Comerciantes de la Superferia de Oruro cercan Plaza Murillo y convulsionan centro de La Paz en rechazo a ley que endurece las sanciones contra el contrabando.
Comerciantes de Oruro colapsaron La Paz en oposición a la Ley de Aduanas. El vicepresidente Alvaro García dijo que detrás de ellos se mueven los «magnates del contrabando» (ABI)
La Paz, 3 ago (ABI).- Los comerciantes no serán afectados con la nueva ley de Aduanas sino los «magnates del contrabando», aseguró el martes el vicepresidente Álvaro García Linera al considerar que la movilización que impulsan los gremialistas, bloqueando calles en La Paz, es innecesaria.
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En una conferencia de prensa García Linera, presidente en ejercicio por el viaje de Evo Morales a la Argentina para asistir a la Cumbre del Mercosur, dijo que es imprescindible luchar contra el contrabando, que desangra al país y que atenta contra las políticas sociales en beneficio de la población más empobrecida.
«Los afectados no van a ser los comerciantes, sino una red de contrabandistas, pocas familias que tienen millones y millones de dólares que están utilizando a los hermanos comerciantes para movilizarse», justificó.
En esa dirección pidió a los comerciantes a no asustarse con la nueva norma que se discutirá próximamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional y advirtió que los que tienen que asustarse son los «grandes magnates del contrabando, porque para ellos se acabará la plata».
Acusó a ese grupo de contrabandistas, de impulsar la movilización, amedrentando a los comerciantes, a quienes convencieron de que subirán los precios y bajarán sus ventas.
Argumentó que esa teoría es falsa, porque el contrabando también para «impuestos», pero a privados, a malos aduaneros, a los malos policías, a los extorsionadores que ponen controles clandestinos en las carreteras.
«El contrabando también es una forma de pagar impuesto pero a privados, para gente que se enriquece con la necesidad de la gente», subrayó.
En esa dirección, García Linera dijo que el país no puede rendirse ante el contrabando, porque es rendirse ante un «puñado de pulpos, que se quedan con el dinero que debe ir al Estado».
Insistió en que la nueva Ley de Aduanas es buena para el país, para el Estado, para el pueblo, para el comerciante y es rechazada únicamente por los «grandes contrabandistas».
«Hay que explicar uno por uno a los hermanos que no le tengan miedo a la ley, no van a ser afectados, igual van a recibir su mercancía, a un precio muy parecido, pero el dinero va a estar en manos de las estructuras del Estado en carreteras, educación y salud, que es lo que nos importa», remarcó.
«Cuando se paga el impuesto al Estado valdrá un peso o dos más, pero con ese dinero se construirán carreteras, habrá Bono Juancito Pinto para los hijos de los comerciantes que están marchando, Renta Dignidad para los papas de los movilizados y escuelas», sentenció.
Comerciantes de la Superferia de Oruro cercan Plaza Murillo y convulsionan centro de La Paz
Por Daniel Ramos Mayta
La Paz, 3 ago (ABI).- Comerciantes de la Superferia de Oruro, emporio del comercio informal, controlaron el martes por casi 8 horas ininterrumpidas la Plaza Murillo, de La Paz, centro de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Bolivia, en rechazo a una ley, en trance de parlamento, que endurece las sanciones penales contra el contrabando, constató un periodista de la ABI.
Entre 4.000 y 5.000 comerciantes al menudeo plantaron un cerco en un radio de 200m alrededor de la Plaza a cuyos costados se alzan los palacios de la democracia boliviana.
Por segundo día consecutivo, el objetivo de los manifestantes fue ingresar a la Plaza de Armas, fuertemente controlada por la Policía boliviana que contiene a los comerciantes que deambulan por los accesos al emplazamiento en busca de un resquicio.
Los manifestantes soltaron decenas de fuegos de artificio, durante las 8 horas de plantón, en reiterados intentos por provocar la reacción de la Policía.
La presión de los comerciantes colapsó el tráfico vehicular en el centro de La Paz y dificultó en gran medida el desplazamiento de los peatones.
La medida de fuerza contra una ley que profundiza las penas al contrabando, la actividad ilícita más impune y que mayores fortunas individuales ha originado en Bolivia en los últimos 50 años, obligó a la administración pública a replantear sus horarios laborales.
Los comerciantes se estacionaron en las calles adyacentes y formaron barreras humanas para no dejar salir ni entrar a la histórica Plaza Murillo.
De hecho, el funcionariado del Palacio Quemado y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la Contraloría, el Tesoro Público merendó en su oficina o comió por las inmediaciones.
Los comerciantes de la Superferia Oruro se dijeron decididos a seguir movilizados hasta que el Gobierno y la ALP retrocedan y archiven el proyecto de Ley que modifica el Código Tributario y la Ley General de Aduanas.
Este extremo fue descartado, de plano, por el Ejecutivo.
Una de las comerciantes que llegó desde la ciudad de Oruro, Cristina Choque, exigió «más fuentes de empleo y salarios justos» antes de pretender aprobar esa norma.
«Estamos luchando en defensa de nuestras fuentes de trabajo, porque nosotros vivimos con lo poco que ganamos de la venta de nuestra mercadería que traemos de Iquique (Chile), no es contrabando», dijo, al denunciar que ese sector sufre abusos, decomisos y extorsiones por parte del personal de la Aduana.
No obstante, el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró el martes que los comerciantes no serán afectados con la nueva ley de Aduanas sino los «magnates del contrabando» y consideró que la movilización que impulsan los gremialistas, bloqueando calles en La Paz, es «innecesaria».
Los comerciantes de la Superferia no descartaron asumir medidas de presión radicales, como un bloqueo de carreteras si esa norma llega a sancionarse en la ALP.
Decenas de transeúntes y funcionarios públicos, en mayor número, resultaron perjudicados por el cerco a la Plaza Murillo.
También el trabajo de la prensa resultó en menoscabo y hasta hubo algunas agresiones, cuando los periodistas desplegados a la cobertura del Palacio de Gobierno y la ALP atravesaban el cerco gremialista para retornar a sus medios de comunicación.
Dentro el perímetro rodeado por los comerciantes funcionan un centro educativo, un centro de salud, museos y hoteles que, también, resultaron afectados.
Pese a los reclamos de las personas retenidas en la plaza principal, la policía prefirió el uso de bombardas de gas lacrimógeno y optó por el desgaste de los comerciantes.
Según el Viceministerio de Política Tributaria, la economía boliviana deja de percibir cada año 375 millones de dólares, aproximadamente, a consecuencia de las evasiones tributarias del contrabando.