El presidente Evo Morales ha lanzado una nueva ofensiva contra la Iglesia Católica, luego de que ésta se pronunciara contra varios aspectos de la ley antirracismo que violentan la libertad de prensa. “Algunos obispos se meten al Estado y hacen política”, ha dicho el mandatario, descalificando el derecho de los sacerdotes a opinar sobre la cosa pública. Algo similar había hecho antes con los empresarios, señalando que “deben dedicarse a producir y dejar de hacer política”. A este paso, pronto no habrá ningún sector social que no sea la burocracia gobernante con derecho a emitir opiniones políticas, cuando tal cosa es potestad de todo ciudadano. Con la misma lógica, se podría recomendar al presidente que se dedique a producir coca para el mercado legal y abandone los asuntos del Estado. Para las mentalidades totalitarias (sean de izquierda o derecha) cada engranaje de la maquinaria social debe “estar en su sitio” y vaciarse de ciudadanía: obreros a trabajar, empresarios a producir, sacerdotes a rezar y el caudillo a gobernar monopolizando la capacidad de hablar sobre lo que es de todos, sin molestas voces críticas que lo cuestionen.
Coca-cocaína
A causa de la permisividad del actual gobierno hacia los cultivos dedicados a abastecer al narcotráfico, la coca está siendo asimilada de manera creciente a esa actividad delictiva. Es decir, que los mismos que hablan de la “hoja sagrada” están contribuyendo a su estigmatización, convirtiéndola en la “hoja maldita”. En cambio, una verdadera defensa de la coca como elemento de la cultura tradicional de Bolivia exige desvincularla del narcotráfico, romper el circuito coca-cocaína. La estatización de la producción y comercialización de la coca parece ser el camino más razonable hacia ese objetivo.
Reforma agraria… antiecologista
Cada vez queda más claro que el discurso oficial ecologista e indigenista es un producto for export, parte de la construcción de imagen internacional de Evo Morales, sin una práctica coherente que acompañe a esa prédica. Un nuevo síntoma de esa realidad se da con el proyecto gubernamental de distribuir tierras fiscales al interior del Área Protegida del Valle de Tucavaca, amenazando seriamente las metas de conservación y la sostenibilidad de los servicios ambientales que provee esa zona. Una encuesta impulsada por la publicación ambientalista Redesma está recabando la opinión ciudadana sobre el tema. Participar es poner un grano de arena para frenar la reforma agraria antiecologista.
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