Trago amargo de su propio brebaje

Winston Estremadoiro

winston El otro día miraba de reojo los titulares de los medios escritos en la tele. Lacerantes los días de continuados despelotes de los potosinos, que amenazan federalismo y marchar con 15.000 mineros sobre la sede de Gobierno, sin riesgo de ser acusados de separatistas o sediciosos como los cambas. Molestas las nubes de gas lacrimógeno en La Paz dispersando contrabandistas con escudo de gremiales. Risible el desafío entre dos nuevos alcaldes haciendo politiquería y cerrajería antes de haber firmado una sola ordenanza en beneficio de sus comunas.

Me intrigó la crítica de un ejecutivo de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (CONALJUVE), brazo de la red urbana más importante de organizaciones de base: “el control social será un absoluto pandemónium, tal cual ha sido establecido en la Ley Marco de Autonomía”. Aclaro que “pandemónium” o pandemonio es la capital imaginaria del infierno, y figurativamente significa lugar donde reina el desorden.



Parto de señalar que los cambios sociales que vive el país no son autoría de ningún ideólogo visionario, menos de algún engreído al que han hecho creer que es el salvador de la patria. Son reverberos de la transición de una Bolivia rural hacia una urbana, documentada por el 66.39% de su población que hoy busca mejor destino en las ciudades.

Algunos políticos hicieron una mejor lectura y pescaron en río revuelto con tal situación. Claro ejemplo son los endiosados “movimientos sociales” del actual régimen. Un esqueleto de activistas montoneros permitió armar músculos y tendones de migrantes y desempleados esperanzados, prebendas de por medio, adosando tejido adiposo de gremios interesados, si no coaccionados. Son la masa principal de los que promueven el desorden social con movilizaciones. Antes de llegar al poder, con muletillas quizá financiadas desde afuera, como aquella de “no al gas por Chile”; ya en el Gobierno, todo lo que significase llevar agua al molino de intereses particulares, sino personales, o defender al régimen.

El efecto, retardado pero inevitable, es que ha calado en el subconsciente colectivo una asociación peligrosa de imágenes. Si la sabiduría popular afirma que quien no llora no mama, tal aserto se asoció a los ejemplos de activistas de ayer convertidos en dignatarios de hoy. ¿Para qué quemarse las pestañas en un doctorado en Harvard, si cuando estés en la cima la adulación te hará “doctor honoris causa”, con cartón, birrete y toga?

La deformación del concepto de control social es una consecuencia. Planteada en la Ley de Participación Popular de 1994 como innovación del principio anglosajón de “accountability”, que no es otra cosa que la facultad de exigir que rindan cuentas mandamases elegidos o designados dentro la democracia representativa. Su intención original era fortalecer la potestad vigilante de las organizaciones sociales sobre la gestión de autoridades eventuales.

Resbaló en la Constitución de La Calancha a “la sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales” (Art. 241. II). En la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, tal vez en el contexto de diluir o poner cortapisas a las autonomías departamentales, se impone la garantía de control social: “la normativa de los gobiernos autónomos garantizará el ejercicio del control social por parte de la ciudadanía y sus organizaciones, cualquiera sean las formas en que se ejerciten…” (Cap. II, Art. 142).

No debe extrañar, entonces, que cualquier grupo se sienta con derecho a bloquear calles con sus marchas y medidas de presión. Aparte de eso, aprecie el lector las formas. No se aclara si el derecho al control social se encuadrará en la vigilancia de la honestidad y transparencia en la gestión pública, o en la democracia de montoneros ejerciendo presión digitados por mandamases políticos. Pondérese si serán iguales los mecanismos en el caso de líderes electos de la oposición, que con allegados gobiernistas.

¿Quién meterá la novillada al corral?, es algo que reflexionaba hace tiempo, porque es más fácil abrir la tranquera para que atropelle el ganado camino a la pampa, que arrearlo de vuelta al corral. La novedad es que ahora hay toros, novillos, vacas y vaquillas que no son del hato gobiernista. Descarriada la Bolivia del gas natural por la estulticia desmemoriada de nuevos nacionalizadores, solo queda el país del gas lacrimógeno, para reprimir montoneras que reclaman reivindicaciones legítimas, no necesariamente propiciadas por el régimen, amén de esas dirigidas por quienes logran arribismos políticos recurriendo al atropello de los derechos de otros en las calles.

Reitero lo afirmado hace años. Es preferible una democracia imperfecta al populismo arbitrario y narcisista al que parece estar encaminado el Gobierno. Pero ambos tienen un común denominador: la debilidad del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza y hacer cumplir las leyes, excepto para fines politiqueros. Es la decantación de varios años de que en nombre de la democracia, de los derechos humanos, de los movimientos sociales y de enjuiciar a quienes se manda imponer orden y luego se responsabiliza de las consecuencias, se ha perdido el norte de la ley en Bolivia. Quizá por ello ahora el régimen de Evo Morales beba el trago amargo que otrora embutiera a gobiernos que le precedieron.

El Día – Santa Cruz