Lo acusa de haber adquirido las acciones de Fancesa de forma irregular en el año 1999. La cementera Fancesa estará en manos del MAS.
Sucre. El presidente Evo Morales muestra, el miércoles, el decreto de expropiación de acciones.
Víctor Quintanilla – La Paz, La Razón
INVESTIGAN A DORIA MEDINA POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS
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Caso. El Gobierno lo acusa de haber adquirido las acciones de Fancesa de forma irregular en el año 1999
El Gobierno investiga a Samuel Doria Medina por el delito de tráfico de influencias. Lo acusa de haber adquirido de forma irregular las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) tras haber sido ministro del ex presidente Jaime Paz Zamora, quien ordenó la privatización de la factoría.
“Hay las instancias correspondientes en el Gobierno nacional que están efectuando la investigación, pero desde ya el hecho de que existan estos elementos donde un ex ministro se aproveche de una ley que saca su propio gobierno, (muestran) hoy —en el marco de nuestra Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz— eso que está tipificado como un tráfico de influencias”, afirmó ayer el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce.
El miércoles, el presidente Evo Morales expropió, mediante decreto supremo, las acciones (33,34%) que hasta entonces tenía la cementera privada Soboce en Fancesa. Doria Medina declaró que la medida “se constituye en un castigo a la gente que invierte en el país y trabaja por su desarrollo”.
Por su parte, el presidente del directorio de Soboce, Juan Carlos Requena, la calificó de “abuso de poder, flagrante injusticia y gravísimas irregularidades procedimentales”.
A decir de Arce, “la empresa está en su derecho de realizar cualquier acción jurídica, pero también el Estado boliviano está en su derecho de reclamar lo que le perteneció, lo que de una manera bastante extraña —por decir lo menos— pasa a manos de un empresario privado vinculado al gobierno de turno de ese momento”.
Según el ministro, el ex presidente Jaime Paz Zamora emitió una ley que autorizó la privatización de las acciones de Fancesa que correspondían a la entonces Prefectura chuquisaqueña. “El señor Samuel Doria Medina fue ministro de Planificación del gobierno de Paz Zamora; posteriormente ocurre la compra de esas acciones por parte de ese empresario”, acotó.
En un comunicado, la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) señala que el proceso de privatización y la compra de las acciones “se realizan en dos etapas absolutamente distintas y distantes”. La primera, dice, tuvo lugar el año 1992 durante la presidencia de Paz Zamora; mientras que la segunda “se realiza en septiembre del año 1999, seis años y medio después de que el Lic. Jaime Paz Zamora hubiera culminado su período presidencial”.
De su lado, el alcalde alteño Édgar Patana demandó al Órgano Ejecutivo la nacionalización de la fábrica de cemento que Soboce opera en Viacha.
MANEJO. El director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), Óscar Cámara, indicó que la fiscalización a Fancesa iniciada en diciembre del año pasado reveló la existencia de un convenio en el que la Universidad Mayor de San Francisco Xavier “entregó su derecho como accionista en favor de Soboce, un derecho de los docentes, estudiantes y administrativos de toda la comunidad universitaria”.
La universidad tiene el 33,33% de las acciones de Fancesa, al igual que la Alcaldía de Sucre. Según Cámara, el convenio fue suscrito el 2 de diciembre de 1999 entre el rector de la universidad, Jaime Robles Miranda, y Samuel Doria Medina, en calidad de presidente de Soboce. “Se hace a cambio de Bs 12 millones que entrega Soboce a la universidad por un lapso de siete años”, precisó. La fiscalización continuará, pues se presume que hay otro convenio que fue anulado, añadió.
Denuncian aportes a opositores
El presidente del Senado, René Martínez (MAS), denunció que hasta hace poco el directorio de Fancesa “se había también sumado a la polaridad regional, a la polaridad política”. Dijo que instituciones opositoras en Chuquisaca “hicieron de la factoría la aportante de una caja chica que sirvió para movilizar, hacer actividad política y no absolutamente tareas empresariales”.
Arce garantiza las inversiones que antes no eran estatales
El ministro de Economía, Luis Arce, garantizó ayer las inversiones privadas, siempre y cuando las mismas no hayan sido antes de propiedad del Estado.
“He ido a Miami, Nueva York, Washington a hablar con empresarios y les comuniqué exactamente lo que les dije a la Confederación de Empresarios Privados y la Cainco (de Santa Cruz), que el Gobierno nacional iba a recuperar las cosas que le pertenecían al Estado boliviano”, aseveró.
“El resto de las inversiones privadas que se hayan hecho, nosotros no tenemos la menor intención de afectarlas. Lo que fue del Estado se está recuperando y no otra inversión privada que se hubiese hecho con recursos individuales; esas inversiones están absolutamente garantizadas”, dijo.
Fancesa estará en manos del MAS
Luego de la expropiación de las acciones de Soboce en Fancesa, se avecinan cambios en la administración de la fábrica. La presidencia del directorio, que hasta ahora la detenta el rector de la Universidad San Francisco Xavier, Wálter Arízaga, pasará a manos de la Alcaldía de la ciudad de Sucre o la Gobernación de Chuquisaca, ambas en manos del MAS.
El alcalde interino de Sucre, Domingo Martínez, adelantó que el municipio, como uno de los tres accionistas de la principal industria chuquisaqueña, pedirá la presidencia del directorio. “En el legítimo derecho, la Alcaldía va a solicitar la presidencia del directorio de Fancesa, pero también tienen el mismo derecho la Universidad y la Gobernación”.
Ayer, el gobernador Esteban Urquizu pidió al rector de la universidad una audiencia. Al respecto, Wálter Arízaga informó que la cita será a las 14.00 de este viernes y se escuchará el pedido que tiene el nuevo accionista de Fancesa.
“Hasta la hora de reunión vamos a tener el informe de los abogados y si los abogados nos dicen que el estatus de la fábrica sigue en Sociedad Anónima, vamos a ir por lo que dice el estatuto y el Código de Comercio, eso quiere decir que primero convocaremos a una junta de accionistas y, en esa junta, la Gobernación hará conocer cuáles son su dos directores y, una vez que termine, recién convocaremos a directorio”, explicó el rector Arízaga.
Gobierno inicia dos investigaciones contra Doria Medina y Soboce
Confiscación: Los acusa de supuesto tráfico de influencias y de haber “pagado” para manejar el Directorio de Fancesa.
La Prensa
Arremetida gubernamental. Un día después de la confiscación del 33,34 por ciento de las acciones de Samuel Doria Medina en la cementera Fancesa, el Gobierno inició dos investigaciones contra el líder opositor de Unidad Nacional (UN) y contra su empresa: la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
Mediante el Decreto Supremo 0616, el presidente Evo Morales revirtió el miércoles en favor de la Gobernación de Chuquisaca el paquete accionario de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) perteneciente a Doria Medina y el Grupo de Cementos Chihuahua de México.
La medida provocó una ola de críticas. Soboce señaló que la medida es un abuso de poder y una injusticia, además que anunció que “defenderá su patrimonio y todos los derechos que la ley ampara y garantiza”. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia comentó que es una mala señal y que afectará a las futuras inversiones nacionales y extranjeras.
Pero el Ejecutivo volvió ayer al ataque. El ministro de Economía, Luis Arce, informó que Doria Medina está siendo investigado “por las instancias (gubernamentales) correspondientes” por supuesto tráfico de influencias en el proceso de compra de las acciones, que se efectuó en 1999.
Arce recordó, en conferencia de prensa, que el empresario fue ministro de Planificación del mandato de Jaime Paz Zamora (1989-1993), cuando se promulgó la Ley de Privatización de las empresas públicas. Dijo que Doria Medina se aprovechó después de esa norma, lo que, según lo dispuesto por la nueva ley anticorrupción, se denomina “tráfico de influencias”.
Morales dijo el miércoles que la Gobernación chuquisaqueña debe contratar una firma independiente que evalúe en un plazo de 180 días la indemnización a Soboce, con la respectiva disminución de los pasivos financieros, tributarios, laborales, comerciales y ambientales de Fancesa.
Arce comentó que no se negociará con Soboce hasta que se emita el estudio. Defendió el Decreto Supremo 0616 y destacó que la recuperación accionaria fue legal y respaldada en la normativa. Respondió que en ningún momento se cometió un abuso de autoridad y aclaró que el Estado es fiel a su política de recuperar lo que le perteneció, sin vulnerar la propiedad privada.
Sin embargo, eso no fue todo. Ayer por la tarde, el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, Óscar Cámara, acusó a Soboce de entregar a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 12 millones de bolivianos para presidir la administración de Fancesa durante siete años.
La autoridad denunció que en diciembre de 1999, Doria Medina y el rector Jaime Robles suscribieron este acuerdo que no tomó en cuenta a la Alcaldía de Sucre para regentar a la cementera, pese a ser propietaria del 33,33 por ciento de las acciones. Ello iría en contra del Código de Comercio.
Por ello, Cámara reanudará la fiscalización de la universidad, la Alcaldía y Soboce, lo cual no pudo realizarse porque esta última presentó un recurso de confidencialidad. La meta es establecer si los 12 millones de bolivianos está respaldados.
Soboce informó ayer que no se pronunciará sobre estas dos investigaciones abiertas hasta este viernes, a las 11.00, cuando Doria Medina ofrecerá una conferencia de prensa, tras adelantar su retorno del exterior por los problemas de su empresa.
El presidente del Directorio de Fancesa, Wálter Arízaga, dijo que una junta de accionistas deberá definir una eventual recomposición interna, ante los pedidos de removerlo de su cargo tras la confiscación.
El MAS también ataca a cementera
El presidente de la Cámara de Senadores, el oficialista René Martínez, acusó ayer al Directorio de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) de haberse “sumado a la polaridad regional” y financiar las movilizaciones efectuadas el 25 de mayo de 2007, cuando cívicos y campesinos protagonizaron enfrentamientos y humillaciones públicas, según ANF.
“Hasta hace poco el nivel del Directorio de Fancesa se había sumado a la polaridad regional, a la polaridad política, vale decir de que esas instituciones hicieron de esta factoría (fábrica de cemento) como la caja chica que sirvió para movilizar, para hacer actividad política no a favor de carácter empresarial”.
Para Martínez, el rechazo de las organizaciones cívicas de Sucre al Gobierno de Evo Morales respondía a una “capacidad corporativa” desde la Universidad Mayor de San Francisco Xavier, desde la Alcaldía, desde la Prefectura, dentro de los cuales estaba vinculado también un nivel de representación en el mismo Directorio de Fancesa.
El Gobierno acusó el jueves a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) de haber manejado este directorio.
Recuperarán lo que fue privatizado
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, salió ayer al paso de las críticas a la medida gubernamental de confiscación del 33,34 por ciento de las acciones de Samuel Doria Medina en la cementera Fábrica Nacional de Cemento de Sucre, y aclaró a los empresarios que cualquier determinación similar que sea tomada a futuro involucrará a aquellos bienes que pertenecieron anteriormente al Estado boliviano y que fueron traspasados con la Ley de Privatización.
En conferencia, la autoridad señaló que “el Gobierno nacional va a recuperar las cosas que pertenecieron al Estado boliviano. El resto de las inversiones privadas que se hayan hecho no tenemos la menor intención de afectar y ustedes pueden comprobar que así ha sido. Lo que fue del Estado Boliviano se está recuperando y no otra inversión privada que se hubiera hecho con recursos o esfuerzos privados individuales”.
Reveló que se comunicó de estas medidas a los sectores patronales. “El Gobierno es fiel a su política de recuperación de los bienes estatales y así fueron informadas las organizaciones que agrupan a los empresarios nacionales y extranjeros”.
Niegan falta de gas para industrias
El ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, negó ayer que la caída en la producción de cemento se deba al desabastecimiento de gas natural para las industrias, informó ABI. Señaló que el problema se origina en una “ineficiencia” productiva que impide abastecer de cemento a los emprendimientos del sector de la construcción. “Absolutamente falso, es una pena que el Instituto del Cemento y Hormigón trate de justificar y defender ineficiencias productivas de los fabricantes de cemento. Es absolutamente falso que falte el gas para la producción de cemento”, reiteró la autoridad gubernamental, y dijo que la única planta que no cuenta con el suficiente abastecimiento de gas es la de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), en la localidad de Viacha, “porque sus ejecutivos no quieren construir un pequeño tramo de ducto para la interconexión. Cualquier propietario de estación de servicio paga la interconexión; sin embargo, esta fábrica no lo quiere hacer”.