Violencia: Policía no interviene. Las 59 hectáreas fueron avasalladas porque el dueño se opuso a la ampliación de una cancha que afecta el predio. Bajo amenazas obligan al propietario a firmar un compromiso para desalojar su tierra.
Destrucción: un campesino observa los restos de cipreses quemados, el martes
La Prensa
Vuelven los avasallamientos y la inseguridad jurídica. Los comunarios de Santa Bárbara expulsaron del municipio paceño de Coroico a Jorge López Videla y se apropiaron de su hacienda de unas 59 hectáreas, en las que había plantado 100.000 árboles de ciprés.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El 28 de julio, una asamblea campesina declaró como su enemigo a López Videla. ¿La causa? Su oposición a la ampliación de una cancha de fútbol que afectaría a su predio. Y arremetió acusándolo de ser supuesto dueño del área verde de la comunidad, de que había amenazado de muerte a varios lugareños y de haber usurpado tierras aptas para la agricultura.
En mérito a estos antecedentes, según la versión del afectado, la dirigencia de Santa Bárbara le concedió un plazo de 48 horas para que junto a su familia abandonara la hacienda o, de lo contrario, se aplicaría la justicia comunitaria.
López Videla recordó que adquirió esa propiedad a Diego Ballivián Sanginés, quien a su vez lo compró legalmente a sus familiares. Inclusive, el Consejo Nacional de Reforma Agraria declaró esas tierras como incultivables, según la declaración de Raúl Jordán, amigo de la víctima.
En 1989 comenzó a plantar los cipreses, a los que dio innumerables cuidados, poda y atención. Desde entonces, en el área se generó un microclima, por lo cual se pobló de animales y mejoraron las condiciones de la zona.
“Sin embargo, durante todos esos años sufrí una serie de ataques, amenazas e insultos. Fueron quemados muchos árboles y los comunarios me exigieron que ceda un espacio para la cancha de fútbol”.
Accedió a ello en 1990 y cinco años más tarde los comunarios le presionaron por una ampliación del escenario deportivo, que fue concedida. Pero en 2008 exigieron otra extensión para que la cancha tuviera una superficie de 120 por 90 metros, cuando las canchas oficiales sólo son de 105 por 68.
Para alcanzar esa superficie era necesario echar abajo árboles en pleno crecimiento y hacer movimiento de tierras para nivelar. Por ello, se opuso.
“El domingo 22 de agosto recibí la noticia de que mis plantaciones comenzaron a ser quemadas. Tenía 40.000 árboles de los 100.000 que planté inicialmente, porque a lo largo de más de 20 años sufrí una serie de quemas que nunca fueron investigadas y nadie me apoyó en este tiempo”.
López Videla dijo que el espectáculo era desolador. Denunció el hecho a la Fiscalía de Coroico, cuyas autoridades le comunicaron haber recibido instrucciones precisas para aprehender a los autores materiales del hecho y a los instigadores.
El martes 24, cerca al mediodía, “nos quedamos mi compañera Elsa y yo solos en la casa, lo que fue aprovechado por unas doce o quince personas. Nos insultaron y exigieron que nos fuéramos. Se tornaron violentos, estaban con machetes. Elsa trataba de cerrar la puerta, mientras otros tres me agredieron. Reaccioné contra Víctor Condori, quien me golpeaba. Le respondí con dos buenos golpes en el tabique y lo tumbé, donde quedó sangrando”.
Otros campesinos se le abalanzaron. Mientras la mujer era agredida, López Videla sacó su pistola, pero ante la superioridad numérica “no me quedó otra opción que salir corriendo, porque me apedreaban”.
Fue aprehendido por los campesinos y conducido a la sede social de la comunidad. Allí lo amarraron y encerraron en un aula, mientras afuera medio centenar de personas analizaba si lo hecho ameritaba su linchamiento. Al anochecer fue conducido a otro ambiente, donde se encontraban autoridades originarias. Según su versión: “Afortunadamente, llegó el fiscal Juan Villarroel y, poco después, tres representantes de la Defensoría del Pueblo”.
Fue acusado por Condori de intento de asesinato con el arma, pero se comprobó que ésta no había sido disparada.
“Entonces, nos obligaron a mi compañera y a mí a firmar un acta por la que nos comprometemos a dejar la propiedad, no hacer un nuevo reclamo sobre mi casa, mi propiedad, mi trabajo de 21 años, mis cultivos y a resarcir los daños del agredido, ahora (hechos) con un arma blanca”.
Los representantes del Ministerio Público y de la Defensoría intentaron aclarar que esto era un acto ilegal, pero los campesinos se tornaron violentos. “Tuvimos que firmar el documento y salimos corriendo. Tuve que dejar mi hogar durante 23 años”.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, anunció ayer a este medio que hará un seguimiento del hecho con base en el informe preliminar que ya cursa en su poder.
Por ser un tema judicial, el Comando General de la Policía indicó que no intervendrá en el caso y esperará la acción de los tribunales ordinarios, a los que el afectado refirió su intención de recurrir.
Afectado alista una querella
Jorge López Videla anunció ayer que presentará una querella para recuperar su propiedad en Santa Bárbara, aunque lamentó que durante más de 20 años no hubiera recibido apoyo de los administradores de justicia ante las amenazas, agresiones e invasiones que sufrió.
Las pérdidas materiales de la propiedad de Jorge López Videla se estiman en unos cinco millones de dólares, según un allegado a la familia que hizo ese cálculo con base en la cantidad de cipreses plantados, el trabajo desarrollado y las posibilidades de explotación de la madera preciosa.
Los 40 mil ejemplares de cipreses generaron un microclima que atrajo a jucumaris, urinas, monos y otras especies animales que habitan la región y que ante el avance de los cultivos, particularmente de cocales en la zona, han tenido que internarse en sitios cada vez más distantes de los principales centros poblados de la región yungueña.
La comunidad Santa Bárbara pertenece a la subcentral agraria Nueva Esperanza, que es parte de la central agraria Uchumachi que, a su vez, se encuentra dentro de los límites del municipio de Coroico, provincia Nor Yungas del departamento de La Paz.
Para destacar
La Resolución Suprema Nº 88328 de 9 de diciembre de 1959 admitió el plano de replanteo de la hacienda Santa Bárbara.
En 1992, el Instituto Geográfico Militar determinó que la propiedad de Jorge López Videla tenía 58,9 hectáreas.
La comunidad Santa Bárbara exigió en 1990 a López Videla un área para adecuarla como cancha de fútbol. Éste accedió.
El hacendado tenía la intención de cosechar los cipreses plantados en su propiedad a partir de este año. Ello quedó trunco.
Los comunarios consideran esa superficie como área verde, vale decir apta para campos deportivos y espacios sociales.
El incendio del fin de semana pasado destruyó más de 30.000 cipreses que podían ser explotados como madera preciosa.
Más avasallamientos
Comunarios de Huatajata, provincia Omasuyos de La Paz, invadieron la casa de campo del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas. El inmueble de unos 280 metros cuadrados fue tomado el sábado 7 de marzo de 2009 y destinado, por decisión de una asamblea comunal, a albergue de ancianos. Nunca se le dio ese uso y el predio sigue cerrado, aunque abandonado.
Lugareños de Chicalulu, provincia Nor Yungas de La Paz, tomaron la propiedad de la ex diputada masista Marleny Paredes. Ello sucedió el martes 3 de marzo de 2009. Agredieron a su propietaria y la echaron a un barranco. La casa de campo fue saqueada. La propiedad tenía unas siete hectáreas de extensión. La ex diputada no pudo retornar a sus tierras desde aquella oportunidad.
En febrero de 2009, dos centenares de personas, supuestamente afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), tomaron los terrenos de Transredes-YPFB en Santa Cruz, aunque el MAS negó vinculación con el hecho.
El 31 de enero de 2009, en la ciudad de Santa Cruz, Valerio Queso, conocido por su parecido físico con el presidente Evo Morales, encabezó tomas de tierras en el departamento oriental de Santa Cruz. El dirigente del Movimiento Sin Techo (MST) ocupó terrenos cercanos a la refinería de Palmasola.
El dueño del predio en Yungas es liberado y la Policía no interviene
Conflicto. Jorge López desmiente haber disparado un arma.
La mano. López muestra su puño con el que golpeó al comunario.
Jorge Castel – La Paz, La Razón
Jorge López Videla, quien permaneció retenido en una localidad yungueña debido a un incidente con comunarios que lo expulsaron de su propiedad, fue liberado luego de la firma de un compromiso. Negó haber disparado un arma. La Policía dice que no intervendrá.
“Salimos libres con un acta de compromiso que nos obliga a desalojar mi propiedad”, dijo López a La Razón, ayer por la mañana cuando retornó a La Paz desde Santa Bárbara a 13 km de Coroico (Nor Yungas).
Elsa López, la esposa, relató que cuando se enteró de que el fiscal de Coroico, Juan Villarroel; y el oficial mayor de la alcaldía, René Valencia, fueron al lugar, se dirigió hasta Santa Bárbara para negociar la liberación de su esposo.
“Llegamos al lugar y él estaba rodeado de los comunarios. Fue golpeado y amenazado. Después de negociar y de firmar un acta en la que nos obligan a dejar nuestras tierras a la comunidad, todos fuimos liberados”, contó.
La familia López lamentó la falta de ayuda de las autoridades, pese a que denunció la acción hostil de los comunarios desde hace meses. Félix Segales, comandante Departamental de la Policía de La Paz, informó de que la institución no intervendrá en el caso porque se trata de un problema legal por la propiedad. “Es para evitar entorpecer las negociaciones”, dijo.
Jorge López aseguró que tiene en orden todos los papeles que certifican que es el dueño de las 58 hectáreas del terreno. Sobre el incidente, dijo que no disparó a un campesino como se denunció ni quemó los árboles de la propiedad. “Jamás disparé una bala de esa pistola. Lo que pasó con ese comunario fue que me defendí porque estaban agrediendo a mi esposa, entonces le di con mi puño en su nariz. También debo decir que el fuego no fue un autoatentado como dicen”, afirmó.
Según el propietario, los comunarios quemaron gran parte de los 100.000 cipreses que plantó en su terreno. “Aún estaban creciendo. Ahora, si quieren que me vaya de la región que me paguen por las tierras porque estoy en ese lugar hace 23 años. Por el momento no volveré al lugar por seguridad”, dijo.
Antes de su liberación, se le obligó a pagar la curación del comunario herido. Los comunarios se quedaron con la pistola y otros objetos como un fusil de caza. López admitió que no tiene permiso para portar armas.