Fiscalización: Óscar Cámara defiende su accionar, criticado por los empresarios. Dice que la fiscalización de empresas se guía por criterios técnicos.
Polémico, resuelto a ingresar en el dominio de empresas grandes e influyentes en la economía y la política, el director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), Óscar Cámara, habló de las dificultades de marcar la línea divisoria entre el análisis técnico y la política.
El Código de Comercio se convirtió en el instrumento de este abogado para enfrentar a los grupos y actividades a los cuales atribuye el ejercicio de monopolios en la producción de bienes y servicios.
El anterior martes, cuando aceptó recibir a este periodista en su despacho, tuvo que demorar la entrevista, por más de una hora, porque antes debió acudir al despacho del vicepresidente Álvaro García y un día después hizo un viaje rápido a la ciudad de Sucre, la sede de la empresa cementera Fancesa.
Horas antes había librado en persona una batalla verbal con el empresario y político Samuel Doria Medina, en un canal de televisión. El tema era sin duda el papel del Estado como empresario. A nuestras preguntas, Cámara respondió de este modo:
—Los fallos que ha emitido corren por la corniza y muy cerca de caer en una interpretación política. ¿Cuál es el carácter de su trabajo y de su equipo?
—Fiscalizamos, controlamos, sancionamos y por último recién regulamos, y esto hace ver que esta Autoridad tiene un carácter muy distinto, una estructura diferente, y no estamos entrando en el campo político, eso se lo dejamos a los políticos. Una determinación que adopta esta Autoridad por supuesto tiene un alto fundamento técnico y está acorde con las políticas y señales del supremo Gobierno.
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—Sin embargo, las empresas a las que ha fiscalizado tienen una importancia tal que despiertan apasionados debates.
—Nosotros respondemos al Órgano Ejecutivo. En esta línea, hemos hecho fiscalizaciones de toda índole. Hemos fiscalizado al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), a la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), a Axes Bolivia, a AeroSur, a empresas del cemento, y por tanto no vamos a perder la línea trazada de ser altamente técnicos y con alto compromiso con el pueblo boliviano.
—Pero su labor no deja de tocar un terreno en el que la política juega con los intereses económicos.
—El tema es cómo podemos trazar líneas que nos separen de este campo; es un poco difícil, pero nosotros hacemos el esfuerzo porque defendemos no sólo el interés del Estado, sino también de la sociedad, porque en la medida en que nosotros luchemos contra los monopolios que el Estado prohíbe, el único beneficiario será el usuario.
—¿Cuántas empresas fiscaliza a la luz del Código de Comercio?
—Hasta el primer semestre de este año, aproximadamente 41.000 empresas. Pero nosotros no nos regimos por los porcentajes, nos guiamos por el carácter que cada una de las empresas tiene y por su aporte. Por ejemplo, en el departamento donde más hemos fiscalizado es en La Paz, el segundo departamento es Santa Cruz y el tercero es Cochabamba.
—¿Y cuál es el criterio empleado para elegir a las empresas que fiscalizarán?
—Las 41.000 empresas están distribuidas en varios rubros, desde la construcción hasta el turismo, desde la agricultura hasta la minería y la confección de chamaras.
En la base de datos hacemos una selección cualitativa. Las empresas grandes son muy pocas, no tenemos mucho problema con ellas y las fiscalizamos con mucha facilidad. En las medianas es una selección mediante un cronograma que tiene la Autoridad.
—¿Es una elección al azar?
—No es al azar, es aleatoria, mediante un programa de selección. Luego tenemos empresas que son fiscalizadas a solicitud de los diferentes ministros, gobernadores, alcaldes. Tenemos un margen que dejamos en nuestro Plan Operativo Anual para fiscalizar a solicitud de alguna autoridad superior.
—¿Existe alguna empresa grande en puertas de una fiscalización de su despacho?
—No hay una grande en nuestro plan operativo.
Tenemos dos empresas mineras y la siguiente seguramente será la compañía San Cristóbal. Anteriormente fue una empresa minera del sur.
—¿Las empresas estatales de nueva creación serán fiscalizadas en esta gestión?
—No todas las empresas estatales están sujetas al Código de Comercio. Las empresas fueron declaradas estratégicas mediante un decreto de creación y tienen unas instancias de fiscalización que son los directorios, las asambleas departamentales, asambleas legislativas y la Contraloría General de la República.
Sólo la que está sujeta al Código de Comercio es Entel, y el siguiente año su fiscalización es mi desafío.
—Usted anunció un estudio sobre el mercado del cemento.¿Cuál fue el resultado? ¿Existen mercados controlados por alguna empresa en particular?
—Hemos terminado de trabajar un estudio del mercado, y en este momento se hacen ajustes y pruebas. Hemos detectado que hay control, hay dominio de alguna de las empresas o de todas las empresas en varios mercados del país, hay control total.
“No entramos en la política, eso es para los políticos”
“Fiscalizaremos a la empresa minera San Cristóbal”
PERFIL
Nombre: Óscar Cámara Amaya
Abogado y ex Viceministro de Defensa Legal del Estado y ex Director de Gestión Parlamentaria del Palacio de Gobierno. Escribe un libro sobre los discursos de Evo
Franz Reynaldo Chávez
Fuente: La Prensa