El Gobierno y los precios


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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: El Gobierno y los precios

  2. Bajo el Penoco, El Día: La nueva ‘colonización’

  3. Los Tiempos: CHÁVEZ, EVO Y LA ‘CÉDULA DEL BUEN VIVIR’

  4. El Deber: Mes del civismo cruceño

  5. La Razón: Alfabetización digital

  6. Cambio: Tuto y la libertad de expresión

  7. La Prensa: Hay que medir las consecuencias

  8. El Diario: Huanchaca y otros casos que deben ser investigados

  9. El Mundo: Prioridad

  10. Opinión: Pugnas en municipios y repudio ciudadano

  11. Clarín, Argentina: El Congreso ante la inseguridad


El Día: El Gobierno y los precios

El fantasma inflacionario ha vuelto al país y todo indica que el Gobierno necesitará más de un truco estadístico, como los que aplicó en el INE en el pasado reciente, para seguir disimulando la escalada de precios. La cifra del mes de agosto –1,06 por ciento–, ha sido la más alta de los últimos 27 meses y podría ser la consolidación de una tendencia que se explica, en parte, por la aguda sequía que ha tenido que soportar el territorio nacional, aunque hay algunos “resortes” que han comenzado a saltar en esta temporada crítica y también “camisas de fuerza” que no aguantaron más los torniquetes aplicados por las políticas gubernamentales.



Los técnicos del Gobierno tendrán que pensar en medidas muy distintas a las que ha venido aplicando para evitar el incremento de los precios. Ha quedado demostrado que el control de precios, la prohibición de las exportaciones y el establecimiento de cupos para el comercio exterior de algunos productos como la soya y el aceite comestible, fueron simples artilugios mediáticos, acciones demagógicas que han contribuido a desincentivar la producción y contraer las inversiones.

La política encarada por el Gobierno ha sido complementada con un enorme derroche de recursos en subsidios para importar productos básicos, arroz, maíz, harina de trigo, que también actúan en contra del dinamismo y la competitividad interna. Atacar los precios sin incentivar la producción se ha vuelto un círculo vicioso que tiende a agravarse y eso lo demuestra muy claramente el comportamiento del maíz que con el quintal bordeando los cien bolivianos, ha arrastrado al pollo y podría hacer lo mismo con otros comestibles, cuya tendencia es a mantenerse en alza en el largo plazo. En octubre y noviembre los agricultores volverán a la siembra de este cereal y lo ideal sería promover la expansión del área de cultivo y en lugar de importar el grano para el consumo, promover la llegada de semillas, de nuevas variedades, de insumos e implementos, de manera de contribuir a incrementar la oferta y revertir el ciclo.

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Estos son momentos en los que se necesita mucha lucidez de los gobernantes. Los criterios económicos y técnicos deben imponerse a los dogmatismos trasnochados que han estado perturbando la estabilidad en el país. Si el Gobierno insiste en aplicar parches, recurrir a trucos y tratar de que la realidad se adapte a sus ideologías, simplemente estaremos “pateando el tarro” para adelante, disimulando un problema que tarde o temprano se va a transformar en déficit fiscal, precios incontrolables, desabastecimiento, fantasmas que la población boliviana tiene presentes en la memoria, pese a que hace mucho que no ocurre algo parecido a lo de 1982-85.

El Estado todavía está recibiendo ingresos extraordinarios producto del excelente clima de precios internacionales. En sus manos está seguir usando esos fondos en política, en populismo y en repartijas improductivas o cambiar de idea y llevar adelante un verdadero cambio en la producción, en la competitividad, en la mejora de las cadenas productivas, en la generación de empleo. Con esas medidas no sólo habrá controlado los precios, sino que habrá contribuido a generar más riqueza y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

 

Los técnicos del Gobierno tendrán que pensar en medidas muy distintas a las aplicadas para evitar el incremento de precios.

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Bajo el Penoco, El Día: La nueva ‘colonización’

Marchan viento en popa las relaciones entre Irán y Bolivia. El pasado lunes llegó el representante diplomático de Teherán a La Paz y fue recibido con honores en el Palacio de Gobierno. Más significativa que la alfombra roja tendida es la gran apertura que ha demostrado el régimen de Evo Morales, al ofrecerle a Irán la oportunidad de buscar petróleo, litio y obviamente uranio en el territorio nacional, aunque está descontado que los tres elementos son abundantes en el país y que Irán está especialmente interesado en el tercero. Pero eso no es todo, el Primer Mandatario boliviano le ha dado pruebas a Irán de que está dispuesto a ir más lejos, es decir, llegar a estrechar lazos ideológicos y tal vez espirituales con la teocracia musulmana. Hace unos días el jefazo se estrelló contra Israel y acaba de hacerlo con Costa Rica, como haciendo ver su capacidad de enfrentarse contra la civilización occidental. Una parlamentaria opositora ha planteado una prueba de fuego. ¿Se atrevería el MAS a respaldar la condena a muerte de aquella mujer acusada de adulterio en Irán? Estamos a las puertas de una nueva colonización.

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Los Tiempos: CHÁVEZ, EVO Y LA CÉDULA DEL BUEN VIVIR`’

Al idear la cédula anticonsumista, Chávez se habría inspirado en Evo Morales pues "los indios (que son sabios) hablan de vivir bien"

Hace unos días, en medio de un ambiente que parece especialmente diseñado para rodear al tema de mucha expectativa, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha anunciado para los próximos días el lanzamiento oficial de la "Cédula del Buen Vivir", un documento de plástico, electrónico, del tamaño de una cédula de identidad, cuya verdadera naturaleza y objetivo es todavía un misterio.

Por lo que se sabe, será algo muy parecido en la forma y en el fondo a una tarjeta de crédito convencional. Será emitida por el Banco de Venezuela, podrá ser empleada para efectuar compras a crédito de ciertos artículos cuya variedad aún no está del todo definida e incluso podrá utilizarse para financiar viajes de turismo y recreación. Pero será, sobre todo, por lo menos según las palabras de Hugo Chávez, la principal arma del Gobierno y del pueblo venezolanos para "iniciar una guerra contra el consumismo".

El anuncio del pronto lanzamiento de la "Cédula del Buen Vivir" ha causado enorme impacto entre los venezolanos. Con mucha mayor razón si se considera que el domingo 26 de septiembre se renovará la Asamblea Legislativa. Serán unas elecciones decisivas para el futuro de la "Revolución Bolivariana", pues de la cantidad de asambleístas que obtengan oficialistas y opositores dependerá que se dé otro paso hacia el "Socialismo del Siglo XXI" o que, por el contrario, la oposición logre una bancada suficientemente fuerte para obstaculizarlo.

En ese contexto, y muy conscientes de lo mucho que está en juego, tanto el Gobierno de Chávez como las fuerzas de la oposición han guardado sus mejores armas para la etapa final del proceso proselitista. Ambas partes confían en que una medida de alto impacto será suficiente para que la tercera parte de potenciales electores, que aún duda entre dar su apoyo al chavismo o a la oposición, salga de las dudas y defina su voto.

Es en ese contexto y con la esperanza de haber hallado la clave del éxito electoral, resulta de lo más significativo que Hugo Chávez haya puesto en escena la "Cédula del Buen Vivir" y lo haya hecho ligándola a Evo Morales y a la sabiduría que le atribuye. En efecto, al presentar la cédula anticonsumista, indicó que se inspiró en Evo Morales, pues "los indios hablan de vivir bien. Los indios, que son sabios, los aymara, y los nuestros también (…) lo dicen", afirmó.

Para despejar cualquier duda al respecto, Chávez fue muy elocuente al explicar que el "Buen Vivir", hacia el que el pueblo venezolano se encamina, consiste en "…consumir lo que realmente se necesita, no lo que los ricos quieren que consumamos. (…) Tenemos que economizar, el socialista tiene que economizar", sostuvo en medio del regocijo de sus seguidores.

Para la oposición venezolana, que cuenta con que la creciente escasez de productos básicos, la inflación, el desempleo y las muchas maneras como se manifiesta una crisis económica atribuible a la mala gestión gubernamental, la "Cédula del Buen Vivir" no es más que una versión moderna, electrónica y computarizada de la ya clásica "tarjeta de racionamiento" cubana. Confía, por ello, en que lejos de beneficiar al chavismo, la idea le resulte favorable.

Sea como fuere, lo cierto es que de la actitud que el pueblo venezolano adopte ante la "Cédula del Buen Vivir" depende, en buena parte, el futuro político de su país.

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El Deber: Mes del civismo cruceño

En honor a la verdad -al menos así lo sentimos- se están viviendo en estos días, con renovado civismo, la diversidad de ceremonias y actos con que se exaltarán en el recuerdo y con hechos, los 200 años del pronunciamiento cruceño por la causa de los libres. Y siendo tal la recordación que empieza a bullir,  algo flota en el ambiente que nos impele hoy a ser más cálidos y expresivos en nuestras manifestaciones de amor terruñeras.

Santa Cruz de la Sierra, o más bien el cruceño de cualquier parte de su vasto territorio y sin distinciones de carácter social, fue una especie de casa común, de corazón abierto, desprejuiciado, en esas horas en que los rebalses humanos de la depauperada minería nacionalizada no hallaban salida para la multitudinaria cesantía de los trabajadores del subsuelo. Por cientos y miles se descolgaban desde las alturas y hacían pie en calles y avenidas cruceñas, aquellos rebalses, no pocos de los cuales traían crónicas y avanzadas enfermedades pulmonares que, hasta entonces, eran desconocidas en estos territorios orientales y que, al asumir los rebalses, se hicieron endémicas. Sin mirar sus caras, sin reparar en lo grave y lo contagioso de las enfermedades pulmonares, los cruceños acogieron los rebalses con fraternales sentimientos dando a entender de modo elocuente, que se los aceptaba de corazón como integrantes de nuestra criolla y desprejuiciada grey.

Sería pecar de injustos o mezquinos negar a la contribución de los rebalses migrantes acogidos aquí un significativo aporte al desarrollo y al progreso, en diversas ramas, de nuestra Grigotania. Aportaron ellos, lo hemos reconocido y expresado más de una vez a través de éstas y otras columnas, y lo seguiremos haciendo cuantas veces el tema se trate en esta palestra. Pero así como no se puede negar tamaño aporte, tampoco es susceptible de dudas el hecho de que el cruceño y su fecunda tierra, amén de sus instituciones regionales, compensaron con creces, regiamente queremos decir, el aporte de los altiplánicos y en general de quienes vinieron a compartir nuestra suerte y destino.

La Patria Grande, esta Bolivia que no se sacude de sombras que nublan sus cielos y que son producto de factores que permanentemente señalamos, como la politiquería y la demagogia, sin excluir oprobiosos recelos, manifestaciones éstas, de mentes obtusas, con el estancamiento que la invade, no logra el peso específico que en el concierto de las naciones le correspondería de manera inobjetable. A la luz de la realidad actual, otros países menos dotados que el nuestro en cuanto a recursos naturales gozan, así sea ocasionalmente, de los fulgores de la fortuna, o más directamente, sus pueblos disfrutan de un buen vivir, de un buen pasar. Nosotros, los bolivianos, ¿por qué no? Busquemos las causas en los recelos que son fruto de insólitas malicias y apostemos por un cambio de actitud. Tal vez por allí se den los resultados que anhelamos.

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La Razón: Alfabetización digital

Otras formas de analfabetismo acechan. El Gobierno tendrá que considerarlas

Antes, nuestros padres nos decían que no saber inglés sería, en el futuro, sinónimo de analfabetismo. En cierto modo, tenían razón: el mundo moderno, dominado por la profesionalización y, dentro de ésta, por la especialización, reduce cada vez más los márgenes de sueño y promueve las ambiciones de crecimiento a través de una continua capacitación, en una competencia sin tregua entre los seres humanos.

Actualmente ocurre lo mismo, pero con la informática y la internet. El joven que no tiene la posibilidad de acceder a una computadora y a la información que circula por la red mundial de comunicación, es decir, el que no se beneficia con la tecnología cibernética, corre el riesgo de ser considerado un analfabeto digital.

El gobierno de Evo Morales lleva adelante programas de alfabetización que consisten en la enseñanza de la lectura y la escritura, dentro de un objetivo general que prevé la afirmación de la identidad cultural y lingüística de los bolivianos en su propio medio. Con mucho esfuerzo de capacitadores y capacitados, en tres años de trabajo, el país se constituyó en el tercero de América Latina, después de Cuba (1961) y Venezuela (2005), en declarar la erradicación del analfabetismo.

Luego, se encaró una segunda etapa, de postalfabetización, denominada “Yo sí puedo seguir”, con el propósito de fortalecer los conocimientos de los alfabetizados acreditándoles con educación primaria hasta sexto curso. Hoy se lanzará la cuarta fase de esa cruzada, para incorporar a 50.000 personas de todo el país y pensar en la meta de cerrar el año con 225.000 beneficiarios.

El de Bolivia continúa siendo un ejemplo a seguir y, a la vez, un extraño caso de país con altos índices de pobreza y baja tasa de iletrados. Cabe recordar que el Gobierno hizo una apuesta grande con este proceso al considerar que la educación es un instrumento vinculado al desarrollo nacional y que, en consecuencia, la alfabetización permitiría reducir los niveles de pobreza.

El compromiso y los resultados alcanzados son encomiables. Pero el mundo no descansa, en materia educativa todavía estamos muy atrasados y los objetivos deben ser renovados para no perder más terreno.

Otras formas de analfabetismo acechan y, en pos de una educación moderna e integral, el Gobierno tendrá que considerar la manera de encarar la alfabetización, también, desde el punto de vista digital.

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Cambio: Tuto y la libertad de expresión

El ex presidente Jorge Tuto Quiroga aseguró ayer que en Bolivia "no existe democracia, libertad de expresión, derecho a la crítica y al disenso, y que aquí, sea quien sea, no hay derecho a ejercer la función pública fuera de las paraguas del MAS". A todas luces, una singular interpretación sobre el fallo del juez René Delgado —del Tribunal Tercero de Sentencia— que lo condenó a dos años y ocho meses de prisión por los delitos de difamación y calumnias en contra del Banco Unión.

El también ex jefe de la extinta alianza política Podemos anunció que apelará ese fallo judicial ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque considera que en Bolivia "no existe la justicia".

"No hay derecho a la libre expresión y crítica por parte de los opuestos al gobierno, pero sí hay libre impunidad para los que cometen actos dolosos de las esferas gubernamentales y el linchamiento para los que critican o quieren expresarse libremente", denunció Quiroga durante una teleconferencia que brindó desde Austin, Texas (Estados Unidos).

Sin embargo, el proceso penal en su contra no es de reciente data, sino que se remonta a 2009, luego de que el ex Presidente acusara a esa institución bancaria —de capitales privados y estatales— de "lavar" recursos de dudosa procedencia. "El Banco Unión debe ser intervenido con un directorio independiente, porque se ha convertido en la lavandería de recursos chavistas, de corrupción y de dinero mal habido para uso de este Gobierno", afirmó Quiroga el 2 de febrero de 2009, según consta en una nota periodística editada por Mauricio Melgar y publicada en varias páginas web, como por ejemplo en http://foro.univision.com.

El dirigente político también calificó entonces de incompetentes a quienes dirigen esa entidad financiera, por lo que demandó que el Gobierno "debe proceder a su intervención o, en su defecto, poner gente que sepa de banca, ya que con los fideicomisos del Gobierno convirtieron el banco en licencia para robar".

"El Gobierno, para acelerar la ejecución de la corrupción, ha creado fideicomisos que se entregan a instituciones públicas para que se las roben. Fideicomiso en este Gobierno es licencia para robar, en Defensa, en instituciones productivas, Ministerio de Agricultura, YPFB, en Caminos", aseguró Quiroga, y calificó al Banco Unión como la "madre del cordero" y que todos deben girar la mirada a esa entidad, porque a través del banco se pagó a los soldados entrenados en Venezuela, también se cobraron los cheques para los autos, dinamitas y demás movimientos realizados para el atentado con bomba a un canal televisivo en Yacuiba.

De igual manera, Quiroga expresó aquel día sus sospechas de que en ese banco se realizaba el lavado de recursos económicos mal habidos de los venezolanos. "El Banco Unión tendrá que ser intervenido por lavandería, por lavar recursos de la corrupción. Han prohibido jugar con agua en el carnaval, prohibamos las fideicoimas y el carnaval de la corrupción", dijo.

Es decir, hace 19 meses, el ex Presidente no sólo hizo uso de la libertad de expresión que ahora dice que no se respeta en Bolivia, sino que abusó de ese derecho constitucional porque, al margen de expresar temerarias acusaciones, causó un tremendo daño a la imagen institucional del Banco Unión.

En este contexto, un juez puso las cosas en su lugar, porque durante el proceso legal que administró —al que Quiroga no acudió a defenderse—, el Ministerio Público comprobó que las acusaciones del político conservador carecían de sustento y que se trataban de infamias y calumnias. Por eso lo sentenció a dos años y ocho meses de presidio.

Lo que Quiroga debe asumir es que la defensa de la plena libertad de expresión no se la realiza con declaraciones políticas que intentan encubrir un hecho comprobado de difamación y calumnia en contra de una entidad pública como es el Banco Unión.

Incluso monseñor Jesús Juárez expresó ayer que la Iglesia Católica defiende la libertad, pero no el libertinaje. "La Iglesia mantiene el principio democrático de que en democracia la libre expresión es un derecho, nadie debe sentirse amenazado por decir la verdad, porque la verdad nos hace libres", aseguró el obispo de El Alto. Pero Tuto Quiroga no dijo la verdad, mintió para desprestigiar no sólo a esa entidad financiera, sino al Gobierno.

El ex presidente —devenido en ferviente defensor de la libertad de expresión— olvida que el principio universal de su ejercicio señala que no es ilimitado, tiene como límite el respeto al derecho, al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas, sean éstas naturales o jurídicas.

Por eso es importante la delimitación constitucional, porque no es admisible confundir el ejercicio de la libertad de expresión con el insulto, la mentira y la diatriba, porque se trata de un derecho tan sensible en sus consecuencias públicas que requiere que lo que se transmita sea respetuoso con los derechos de los demás y, sobre todo, que sea cierto.

Quiroga debe entender que esos límites constitucionales y legales son de obligatorio cumplimiento, y recordar que nuestros escritos u opiniones pueden causar daños irreparables al honor e intimidad de las personas.

Además, el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la vigencia de la libertad de expresión con esa limitación, la de "asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás".

Estos principios fueron vulnerados por el ex Presidente al señalar que "el Banco Unión tendrá que ser intervenido por lavandería, por lavar recursos de la corrupción", acusación que no pudo probar y ahora apela a su ‘libertad de expresión’ para justificar lo injustificable.

No es admisible confundir el ejercicio de la libertad de expresión con el insulto y la diatriba. Se trata de un derecho tan sensible en sus consecuencias públicas que requiere que lo que se transmita sea respetuoso con los derechos de los demás y, sobre todo, que sea cierto.

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La Prensa: Hay que medir las consecuencias

Es necesario que antes de emitir algún juicio de valor, un criterio agresivo, el Jefe de Estado mida las consecuencias de sus aseveraciones.

La rapidez con la que emite juicios de valor, sin medir las consecuencias, lleva al presidente Evo Morales a cometer errores que, como en el caso de Costa Rica, le obligan a pedir disculpas para borrar agravios.

No está mal. Por el contrario, es de caballeros reconocer los errores y pedir disculpas cuando se los comete. Pero ello no evita que, con toda su alta investidura, el Primer Mandatario tenga que pasar por el bochornoso momento de desagraviar por lo dicho. Lo peor es que el primer ciudadano boliviano empaña su imagen al recibir respuestas duras de los afectados, con la difusión internacional que ello conlleva.

El de Costa Rica no es el primer caso. Ya hubo algunos, como los muchos contra los Estados Unidos y sus gobernantes o como contra Colombia y su Presidente, o como contra Perú y su Primer Mandatario que, felizmente, fueron superados, con excepción de la potencia mundial, que expulsaron mutuamente a sus embajadores.

El Presidente de nuestro país no debe seguir agrediendo verbalmente a países que tienen gobiernos cuya ideología política difiere de la que él profesa. Da la impresión de que el Primer Mandatario quiere que todos los mandatarios de la región piensen como él porque, de lo contrario, los considera adversarios a los que se debe atacar, utilizando la misma modalidad interna.

Las afirmaciones del Presidente de que Costa Rica tiene fuerzas armadas y que ellas son las de los Estados Unidos recibió una dura respuesta en términos diplomáticos. Son ?desafortunadas declaraciones que desconocen nuestra vocación civilista y revelan una falta de conocimiento de nuestra historia?, dijo la Cancillería del país centroamericano que es una de las mayores democracias de América.

A renglón seguido vino el pedido de disculpas del Presidente y su aceptación por parte del Gobierno costarricense.

Las relaciones internacionales son muy importantes. No podemos alejarnos de los países ni agredirlos gratuitamente simplemente porque se nos ocurre que detrás de las acciones de los países, gobiernos o presidente criticados están los Estados Unidos y, por lo tanto, son enemigos.

Es necesario que antes de emitir algún juicio de valor, un criterio agresivo, especialmente cuando se refiere a otros países, el Jefe de Estado mida las consecuencias de sus aseveraciones. Sus asesores, por su parte, deberían consultar al Presidente qué puntos tocará y qué contenido tendrán sus declaraciones para evitarle que haga algún papel que no condiga con su condición de primer hombre del país.

Sin embargo, parecería que los asesores presidenciales se abstienen de hacerle preguntas al Mandatario por el temor a ser mal interpretados y que piense que le están pidiendo cuentas y luego sean considerados disidentes o contestadores del poder, con suerte que después corren éstos.

Si los asesores del Gobierno no se arriesgan a corregir al Primer Mandatario y no le advierten sobre las consecuencias que podrían provocar declaraciones inoportunas y agraviantes, deberían, por lo menos, pasarle una hoja con los titulares del periodismo internacional que generan sus desaprensivas declaraciones. Quizás, de esa manera, la prudencia retorne al Palacio presidencial.

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El Diario: Huanchaca y otros casos que deben ser investigados

Desde lo ocurrido en septiembre de 1986, con el descubrimiento de las instalaciones para fabricar drogas ilícitas en Huanchaca, operativos en los que murieron el científico Noél Kempf Mercado y otros, los anuncios de investigar el caso han sido muchos. El Gobierno de entonces (MNR) y cuyo Ministro de Gobierno intervino en los operativos posteriores a los hechos, habría prometido investigaciones y aclaraciones del caso, que nunca dieron resultado; al contrario, a los pocos días de descubierto, se comprobó la desaparición de 1.214 turriles (c/u de 200 litros) de precursores o químicos y otros productos, vituallas, muebles, etc. que utilizaban los fabricantes de droga.

El caso, por lenidad, irresponsabilidad y “muy extrañas” razones que sólo conocía el régimen de entonces, quedó en el olvido; las investigaciones no tuvieron ni inicios; jamás se dio a conocer quiénes componían la gran banda de narcotraficantes descubierta y absolutamente todo quedó en el misterio. Por supuesto, el Gobierno -Ministro del ramo a la cabeza- reiteró las más “estrictas investigaciones” que nunca se llevaron a cabo y, si se hizo algo, jamás se lo dio a conocer.

El caso Huanchaca, con los crímenes cometidos el 26 de septiembre de 1986, compete íntegramente a las campañas en contra de las drogas; el que haya quedado en el olvido no querría decir que no puedan reiniciarse las investigaciones y establecer realmente qué es lo que ocurrió. Huanchaca es, para la política partidista del MNR y para gobiernos que le sucedieron, una especie de baldón, porque nadie se preocupó por el caso. Extraño comportamiento de todos los que, desde entonces, han pasado por la administración del Estado.

El narcotráfico -a cuyas manos seguramente retornó lo encontrado en Huanchaca- quedó fortalecido con lo ocurrido; los crímenes que entonces se cometieron también quedaron en la impunidad; los hechos, informados en principio con algún detalle, se fueron minimizando hasta que el silencio y el misterio sepultaron todo. Huanchaca, no obstante el paso de casi un cuarto de siglo, no merece quedar sepultado; al contrario, un principio de honestidad y responsabilidad obliga a las investigaciones para llegar a resultados precisos; elementos de juicio deben quedar en el Ministerio del Interior y en las propias Fuerzas Armadas, entidades que podrían ser básicas para los esclarecimientos.

Sin embargo de todo lo referido a Huanchaca, quedan muchos casos que no han merecido investigación alguna y, si se lo hizo, sus resultados quedaron sepultados en la memoria de quienes eran autoridades en cada fecha y circunstancia de haberse producido. El Gobierno, seguramente consciente de lo importante que es combatir al narcotráfico, debería tener mucho interés en este caso que podría ser básico para otros. Desentenderse del problema no sería justo y sólo complicaría -por la indiferencia e indolencia, característica en la lucha contra las drogas, de otros gobiernos- las políticas de interdicción que con tanta frecuencia se las anuncia. Para el actual régimen, el caso Huanchaca debería ser un nuevo reto y una prueba de que, finalmente, las políticas de cambio lograrían algún cambio en la lucha contra el más letal de los negocios, cual es el de las drogas.

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El Mundo: Prioridad

Uno de los compromisos más serios que debe asumir todo gobierno en favor de los ciudadanos, es el de ayudarlos a decidir su futuro y el camino más seguro, tal vez el único para alcanzar este fin, comienza por la alfabetización. Precisamente la Organización de las Naciones Unidas ha consagrado el 8 de septiembre como el Día Mundial de la Alfabetización, para sensibilizar a las personas y en especial los gobiernos, sobre la importancia que tiene la alfabetización para el ser humano. Conociendo las dificultades que representa llevar adelante esa tarea, la ONU declaró a partir del 2003 el decenio de la alfabetización y se espera ver el 2012, cuál ha sido el resultado de esa tarea, en la cual deberíamos estar comprometidos todos los ciudadanos y en especial quienes dirigen las naciones, para hacer que este propósito sea una realidad.

Las autoridades del actual Gobierno nacional, en su primera etapa, recibieron un importante apoyo de Cuba para desarrollar ese trabajo, por lo menos así lo entendimos y lo entendió el Gobierno que abrió las puertas y se mostró muy optimista con los presuntos resultados que se le hizo conocer, luego de algún tiempo.

Fue tan optimista el informe que el Presidente Morales se animó a proclamar que el analfabetismo había sido eliminado del país, a pesar de que hasta entontes y aún hasta hoy, nuestro país se encuentra todavía entre los más atrasados en ese sentido y dista mucho de que las condiciones nos ayuden a afirmar lo contrario.

Debemos coincidir en que la idea fue buena y que cualquier esfuerzo que se haga en ese sentido es digno de elogio y apoyo, con mayor razón si nos encontramos bajo un gobierno que tiene como uno de sus principales objetivos, alcanzar la superación de los pueblos originarios que son quienes soportan con mayor fuerza el peso del analfabetismo.

Dentro de las políticas del Gobierno, el tema de la alfabetización tienen uno de los temas centrales; sin embargo, consideramos que el mismo no ha sido tratado con la seriedad debida, en especial con el de manejo de las lenguas originarias que no deja de ser algo que difícilmente podría llevarnos al ansiado desarrollo.

El estudio de las lenguas originarias no es un tema nuevo, ya lo practicaron nuestros antepasados y sabemos que el conocimiento de las lenguas nativas sirvió más bien para mantener las condiciones de atraso y subdesarrollo que ahora mantenemos. Quienes estudiaban las lenguas nativas, que no eran pocos, lo hacían con el propósito de ejercer un mayor control sobre las nativos, en especial para utilizarlos en el servicio doméstico, en el manejo de las actividades agrícolas y las mineras, de y tan triste trayectoria desde la colonia, donde los indígenas fueron explotados de una manera inmisericorde, con los sistemas de la mita, la encomienda y otros métodos de explotación, en gran parte eliminados con el advenimiento de la república y algunos procesos de cambió profundos que se dieron en el pasado y no debemos olvidar.

El aprendizaje del español debería ser una meta importante para conseguir que todos los ciudadanos tengan los libros a su alance y puedan mejorar el ámbito de su cultura; por otra parte con el desarrollo de las nuevas tecnologías, todos deberíamos aceptar el concepto de que seremos analfabetos electrónicos, mientras no seamos capaces de conocer y practicar el inglés. Recordemos que sólo el siete por ciento de las páginas de internet están en español, mientras un alto porcentaje esta en lengua inglesa de la que los Estados Unidos es sólo un heredero.

Tan importante es la lengua que en algún momento, los pensadores decidieron crear una lengua única internacional, el Esperanto, alrededor de la cual desarrollaron grandes esfuerzos, incluyendo al misma ONU por medio de la Unesco. Hoy sabemos que ese intento fue superado por la generalización de la lengua inglesa.

Los ciudadanos y con mayor el Gobierno, están en la obligación de apoyar esas tareas que en algún momento en nuestro país, fueron encargadas también a las Fuerzas Armadas.

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Opinión: Pugnas en municipios y repudio ciudadano

Uno de los principios más importantes en la democracia municipal que vive el país desde hace años está centrado en la gobernabilidad, es decir, en un ambiente donde se garantice el desenvolvimiento de una administración edil bajo el imperio de las leyes y las normas orgánicas municipales.

En varios municipios del país lo que se observa es precisamente lo contrario, o sea, escenarios de incertidumbre debido a los continuos cambios en la cabeza del ejecutivo municipal o en los concejos municipales, aunque lo más corriente se da en la defenestración del Alcalde.

Un hecho que llama la atención, por la frecuencia de ingobernabilidad, está en la Alcaldía de Quillacollo, uno de los municipios de enorme importancia administrativa y comunal de Cochabamba, no sólo por la población que concentra, sino por el movimiento económico y las actividades productivas que han convertido a la vecina Quillacollo en una de las poblaciones de significación para el eje metropolitano.

Las condiciones políticas del municipio de Quillacollo no han sido las mejores durante los últimos años y se han reproducido durante los últimos meses agravándose por la defenestración del alcalde electo Héctor Cartagena, debido a procesos judiciales pendientes, para luego ingresar en una sucesión de cambio de autoridades, afectando la institucionalidad del municipio.

Las rivalidades políticas entre oficialistas y opositores y entre los mismos oficialistas no dejan respiro a ninguna nueva autoridad, y todo parece que esta espiral de acusaciones, procesos judiciales y maniobras políticas continuará, en medio de mayores incertidumbres en un ambiente en el cual la mayoría de los ciudadanos se encuentran indefensos e impotentes viendo a su municipio ahogado en pugnas políticas y partidarias.

Lo que ocurre en Quillacollo, aunque en menor medida por la dimensión e importancia, también se reproduce en otras alcaldías donde las pugnas entre oficialistas y opositores o entre oficialistas y grupos partidarios se presenta con caracteres más o menos similares.

La política partidaria en los municipios es el factor más negativo y sus resultados, que se traducen casi siempre en peleas y falta de estabilidad administrativa y política, derivan en enorme perjuicio para los ciudadanos. Es por ello que desde el oficialismo y la oposición debería haber una reconsideración serena de conductas y de acciones para poner punto final al descalabro municipal que se presenta en algunas alcaldías.

Hay que reflexionar que desde la recuperación de la democracia municipal el paradigma del Alcalde ha cambiado, el Alcalde ya no es más ese funcionario que realizaba intermediación prebendal entre el Estado y la sociedad civil, ya no es más aquella persona que tenía la ?confianza? del gobernante de turno y que a nombre de él ocupaba un espacio municipal que lo consideraba como un espacio personal, es decir, una especie de propiedad particular donde podía disponer de los bienes municipales y de la vida de los ciudadanos a través de una administración discrecional.

Los alcaldes que han nacido de la democracia municipal tienen la obligación de comprender que son funcionarios técnicos administrativos y que la población les ha entregado, a través del voto, la responsabilidad de ejecutar un plan urbano aprobado y supervisado por el Concejo Municipal y los organismos ciudadanos correspondientes.

Los ciudadanos lo que esperan son obras que mejoren su vida y que les brinden futuro a sus hijos. Las manifestaciones de apoyo, los cabildos y otras expresiones populares, son nada más que el reflejo de pugnas y conflictos que al ciudadano en general lo hastían.

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Clarín, Argentina: El Congreso ante la inseguridad

El Congreso tiene hoy la oportunidad de dar un paso adelante en el tratamiento del problema que encabeza la preocupación de los argentinos, el de la inseguridad.

Desde hace años, la inseguridad es, según reiterados relevamientos de opinión pública, y con fuertes fundamentos en la realidad cotidiana, la principal preocupación de la ciudadanía.

El Gobierno ha respondido a esta situación, también en forma reiterada, negando o minimizando la existencia del problema y atribuyéndolo a supuestas maniobras opositoras.

El miércoles pasado la posición oficial en el tema alcanzó un nivel alarmante de gravedad, cuando el kirchnerismo no dio quórum en la Cámara de Diputados, impidiendo el debate sobre las salideras bancarias.

Cabe recordar que en los últimos tiempos se han producido numerosos delitos de esta naturaleza, que han causado varias muertes.

Mientras el Gobierno Nacional trata de minimizar el tema mostrando estadísticas parciales, desactualizadas o distorsionadas, Daniel Scioli, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, hizo un reconocimiento de inacción sosteniendo tuvo que ?tiene las manos atadas?, sin aclarar que circunstancia o poder le impide actuar contra el delito.

Ante la inoperancia de los Ejecutivos, es indispensable que el Congreso, así como la Justicia, tomen una iniciativa más decidida en el combate contra la inseguridad, debatiendo alternativas para hacer frente a los delitos más frecuentes en la actualidad, como las salideras o los vinculados con el robo de automotores, pero también para avanzar hacia una política de seguridad de largo plazo.

La inseguridad, que compromete los bienes, la integridad física y hasta la vida de las personas, es la consecuencia de transformaciones sociales y culturales, que afectan no sólo a nuestro país. Por eso, su tratamiento no puede ser objeto de manipulaciones políticas y requiere abordajes abarcadores, para la prevención y el combate del delito.

El Congreso tiene la oportunidad de avanzar en el tratamiento de la inseguridad. El oficialismo niega o minimiza un problema que es la principal preocupación de los ciudadanos.

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