Evaluación. La carga procesal para jueces y fiscales es prácticamente insostenible. La falta de recursos humanos y económicos y la carencia de infraestructura y equipos adecuados, están a punto de colapsar el sistema judicial, coincidieron autoridades de Poder Judicial.
Un juzgado de Cochabamba, donde en medio del trabajo un basurero fue habilitado para combatir una gotera.
La Razón. La Razón – Sucre y La PazEn entrevistas por separado concedidas a La Razón, el fiscal general de la Nación, Mario Uribe, y el consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida, coincidieron en que la justicia se encuentra en estado crítico. Reafirmaron este criterio los fiscales de distrito de La Paz y Cochabamba, Betty Yañíquez y Camilo Medina, además de otras autoridades judiciales del eje.
Según los datos proporcionados por el consejero Mérida, el sistema judicial funciona con 729 juzgados de los “al menos 800” que se necesitan, lo que hace que la carga procesal llegue a extremos prácticamente insostenibles, como ocurre en La Paz, donde según fuentes judiciales existen casos en las que una sola autoridad llega a atender hasta más de 1.000 casos por mes.
Retardación “La retardación de justicia también es atribuible a la falta de jueces; si antes un juez resolvía, por ejemplo, cien causas, ahora tiene que resolver doscientas. Por lo tanto, es humanamente imposible que este juez pueda solucionar este tema (la retardación)”, señaló en Sucre el consejero Mérida.
“Hay que reforzar el número de jueces y juzgados, pero además se debería desconcentrar el tema de la justicia”, opinó al respecto el presidente de la Corte Superior de Distrito de La Paz, Williams Alave.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Según Mérida, a este problema se suma la falta de recursos suficientes y de infraestructura adecuada. “El Poder Judicial requiere de nueva infraestructura, por ello estamos planteando al Gobierno que pueda ayudarnos para la implementación del Foro Judicial, que contempla la construcción del Palacio de Justicia para el Tribunal Constitucional, Palacio de Justicia para el Tribunal Agroambiental y la Escuela de Jueces”, complementó.
Uribe hizo una evaluación prácticamente calcada sobre la institución que dirige interinamente desde octubre del 2006.
“En mi criterio puedo señalar puntualmente que el sistema de administración de justicia ha colapsado, existe insuficiente número de jueces para una gran carga procesal”, afirmó, cuando fue consultado sobre un informe que publicó La Razón el lunes 20, en el que se indica que cerca del 75% de los internos de las cárceles del país, más de 6.000, no tienen sentencia.
“El fiscal realiza su trabajo de investigación, emite Requerimiento Conclusivo y llega a la acusación, pero tropieza con dificultades, debido a que debe esperar meses y hasta años para el señalamiento de fecha y hora de inicio de juicio oral. A ello se suma la problemática de un insuficiente número de fiscales con relación a la carga procesal”, dijo.
NECESIDAD Al referirse al número de representantes del Ministerio Público, Uribe explicó que en Bolivia hay 425 fiscales, número que consideró “ insuficiente” en relación al crecimiento de la población y de los índices de criminalidad.
Dijo que el Ministerio Público, para una efectiva persecución penal, requiere, además de los ya existentes, un fiscal por cada municipio, es decir 337 fiscales más.
Yañíquez señaló que, en el caso de La Paz, existen 160, “pero se necesita aumentar el número en 20%”. El fiscal de Distrito de Cochabamba, Camilo Medina, dijo que se necesitan 200 fiscales en ese departamento, pero sólo hay 72, por lo que cada uno de ellos suele atender entre 400 a 1.000 casos.
En el plano económico, Uribe sostuvo que para mejorar las condiciones de la Fiscalía se requiere un presupuesto de Bs 208 millones, Bs 116 millones más de los 92 millones que les fueron asignados en el presupuesto 2010.
“Con ese incremento se podrá cubrir principalmente gastos de investigación, fortaleciendo las áreas especializadas como son la Fiscalía en Persecución de Delitos de Corrupción, de Sustancias Controladas, Aduanas, Trata y Tráfico de Personas y Atención a la Víctima Testigo”, acotó.
En cuando a vehículos, afirmó que en este caso trabajan con pocos motorizados, que además tienen desperfectos mecánicos porque son modelo 1985. Ocurre lo mismo con los equipos informáticos.
“Es una pena comentarlo, más aun cuando se supone que el Fiscal debería contar con los instrumentos necesarios, con tecnología de punta, incluida la red internet, pero existe la necesidad de renovar el equipamiento ya que el 80% de los equipos está obsoleto”, señaló. Se indicó que incluso se siguen usando máquinas Pentium I y Pentium II.
También se requiere de nuevos ítems para la Inspectoría General, puesto que no hay un solo ítem y aún se necesitan para los colaboradores de esta autoridad a nivel nacional.
Personal calificado para el IDIF
El fiscal general del Estado, Mario Uribe, señaló que, para mejorar el sistema judicial, también hace falta dotar al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de profesionales especializados, de peritos entendidos en diferentes áreas, principalmente para respaldar investigaciones que afectan al patrimonio del Estado.
Sugieren regionalizar la justicia en la urbe
Se pedirá aumentar juzgados en El Alto y La Paz y reforzar en provincias
Williams Alave.
La Razón. El crecimiento poblacional que ha expandido la ciudad de La Paz, El Alto y las poblaciones rurales impulsan a que la Corte Superior de Justicia (CSJ) de La Paz, exija el incremento de más jueces y la descentralización de la justicia hacia los distritos.
Williams Alave, presidente de la CSJ, manifestó que la administración de justicia no está en condiciones óptimas y que existe la necesidad de ajustes.
“En El Alto, el crecimiento demográfico genera que se demande mayores jueces. Y el crecimiento demográfico en la zona Sur, así como las poblaciones rurales, también hace que la Corte busque una descentralización tanto de juzgados, como de Derechos Reales, lo que genera la necesidad de contar con mayores autoridades judiciales”, dijo a La Razón.
El ex juez Róger Valverde señaló que cuando estaba al frente del juzgado 8° de Instrucción en lo Penal, su despacho contaba con al menos 800 casos y cada día ingresaban entre 2 a 4 casos más.
Ante esta situación, Alave informó que planteará a la Suprema y al Consejo de la Judicatura, incrementar primero el número de vocales, que ya se subió a 24. Además pedirá el aumento de juzgados de sentencia con jueces técnicos; cinco juzgados penales y 10 civiles para El Alto y otros 10 civiles para La Paz. También quiere reforzar el personal en provincias.
Cada fiscal de La Paz atiende entre 1.000 y 1.500 casos
El Ministerio Público exige el aumento de 20% de representantes.
Foto: Alejandro Álvarez. Una toma de un juzgado de la ciudad de La Paz, con los expedientes en las mesas de trabajo.
La Razón. Cada fiscal del distrito de La Paz atiende entre 1.000 y 1.500 casos, cantidad que hace que el Ministerio Público de la sede de gobierno piense en solicitar un incremento de al menos 30 funcionarios más para enfrentar la carga procesal y el consiguiente congestionamiento.
“El distrito de La Paz es el más grande y el número de casos también es grande. Tenemos 160 fiscales que no son suficientes. Por lo menos necesitamos aumentar en un 20% más de lo que tenemos”, afirmó la fiscal de Distrito, Betty Yañíquez.
Una fiscal que pidió guardar en reserva su identidad, aseguró que cada uno de estos funcionarios tiene en su despacho entre 1.000 y 1.500 expedientes de casos, cantidad que contribuye a la retardación de justicia.
Dijo que los casos mayores se ven en las oficinas de los fiscales de materia que atienden casos de daños económicos al Estado.
Al establecer la necesidad de fiscales, Yañíquez también refirió que la capacitación y la reflexión para un cambio de actitud de estos profesionales, son temas pendientes para administrar mejor la justicia en este distrito.
Vocación. “Si todos trabajaran con ese servicio de vocación, como lo hacen muchos, tal vez no tendríamos los resultados que estamos teniendo. Y es importante no sólo contar con el número necesario, sino capacitarlos”, añadió.
La misma opinión tuvo el ex fiscal de Distrito, Fernando Ganam, ahora vocal de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Distrito de La Paz. No obstante, reconoció que hubo un incremento en el número de fiscales, aunque requirió “una reingeniería” dentro del Ministerio Público.
“Los operadores de justicia debemos asumir un mea culpa. A veces, los fiscales no cumplen con su turno, no sólo porque les falta algo en nuestras oficinas, sino muchas veces falta dedicación absoluta para aplicar justicia”, remarcó.
La fiscal Yañíquez también enfocó el problema en la falta de policías investigadores que colaboran a los fiscales en los casos que les toca resolver, con igual grado de capacitación y compromiso, que debería encargarse la misma Policía Boliviana.
El fiscal Eduardo Morales hace notar la necesidad que hay de apoyo investigativo. Manifestó que cada vez hay más labores recargadas por el crecimiento poblacional.
“Lo peor es que nos dan casos bastante problemáticos y uno requiere de mucho tiempo y de investigadores que estén trabajando constantemente con los fiscales. Pero a veces no contamos con estos colaboradores. A veces tengo que ir a notificar o recoger alguna documentación yo solo y eso nos quita tiempo”, lamentó.
Indicó que cuenta con un solo colaborador y necesitaría al menos de un asistente, dos auxiliares y, al menos, de un par de investigadores a su servicio para llevar adelante los casos que le toca.
Procesos que se dilatan
En el caso de la retardación de justicia sobre las personas privadas de libertad, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Paz, Williams Alave, identifica a acciones dilatorias de fiscales y de los litigantes como una causa de retardación de justicia en la que los jueces no pueden hacer nada.
Acefalias provocan retardación de justicia
El Consejo dice que jueces renuncian porque las leyes son más estrictas
Corte de Justicia de Santa Cruz.
La Razón. En la capital oriental, el presidente del Consejo de la Judicatura, Jaime Cernadas, señaló que existe retardación de justicia porque las acefalias en el Poder Judicial han generado sobrecarga de trabajo. Además, indicó que algunos jueces renunciaron a su cargo debido a la aprobación de la Ley del Órgano Electoral.
“Hay retardación de justicia, es innegable porque hubo una acefalía larga desde el cese de los vocales, casi un año. Además ahora la ley es muy estricta y por eso han renunciado algunos jueces”, dijo.
Adelantó que en los siguientes meses habrá más renuncias. “Ese bono de antigüedad que incrementaba hasta en un 40% el salario, ha sido retirado. El juez que ganaba Bs 7.000, ahora está cerca de los Bs 8.000, pero ya no tiene el bono de antigüedad. En estos últimos días hubo entre 9 a 12 renuncias de jueces y personal administrativo”, dijo. No obstante, ya se lanzaron las convocatorias para que se postulen los notarios y los martilleros.
En Santa Cruz hay poco más de 140 jueces. “Son 15 vocales de Corte y habrá 20 en los siguientes meses, así como también los juzgados de conciliación incrementarán el número de jueces. Se tiene que ampliar la infraestructura, existe muy poco espacio y más aun con la instalación del Juez Conciliador”, explicó.
Los jueces retardan la justicia, pero también es indudable que su capacidad de trabajo se ve limitada con el exceso de casos que llegan a sus despachos, producto de las acefalías. “Hay jueces que a las 21.00 horas están trabajando en sus oficinas y otros tienen que llevar el trabajo a sus casas. El sistema aleatorio, a veces, recarga el trabajo, más aun con la acefalía. Por eso tienen doble trabajo, además que el juez tiene que atender todas las causas que le lleguen, y entiendo que lo debe resolver sin rechazar, salvo hubiera algún tipo de irregularidad o haya excusa o recusación”, manifestó.