“Podemos llenarnos la boca, pero el problema del narcotráfico va continuar, al haber tanta materia prima, las fábricas de cocaína se están diseminando como hongos en todo el territorio boliviano” | Ernesto Justiniano – Ex Zar antidroga
Luego de que el Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres informara que el gobierno del Presidente Evo Morales está elaborando una política antidroga para el quinquenio 2011-2015, que pretende ser aprobada a fin de año, la cual contiene cuatro componentes que modificarían la Ley 1008 vigente desde el año 1988 y además, buscaría incluir el control social en la lucha contra el narcotráfico, las reacciones no se han hecho esperar.
Maricruz Mendoza Ugarte | elmundo.com.bo
El jurista, Samuel Saucedo Iriarte, manifestó que toda norma jurídica debe emerger de una necesidad social, puesto que cuando las etapas cambian, la norma tiene que cambiar conforme a la evolución social.
En su criterio, la Ley 1008 ya no responde a una necesidad social, debido a que data desde hace 22 años y la realidad ha cambiado totalmente.
“Hay que modificarla pretendiendo el beneficio de la mayoría, no de ciertos grupos dentro de una sociedad, todo cambio se supone que es para mejor, no para empeorar”, indicó a tiempo de recordar que la Ley 1008 de Régimen de la coca y sustancias controladas une dos elementos: la coca como hoja sagrada y la coca ilícita que sirve como principal insumo al narcotráfico.
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Con respecto a la unión del control social a la lucha contra el narcotráfico, dijo que este tipo de control responde a parámetros de democracia, sin embargo, éstos deben ser verdaderos y no ejercer su función de acuerdo a intereses.
“Yo no puedo hacer control social de sindicatos si soy sindicatero, no puedo hacer control social de ganaderos si soy ganadero, sería juez y parte, no puedo hacer control de cocaleros si soy cocalero, no se puede hacer control de lo mismo”, aseveró Saucedo a la vez de resaltar que el control social es una especie de fiscalización a cierta actividad humana dentro de parámetros de legalidad e interés general pero cuando tiene un interés político de por medio, “no sirve para nada”.
El constitucionalista reconoció que ha aumentado el número de personas que consumen la hoja de coca, por ende, la siembra debe responder a esa demanda, lo cual hace que las hectáreas de sembradíos de esta hoja, incremente, acrecentando también la materia prima que utiliza el narcotráfico para producir cocaína.
“El gobierno tiene un partido que se ha formado en los sindicatos cocaleros, hay una especie de anuencia a beneficiar a quienes han hecho del partido, un partido de gobierno. El Estado boliviano debe nomás pensar que si se legaliza más la siembra de coca, se va abrir la puerta para que se produzca más coca excedentaria y esa coca, sabemos que es para la producción de cocaína, eso es una realidad”, enfatizó.
Por su lado, el ex zar antidroga, Ernesto Justiniano, sostuvo que de diez hojas de coca que se producen en el Chapare, media hoja va al ‘acullico’ y las otras nueve y media van al narcotráfico, de acuerdo al informe de Naciones Unidas que es avalado por el gobierno nacional.
Indicó que el artículo 29 de la Ley 1008 establece que no pueden haber más de doce mil hectáreas de sembradíos de hoja de coca por lo que el Estado debe regular esa situación, y el 31, que no pueden aumentar los cultivos de coca en zonas excedentarias e ilegales.
“El Chapare es una zona excedentaria por definición”, enfatizó Justiniano a tiempo de denunciar que el gobierno violentó la Ley 1008, aprobando en el año 2007, una resolución que permitió que no se erradiquen diez mil hectáreas de hoja de coca en el Chapare. “Los mismos ratones están cuidando la despensa de algo que es blanco y que no es queso”, dijo el ex zar antidroga a la vez de lamentar que una modificación de la Ley 1008 sin propuesta alternativa real para combatir el narcotráfico, “va caer en un ablandamiento”, lo cual no le parece correcto.
“Podemos llenarnos la boca, pero el problema del narcotráfico va continuar, al haber tanta materia prima, las fábricas de cocaína se están diseminando como hongos en todo el territorio boliviano”, señaló.
De igual manera, cuestionó que el gobierno actual haya sacado a la Agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), del país, cuando este organismo permitió en Colombia, eliminar a uno de los principales productores de cocaína, el ‘Mono Jojoy’. Aseguró que esta acción se convierte en una señal positiva para los narcotraficantes de todo el mundo, en entrar al país a realizar su actividad ilícita, puesto que aquí ya no existe la presencia de la DEA y el gobierno fomenta la producción de materia prima para el narcotráfico, la coca.
Acerca de la labor de los controles sociales, en el combate contra este problema, Justiniano preguntó “¿dónde están los controles sociales que no identificaron a las hermanitas Terán, al narcoamauta, entre otros?”. Afirmó que durante estos cinco años de gestión de Evo Morales no ha funcionado este mecanismo de fiscalización.
“Es muy difícil que el ratón que cuida la despensa denuncie a sus propios compañeros, ellos manejan todo el circuito”, subrayó.