Galindo, afirmó que el INRA no ha cumplido con la agenda de la política agraria, saneamiento, replanteos y desalojo, fijada con los pueblos indígenas.
Además, aseguró que el INRA no ha tenido la capacidad para gestionar recursos económicos para poder terminar el saneamiento de sus territorios y cumplir con los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas.
En tanto, el cuestionado director nacional de INRA, Juan Carlos, manifestó a la Red Erbol que no renunciará al cargo, porque fue el presidente Evo Morales quien lo designó en el cargo y será él quien lo destituya o le pida su dimisión.
Dijo que intentó conversar con los sectores que piden su destitución, como es el caso de los campesinos, pero que hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta a las dos cartas que envió al secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Roberto Coraite.
INRA asegura que atenderá todas las demandas de tierra en el país
La Paz, ago (ABI).- El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, aseguró el domingo que se atenderán todas las demandas de tierra de los campesinos indígenas originarios de Bolivia, al ratificar que se sanearán este año más de 14 millones de hectáreas, que se sumarán a los 40 millones ya legalizados.
«Nosotros tenemos que atender a todos los sectores que viven y trabajan en el campo, que incluye a campesinos, indígenas y originarios. Si logramos cumplir nuestra meta en este año, que es de 14 millones de hectáreas, vamos a dejar 55 millones de hectáreas saneadas y tituladas a nivel nacional hasta diciembre, esa es nuestra meta para cumplir con todos los sectores», explicó.
Rojas dijo que de esas 55 millones de hectáreas, al menos 21 millones están destinadas a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), una forma de propiedad reconocida por la ley para las comunidades indígenas de tierras altas y tierras bajas.
Además, anticipó a la Red Erbol que se entregarán cerca de 19 millones de hectáreas a comunidades campesinas e interculturales en todo el país.
Rojas recordó que en cuatro años de gestión se sanearon 36 millones de hectáreas en todo el país para entregar tierras a diferentes sectores, al asegurar que en 10 años, de 1996 al 2005, sólo se legalizaron 16 millones de hectáreas.
El Director del INRA dijo que se prevé este año dotar al menos 200 mil hectáreas de tierra fiscal en los departamentos de La Paz, en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
«Tenemos previsto que este año deberíamos dotar como 200 mil hectáreas de tierra fiscal ya identificada anteriormente por el proceso de saneamiento. En algunos casos son nuevos asentamientos o asentamientos de comunidades cercanas», justificó.
A su juicio, se calcula que las 200 mil hectáreas de tierra fiscal servirán para organizar 60 nuevas comunidades, con más de 3.000 familias beneficiadas.
Sostuvo que en los planes, está también entregar tierras a ciudadanos bolivianos que residen en otros países, pero que ha manifestado su intención de retornar a Bolivia.