Índice de los Editoriales de Periódicos
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Los Tiempos: UNA RIESGOSA DECISIÓN
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El Deber: La reversión de Fancesa
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La Razón: El caso Fancesa
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Cambio: Al amparo del poder
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La Prensa: La reversión de Fancesa
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El Diario: La receta peor que el mal
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El Mundo: Buen negocio
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Opinión: Estatizaciones con reglas previas y claras
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Clarín, Argentina: La Ciudad, sede de la cultura
Los Tiempos: UNA RIESGOSA DECISIÓN
La confiscación de las acciones de Soboce en Fancesa sólo se puede entender como un paso más hacia el control estatal de la economía
Al confiscar en favor de la Gobernación de Chuquisaca las acciones que la empresa cementera Soboce tenía en Fancesa de Sucre, el Presidente del Estado ha dado un paso bastante peligroso porque todo indica que esta medida responde a una decisión de corte ideológico que no respeta ni el orden jurídico vigente en el país ni una situación de necesidad económica.
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En el campo jurídico, la disposición se basa en una presunta ilegalidad que existiría en el proceso de compra del paquete accionario por parte de Soboce. El problema radica en que esa presunta ilegalidad es establecida por el Órgano Ejecutivo y no, como correspondería después de un debido proceso, al Órgano Judicial. En el campo económico, porque hay fehacientes pruebas de que la administración de Fancesa ha sido exitosa, como demuestran los recursos que ha generado y que han beneficiado a la sociedad compuesta por Soboce, la Universidad San Francisco Javier y el Gobierno Municipal de Sucre. Además, no hay que olvidar que en estos momentos hay una demanda creciente de cemento, al punto que el propio gobierno ha anunciado que importaría este producto de Venezuela.
Al no tratarse de un asunto jurídico ni económico, se puede inferir que detrás de esta decisión hay otras intenciones. De hecho, la explicación que ha dado el Ministro de Economía en sentido de que el empresariado no debe tomar esta confiscación (que él denomina reversión) como una señal de inseguridad jurídica porque de lo que trata es de cumplir con la política de devolver al Estado todo lo que en el pasado "neoliberal" se hubiera privatizado o capitalizado. Es decir, y a contramano de lo que el dignatario dice, la confiscación y la declaración confirman que el país está a la orden del arbitrio de quienes ejercen circunstancialmente el poder político y, por donde se analice, eso significa que la ciudadanía está a merced de los deseos de quienes circunstancialmente dirigen el país y no de lo que el orden jurídico establece.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores ha sostenido que ésta sería una medida sancionadora porque Fancesa habría destinado recursos a las movilizaciones sucrenses durante los conflictos por la capitalidad; es decir, se trataría de una revancha política y, peor, sin que haya prueba alguna de que la empresa cementera hubiera hecho esos desembolsos (lo que cuesta creer porque el principal accionista de Soboce fue un tenaz opositor, en concordancia con el MAS, a que se traslade la sede de gobierno desde La Paz a Sucre).
También debe preocupar que se ataque a una de las empresas más exitosas del occidente del país y que con visión empresarial se ha ido extendiendo por el territorio nacional generando empleo y experiencias de producción compartidas entre diferentes formas de trabajo (capitalista, comunitaria y estatal), que podrían, a futuro, convertirse en una especie de modelo exitoso.
Por tanto, la confiscación sólo se la puede entender como un paso más en el camino hacia un modelo estatal de la economía. Más aún cuando está claro que si los propósitos no fueran de orden ideológico/político, el gobierno podría haber actuado, si dudas tenía sobre el origen y funcionamiento de Fancesa, ceñido al ordenamiento legal.
El Deber: La reversión de Fancesa
El presidente Evo Morales decidió revertir para el Estado el 33,34% de las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima (Fancesa) que habían sido adquiridas en una licitación de hace nueve años por la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
Mediante un decreto se dispuso que esas acciones pasen a la Gobernación del departamento de Chuquisaca, que queda en calidad de socio igualitario con la Alcaldía y la Universidad Mayor San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Los responsables de Soboce han hecho conocer su protesta por esta medida, por considerarla una demostración de abuso de poder de parte del Gobierno y el desconocimiento de las leyes del país.
Las organizaciones empresariales han expresado su solidaridad con la empresa afectada y han señalado que este tipo de medidas perjudica la imagen del país como receptor de inversiones extranjeras, e incluso nacionales.
Este aspecto de los alcances de la medida es probablemente el más perjudicial. Los inversionistas extranjeros habían recibido con visible contento los anuncios hechos por el presidente Morales en ocasión del III Congreso Bolivia Energía & Gas 2010 realizado en Santa Cruz a mediados de agosto.
Esos anuncios, repetidos tres veces por el primer mandatario en un breve discurso, decía que ahora las empresas extranjeras podían venir a Bolivia porque su gobierno les daba todas las seguridades jurídicas.
Tan pocos días después de esas aseveraciones, el propio Presidente toma una medida que equivale a borrar con los hechos lo que había dicho con palabras.
El contento de los empresarios nacionales y extranjeros por las palabras del presidente Morales se explicaba por la sospecha de que, en vista de que la bajísima tasa de inversiones está afectando a la economía, el Gobierno hubiera decidido cambiar su actitud hacia el sector privado.
La decisión sobre las acciones de Fancesa viene a mostrar a los inversionistas que, al contrario de lo que acababa de decir el presidente Morales, en Bolivia no hay seguridades jurídicas para las inversiones privadas.
Si algunas empresas extranjeras hubieran estado preparando un cambio de actitud hacia Bolivia como reacción ante los mensajes de Morales, ahora tienen motivos para desistir, y volver a mirar a nuestro país como un lugar inseguro.
Estas consideraciones sobre las inversiones parecerían tecnicismos de economistas si no se las relacionara con el hecho de que las inversiones son las que hacen posible el progreso de la economía, la creación de empleos y el impulso de la producción y de las exportaciones.
Cuando el país es asediado por actividades económicas ilegales y criminales, como es el narcotráfico, cualquier medida que desaliente a las actividades legales es peligrosa.
Lo que debería hacer el Gobierno ante las amenazas mencionadas que tienen en jaque a países más grandes que Bolivia, es hacer un pacto con las actividades legales e impulsar las inversiones alentándolas con leyes pero también con hechos.
Lo ocurrido con Fancesa es una señal peligrosa para el futuro del país. El Gobierno necesita meditar sobre lo que está haciendo con estas medidas, que tienen un valor real mucho mayor que los discursos y las leyes.
La Razón: El caso Fancesa
Se debe cuidar que las políticas estatales vayan de la mano con la iniciativa privada
La recuperación a favor del Gobierno Departamental de Chuquisaca de las acciones en Fancesa que tenía la cementera Soboce y que antes pertenecían a la Prefectura de Chuquisaca, desató un verdadero revuelo en el país. Se tocaron intereses de uno de los empresarios bolivianos más importantes, Samuel Doria Medina, pero también de extranjeros que tienen participación en la firma.
La exitosa fórmula mixta de administración empresarial a cargo de dos entidades públicas con una compañía privada, era un ejemplo a nivel de Latinoamérica. La Alcaldía de Sucre y la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca compartían el directorio con Soboce en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa). Pero, esto cambiará debido a la medida asumida el 1 de septiembre por el gobierno de Evo Morales.
La Sociedad Boliviana de Cemento, hasta ese momento, vino contribuyendo al crecimiento sostenido de la fábrica sucrense.
Con Soboce como copropietaria de Fancesa, ésta multiplicó por 10 sus ganancias económicas en los últimos años. Esto significa que la empresa mantuvo altos niveles de rendimiento desde 1999, cuando el grupo paceño compró el 33,34% de las acciones en $us 26 millones. Hoy, se estima que ese paquete accionario podría tener un valor mucho mayor, aunque el Decreto Supremo 0616, con el que el Gobierno traspasó los títulos privados a favor del Gobierno Departamental de Chuquisaca, establece que una empresa independiente se encargará de justipreciarlo, antes de proceder al pago.
El 6 de agosto de este año, el presidente Evo Morales invitó a los empresarios nacionales a invertir en el país; pero, con medidas como la aplicada en el caso de Soboce, se crea un nuevo ambiente de incertidumbre. El pretexto es recuperar lo que fue del Estado y lograr más de $us 4,5 millones anuales para Chuquisaca, acusando en el camino a Doria Medina de tráfico de influencias en el gobierno de Jaime Paz Zamora.
Según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara Nacional de Comercio, la medida generará incertidumbre jurídica y alejará del país a posibles inversionistas nacionales y extranjeros. No es la primera vez que el gobierno del mandatario Morales provoca este tipo de reacciones y, en ese sentido, lo conveniente sería cuidar que las políticas estatales vayan de la mano con la iniciativa privada. Aunque se diga que el resto de las inversiones con esfuerzo privado se respetarán.
Una empresa, como lo es Fancesa, debe tener un manejo empresarial y no político, pues esto podría resultar nefasto para la principal industria de Chuquisaca en un mercado cada vez más competitivo. ¿No era mejor tratar de recomprar las acciones de Soboce ofreciéndole a ésta la posibilidad de negociar? ¿Por qué optar, siempre, por la vía de la reversión forzosa?
Cambio: Al amparo del poder
El gobierno del presidente Evo Morales recuperó, mediante el Decreto Supremo No 0616, el 33,34% de las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) en beneficio de la Gobernación de Chuquisaca, luego de más de 10 años de que esa ex Prefectura transfiriera el total de su derecho propietario a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), del empresario Samuel Doria Medina.
La decisión asumida y comunicada el miércoles al pueblo chuquisaqueño por el Jefe de Estado fue calificada por el directorio de Soboce como "un abuso de poder y un atentado a las inversiones".
El presidente de ese directorio, Juan Carlos Requena, dijo que "el decreto 616 que intenta expropiar, a título de transferencia, el 33,34% de las acciones de Fancesa, adquirido hace más de una década por la Sociedad Boliviana de Cemento, incurre en abuso de poder, gravísimas irregularidades procedimentales y flagrante injusticia".
Requena aseguró que Soboce "defenderá su patrimonio y todos los derechos que la ley le ampara y garantiza, porque la arbitraria expropiación de su participación accionaria en Fancesa es un acto contra toda legalidad y una agresión contra las normas constitucionales fundamentales".
En este contexto, creemos que la ley señala el camino que debe seguir Soboce, ya que considera que sus derechos fueron vulnerados, pero también debe asumir que sobre la transferencia de las acciones de Fancesa —de propiedad de la entonces Prefectura de Chuquisaca a su patrimonio— existe certidumbre de que fue consumada al amparo del tráfico de influencias, tan común en el neoliberalismo que enajenó no sólo las empresas del Estado, sino las riquezas naturales de todos los bolivianos.
"Lo hecho por Doria Medina es un delito de tráfico de influencias. El gobierno es fiel a su política de recuperación de los bienes estatales y así fueron informadas las organizaciones que agrupan a los empresarios nacionales y extranjeros", dijo al respecto el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, y agregó que "no se trata de un abuso de autoridad, sino de cumplir con los postulados de la política gubernamental de recuperar los bienes que pertenecen al Estado y al pueblo".
Y la posición expresada por Arce Catacora no sólo ratifica la política estatal que lleva adelante el gobierno del presidente Evo Morales —de recuperar las empresas privatizadas y los recursos naturales—, sino que sus acciones se encuentran amparadas por la Constitución Política del Estado y las leyes.
Además, todos los indicios señalan que el accionista mayoritario de Soboce, Samuel Doria Medina, se favoreció con la Ley 1330, promulgada el 24 de abril de 1992 por el gobierno de Jaime Paz Zamora —del que fue parte como ministro de Planeamiento—, que autorizaba a las instituciones, entidades y empresas del sector público a enajenar los bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas, nacionales o extranjeras, o aportar con ellos a la constitución de nuevas sociedades anónimas mixtas.
Y en su artículo 5 hacía una prohibición: "Los presidentes, gerentes, directores, asesores de empresas públicas, como también el personal jerárquico del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del poder central o descentralizado, no podrán participar, directa o indirectamente por interpósita persona, en la adjudicación de parte o de toda una empresa pública".
Es decir, Doria Medina, al haber firmado la promulgación de esa ley junto a Paz Zamora y Jorge Tuto Quiroga —entonces ministro de Finanzas—, entre otros, no estaba habilitado para adjudicarse las acciones de Fancesa que pertenecían a la entonces Prefectura de Chuquisaca, como finalmente ocurrió el 28 de septiembre de 1999. El decreto aprobado por el gobierno de Hugo Banzer adjudicó el 33,34% de las acciones de Fancesa, en el marco de la Ley 1330, a la Sociedad Boliviana de Cemento, cuyo principal accionista es Doria Medina, en 26 millones de dólares. (Un estudio determinará a cuánto asciende el valor de las acciones recuperadas para la Gobernación de Chuquisaca).
Es decir, el magnate del cemento no sólo fue el principal impulsor de la ley de privatización durante el gobierno de Paz Zamora, sino que se benefició con la compra de esas acciones de Fancesa y violó la norma que en su condición de Ministro de Planeamiento firmó siete años antes. Además, Doria Medina podría ser pasible de un proceso penal por la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque cometió —a la luz de los hechos— el delito de tráfico de influencias.
En este contexto, la recuperación de las acciones de Fancesa fue una medida legal que beneficia al pueblo chuquisaqueño, pero fundamentalmente recupera una factoría que estaba ilegalmente en manos de un empresario que monopolizó la industria del cemento para beneficio propio.
Y como si fuera poco, según el investigador Édgar Ramos, Doria Medina había asumido para sí toda la cadena de valor de la industria cementera del país, con Áridos San Roque, cuatro fábricas de cemento (Viacha, Fancesa, Warnes, El Puente), viguetas Concretec, y premezclados Ready Mix. De este monopolio sólo se salvaron la cooperativa Coboce de Cochabamba y Cemento Camba de Santa Cruz.
En el caso de la cementera El Puente, ésta fue privatizada cuando Doria Medina era Ministro de Planeamiento, para más tarde también asumir el control de la administración.
Por eso, celebramos que el presidente del directorio de Soboce haya anunciado que Doria Medina "defenderá su patrimonio" con "todos los derechos que la ley le ampara", porque en es un tribunal jurisdiccional deberá explicar por qué violó la Ley 1330, de privatización —que firmara en 1992— y que taxativamente le prohibía beneficiarse con la enajenación de las acciones de la Prefectura de Chuquisaca en Fancesa, y cómo logró el control de su directorio.
Doria Medida deberá explicar por qué violó la Ley 1330, de privatización —que firmara en 1992— y que taxativamente le prohibía beneficiarse con la enajenación de las acciones de la Prefectura de Chuquisaca en Fancesa, y cómo logró el control de su directorio.
La Prensa: La reversión de Fancesa
Las inversiones son las que hacen posible el progreso de la economía, la creación de empleos y el impulso de la producción y las exportaciones.
El presidente Evo Morales decidió revertir para el Estado el 33,34% de las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima (Fancesa) que hace nueve años habían sido adquiridas en una licitación por la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
Mediante un decreto se dispuso que esas acciones pasen a la Prefectura del Departamento de Chuquisaca, que queda en calidad de socio igualitario con la Alcaldía y la Universidad Mayor San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Los responsables de Soboce han hecho conocer su protesta por esta medida, por considerarla una demostración de abuso de poder de parte del Gobierno y el desconocimiento de las leyes del país.
Las organizaciones empresariales han expresado su solidaridad con la empresa afectada y señalan que este tipo de medidas perjudica a la imagen del país como receptor de inversiones extranjeras, e incluso nacionales.
Este aspecto de los alcances de la medida es probablemente el más perjudicial. Los inversionistas extranjeros habían recibido con visible satisfacción los anuncios hechos por el presidente Morales en ocasión del III Congreso Bolivia Energía & Gas 2010, realizado en Santa Cruz a mediados de agosto.
Esos anuncios, repetidos tres veces por el primer mandatario en un breve discurso, decían que ahora las empresas extranjeras podían venir a Bolivia porque su Gobierno les daba todas las seguridades jurídicas.
A tan pocos días después de esas aseveraciones, el propio Presidente toma una medida que equivale a borrar con los hechos lo que había dicho con palabras.
La satisfacción de los empresarios nacionales y extranjeros por las palabras del presidente Morales se explicaba por la sospecha de que, en vista de que la bajísima tasa de inversiones está afectando a la economía, el Gobierno hubiera decidido cambiar su actitud hacia el sector privado.
La decisión sobre las acciones de Fancesa sirve para mostrar a los inversionistas que, al contrario de lo que acababa de decir el presidente Morales, en Bolivia no hay seguridades jurídicas para las inversiones privadas.
Si algunas empresas extranjeras hubieran estado preparando un cambio de actitud hacia Bolivia como reacción ante los mensajes de Morales, ahora tienen motivos para desistir y volver a mirar a nuestro país como un lugar inseguro.
Estas consideraciones sobre las inversiones parecerían tecnicismos de economistas si no se las relacionara con el hecho de que las inversiones son las que hacen posible el progreso de la economía, la creación de empleos y el impulso de la producción y las exportaciones. Cuando el país es asediado por actividades económicas ilegales y criminales, como el narcotráfico, cualquier medida que desaliente a las actividades legales es peligrosa.
Lo que debería hacer el Gobierno ante las amenazas mencionadas, que tienen en jaque a países más grandes que Bolivia, es hacer un pacto con las actividades legales e impulsar las inversiones alentándolas con leyes, pero también con hechos.
Lo ocurrido con Fancesa es una señal peligrosa para el futuro del país. El Gobierno necesita meditar sobre lo que está haciendo con estas medidas, que tienen un valor real mucho mayor que los discursos y las leyes.
El Diario: La receta peor que el mal
Frente al reciente y virulento desarrollo de la corrupción, el Gobierno con ínfulas de moralista ha empezado a adoptar medidas para evitarlo y al respecto ha dictado varias disposiciones, al mismo tiempo que algunos altos funcionarios de la alta jerarquía burocrática hacen declaraciones terminantes y con signos de energía que, supuestamente, podrían tener efectos positivos y poner fin a ese problema y, por ende, constituirse en un ejemplo para su aplicación en algunos otros países donde se ve con interés el esfuerzo boliviano para poner fin a la dolencia.
Al respecto, el Vicepresidente ha declarado que ya no existe “blindaje” para proteger a los delincuentes que cometan tales “fechorías” y la Ministra de Transparencia, muy solemne, ha manifestado que su Cartera se ha fortalecido con la “Ley Marcelo Quiroga”, la creación de nuevas dependencias, la obtención de fondos y la próxima firma de varios acuerdos internacionales por los cuales el país podrá sentirse beneficiado y pasar, de uno de los primeros puestos de corrupción en la lista internacional, a un nivel que pueda causar un mínimo de confianza.
Naturalmente, se trata de palabras que acarician los oídos porque es de esperar que los hechos no vayan por otros caminos y, finalmente, nos encontremos con que, en vez de que se reduzcan los índices de inmoralidad, aumenten pese a las manifestaciones de energía estatal y el dictado de disposiciones draconianas que podrían llenar las cárceles con los autores de actos contrarios a la moral.
Empero no hay rosas sin espinas y al parecer la exhibición ética contra la corrupción estaría entrando en un círculo vicioso que no dará mayores frutos y la enfermedad podrá superar la medicina en vista de que “hecha la ley, hecha la trampa” y muy en especial porque la lucha no se realiza contra las causas y orígenes del problema, sino se limita a combatir los efectos más secundarios, lo cual finalmente conducirá a que los esfuerzos ofrecidos serán acciones románticas acuñadas al amparo de las mejores intenciones. En esencia, podría suceder que la medicina resulte peor que la enfermedad, porque se considera que no existe la categoría de Causa y Efecto y que no hay efecto sin causa.
La ofensiva contra la corrupción registra en todo caso notables falencias iniciales. En primer lugar se limita a perseguir y castigar a los funcionarios públicos que atenten contra el “Estado Plurinacional”, pero ni una palabra dice en relación con quienes atenten contra la Nación porque, en forma definitiva, es necesario remarcar que Nación y Estado son términos diferentes. En esa forma, quienes atenten contra el patrimonio y los intereses de la Nación estarán a salvo de cualquier sanción, mientras que los únicos que caerán víctimas de la espada de Damocles de las nuevas leyes, vale decir los funcionarios públicos, tendrán que ir a la cárcel. Así, los que atenten contra la Nación serán unos ángeles inocentes.
De otro lado, es necesario subrayar con rojo que las recientes medidas legales contra la corrupción, como la “Ley Marcelo Quiroga”, no están dirigidas a atacar las causas del problema, sino por el contrario, a alentar los efectos. Esa Ley lo que hace en su esencia es formar una amplia burocracia moralista, aumentar el número de delitos y crear una gran cantidad de nuevas y más severas sanciones contra quienes atenten contra el interés del “Estado”, pero no contra quienes atenten contra la Nación. Efectivamente, lo que determinará esa Ley será que, indefectiblemente, habrá más corrupción y más corruptos y que faltarán cárceles para sancionar a los infractores. Ese resultado, cuando no se hace las cosas bien será, por tanto, contrario al que se esperaba y la única perdedora será la Nación.
El Mundo: Buen negocio
Durante las últimas semanas, se ha agudizado en el país la escasez de cemento para la construcción y mientras los fabricantes anuncian que la producción es normal, el mercado muestra una ausencia de este producto que ha dado lugar a la elevación arbitraria de los precios.
Al parecer, los comerciantes han decidido esconder la mercadería con el propósito de aumentar su costo, mientras los desesperados constructores se ven en la necesidad de hacer pagos extras, a fin de no demorar la entrega de sus obras.
El tema va todavía más allá y con el fin de encontrar una solución al problema, el Gobierno ha anunciado la importación de ese producto del mercado venezolano que por lo visto, tiene la posibilidad de colocarlo en el mercado, en el entendido de que las necesidades en su país se encuentran satisfechas. Sin embargo, las reacciones en ese país no se han dejado esperar y la gente ha expresado su molestia por el compromiso asumido, haciendo ver que el producto es necesario en ese país.
Las cosas van todavía más allá, ante la situación que se ha planteado en el país, el Gobierno ha decidido la expropiación de las acciones de una la de las fábricas de cemento más importantes del país, que estaban en poder del empresario Samuel Doria Medina para entregarlas a la Gobernación de Chuquisaca que en su antigua denominación, Prefectura, era una de las propietarias de la planta que luego fue enajenada por el famoso proceso de capitalización que como se sabe, causó beneficios especiales para la gente del gobierno de la época.
Lo que resulta extraño en esta oportunidad es que la medida vaya en contra de uno de los empresarios que ser ha incorporado con mucho énfasis en la vida política nacional y estuvo en la oposición durante el proceso en que se aprobaron varias normas, como la Constitución Política que sin su apoyo hubiera sido menos fácil ponerla en ejecución lo que equivales a decir que apoyó para que se pudieran concretar esa y otras medidas.
Lo que hoy resulta extraño es que el Gobierno hubiera dado un giro a sus posiciones, para afectar los intereses de la industria del cemento en manos privadas o si por el contrario, la posibilidad de un nuevo incremento permite prever mejores ingresos para la Gobernación de un distrito que se encuentra bajo el control del partido de gobierno.
Resulta por otra parte importante ver cómo una industria como el cemento resulta convirtiéndose un parámetro importante para conocer el estado de la economía nacional, por lo menos para conocer las fluctuaciones y posibilites variaciones en el mercado.
Cabe recordar que en la primera gestión de gobierno del MAS, uno de los pocos productos que consiguió incrementar sus precios a favor de sus propietarios fue precisamente el cemento que por otro lado es un indicador del desarrollo, por la actividad de la construcción que se incrementa cuando las condiciones son favorables.
Al margen de que la época seca es precisamente un buen momento para la actividad de la construcción, la demanda que se ha presentado del cemento en los últimos días puede considerarse como un indicador de la mejoría en la actividad económica, hecho que ha sido también comentado por la banca, aunque la economía popular continúa desenvolviéndose en medio de fuertes dificultades.
Opinión: Estatizaciones con reglas previas y claras
Un decreto de estatización del Gobierno del presidente Evo Morales establece que el 33,34% de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) en Fancesa, pasa a manos de la Gobernación de Chuquisaca, argumentando que esta empresa obtuvo de una forma ?ilegal? su paquete accionario en la cementera de Chuquisaca en un proceso de privatización realizado en 1999.
El Presidente ha sostenido que muchos sectores sociales le han demandado que las acciones sean nacionalizadas y entregadas a la Gobernación, argumentando además que a partir de la reversión de estas acciones el departamento recibirá 4,5 millones de dólares al año por concepto de utilidades.
La determinación ha merecido diferentes reacciones, unas apoyándola y otras condenando la decisión porque consideran que se está vulnerando principios de libre empresa y que el Gobierno no tiene ninguna razón para haberla adoptado, por lo que sostienen, se trata de un ?abuso de poder?.
Los empresarios afirman que la nacionalización de estas acciones es una mala señal para la inversión extranjera interpretando la medida como un mensaje desalentador para la inversión privada en el país y para la generación de empleos.
Esta situación tiene diferentes ángulos para la reflexión y van desde aspectos legales, hasta otros que se relacionan con las garantías constitucionales establecidas para el desempeño del sector privado nacional. Por un lado, el Gobierno tiene que demostrar su absoluta convicción de que el proceso decidido sobre las acciones de la cementera de Chuquisaca está basado en una profunda investigación de orden legal y jurídico, de lo contrario, los riesgos que anotan los sectores empresariales privados podrían derivar en un ambiente de incertidumbre y afectar la inversión privada nacional y extranjera.
En líneas generales es importante que un Estado señale con claridad el marco de seguridad jurídica y económica que otorga a las diferentes actividades productivas y que están reconocidas en la Constitución Política del Estado, como ser la estatal, la privada, la comunitaria productiva y la cooperativa.
Como se sabe, cuando se habla de seguridad jurídica se hace referencia a un principio del Derecho, universalmente reconocido y que tiene que ver con la ?certeza de derecho?, es decir algo que la gente, las instituciones y las empresas tienen derecho a conocer normas y reglas que establecen prohibiciones, derechos y garantías que otorga el Estado a los individuos para que la persona, los bienes y sus derechos no sean violentados y si esto ocurre se le asegura la protección y la reparación. Esto es importante en el escenario económico y empresarial, se trata de un aspecto que va más allá de cualquier decisión política. Conocer hasta qué punto el Estado puede intervenir en el ámbito privado, y mucho más en esta etapa de cambios en el que el Gobierno está empeñado en llevarlos adelante.
A quienes se denomina actores económicos les interesa conocer el escenario en el que se desenvuelven, la situación jurídica, los procedimientos regulares, los conductos legales establecidos o bien sobre los cuales se desarrollen procesos en los que se realice un amplio debate y donde el Estado establezca, como se ha dicho, posiciones que no representen o que signifiquen después ambientes de tensión e incertidumbre, que casi siempre genera efectos negativos en la economía nacional, la producción, las inversiones y efectivamente en la creación de fuentes de trabajo.
Si estos principios estarían claros las acciones del Estado no merecerían mayor discusión y se darían escenarios de seguridad con normas previas, claras y manifiestas y de aplicación común.
Clarín, Argentina: La Ciudad, sede de la cultura
En la última mitad de agosto, la Ciudad de Buenos Aires presentó una agenda cultural de gran calidad en materia musical. La relevancia del Festival y el Mundial de Tango ha sido reconocida por un elevado número de turistas extranjeros que llegaron al país para asistir a estas actividades. Ellas, junto a los diversos conciertos de Daniel Barenboim al frente tanto de la Orquesta West Eastern Divan como de la orquesta de La Scala de Milán, han convertido a la Ciudad en un faro musical de notable jerarquía.
A la multitudinaria convocatoria local que siguió la programación asociada a la música y la danza porteñas por excelencia se le sumaron cien mil turistas provenientes de los más diversos lugares del mundo, todos atraídos por el tango. Esta cifra duplicó la cantidad de asistentes extranjeros del año pasado. Los apasionados por la música encontraron, entonces, los espectáculos de tango más destacados del mundo, pero también contaron con la entrega sin par de Daniel Barenboim en el renovado Teatro Colón y en la Avenida 9 de Julio.
A través de estas actividades, la Ciudad afianza su atractivo cultural, el cual se ha venido construyendo a lo largo de las diversas gestiones gubernamentales de los últimos años, en un ejemplo de continuidad de políticas públicas. Con seriedad y con calidad, preservando y enriqueciendo las iniciativas que han demostrado su capacidad de intervenir de manera enriquecedora en el campo cultural, se debe reafirmar el perfil de Buenos Aires como gran centro cultural de la región.
En la segunda mitad de agosto, la Ciudad tuvo una intensa actividad cultural, con acontecimientos de relevancia como el Festival de Tango y la presencia de Daniel Barenboim.