Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Pérdida de confianza
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Bajo el Penoco, El Día: El país de las guayabas
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Los Tiempos: ES POSIBLE LA PACÍFICA CONVIVENCIA
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El Deber: De incendios a inundaciones
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La Razón: Control social
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Cambio: Goni, EEUU y los DDHH
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La Prensa: De incendios a inundaciones
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El Diario: Contrabando de maderas
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El Mundo: Cómo será
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Opinión: Avance en el conflicto de límites Oruro-Potosí
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Clarín, Argentina: El monitoreo del río, con Uruguay
El Día: Pérdida de confianza
La atención de la salud deviene en uno de los derechos fundamentales de la persona que el Estado está en la obligación constitucional de atender dentro de parámetros de calidad, amplia cobertura y trato humanizado. Sin embargo, las evidencias en sentido contrario demuestran que todavía falta un importante trecho por recorrer para lograr que la población boliviana exprese su satisfacción y confianza en el sistema de salud, que involucra tanto los servicios públicos como privados. La implementación de un seguro universal de salud que beneficie a los grupos vulnerables, y que se extienda de manera paulatina al total de la población sigue siendo aún, una asignatura pendiente en el país.
Conviene recordar que desde la década de los años ochenta se vienen realizando esfuerzos dirigidos a ofrecer “salud para todos” en el marco de las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, en consonancia con el compromiso de los gobiernos miembros para brindar en sus respectivos países las bondades de la Atención Primaria de la Salud, entendida ésta como la estrategia mundial enfocada a disminuir los elevados índices de morbilidad y mortalidad en los países pobres, para coadyuvar, entre otras tareas complementarias, a elevar el nivel de vida de la población beneficiaria.
Bolivia ha sido desde un principio un país participativo y entusiasta por lograr las metas mínimas señaladas para encarar el tercer milenio. De hecho, los logros han sido palpables a lo largo de los últimos treinta años. No obstante, resulta justo señalar que los ingentes esfuerzos nacionales siguen siendo insuficientes. Por una parte, debido a la pobreza estructural del país, que ha dificultado un proceso de suyo complejo, pero también por los imponderables factores políticos que han influido en la dinámica social boliviana. La preeminencia de los intereses político-partidarios se ha impuesto al interés colectivo por contar con un sistema universal de salud, confiable, accesible y de calidad.
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De esta manera, la población sigue sufriendo no sólo las consecuencias de un proceso sino trunco, al menos exasperadamente lento. Hace falta infraestructura adecuada y suficiente y también recursos humanos suficientes e idóneos y control gubernamental como social sobre el sistema. No extraña por ello que surjan denuncias de tráfico de órganos, atención deshumanizada, negligencia médica y mala praxis profesional, que han llegado a menudo a las instancias judiciales sin que se note repercusiones positivas. Esto genera una pesada desconfianza que enrarece un ambiente de por sí conflictivo.
Las últimas noticias que dan cuenta de la muerte de una paciente en la sede de gobierno por falta de atención oportuna y posible negligencia en el seguro de salud y la reciente denuncia en nuestra ciudad de la desaparición de uno de los recién nacidos producto de un supuesto embarazo gemelar son sólo muestras de esa pérdida de confianza en el sistema. Sin duda existen razones plausibles que despejen dudas en cada uno de los casos polémicos, pero esta situación de incertidumbre no le hace ningún bien a la población, especialmente si siguen teniendo peso factores políticos en el sector de la salud, donde se suponen acciones concertadas de los gobiernos central y local, que se están haciendo esperar demasiado. Sería deseable se dejen de lado intereses subalternos para encarar con responsabilidad la tarea de recuperar la confianza perdida en el sistema.
En salud se suponen acciones concertadas de los gobiernos central y local, las que se están haciendo esperar demasiado.
Bajo el Penoco, El Día: El país de las guayabas
No ha pasado un mes desde que Brasil anunció, con burlas y todo hacia Bolivia, el hallazgo de un campo de gas en el estado de Maranhao y ya se ha producido otro descubrimiento, esta vez en Minas Gerais, donde se han localizado cuantiosas reservas. Mientras tanto, en Bolivia, tan fea se ha puesto la cosa que no hay ni siquiera suficiente gas para producir cemento para abastecer el mercado interno. A nadie parece preocuparle que el gas haya pasado en el país de “recurso estratégico” a “fracaso nacional”, pues además de los chistes que hacen en Brasil, los bolivianos parecemos convencidos de aquel cuento sobre la distribución de los recursos que hizo Dios a la hora de crear los países. Ahí están los franceses y coreanos detrás del litio y para más yapa, los iraníes en busca de uranio en el Altiplano. Como dijo alguien por ahí, un día van a declarar “recurso estratégico” a las guayabas y Bolivia resultará ser una potencia en la materia. Algún boliviano cualquiera se encargará de embromar las cosas como pasó con el gas y posiblemente pase con el litio, el uranio y también…con las guayabas.
Los Tiempos: ES POSIBLE LA PACÍFICA CONVIVENCIA
Para lograr un acuerdo definitivo entre Oruro y Potosí debe prevalecer la voluntad política de solucionar problemas y no la de incentivar confrontaciones.
La reunión que han sostenido las autoridades y dirigentes cívicos y de organizaciones populares de Potosí y Oruro para resolver, en el marco de un proceso de concertación, el diferendo limítrofe que separa a ambos departamentos da cuenta de que cuando existe voluntad política, no hay problema que no pueda ser abordado en forma pacífica.
Llegar a esta situación no ha sido fácil, pues han intervenido muchos factores que obstaculizaron en forma permanente esta conclusión. Conviene destacar, entre ellos, las tradicionales disputas entre comunidades -que en algunos círculos citadinos lamentablemente se exalta como sabia tradición-, la falta de documentos legales que establezcan claramente los límites geográficos (problema que se reproduce en todo el país) y los intereses de orden económico que existen por la presencia de recursos naturales en las zonas en disputa. A ellos se debe agregar intereses políticos así como la generalizada incapacidad de las autoridades de Gobierno de poder gestionar el ejercicio del poder sin recurrir a la confrontación.
Este conjunto de factores hizo que el departamento de Potosí se haya paralizado durante 19 días y que el de Oruro haya amenazado con medidas de fuerza si no se atendía sus demandas.
Probablemente, la contundencia de las acciones de los representantes departamentales hicieron que el ministro de Autonomías -que hizo un seguimiento permanente de los conflictos- comprendiera que la actitud de indiferencia mostrada en un principio por el Órgano Ejecutivo no era la mejor y que mantener una posición autoritaria sólo conduciría a que la distancia entre la ciudadanía y el Gobierno, e incluso el primer mandatario, podría ampliarse mucho más.
Más allá de estas suposiciones, lo cierto es que esa autoridad logró finalmente que las delegaciones de Potosí y Oruro se reunieran en Cochabamba (considerada "territorio neutral") y acordaran la suscripción de un "Acta de Pacificación y Garantías" de tres puntos, en la que se comprometen a mantener una actitud de "respeto mutuo y pacífica convivencia entre los habitantes que forman parte de las comunidades limítrofes entre Oruro y Potosí"; garantizar el trabajo de gabinete y de campo que deberá concluir en un acuerdo de partes, informes y proyecto de ley a ser aprobado por la Asamblea Legislativa para "definir los límites jurisdiccionales definitivos".
Se insiste en que se debe "asumir una conducta pacífica, debiendo evitar cualquier tipo de conducta contraria a este proceso" y se advierte que si no se cumple este acuerdo y se realizan actos de provocación o agresión, "los infractores, previo informe pormenorizado del Ministerio de Autonomía, en caso de existir hechos tipificados en el Código Penal, serán denunciados al Ministerio Público para su procesamiento penal (…)".
Es de esperar que quienes tengan bajo su responsabilidad este trabajo cumplan con los cronogramas establecidos y, por un lado, las partes acaten lo que los informes técnicos determinen y, por otro, que los órganos Ejecutivo y Legislativo respeten estos acuerdos para transformarlos de forma expedita en ley, es decir, tengan la voluntad política de solucionar problemas y no de incentivar confrontaciones.
El Deber: De incendios a inundaciones
La ciudad de Trinidad pasó, en pocas horas, de sufrir las consecuencias de los incendios de bosques a la angustia de las inundaciones provocadas por las lluvias tempranas.
Esta imagen refleja el grado de imprevisión de las autoridades nacionales acerca de los fenómenos relacionados con la naturaleza, como ser los incendios provocados, por un lado, y las lluvias, por otro.
Las lluvias tempranas vinieron en auxilio de los bolivianos después de que el Gobierno nacional había admitido que no cuenta con los medios suficientes para enfrentar los incendios. Brigadas de expertos extranjeros, incluso provenientes de Chile y Argentina, estaban llegando para auxiliar a los bolivianos, pero las lluvias se les adelantaron.
Un problema resuelto casi completamente –todavía quedan incendios en el país- y la aparición de otro problema, un problema diferente pero que provoca angustias todos los años, con imprevisiones que se repiten siempre.
Los expertos dicen que estos dos fenómenos están relacionados. La quema indiscriminada de bosques debilita los suelos y cuando llegan las lluvias provocan que esos suelos sean arrastrados por las aguas, empeorando cada año los alcances de las inundaciones.
La gravedad que alcanzaron los incendios de este año hizo que por primera vez se anuncien acciones legales contra los responsables, incluida la posibilidad de que sean revertidas las tierras que controlan y que hayan incendiado.
A los parlamentarios les corresponde elaborar ahora, con la urgencia que demanda la opinión pública, leyes claras que vengan a prevenir estos problemas causados a la naturaleza por personas irresponsables.
La Policía y el Ejército, además de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, deberían ser comprendidas en esta gran campaña de salvación y preservación de suelos. En estas páginas hemos insistido en la necesidad de una política clara, porque los indicios de que los suelos se están destruyendo y los desiertos están avanzando son numerosos.
El estilo de dar gritos de alarma cuando se incendian los bosques y luego pedir ayuda cuando amplios sectores del territorio nacional se inundan, se ha hecho vergonzoso. Cada año el país tiene que pedir ayuda a la comunidad internacional para resolver estos problemas, pero jamás se ha dado el caso de que un gobierno decida tomar previsiones. La comunidad internacional tiene muchos motivos para dudar de la capacidad de los bolivianos de controlar su territorio, y de tomar las más elementales previsiones.
Es notorio que faltan leyes claras sobre esta materia. Ahora que el Gobierno nacional está encarando el llenado de algunos vacíos legales, sería conveniente incluir el tema de la protección de los suelos entre las prioridades.
Una ley específica, clara, que se difunda por los medios de comunicación con la frecuencia y la persistencia que se usa para otros mensajes, sería oportuna. Los medios de comunicación independientes se sumarían a esta campaña.
El futuro del país debe ser mirado con mucha responsabilidad por las autoridades. Decir que los anteriores gobiernos no hicieron nada es proponerse –sin quererlo probablemente- perpetuar los males que están acabando con la tierra boliviana.
La Razón: Control social
El gran reto es evitar que dicho control vulnere la independencia de los poderes
La Razón accedió a un proyecto según el cual se busca vigorizar a la Conalcam hasta convertirla en la nueva estructura de control político y social en el país. El objetivo central es “garantizar que el proceso de cambio dure muchos años”, reconoció Rodolfo Machaca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Luego, se conoció que, en realidad, esta asociación de grupos entre los que destacan sindicatos y otras organizaciones ligadas al MAS, se encargará de diseñar la Ley de Control Social y que esta instancia —el Control Social— será un mecanismo convertido en suprapoder. El perfil de la Conalcam, de todos modos, continúa bastante más alto del que tenía al principio: estaría perfilando nada menos que un suprapoder.
La intención pudo haber sido desviar la atención, que la opinión pública no tome a la Conalcam como un poder que estuviera encima de los reconocidos por la Constitución; las críticas llovieron cuando se supo que los movimientos sociales, seguramente a través de una cúpula dirigencial, manejarían una especie de poder extraordinario.
El oficialismo dio una buena señal al rechazar de plano la intención del Consejo de Participación y Control Social de dotar de inmunidad a sus miembros. Por otro lado, la reacción de varios políticos opositores sonó algo exagerada, principalmente aquella que vinculó a la futura Conalcam con situaciones ilícitas, sin posibilidad de otorgar a esa organización el beneficio de la duda o, tal vez, esperar a que se definan sus atribuciones.
La idea de un organismo de control social siempre, no es de ahora, inquietó en el ambiente político. Salió a la luz durante la Asamblea Constituyente, donde se hablaba del Control Social como un cuarto poder. En definitiva, la Constitución terminó reconociendo que “la sociedad civil ejercerá el control social a la gestión pública de todos los niveles del Estado y a las empresas públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales” (Art. 241).
Todavía se está a tiempo de encaminar el Control Social por la única vía posible en democracia, dentro del marco de la Constitución y las leyes. El gran reto es acomodarlo en la estructura institucional vigente del país, sin que vulnere la independencia de los poderes, aparte de que la nueva instancia debe respetar la libertad de expresión de sus integrantes y no erigirse en una suerte de mordaza.
Cambio: Goni, EEUU y los DDHH
"No hemos descansado en ningún momento para hacer que juzguen a Sánchez de Lozada y sus colaboradores, pero lamentablemente se requieren recursos para iniciar un juicio y nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas que realice el Comité Impulsor para que se haga el debido proceso y se sancione a los culpables", aseguró ayer la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), Sonia Brito, durante un mitin que realizaron frente a la Embajada de Estados Unidos.
Familiares de las víctimas de la masacre de octubre de 2003 y activistas sociales se plantaron en puertas de la legación diplomática y con cánticos exigieron al gobierno del presidente Barack Obama la extradición del ex presidente, acusado por genocidio por la muerte de al menos 67 personas, medio millar de heridos con secuelas de por vida, así como por las viudas y huérfanos.
Durante esos días, fuerzas represivas al servicio del entonces jefe del MNR dispararon proyectiles de guerra en contra de un pueblo desarmado que había salido a las calles para expresar su rechazo a que la oligarquía nativa siga impune con el saqueo de nuestros recursos naturales.
"La Asamblea de Derechos Humanos, junto con el Comité Impulsor, las víctimas y los familiares de las víctimas, nos hacemos presentes para presentar nuestro reclamo porque hasta este momento el Gobierno de Estados Unidos está protegiendo de manera indirecta a Gonzalo Sánchez de Lozada. Este señor tiene cuentas pendientes y tiene que volver al país", resumió Brito el clamor de las víctimas.
Y a los seis años y once meses de aquella masacre, Sánchez de Lozada vive hoy a pocas cuadras de la Casa Blanca, en Washington, protegido por ese gobierno. "Está legalmente en los Estados Unidos, y es lo importante para nosotros", confesó el 5 de febrero de 2007 el entonces embajador estadounidense en La Paz, Philip Goldberg.
Sin embargo, para la Casa Blanca, tras el advenimiento de la administración de Barack Obama, esa postura no ha cambiado. Es "más importante" que el prófugo de la justicia boliviana esté "legalmente" en un país que dice defender los derechos humanos, aunque los hechos demuestren lo contrario.
Estados Unidos protege al principal acusado de genocidio de decenas de bolivianos entre septiembre y octubre de 2003, a los ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, de Hidrocarburos Jorge Berindoague y a otros fugitivos de la justicia boliviana. Entonces, la Casa Blanca no tiene la suficiente estatura moral para propalar por el mundo que es una democracia que "defiende los derechos humanos". El ejemplo de Sánchez de Lozada es uno de cientos de violadores de esos derechos y terroristas que se refugian en su territorio.
Además, ocho meses antes de aquel luctuoso octubre de 2003, que regó de muerte la ciudad de El Alto, epicentro de la rebelión popular, Sánchez de Lozada fue el responsable directo del enfrentamiento entre policías y militares que durante dos días dejó una veintena de muertos y decenas de heridos en el centro de la ciudad de La Paz.
Los desastrosos resultados de las empresas capitalizadas en su anterior gobierno y el consiguiente crónico déficit fiscal, sumado a un despertar de la conciencia nacional en torno a la conservación de los recursos naturales, habían configurado un panorama político adverso no sólo para el Goni, sino para la autodenominada ‘clase política’. Sánchez de Lozada no vio otra opción que aplicar un impuestazo, es decir, cargar sobre las espaldas del pueblo la crisis que azotaba al viejo Estado colonial. Según el investigador Sergio Cáceres, la masacre de febrero puso en evidencia la debilidad del gobierno del MNR y de sus aliados: el MIR y la NFR.
Ya en esa época se comentaba que Sánchez de Lozada no llegaría al final de su mandato, sobre todo porque todavía le faltaba intentar llevar adelante una medida más, la más sensible de todas: la venta del gas natural. Éste fue un proyecto secreto por el cual se cedía a la transnacional Pacific LNG la explotación del gas para exportarlo a Estados Unidos y México.
Y en octubre, mientras el pueblo fortalecía en las calles su defensa de los recursos naturales, el ex Presidente seguía empeñado en no renunciar. Por eso calificó como "un golpe de Estado" del "narco-sindicalismo" esa movilización popular, y minimizó los hechos llegando incluso a afirmar que no hubo "tantos muertos ni heridos", pero ya eran pataleos de ahogado. A esas alturas, incluso su vicepresidente, Carlos Mesa, le había quitado su respaldo.
A mediodía del 17 de octubre de 2003, más de 50 mil personas movilizadas rodeaban la plaza Murillo y presionaban la renuncia del hoy prófugo de la justicia, y cientos de militares fuertemente armados custodiaban el centro del poder político.
El Goni se había refugiado en la residencia de San Jorge; Paz Zamora y Reyes Villa le quitaron su apoyo y no tuvo otro camino que huir a Santa Cruz y renunciar desde esa ciudad, tras haber consumado un crimen de lesa humanidad y asaltado las bóvedas del Banco Central.
Esa noche asumió Mesa como presidente y prometió un referéndum para que la población defina el destino del gas, la revisión a la Ley de Hidrocarburos y una Asamblea Constituyente. No cumplió ninguna de esas promesas y la historia abrió las puertas para el proceso de cambio que hoy recorre los caminos de la patria.
Por eso Estados Unidos tiene un solo camino para demostrar al mundo que defiende los derechos humanos: extraditar a Sánchez de Lozada y a sus cómplices, evitar que los autores de ese crimen de lesa humanidad queden impunes y permitir que las víctimas obtengan justicia.
EEUU tiene un solo camino para demostrar al mundo que defiende los derechos humanos: extraditar a Sánchez de Lozada y a sus cómplices, evitar que los autores de ese crimen de lesa humanidad queden impunes y permitir que las víctimas obtengan justicia.
La Prensa: De incendios a inundaciones
Cada año el país pide ayuda a la comunidad internacional para resolver estos problemas, pero jamás se supo que un gobierno tome previsiones.
La ciudad de Trinidad pasó, en pocas horas, de sufrir las consecuencias de los incendios de bosques a la angustia de las inundaciones provocadas por las lluvias tempranas.
Esta imagen refleja el grado de imprevisión de las autoridades nacionales acerca de los fenómenos relacionados con la naturaleza, como ser los incendios provocados, por un lado, y las lluvias, por otro.
Las lluvias tempranas vinieron en auxilio de los bolivianos después de que el Gobierno Nacional había admitido que no cuenta con los medios suficientes para enfrentar a los incendios. Brigadas de expertos extranjeros, incluso provenientes de Chile y Argentina, estaban llegando para auxiliar a los bolivianos, pero las lluvias se les adelantaron. Un problema resuelto casi completamente ?todavía quedan incendios en el país? y la aparición de otro problema, un problema diferente pero que provoca angustias todos los años, con imprevisiones que se repiten siempre.
Los expertos dicen que estos dos fenómenos están relacionados. La quema indiscriminada de bosques debilita los suelos, y cuando llegan las lluvias, provocan que esos suelos sean arrastrados por las aguas, empeorando cada año los alcances de las inundaciones.
La gravedad alcanzada por los incendios de esta gestión hizo que por primera vez se anunciara acciones legales contra los responsables, incluida la posibilidad de que sean revertidas las tierras que controlan y que hubieran incendiado.
A los parlamentarios les corresponde elaborar ahora, con la urgencia que demanda la opinión pública, leyes claras que vengan a prevenir estos problemas causados a la naturaleza por personas irresponsables.
La Policía y el Ejército, además de las otras armas de las Fuerzas Armadas, deberían ser comprendidas en esta gran campaña de salvación y preservación de suelos. En estas páginas hemos insistido en la necesidad de una política clara, porque los indicios de que los suelos se están destruyendo y los desiertos están avanzando son numerosos.
El estilo de dar gritos de alarma cuando se incendian los bosques y luego pedir ayuda cuando amplios sectores del territorio nacional se inundan se ha hecho vergonzoso. Cada año, el país tiene que pedir ayuda a la comunidad internacional para resolver estos problemas, pero jamás se ha dado el caso de que un gobierno decida tomar previsiones. La comunidad internacional tiene muchos motivos para dudar de la capacidad de los bolivianos de controlar su territorio, y de tomar las más elementales previsiones.
Es notorio que faltan leyes claras sobre esta materia. Ahora que el Gobierno Nacional está encarando el llenado de algunos vacíos legales, sería conveniente incluir el tema de la protección de los suelos entre las prioridades.
Una ley específica, clara, que se difunda por los medios de comunicación, con la frecuencia y la persistencia que se usa para otros mensajes, sería oportuna. Los medios de comunicación independientes se sumarían a esta campaña.
El futuro del país debe ser mirado con mucha responsabilidad por las autoridades. Decir que los anteriores gobiernos no hicieron nada es proponerse ?sin quererlo probablemente? perpetuar los males que están acabando con la tierra boliviana.
El Diario: Contrabando de maderas
Cuando se trata de contrabando, se hace incidencia en el de internación de mercadería al país y es el punto en el que más cuidado demuestran las autoridades aduaneras. La verdad es que la otra cara del contrabando y que es de gran importancia es el extractivo, es decir del que sale por nuestras fronteras con rumbo a países vecinos y que daña grandemente a nuestra economía. Uno de ellos es el de las ricas maderas que salen por todos los puestos y que no reciben la atención debida.
En los últimos días se ha denunciado que camiones peruanos transportan gran cantidad de madera hacia el Perú y que proceden de territorio boliviano en el departamento de Pando; estas denuncias muestran que el departamento benjamín del país se habría convertido en foco especial para los contrabandistas, especialmente desde el descubrimiento de 33 camiones con inmensa cantidad de mercadería con rumbo al Brasil y que Pando fue “puente” para esa actividad. A propósito, por extrañas razones que nadie sabe explicar, hasta ahora, no obstante las promesas de “serias investigaciones”, nada se ha explicado sobre ese millonario contrabando que significa el contenido de los 33 camiones.
El contrabando de ricas maderas ya es, prácticamente, una vieja costumbre de quienes actúan en contra de las leyes y lo hacen, con seguridad, con la venia de autoridades encargadas de evitar semejante delito; no se explica por qué hasta ahora y en muchas décadas en las que se ha denunciado estas actividades con maderas procedentes de nuestro territorio, no se ha establecido ni un caso de culpabilidad ni se ha sabido que fue sancionado por las autoridades competentes.
Cuando se habla de contrabando que sale de Bolivia, existen las denuncias pero no se sabe de dónde proviene la mercadería que es causa del delito; cuando lo importante sería, especialmente en el caso de las maderas, conocer quiénes son los concesionarios -de bosques y aserraderos- que se prestan a vender maderas a los que las sacan del país, en qué condiciones lo hacen y si cuentan con las autorizaciones del caso.
Según últimas denuncias oficiales, parte del grupo social “gremialistas” estaría comprometido en el delito; pero mientras no se presenten pruebas y se establezcan las conexiones, lugares de procedencia de la madera y muchos otros detalles importantes, no se podrá tener un panorama que permita saber a ciencia cierta quiénes y cómo son los responsables que, nada raro, especialmente si Pando es “la vía de escape”, que los propietarios y autores del caso de los “33 camiones” sean también los propietarios de los camiones descubiertos con más de tres mil metros de ricas maderas.
Las vías ilegales son múltiples para que kerosene, gas, ricas especies vegetales y animales, alimentos, textiles, muebles, gasolina y muchos otros alimenten a países vecinos, logrando pingües utilidades incrementadas por el no pago de impuestos ni derechos aduaneros en Bolivia. Para las autoridades aduaneras no debe ser un secreto el tener referencias ciertas sobre la procedencia de toda esa mercadería; sin embargo, poco o nada se dice al respecto. Un ejemplo patético de lo “conveniente” que resulta el negocio ilícito está en que los hidrocarburos tienen precios subvencionados en Bolivia y precios que rigen en el mercado internacional en países a los que llega nuestra producción. El Gobierno -y especialmente las autoridades aduaneras- tendrán que atender con mucho cuidado este rubro que, conforme pasan las políticas del “dejar hacer y dejar pasar”, crecerá indiscriminadamente en detrimento de las arcas fiscales y de la misma economía de todos los bolivianos.
El Mundo: Cómo será
Con mucha alharaca, las autoridades del gobierno han dado a conocer su decisión de adquirir un 33 por ciento de las acciones de la Fábrica de Cemento de Sucre, para dejarlas a disposición del gobierno departamental de Chuquisaca que se encuentra bajo el mando de una persona afín a su ideología.
Si bien en la década de los 50 del siglo pasado, las nacionalizaciones se veían con cierta inquietud optimista, ahora sabemos que en la mayor parte de los casos, por no decir en todos, la forma de administrar la cosa pública, por parte de gobernantes que distaban mucho de estar comprometidos con el interés de la nación y menos de la ciudadanía, resultó poco menos que desastrosa.
Dentro del sistema neoliberal, los organismos internacionales recomendaron ya al finalizar el siglo 20, para eliminar la deuda pública y los procesos inflacionarios imparables que las instituciones del estado sean enajenadas en manos de instituciones privadas.
Sabemos que se trataba de una jugada del imperialismo norteamericano para favorecer a las empresas transnacionales y analizando bien la situación, se buscaron soluciones alternativas, una de las cuales, en la teoría resultó ser la más viable, era la capitalización, que una vez planteada como teoría recibió el apoyo y el interés de varias naciones que demandaron la información detallada de su gestor.
Al final, el remedio resultó peor que la enfermedad, no porque la capitalización hubiera sido mala, sino porque quienes la llevaron adelante pensaron en sus intereses antes que en el interés nacional y antes de que las empresas escaparan de sus manos, decidieron regalarlas, en muchos casos a empresas quebradas, como fue el caso del Lloyd Aéreo Boliviano, con el cobro de cuantiosas coimas que no dejaron ningún beneficio para el país. Recordamos al famoso ministro de la capitalización, Rebollo que mucho antes que su jefe, desapareció del panorama nacional y no se supo más de su vida.
El gobierno actual que en sus primeras manifestaciones de planes de trabajo, si en algún momento tuvo alguno, manifestó su deseo de retroceder quinientos años y lo que hace ahora es retroceder sólo sesenta, para volver a fojas cero.
La primera demonstración de la privatización de las empresas llegó con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos que en las primeras de cambio, dio motivo a que el Presidente de la empresa, una de las figuras destacadas del nuevo gobierno, termine en la cárcel por el manejo irresponsable de la cosa pública.
El panorama de Fancesa parece ir por ese mismo camino y resultan preocupantes, por otra parte, las demostraciones de severidad contra la corrupción que sólo llegan a las personas que no simpatizan con el gobierno, mientras en otros casos todos ponen las manos al fuego para evitar sanciones a otras autoridades acusadas de graves delitos en el mismo sentido.
En nuestro editorial de ayer, recordábamos los favores que el gobierno debía a la participación política del principal industrial del cemento en el país, pero como parece que ha perdido el apoyo de las autoridades, hoy ser ve envuelto en una serie de acusaciones que con seguridad, lo tendrán aislado como a otro empresarios y ex autoridades, sobre las que pesan acusaciones no comprobadas.
Será que en algunos años tendrá que llegar otro salvador, con un 21060 bajo el brazo, para dejar el país en peores condiciones todavía.
Bien valdría la pena aprovechar un poco la experiencia de los últimos tiempos, antes de pensar en la vida pre colonial que también debió tener el sello de las grandes fallas humanas por la falta de honestidad.
Opinión: Avance en el conflicto de límites Oruro-Potosí
Las delegaciones de los departamentos de Oruro y Potosí que se reunieron el jueves en esta ciudad, han dado pasos importantes en la búsqueda de la resolución al conflicto limítrofe, que mantuvo en vilo al país a partir del paro indefinido y bloqueo que llevaron adelante instituciones potosinas por más de dos semanas.
Si bien el problema requiere de un tratamiento técnico, histórico y de otros niveles de decisión legislativa y administrativa, lo positivo es que se han iniciado negociaciones en un ambiente de distensión y sobre todo de respeto. Lo primero ha sido la firma del acta de pacificación que incluye garantías para evitar en el futuro situaciones de conflicto. Se han firmado documentos estableciendo metodología de trabajo y un cronograma para la realización de actividades que tienen que ver con la visita al lugar en disputa, el estudio de la documentación que tienen ambos departamentos y que por separado sustentan los límites de sus territorios.
Lo que ha ocurrido hace algunas semanas, con el paro de Potosí, ha dejado una serie de efectos y consecuencias tanto en el plano político como el cívico institucional de ese departamento y también en el de Oruro. La primera experiencia que se refuerza con los resultados de la reunión del jueves en Cochabamba es que los conflictos que tienen que ver con intereses de los departamentos y de sus habitantes no pueden ser postergados y en caso de que las medidas de hecho se sobrepongan es urgente buscar cualquier resquicio para iniciar el diálogo y evitar que el conflicto genere mayores consecuencias.
Los conflictos de límites evidentemente son complejos y cuando estallan pueden originar situación de violencia y de enfrentamiento, por ello mismo, las autoridades de Gobierno tienen que estar dispuestas a su atención preferente en los niveles que estos demanden, es decir en el Ejecutivo y en el Legislativo.
En el problema de límites de Oruro y Potosí confluyen situaciones históricas y administrativas, y como se sabe, de riquezas naturales, como en el caso concreto de la piedra caliza, materia prima para el funcionamiento de una fábrica de cemento, y ahora, según publicaciones de prensa en base a criterios de expertos, habría la posibilidad de que en algunos de esos territorios exista incluso uranio.
Lo acontecido en el conflicto de límites entre Potosí y Oruro deja al mismo tiempo otra lección: que en el proceso de la implementación de las autonomías es posible que estos problemas se generen con relativa frecuencia y de su atención oportuna dependerá mucho que el análisis técnico, legal y legislativo se abra paso a las posiciones extremas que representarían grave peligro para la paz nacional.
Autoridades de Gobierno han reconocido el riesgo de que se registren tensiones legislativas, políticas y sociales, como resultado del nuevo cuadro político administrativo que se dará en el país a raíz de las autonomías y de la desconcentración del poder. Pero además se plantearía un nuevo escenario nacional con una serie de intereses regionales que estarían centrados en aspectos de desarrollo, la preservación de recursos naturales y la obtención de mayores ingresos económicos provenientes de estas fuentes y de otras eventuales. Lo importante en este último aspecto será conciliar los intereses en el marco de la norma legal y la que vaya a surgir de la propia legislación regional. Como todo proceso, exigirá la capacidad de las autoridades respectivas en el área, y de mecanismos de atención oportuna, que abran el diálogo y la concertación.
Clarín, Argentina: El monitoreo del río, con Uruguay
Luego de siete años de postergación, la Argentina y Uruguay se disponen a poner en funcionamiento el monitoreo conjunto del impacto ambiental sobre las aguas del Río Uruguay, con epicentro en la actividad de la planta pastera de UPM (ex Botnia) que originó el conflicto.
Es lo que debió haberse garantizado desde un comienzo, cuando se anunció el proyecto de instalación de la planta, ya que existían los instrumentos jurídicos y diplomáticos previstos por los tratados bilaterales. Pero responsabilidades políticas de ambos países dilataron o soslayaron la intervención de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y dejaron que los hechos consumados fueran dictando los tiempos.
La consecuencia fue el inicio de las actividades de Botnia en Fray Bentos, el corte del puente en Gualeguaychú y la interrupción del diálogo bilateral aguardando la instancia del Tribunal de La Haya, que terminó expidiéndose en un fallo salomónico.
Las Cancillerías anunciaron ahora la conformación del equipo de especialistas que tendrá a su cargo el monitoreo conjunto, en el marco de la CARU. Este equipo deberá verificar las condiciones de impacto ambiental de la planta pastera de Fray Bentos y luego, de todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río.
La atención binacional en la preservación de los recursos hídricos compartidos deberá cumplirse con probidad técnica, respaldo institucional y transparencia, para dar por superadas paulatinamente las divergencias.
Queda por resolver, también, la situación de los asambleístas de Gualeguaychú, que han cuestionado la elección de los técnicos argentinos y siguen deliberando sobre sí volver o no a interrumpir o entorpecer el tránsito con Fray Bentos. El Gobierno alentó este movimiento y, si bien interpuso demandas judiciales para revertir el cierre del puente internacional, no ha dejado claro que está dispuesto a garantizar, como la ley lo exige, la libertad de tránsito.
Argentina y Uruguay se disponen a iniciar el cuidado conjunto de las costas y aguas del Río Uruguay. Es un aprendizaje luego de siete años de conflicto que podría haberse evitado.