Bolivia se ha vuelto el hazmerreir del continente en material de gas. El proyecto de ser el centro energético ha quedado en caricatura.
Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: La caricatura del gas boliviano
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Bajo el Penoco, El Día: Los supuestos infiltrados
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Los Tiempos: LA LAPIDACIÓN EN LAS ELECCIONES DE BRASIL
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El Deber:
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La Razón: Joaquino, el quinto
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Cambio: Represores sentenciados
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La Prensa: Un servicio plagado de riesgos
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El Diario: Abusos por no cumplir la ley
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El Mundo: Como la ven
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Opinión: La irresponsabilidad de choferes y de Tránsito
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Clarín, Argentina: Modificaciones a la Ley de Trata
El Día: La caricatura del gas boliviano
Hace menos de diez años Bolivia ya se perfilaba como el eje de distribución de gas de América del Sur, con los dos mercados más importantes del continente en sus manos -Brasil y Argentina- y a punto de conseguir el tercero –Chile-, además por supuesto, de proyectarse como pionero en un negocio emergente, el LNG, que hoy está en su apogeo, mientras el país mira de palco. Actualmente, eso que ya era una realidad palpable, es nada más que una caricatura y los bolivianos no tenemos más remedio que soportar las burlas y las reprimendas de un lado y de otro.
La burla llegó hace unos días del estado de Maranhao, Brasil, donde el empresario Eike Batista, quien fue echado como un perro sarnoso de Bolivia el año 2005, ni bien asumió Evo Morales, ha descubierto una de las reservas de gas más importantes de aquel país. “En un solo campo tenemos el gas de media Bolivia”, afirmó el millonario y acto seguido, la gobernadora estatal dijo que van a interrumpir las importaciones de gas boliviano porque ya no lo necesitan. En realidad, hace mucho que Brasil se ha declarado autosuficiente en el gas y Lula no se cansa de repetir que nos sigue comprando sólo porque le da lástima nuestra pobreza.
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Hace unos días, durante un foro realizado en Asunción, Bolivia, Paraguay y Uruguay reafirmaron el compromiso de integración energética, lo que permitirá dentro de no mucho tiempo, exportar gas a aquellos países, claro que en cifras ínfimas comparadas con las de Brasil, Chile o México. Insistimos, una verdadera caricatura, un dibujito en relación al mapa que se estaba terminando de trazar hace menos de una década.
Durante el reciente congreso de gas y energía realizado en Santa Cruz, el Gobierno ha tenido que escuchar más de una reprimenda de los expertos que fueron invitados. Uno de ellos afirmó que la nacionalización de los hidrocarburos que hizo Bolivia perjudicó a todo el continente ya que se tuvieron que interrumpir los proyectos de integración energética que estaban previstos. Todos los posibles compradores de gas de Bolivia tuvieron que comenzar a buscar proveedores fuera de la región y en el caso brasilero, buscarlo también en su propio territorio, empresa en la que le ha ido mejor que bien. De ahí la sorna con la que hablan Batista y Lula.
Para algunos especialistas, Bolivia ha perdido casi definitivamente la ocasión de ser el centro energético continental porque en los últimos cuatro años, mientras Evo Morales colocaba banderitas y pancartas en las instalaciones petroleras, Brasil y Perú pasaban a ubicarse como pesos pesados en la industria del gas, con enormes reservas, tan inmensas que las bolivianas corren el riesgo de quedar en simple caricatura, según anticipan especialistas que aguardan con impaciencia la confirmación que está realizando una consultora, después de más de cinco años de oscurantismo.
Cuando les tocó hablar a las autoridades bolivianas en el congreso del gas clausurado ayer, fue para asegurarles a las petroleras que de todas las leyes, trabas y preceptos constitucionales que ahuyentaron las inversiones en los últimos años, ha quedado o quedará prácticamente nada y que a partir de una nueva ley de hidrocarburos, todo lo anterior ser´å una caricatura. ¿Los habrá convencido?
Bolivia se ha vuelto el hazmerreir del continente en material de gas. El proyecto de ser el centro energético ha quedado en caricatura.
Bajo el Penoco, El Día: Los supuestos infiltrados
Después de ensayar varias explicaciones poco convincentes sobre la presencia del capitán Wálter Andrade en medio del supuesto grupo terrorista comandado por Eduardo Rózsa, el Gobierno dijo que aquel policía morenito y bajito, como hay miles en el país, era un infiltrado, cosa que puede creerse, si es que uno no tiene en cuenta los cientos de indicios que hablan de vínculos muy estrechos entre la célula de Rózsa y las altas esferas del poder. Lo que no se cree es que un alemán rubio y grandote, de casi dos metros de estatura reciba la misma calificación de infiltrado, nada menos que del presidente Evo Morales, a quien supuestamente Dirk Schmidt le cuidó las espaldas, según sus propias declaraciones. El Primer Mandatario asegura también que dentro del MAS hay gente de la derecha a la que acusa de perjudicar su gestión y por supuesto afirma que son “infiltrados”. Eso también cuesta creer, ya que en este país somos pocos y nos conocemos muy bien. Los tránsfugas, los neoliberales, los tradicionales, los viejos y los nuevos, los conservadores y los progresistas están a la vista. Si el jefazo les hizo campito en el MAS, el sabrá por qué.
Los Tiempos: LA LAPIDACIÓN EN LAS ELECCIONES DE BRASIL
El caso de la mujer adúltera condenada a morir lapidada en Irán es un elocuente ejemplo del poder de la opinión pública sobre los gobernantes
A medida que se acerca el 3 de octubre, día fijado para la realización de las elecciones presidenciales en Brasil, las campañas electorales y los debates entre los principales candidatos a remplazar a Lula da Silva se intensifican.
Hasta ahora, según todas las encuestas de intención de voto, la candidata con más posibilidades de triunfo es la oficialista Dilma Rousseff, seguida por el socialdemócrata José Serra y la ecologista Marina Silva. Según todas las previsiones, será entre los tres aspirantes a la presidencia que se decidirá el futuro político de Brasil. A no ser que ocurra algo imprevisto, todo parece indicar que el 80 por ciento de popularidad con que Lula da Silva llega al final de su mandato será suficiente para que su sucesora sea la candidata del Partido de los Trabajadores (PT), pues ninguno de los temas que están en debate pone en riesgo la mayoritaria aprobación de la ciudadanía.
Hay sin embargo, un asunto que puede ocasionar serias dificultades a la campaña oficialista. Y no es un asunto interno que interese directamente a los 130 millones de electores, sino uno que les es completamente ajeno en términos prácticos, pero que afecta muy directamente a la sensibilidad de los brasileños y -principalmente—brasileñas. Se trata del caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani, una mujer iraní de 43 años, madre de dos hijos, que ha sido condenada por el régimen de su país a morir lapidada por presuntamente haber cometido adulterio.
Según el código penal iraní, eso significa que Ashtiani, a quien ya le fueron propinados 99 latigazos y ya lleva cuatro años encarcelada esperando que se ejecute su condena, debe ser enterrada hasta el pecho y apedreada hasta morir. Las piedras para tal efecto, no deben ser "ni demasiado grandes como para matar inmediatamente ni demasiado pequeñas como para no considerarse piedras".
El tema ha adquirido especial importancia en el ambiente proselitista brasileño porque ha dado una nueva dimensión a las de por sí controversiales relaciones diplomáticas entre el gobierno de Brasil y el de Irán. Es que si bien la inmensa mayoría del pueblo brasileño ve con indiferencia el apoyo de Lula al régimen encabezado por Mahmoud Ahmadinejad, comenzó a interesarse cuando se enteró de lo que eso significa desde el punto de vista de los más elementales derechos humanos. Incluso los más firmes partidarios de Lula se vieron en dificultades para aceptar que la primera reacción de su líder haya sido negar su apoyo a la campaña internacional para impedir la ejecución de Ashtiani arguyendo que "Las personas tienen leyes, tienen reglas. Si empezasen a desobedecer sus leyes para escuchar las peticiones de los presidentes, en poco tiempo todo sería un caos".
Sin embargo, como era de esperar, la presión de la opinión pública se hizo sentir y Lula tuvo que cambiar su posición inicial y sumarse a la campaña para exigir a Ahmadinejad que indulte a la mujer adúltera. E independientemente de que el régimen iraní termine por ceder o ratifique la condena, por lo menos en Brasil habrá quedado claro que un político no puede soslayar asuntos tan importantes sin correr el riesgo de pagar en las urnas las consecuencias.
El Deber:
La Razón: Joaquino, el quinto
La democracia malentendida se desdibuja y acaba faltando el respeto al pueblo votante
Tomando en cuenta solamente a los alcaldes de las ciudades capitales, tanto Joaquino, en Potosí, como Jaime Barrón, en Sucre, tuvieron que dejar sus cargos por sendas acusaciones formales del Ministerio Público. Se trata de dos autoridades opositoras al MAS que, coincidentemente, obtuvieron un importante caudal de votos el 4 de abril, es decir que gozaban de un alto grado de legitimidad en sus municipios.
El suspendido alcalde potosino acusó a la Fiscalía de Distrito de estar al servicio del partido en función de Gobierno; no es la primera vez que se denuncia la supuesta politización del Ministerio Público, que debería actuar de forma independiente y, por lo tanto, cualquier indicio de parcialización hacia un partido sería nefasto para la democracia nacional.
Luis Revilla, en su calidad de presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) —aunque no se puede desconocer su posición de alcalde opositor—, alertó de la necesidad de modificar la Ley de Autonomías, para “detener esta oleada que puede venir contra el conjunto de autoridades municipales”. Y varias autoridades del país han manifestado su discrepancia con lo que consideran una persecución judicial.
Ya se habla de que los próximos en seguir el camino de los cinco alcaldes suspendidos podrían ser los gobernadores Suárez, Cossío y Costas, tres opositores también.
El enfoque político ha ganado terreno desde los distintos frentes de esta discusión. Según los intereses de cada cual, se utiliza la acción de los fiscales como pretexto para desvirtuar el valor de la justicia. En rigor, cualquiera de los casos mencionados no debería resistir ningún comentario al margen del estrictamente jurídico.
Aquello significa que los políticos no tendrían que ser determinantes para la continuidad o no de tal o cual alcalde elegido en las urnas; la democracia malentendida se desdibuja fácilmente y, está visto, acaba faltando el respeto al pueblo votante.
Ayer, el presidente Morales se mostró extrañado de que se culpe al Gobierno por la sucesión de alcaldes cesantes. Transfirió esa responsabilidad a la justicia, en la que los acusados, según dijo, tendrán el derecho de defenderse. Ojalá sea así, que prime la transparencia y que los juicios se desarrollen con equidad, entretanto se devuelve la legitimidad a las municipalidades encabezadas por concejales de pronto convertidos en alcaldes.
Cambio: Represores sentenciados
La Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia hace un par de días sentenció a 20 años de cárcel a Óscar Menacho Vaca y a Justo Sarmiento Alanes, represores de la dictadura del fallecido Hugo Banzer Suárez, acusados de la desaparición forzada de José Carlos Trujillo Oroza y de José Luis Ibsen Peña, durante los primeros meses de la dictadura instaurada por el golpe militar del 21 de agosto de 1971, hecho delincuencial del que mañana se cumplirán 39 años.
Según la resolución judicial, los sentenciados deberán cumplir su condena en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz de la Sierra. La misma sala determinó que Juan Antonio Elío Rivero, acusado de complicidad en esas desapariciones, sea condenado a 15 años de presidio.
A todas luces se trata de una histórica sentencia la que asumieron los ministros José Luis Baptista, Ramiro Guerrero y Jorge Monasterio, quienes firmaron el auto condenatorio que modificó una sentencia de sólo 2 años y 8 meses de la Sala Civil Primera de la Corte Superior de la capital oriental. Los ministros de la Suprema argumentaron que durante el proceso se demostró que las tres víctimas fueron privadas de su libertad y sometidas a tratos crueles e inhumanos con torturas.
En el caso de José Carlos Trujillo Oroza y José Luis Ibsen Peña, el auto de condena señala que está plenamente demostrada las desapariciones y hasta la fecha no se estableció el paradero de sus cuerpos.
El auto supremo advierte que los procesados actuaron con la autorización y apoyo de la dictadura banzerista, en lo que hace a la privación de libertad de Trujillo Oroza e Ibsen Peña, y además ocultaron y negaron información sobre el paradero de las víctimas.
José Carlos Trujillo Oroza, un estudiante de 21 años de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (UMSA), fue detenido el 23 de diciembre de 1971 en la ciudad de Santa Cruz, y aunque su madre Gladys Oroza lo visitó durante varios días de enero de 1972, Trujillo desapareció de la cárcel de El Pari el 2 de febrero de ese año —junto a otras dos personas—; sólo contaba con 22 años de edad.
En tanto que José Luis Ibsen Peña era un abogado de organizaciones sociales y entonces tenía 48 años de edad. Fue detenido a fines de 1971 cuando indagaba sobre la detención de su hijo Rainer, quien también fue muerto durante esa dictadura.
Por eso, la sentencia de la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia reinvica sólo parte del clamor de cientos de familias bolivianas víctimas de una de las dictaduras más sangrientas y corruptas que asolaron nuestra patria. Banzer cometió crímenes contra el pueblo, contra la economía nacional y contra los derechos humanos. Estos delitos, a 39 años de la asonada militar, se mantienen impunes, porque cientos de represores andan sueltos por las calles de nuestras ciudades.
La dictadura banzerista instaró una sangrienta política represiva bajo la denominada Doctrina de Seguridad del Estado de manera coordinada con las dictaduras de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, en el marco del Plan Cóndor alentado por Washington.
El septenio (1971-1978) se caracterizó por la sistemática violación de los derechos humanos, detenciones y allanamientosarbitrarios, instauración de campos de concentración, torturas, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, masacre de campesinos en el valle alto de Cochabamba (1974), exilio… Según organismos defensores de los derechos humanos, la dictadura dejó un saldo de catorce mil detenciones ilegales, seis mil exiliados y setenta desapariciones forzadas.
Según Bolpress —que cita a Alfonso Gumucio Dagron— la dictadura banzerista hizo desaparecieron a las siguientes personas: Arroyo Rasguido Daniel, Balladares Daroca Julio, Bayro Corrochano Carlos, Carrillo Agustin, Corvetti Samuel, Criales Hugo, Dorza Caballero Nicolas, Guerra Luis Alfonso, Elguero Suarez Jorge, Ibsen Cardenas Rainier, Ibsen Peña José Luis, Larrea E. Mauricio, Lopez Carlos Alfonso, Llorenty Cabrera Felix, Medrano Amita Basilio, Melgar Antelo Felix, Morant Saravia Pedro, Ortega Hinojosa Enrique, Pérez Betancur Oscar, Plaza Astroña Cancio y Quinteros Rodolfo.
También Ramirez Nicolás, Rutilo Artes Graciela, Sandoval Morón Alcides, Sánchez Otazo Roberto, Spaltro Villaverde Maria Elena, Stambuck Vargas Ivo, Stamponi Corinaldesi Luis, Soto Sasari Guillermo, Toledo Rosado Alfonso, Trujillo Oroza José Carlos, Veliz Guillermo y Villa Izola Efrain, entre otros.
Además, de otros 41 bolivianos que fueron asesinatos y sus cuerpos desaparecidos en Argentina, y ocho en Chile, en el marco de la tenebrosa Operación Cóndor de la que fueron parte los dictadores de Chile, Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia. Cabe mencionar y rendir homenaje a víctimas de la masacre de Tolata y Epizana: 20 muertos, 25 heridos y 25 desaparecidos; y a los mártires de de Sacaba (un muerto), Tarata, Mamanaca, Santa Lucía, Cliza, Tolata (16 muertos y 42 desaparecidos), Punata y Careaje (12 muertos), y Quillacollo (un muerto).
En ese contexto, la sentencia de 20 años de cárcel para los represores Menacho y Sarmiento, y 15 años para Elío Rivero, es sólo una parte del mar de justicia que reclama hoy la Bolivia democrática, porque la justicia no se construye sobre la impunidad sino que su cimiento es la vigencia plena de los derechos humanos y la defensa de la vida, ni más ni menos.
La sentencia de 20 años de cárcel para Menacho y Sarmiento, y 15 años para Elío, es sólo una parte del mar de justicia que reclama hoy la Bolivia democrática, porque la justicia no se construye sobre la impunidad sino sobre la vigencia plena de los derechos humanos y la defensa de la vida.
La Prensa: Un servicio plagado de riesgos
Gran parte de los empresarios del transporte optan por encarar un servicio en condiciones deplorables a cambio de una mayor ganancia.
Lo sucedido hace poco más de una semana parece reiterarse casi de manera cotidiana en nuestro país. Un bus de transporte interdepartamental de la empresa Flota Yungueña, que debía cubrir el tramo La Paz-Riberalta volcó en la zona de La Rinconada, a 26 kilómetros de La Paz, dejando un saldo de 13 personas muertas y 27 heridas.
Ya son varias las veces que nos hemos referido a estos desastres, cuyas víctimas anuales alcanzan cifras similares a las de una guerra de exterminio, esto sin mencionar a los heridos, que derivan en cientos de personas que quedarán en la invalidez de por vida. Sin embargo, creemos necesario insistir en el tema, pues más allá de la reacción inicial de las autoridades, cuyas promesas de solución derivan en un control que no se prolongan más allá de las dos semanas, en los hechos la situación no varía en un ápice. Al contrario, la persistencia con la que se reiteran parece aconsejarnos que ?asimilemos? estos accidentes como parte de una realidad que pareciera nuestras autoridades son incapaces de modificar.
Claro, esto sin mencionar que cada nuevo accidente tiene la particularidad de mostrarnos nuevos aspectos que hablan del poco respeto por la vida humana con que se encaran estos servicios. En el accidente aludido se ha podido comprobar que el freno de la llanta izquierda del bus estaba anulado, pues tenía el tambor atado con alambres y gomas. Es más, el bus había sido importado como camión, por lo que la adaptación se la realizó después. Su fabricación data de hace 28 años. Vale decir, más allá de la falta de garantías para la integridad física del pasajero con que la empresa Yungueña encara los servicios que presta, la falta de control de las autoridades competentes es total. Como si esto fuera poco, la tarjeta de servicios del mencionado autobús había fenecido en mayo pasado.
Todo esto nos muestra que la falta de control en este tipo de servicios es total, lo que nos lleva a preguntarnos ¿cuál es el criterio con que las empresas de transporte encaran su trabajo? ¿No existe una ley que norme este tipo de servicios?, y si la hay, ¿quién es el encargado de hacerla cumplir? Evidentemente, en los hechos, la Policía Nacional es una institución que no tiene capacidad para garantizar la vida y la integridad de los miles de bolivianos que no tienen más remedio que recurrir al servicio que prestan estas empresas de transporte interdepartamental o interprovincial.
Por otro lado, cabe mencionar que gran parte de los empresarios del transporte público han optado por encarar su trabajo en condiciones deplorables a cambio de una mayor ganancia. Estamos en condiciones de afirmar ?los hechos lo demuestran así? que es a partir de esta postura de donde derivan los alarmantes accidentes de los que somos testigos. No sólo porque permiten que este servicio sea cumplido por vehículos cuya vida útil ha prescrito hace ya muchos años, también por las permanentes presiones que ejercen sobre los conductores para que quemen etapas en el menor tiempo posible.
Sin embargo, creemos que la responsabilidad mayor recae en las autoridades de Gobierno, incapaces de tomar medidas que ?por lo menos? reduzcan a un mínimo permisible el número de accidentes cuyas víctimas propicias son los sectores más empobrecidos de nuestra población.
El Diario: Abusos por no cumplir la ley
Muchas de las marchas y manifestaciones, huelgas, paros y bloqueos no siempre se producen “porque las autoridades no cumplen”; son, en realidad, resultado de que hay grupos sociales que no cumplen las leyes ni reglamentos que regulan sus actividades. Nuestra legislación es rica en lo permisivo y en lo prohibido; nadie, atenido a que “no conoce” las leyes, puede arrogarse derechos que no le corresponden.
Pese a los motivos que pudiesen tener los llamados “trabajadores sin empleo fijo” o dedicados a la compra de automotores en puertos chilenos y que proceden de países asiáticos -Corea, Japón y otros- esta actividad ha sido prohibida expresamente hace muchos años. Lo malo radica en que los gobiernos han asumido actitudes contemplativas ante el ingreso de vehículos llamados “bárbaros” y, aún sabiendo que muchos eran de contrabando, anunciaron la existencia de disposiciones que sancionaban el hecho pero no aplicaron esa legislación y, nuevamente, las políticas del “dejar hacer y dejar pasar” se impusieron en un sector que fue creciendo.
El contrabando es un delito en cualquier parte, violarlo implica severas sanciones, donde sea; en nuestro país, por la falta de empleo, las autoridades fueron permisivas -como en el caso de la ropa usada que compite gravemente con la industria nacional y legal- y crearon una especie de “derechos” para los que alegan no tener empleo y deben acudir a este tipo de negocio para solventar sus necesidades.
Este problema, de todos modos, tiene varias aristas: la primera, muchos “importadores” adquirieron préstamos en la banca y, al ver paralizado su negocio y no contar con los recursos necesarios, incumplen con sus obligaciones bancarias; segundo, crea un grave problema social a miles de familias porque no se cuenta con una herramienta de trabajo; otro extremo es que se autoriza en muchos casos y se niega todo derecho a otros; finalmente, hay importaciones masivas que nadie controla y que favorecen a pocos comerciantes de esta naturaleza.
Las autoridades, frente a este panorama, sólo saben expresar criterios contrarios y no dan solución al problema que, además, data de muchos años porque para el fisco fue siempre muy fácil autorizar este tipo de importaciones para, de tanto en tanto, dar nuevos plazos y recabar impuestos y otras gabelas a que el Estado tiene derecho. Estas políticas han sentado precedentes muy graves que los damnificados reclaman.
Frente a este panorama, sólo corresponden dos caminos: el primero, prohíbir, drástica y terminantemente, toda acción de contrabando; segundo -que es la parte difícil del problema- promover, prontamente, las inversiones en el país para generar riqueza y crear empleo. Como corolario del problema, habrá que estudiar qué medidas se adopta en los casos en los que efectivamente han adquirido préstamos y que precisan cancelarlos.
Finalmente, habrá que ver qué reacciones producirán dos hechos: el decomiso de las unidades ya ingresadas al país y el que pudiesen ser devueltas a Chile, país intermediario de estas importaciones, y si ese país aceptará de buena gana dichas devoluciones que, se entiende, deben estar sometidas a regulaciones. El problema, pues, requiere de mucha atención y responsabilidad porque no caben las medidas provisionales que dejen los muchos casos en un pozo de postergaciones que sólo acarrearán más problemas.
El Mundo: Como la ven
Aparentemente, desaparecido conflicto plantado por las autoridades cívicas de Potosí al Gobierno, para lograr la concreción de beneficios que fueron reiteradamente ofrecidos por socialistas, neoliberales y también militares y que no se hacían realidad, las especulaciones continúan tratando de encontrar a los vencedores y a los vencidos como si fuera una final deportiva. La oposición asegura que el movimiento fue ejecutado para remover al alcalde elegido por mayoría por los miembros de la comunidad, otros auguran que fue debido a que pese a los ofrecimientos, las obras no se concretaban. Las acusaciones van todavía más allá, porque mientras el Ministro de la Presidencia asegura que no pasó nada, el Presidente del Estado dice que todo fue preparado por el alcalde Joaquino, para mantenerse en el cargo.
Lo grave de la situación es que Joaquino no tenía necesidad de movilizar a nadie, ya que estaba en el cago por la voluntad de la ciudadanía y tal vez muchos masistas que se dieron cuenta de las habilidades de sus dirigentes, se cuentan en esa mayoría que lo eligió como alcalde.
Resulta en este caso intrigante, el Presidente, decidió mantenerse al margen, como si no estuviera pasando nada, tal como dice el Ministro que trabaja a su lado, durante todo el desarrollo del conflicto, ahora se muestra entendido en el problema y conocedor inclusive de los culpables, a los que no se dignó identificar en el momento oportuno pero que ahora los identifica como el imperialismo norteamericano y las Organizaciones No Gubernamentales que él conoce bien, porque lo ayudaron a llegar donde está..
La gran ventaja que tienen las personas que se encuentran en el ejercicio del poder, es que sus aseveraciones son más creíbles, ya que se supone que cuentan con toda la información suficiente para hacer acusaciones y que los ciudadanos involucrados serán apercibidos para que asuman su defensa.
Pero ese argumento también se va debilitando, cuando todos los ciudadanos que no caen simpáticos resultan siendo de la misma línea, en el caso presente todos son opositores, sea gobernador, alcalde o cualquier otra autoridad que cuenta con el apoyo de sus electores y que no es precisamente del partido del Gobierno, resulta siendo corrupto o autor de otros delitos, aunque los pecados más graves en ese aspecto, se producen precisamente dentro de los parciales del oficialismo.
No debemos olvidar que el mayor recibo de coimas en los últimos cinco años se produjo por el adulado del Presidente en YPFB y el tráfico de cocaína estuvo en manos de su guía espiritual y que los que hacen mal uso de los bienes del estado provocando accidentes en estado de ebriedad son sus adherentes.
Opinión: La irresponsabilidad de choferes y de Tránsito
El accidente ocurrido el miércoles cuando un micro de la línea ?S? con serios desperfectos mecánicos y conducido por un adolescente sin licencia para conducir, que mató a dos personas y dejó heridas a otras cuatro en la populosa zona de La Cancha, es el ejemplo rotundo de que no hay autoridades que velen por la seguridad de pasajeros y de la población en calles de la ciudad.
El tráfico de vehículos del servicio público en rutas interdepartamentales y en la ciudad tiene las mismas características: accidentes que cobran la vida de personas enlutando a la ciudadanía y la falta de capacidad de las autoridades de Tránsito por establecer y ejecutar controles dirigidos a disminuir los altísimos índices de estos hechos que periódicamente enlutan a miles de familias bolivianas.
Alguien con un mínimo de racionalidad podría imaginarse que el propietario de un micro o bus entregue la conducción del vehículo a un joven que ni siquiera tiene edad para tramitar una licencia de conducir, o que el micro tenga los muelles amarrados con gomas, la manguera del freno vieja y a punto de reventar, es decir, todas las condiciones para provocar la muerte de personas. Pero, si éstas pueden ser culpas en el comportamiento de inescrupulosos como el propietario del vehículo, existen otras que tienen que ver con el control de las autoridades y la falta de normas o incumplimiento de las mismas.
Es sabido que las inspecciones técnicas en vehículos del servicio público, es decir en los buses, son nulas, porque es conocido también que se ha formado desde hace años una especie de privilegios y círculos de complicidad con las autoridades, que exime de las inspecciones mecánicas a estos vehículos, lo que no ocurre con los particulares.
Si no hay revisiones periódicas en el servicio público las condiciones para la sucesión de accidentes mortales están abiertas, no se puede sino esperar que la muerte y el dolor ronden las calles y avenidas de la ciudad. Y si a esto se añade la irresponsabilidad de Tránsito que no realiza un control efectivo entre los choferes exigiendo la licencia de conductor correspondiente, el problema se agrava, en un escenario donde el absurdo y la negligencia se combinan, porque mientras algunos pocos agentes controlan a choferes de vehículos particulares, los de unidades de servicio público infringen una serie de normas con total y absoluta impunidad.
Lo paradójico de toda esta situación es que las autoridades, luego de acontecidos estos sucesos, reaccionan con explicaciones no sólo fuera del contexto de los graves accidentes, sino pretendiendo enfocar las causas a otras que los eximan de su propia responsabilidad. No se puede decir que una calle empinada es la culpable del accidente, cuando en realidad en el mismo, han concurrido una serie de factores que tienen que ver con el incumplimiento de normas en actual vigencia y la falta de control necesario de parte de quienes precisamente tienen la obligación de cumplir con su deber para preservar la vida de las personas.
¿Qué se puede hacer ante esta situación que es un acápite más de la inseguridad ciudadana que casi a diario cobra la vida de personas? Mientras se anuncian grandes planes de reestructuración policial para frenar la corrupción y otros de seguridad ciudadana, la Policía no cumple con su deber. En cuanto a accidentes de tráfico vehicular, la gente sigue desprotegida y ante la incertidumbre de salir a la calle y quizá no retornar al hogar con vida como les ocurrió el miércoles a Herminia Arancibia Siaqui de 53 años y al niño Kevin Rojas Mendoza de 11.
Clarín, Argentina: Modificaciones a la Ley de Trata
La Ley de Trata de Personas, sancionada en 2008, presenta una serie de deficiencias que es necesario corregir para que se logre una verdadera eficacia en la persecución penal de este delito y se le brinde a las víctimas la apropiada asistencia institucional. A estos fines, ya ha comenzado el trabajo en la Cámara de Diputados, ante la cual han testimoniado víctimas y familiares y se han presentado propuestas de organizaciones de la sociedad.
En los aspectos básicos, se ha alcanzado consenso en eliminar el requisito de probar que hubo engaño cuando la víctima de trata es mayor de 18 años; en aumentar las penas, especialmente las mínimas, ya que hoy son excarcelables. También se ha propuesto ampliar la definición del tipo penal, incluyendo la servidumbre por deuda y el matrimonio servil y la incautación de bienes para atender la recuperación de las víctimas.
Asimismo, ha quedado en evidencia la necesidad de que se trace un programa nacional de prevención y de asistencia a las víctimas, supliendo las faltas y deficiencias de las instituciones en estos campos.
Es necesario que se estudien estos cambios para que a la mayor brevedad se cuente con el instrumento legal más apropiado para combatir un delito aberrante, que afecta sobre todo a las mujeres.
Por otra parte, también es indispensable que policías, jueces y funcionarios actúen con la mayor corrección, sancionando los actos de corrupción y los malos tratos que se le dirijan a las víctimas.
La sancionada Ley de Trata de Personas presenta deficiencias que es necesario corregir para lograr eficacia en la persecución penal del delito.