La semana 30

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Normas de seguridad

2. Bajo el Penoco, El Día: Qué frío que hace che!!!

3. Los Tiempos: LA HORA DE LAS PUGNAS Y DE LAS PURGAS INTERNAS

4. El Deber: ¿Más periodistas en la mira?

5. La Razón: La semana 30

6. Cambio: Hora de los derechos laborales

7. La Prensa: El país y las pugnas del MAS

8. El Diario: Cuanto más leamos será mejor la educación

9. El Mundo: Libertades

10. Opinión: El poder total y la industrialización

11. Clarín, Argentina: El acuerdo por la pastera de Uruguay

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El Día: Normas de seguridad

La creciente cantidad de accidentes laborales que han tenido lugar en el país durante los últimos diez años, han puesto sobre el tapete el delicado asunto de la existencia y aplicabilidad de las correspondientes normas de seguridad en los diferentes rubros de la actividad productiva. De acuerdo con informes de expertos, el porcentaje de empresas que aplican las respectivas normas de seguridad industrial y laboral no supera el treinta por ciento, una cifra de por sí preocupante porque refleja la escasa atención que recibe el trabajador boliviano en la prevención de riesgos de sufrir accidentes, enfermedad o muerte en su fuente de trabajo y la elevada probabilidad de sufrir secuelas.

Resulta comprensible que las industrias más seguras sean las de hidrocarburos, cementeras y otras inmersas en la producción de productos alimenticios, gaseosas y otros, mientras que las más inseguras son las de construcción y el agro. La enorme diferencia entre ellas radica en que las primeras corresponden a empresas petroleras y multinacionales que arriban al país en pleno auge de la economía de libre comercio que se implementa en el país luego de la extinción del modelo capitalista de estado. Sin duda, con las inversiones frescas llegan también las sofisticadas normas de seguridad laboral e industrial en concordancia con las exigencias que se les hacen.

Sin embargo, el resto de las empresas dedicadas a otros rubros -fundamentalmente nacionales- no ha seguido la misma línea en cuanto a la implementación y aplicación de normas de seguridad laboral. Es más, en la mayor parte de los casos se ha eludido esta responsabilidad prácticamente a propósito, porque ello implica la erogación de recursos que no son vistos como inversión, sino como gastos irrecuperables. Los casos más dramáticos de inseguridad laboral se han reportado desde el área de la construcción, donde Santa Cruz se erige en ciudad referente. Llama la atención que pese a la cantidad de trabajadores afectados, tanto empresas y autoridades pertinentes han dejado las cosas como están.

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Conviene recordar que cada año se produce en el mundo alrededor de trescientas cincuenta mil muertes debido al trabajo, y que las pérdidas en el Producto Interno Bruto son veinte veces superiores a toda ayuda oficial a los países en desarrollo. Ante tal panorama, sería deseable que tanto autoridades y empresarios asuman su responsabilidad para con los trabajadores y brindarles un ambiente de trabajo libre de riesgos prevenibles. Santa Cruz es el modelo exitoso de la libre empresa en el país, por lo que sería interesante que asuma la iniciativa para revertir una situación de por sí preocupante y comenzar a marcar una tendencia donde el ambiente sano y seguro para trabajar sea un logro cotidiano.

En realidad, hace una enorme falta concienciar a la comunidad sobre la importancia de la seguridad laboral y la salud ocupacional, porque resulta evidente que al invertir en la prevención de accidentes laborales, las empresas se evitan los enormes gastos que entrañan no sólo las compensaciones señaladas por ley, sino la disminución de la productividad al perder trabajadores valiosos. De igual modo, trabajadores conscientes evitan riesgos. Es de esperar que la reciente Feria Internacional y Simposio de Seguridad y Salud Ocupacional haya aportado luces para que las normas de seguridad para cada rubro se implementen y apliquen en beneficio directo de los trabajadores.

 

La seguridad laboral implica la erogación de recursos que no son vistos como inversión, sino como gastos irrecuperables.

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Bajo el Penoco, El Día: Qué frío que hace che!!!

La BBC de Londres publicó un excelente reportaje sobre la gran paradoja del gas boliviano. Mientras que Bolivia ayuda a que los argentinos no pasen frío exportando volúmenes adicionales de gas, en nuestro país son contados los hogares que tienen estufas que funcionan con este combustible. Este año, como nunca, se produjeron casi 30 muertos por hipotermia, el triple de las bajas por esa misma causa en Argentina, con el triple de población y un frío mucho más intenso. Pero los cuerpos congelados no son la única consecuencia de la vergonzosa paradoja. Como se sabe, el consumo interno de gas natural en Bolivia ha subido un 140 por ciento, pero tan sólo el dos por ciento de ese gas se destina a las viviendas. El 98 por ciento lo absorben los automóviles y las industrias. Para cocinar, la inmensa mayoría de los bolivianos usa la famosa garrafita y por supuesto, la infaltable leña. Anote bien en lo que va este año, YPFB ha tenido que importar 1,4 millones de garrafas de gas licuado, el doble de las que importó el segundo semestre de 2009 (723 mil garrafas).

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Los Tiempos: LA HORA DE LAS PUGNAS Y DE LAS PURGAS INTERNAS

Al no haber ya una oposición que obligue a sus diversas corrientes internas a mantenerse unidas, el MAS tendrá que pasar por una dura prueba

Hace algunos días, en un discurso dirigido a uno de los sindicatos de productores de coca del trópico cochabambino, el Vicepresidente del Estado Plurinacional afirmó que con la aprobación de las cinco leyes "orgánicas" por la Asamblea Legislativa, se cerraba una etapa del "proceso de cambio" y se iniciaba una nueva, la quinta. Y como ya lo había hecho en anteriores oportunidades, hizo una serie de afirmaciones en sentido de que en esta nueva etapa, como ya están "aplastados" los adversarios externos de la "revolución democrática y cultural", había que comenzar a cuidarse de los enemigos internos, de los traidores, de los desleales.

Tales palabras fueron interpretadas por algunos analistas, entre los que figuran algunos antiguos militantes del Movimiento Al Socialismo, como el anuncio de que había llegado un momento de las purgas internas. Un momento que como lo confirman todas las revoluciones políticas que registra la historia, suele llegar tarde o temprano, pero generalmente tras la consumación de la derrota de los últimos focos de resistencia del régimen derrocado.

No es casual que así sea, pues uno de los factores que suelen dar cohesión interna a los regímenes que asumen la lucha política en términos de guerra es la existencia de un adversario fuerte que obligue a sus diferentes facciones a mantenerse unidas relegando a un segundo plano sus diferencias internas, tanto las originadas en discrepancias ideológicas como las motivadas en razones más pedestres, como la distribución de los privilegios que da el uso y abuso del poder.

Ese precisamente parece ser el caso de la ola de conflictos internos que súbitamente se ha desencadenado en los más diversos escenarios donde el Movimiento Al Socialismo ejerce el poder. Desde el gabinete ministerial, hasta los sindicatos de base, pasando por municipios y gobernaciones, afloraron conflictos internos, "ajustes de cuentas", acusaciones y contraacusaciones que dejan entrever que, en efecto, se ha inaugurado una nueva etapa en la que el poder ya no puede ser tan discrecionalmente distribuido y compartido entre grupos con visiones e intereses contrapuestos.

Las feroces pugnas internas en el Ministerio de Gobierno, por los ribetes escandalosos que han adquirido, es el caso más visible pero no el único. Una serie de destituciones y renuncias que se han producido durante los últimos días en diferentes reparticiones estatales vinculadas con temas que desde hace ya muchos meses son motivo de disputas internas, como los medioambientales, son también indicadores de que la tolerancia que hasta ahora hizo posible la convivencia de diversas tendencias en el aparato gubernamental está disminuyendo drásticamente.

Fisuras igualmente hondas salieron a luz durante los últimos días en los "movimientos sociales", en los que la unidad monolítica que hasta hace poco aparentaban ha sido sustituida por múltiples disputas, acusaciones y mutuas expulsiones, todo lo que permite suponer que el llamado del Vicepresidente a cuidar el "proceso de cambio" de los "traidores", ha tenido eco. Razón más que suficiente para que el mismo miedo que tan buenos resultados le dio para aplastar a la oposición cívica y política empiece a cundir en las filas del MAS.

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El Deber: ¿Más periodistas en la mira?

Parece que el cuestionado fiscal a cargo de las investigaciones del bullado y todavía irresuelto caso Rózsa, tiene a mano toda una lista de periodistas cruceños a los que obligará a someterse en breve a un interrogatorio en la ciudad de La Paz. Es lo que trascendió a los medios de comunicación luego de las declaraciones del periodista José Pomacusi, a quien a pesar de no tener nada que ver con la presunta banda terrorista, sus conexiones y actividades, la citada autoridad se resiste a borrarlo de su lista de sospechosos, tal como aquél se lo exigiera en resguardo de su imagen, honorabilidad y prestigio.

La carga de angustia e incertidumbre así como también la obligación de tener que asumir gastos en abogados defensores, pasajes aéreos y hospedaje en la sede de Gobierno, con alteración de su tranquilidad y merma de sus ingresos, recae ahora sobre gente de prensa que al igual que Pomacusi acudían a esa casa de campaña denominada ‘La Torre’ a objeto de recabar información para los medios en los que trabajan, en momentos en que la confrontación entre los instalados en Palacio Quemado y la región cruceña asumía en los años precedentes un particular rigor.

Es bueno recalcar que los periodistas no iban allí con fines conspirativos, sino simplemente informativos, como los que con frecuencia les llevaban a la trinchera opuesta donde obtenían datos y declaraciones de los voceros y/o representantes del oficialismo.

El periodista, bajo ningún punto de vista, no es culpable de nada que haga la institución o persona a la que acude o entrevista con la antes referida finalidad. Hay que tener las neuronas alborotadas por algún trastorno psicológico para creer lo contrario. Y el exceso de susceptibilidad es uno de ellos, aunque en muchos casos, los determinan objetivos específicos, fijados por cuantos desde arriba dirigen ahora la escuadra de fiscales a cargo de la represión judicial tan en boga en estos desapacibles tiempos.

Los periodistas que fueron a las citadas oficinas no hacían otra cosa que ejercitar su derecho de libre acceso a una fuente de información. Este postulado es parte esencialmente constitutivo de la libertad de prensa. Ambos se hallan consagrados por la Constitución Política del Estado y la normativa jurídica que regula a los medios de comunicación del país.

En consecuencia, nadie puede impedir que periodista alguno acuda a una fuente de información a objeto de hacerse de datos para la noticia, el reportaje o el comentario. No interesa para nada la naturaleza de aquella ni de sus dirigentes. Lo único que cuenta es la veracidad de la información recogida en tan crucial punto de arranque del proceso de elaboración de procesos, hechos y datos a dar a conocer a la opinión pública.

Ahora, lamentablemente, el libre acceso a la fuente de la información se convierte en delito que investigar y penalizar contra periodistas que ejerciten tan elemental derecho. Así lo acredita el fiscal a cargo del confuso episodio terrorista con su intención de echarle el guante a otros periodistas que supuestamente figuran en la nómina de los que asistían a las oficinas de ‘La Torre’.

Si el fiscal de marras persiste en su accionar que deja traslucir el barniz de la intimidación contra el periodismo independiente, se meterá en un brete mayor. No sólo en Bolivia, sino también en el exterior, donde organismos internacionales de prensa siguen con mucha atención e inquietud este nuevo episodio de una ya larga serie de ataques contra medios de comunicación y periodistas en el país.

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La Razón: La semana 30

La que acaba de pasar aparentó ser una semana más. Pero ha sido la semana de la repentina aparición de un ciudadano alemán, de nombre Dirk Schmidt, que arrastró a su paso con uno de los hombres de las altas esferas del MAS, Gustavo Torrico.

La semana de los señalamientos a Fidel Surco, dirigente surgido de las organizaciones sociales; de la caída de un líder espiritual, del amauta que ungió al presidente Morales en Tiwanaku y ahora fue atrapado con 240 kilos de cocaína líquida; de la presentación de un plan desesperado por sacar a la Policía de su profunda crisis; de la suscripción de contratos de crédito con la CAF por 134 millones de dólares.

En la semana 30 de las 52 que tiene el año, también fracasaron los buenos oficios de la Unasur para aproximar a Venezuela y Colombia después de la ruptura de relaciones dispuesta por el gobierno de Hugo Chávez. Y otro Chávez, esta vez boliviano, fue ratificado con polémica en la Presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol.

¿Qué nos espera en esta nueva semana? Hay mucha gente que se entrega de lleno a la predicción del horóscopo para saber qué pasos debe dar, sin temor a equivocarse. Eso, en la individualidad de las personas, de cuyas decisiones no depende, por ejemplo, el devenir de los países. ¿Qué será de Bolivia y el mundo en la semana 31 que hoy comienza?

Schmidt seguramente continuará llenando páginas de los periódicos; con él, también el alicaído Torrico, otrora sinónimo de fortaleza dentro del partido de gobierno. Y hasta el ministro Llorenti va entrando al mismo baile, en el enrevesado caso de los menonitas. Surco intentará revertir su imagen deteriorada entre las bases masistas en La Paz y el fútbol, cómo no, dará que hablar como lo hace casi siempre, para mal humor de todos, en tono de resignación por su desafortunado manejo político.

La gripe A, el frío, la popularidad del presidente Evo Morales, el 6 de Agosto, y los cívicos potosinos que, al mantener su paro, amenazan con aguar el feriado de los sureños.… Eso en Bolivia. Porque las tragedias de Pakistán y China dejarán sus coletazos mediáticos con cifras de muertos y desaparecidos y las escalofriantes imágenes del dolor en el rostro de niños, mujeres y ancianos.

Esta semana, el mundo seguirá girando al ritmo de las noticias que surgen diariamente. Nosotros, en Bolivia, podemos seguir la receta del tigre: buscar con garra nuestros objetivos y no quitarles la vista hasta lograrlos.

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Cambio: Hora de los derechos laborales

El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, anunció en días pasados que ahora la prioridad de la Asamblea Legislativa será la aprobación de leyes sociales y laborales, todo un reto por cierto para subsanar definitivamente las injusticias a las que todavía es sometido el trabajador en los diversos ámbitos. Aún hoy, en pleno siglo XXI, la normativa laboral boliviana mantiene las viejas visiones de la República colonial-liberal y no ha logrado ponerse a tono con los cambios estructurales que plantea, por ejemplo, la Constitución Política del Estado, base de la Revolución Democrática y Cultural.

Cabe recordar que los trabajadores, esto es, los hombres y mujeres asalariados y no asalariados, se han visto sometidos por más de un siglo a situaciones de desprotección y dependencia tales que hablar de derechos resultaba siendo simplemente imposible en el ámbito del trabajo.

El Estado, que debiera ser el primer llamado a proteger al trabajador (al servidor público, en su caso), el puntal de la protección social y el vigía de los derechos de todas y todos los trabajadores, resultó siendo históricamente uno de los principales violadores de derechos, situación explicable a partir de natural cooptación de la administración de la cosa pública por aquellos sectores dueños del poder económico. Estos grupos oligárquico-empresariales, amos del viejo Estado, se encargaron de que las leyes se convirtieran en una enmarañada red que termine encubriendo intereses políticos y económicos en desmedro del trabajador. Esto tiene que cambiar hoy, y se están haciendo los esfuerzos para que así ocurra, más aún bajo el marco jurídico institucional que plantea la Constitución Política del Estado.

El tema es en sí mismo complejo y merece un amplio debate con los actores sociales, es decir, los trabajadores y sus sindicatos junto con las autoridades correspondientes. Las leyes laborales y sociales, como una nueva Ley del Trabajo o de Pensiones, no pueden salir más de cuatro mentes ‘iluminadas’ ni ser fruto del trabajo de bufete de los ‘expertos’ o de costosas consultorías —como lo advirtió el presidente Morales refiriéndose a lo que ocurría hasta no hace poco—. Aquel vicio casi insalvable ha comenzado a ser cosa del pasado.

Hoy los movimientos sociales, los trabajadores y sus sindicatos tienen propuestas y las instancias para hacerse escuchar. Y será, sin duda, la Asamblea Legislativa, como lo ha demostrado en la aprobación de las cinco leyes orgánicas que son la base de la nueva ingeniería jurídica del Estado Plurinacional, la que debata, analice y recoja las propuestas y demandas de los sectores.

Debates pendientes hay muchos en materia laboral, y exigirán sin duda un tiempo prudencial para su consideración, así como la amplitud y sabiduría necesarias para traducir las demandas de los actores en las normas que vayan a aprobarse. Algunos criterios básicos, como generales, están planteados en la misma Carta Magna que hoy es la brújula del proceso de cambio, y lo que ahora queda es bajar esos postulados hacia normas específicas que sean aplicables y que lleguen al trabajador.

La sección III del capítulo quinto de la CPE, referida a los Derechos Sociales y Económicos, señala en su artículo 46. I. "Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias". Añade el inciso II: "El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución". Los enunciados constitucionales referidos a la temática social y laboral están incluidos en gran media en las secciones II y III del mencionado capítulo quinto y desarrollan conceptos claves en más de 20 artículos que, de aplicarse —en normas específicas— se podría pensar en que los trabajadores tendrán un blindaje legal que les permitirá efectivamente vivir bien, algo que aún es un propósito planteado a largo plazo.

A propósito, la anterior semana, en La Paz, el Ministerio de Trabajo, junto a importantes organizaciones de mujeres, llevó adelante un seminario internacional en el que abordó la temática de las ‘Mujeres en la legislación laboral y la seguridad social’ y en el cual se desveló el actual estado de desprotección en el que aún se encuentran las mujeres en estos ámbitos y la carencia de iniciativas concretas para favorecerlas.

Aquel encuentro mostró que es posible recoger propuestas y recomendaciones desde los sectores involucrados, en este caso de las mujeres, como actoras esenciales de la transformación de la economía. Ellas mismas, desde sus organizaciones, han planteado, entre otros temas cruciales, la economía para la vida, en concordancia con la construcción del nuevo (paradigma) modelo económico para vivir bien.

La experiencia que ha desarrollado, en estos pocos pero intensos meses de trabajo, la Asamblea Legislativa Plurinacional permite abrigar esperanzas de que la construcción de las normativas sociales y laborales acoja las propuestas que surjan desde la base y desde entidades especializadas en la materia.

Urge pues, como uno de los ejes de lo que será aquel debate que está planteado, tomar en cuenta la dinámica que se ha propuesto para llevar adelante transformaciones profundas que dejen atrás las viejas normas injustas y tramposas que hicieron que el trabajador termine subvencionando al empresario y al propio Estado a costa de su magro salario. La ley debe dejar de ser una trampa para el trabajador, y el juego mercantilista y abusivo respecto al trabajo debe terminar para terminar con aquello de que ‘la casa gana’ siempre a cualquier costo y en toda circunstancia.

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La Prensa: El país y las pugnas del MAS

Sería muy bueno que el partido de Gobierno mostrara que, aun sin controlar el total del poder, es capaz de producir efectos positivos para el país.

El panorama que presenta el partido de Gobierno, con pugnas que alcanzan hasta los niveles más altos de la administración pública, tendría que preocupar al presidente Evo Morales.

Algo que inquieta a la opinión pública es el temor de que un partido fragmentado, enfrentado internamente, no sea capaz de ofrecer ninguna garantía de una buena y coherente conducción del país.

Para que el país avance, o al menos para que la propuesta del Gobierno produzca resultados, haría falta que la nave del Estado fuera manejada con criterios precisos. En esas circunstancias, más de una corriente interna equivaldría a tener más de un timón en una misma nave. Dejar que las corrientes internas se enfrenten a vista y paciencia de los bolivianos es algo que no solamente afecta a la imagen del partido de Gobierno: llega a dañar la reputación del país.

Como se ha dicho en estas páginas más de una vez, un clima de armonía y de convivencia, o al menos uno de coherencia en la conducción de la cosa pública, ayuda a crear confianza en el país. Y eso lleva a atraer inversiones, que son las que hacen falta para generar empleo y riqueza. Los cambios que ha vivido Bolivia en los últimos años son suficiente motivo para que las inversiones sean esquivas, pero si a eso se le ha de añadir un clima de desencuentros dentro del Gobierno, lo que se tiene es una realidad que crea desconfianza y ahuyenta las inversiones.

Los mensajes que está produciendo esta realidad de tensiones internas son, por decir lo menos, contradictorios.

En efecto, por un lado se dan estas pugnas y por otro lado el vicepresidente Álvaro García Linera reconoce públicamente que el MAS se propone conquistar el ?poder total?.

A este respecto sería muy bueno que el partido de Gobierno mostrara que, aun sin controlar el total del poder, es capaz de producir efectos positivos para el país. Si no lo hace y sigue exhibiendo una fuerte incapacidad en el manejo de la cosa pública, la perspectiva de que alcance el poder total es algo que tendría que asustar.

También sería bueno que el Gobierno comenzara a cuidar más el criterio con el que se organizan los acontecimientos públicos. El lamentable episodio del amauta Valentín Mejillones es algo que daña al Gobierno pero también afecta a la imagen externa del país. Una revisión de las condiciones necesarias para acceder al rango de amauta parece ahora algo imperioso.

Con igual criterio sería bueno que las autoridades eligieran a los funcionarios al cargo de importantes proyectos nacionales. El desaprensivo manejo de la política económica, que fue descuidada los últimos cuatro años, como ha reconocido el presidente Morales, impone al Gobierno un cambio de actitud.

Pero el problema de las pugnas internas es algo que merece un tratamiento muy cuidadoso. Las denuncias que hoy se cruzan entre funcionarios del Ministerio de Gobierno parecen señales incompletas de una guerra interna mucho más amplia y peligrosa.

Estas pugnas internas sólo demuestran que la estructura partidaria del MAS es endeble y no está a la altura del apego que tienen los bolivianos por la democracia, que exige un mayor cuidado en el comportamiento por parte de las autoridades.