La periodista y también diputada Marianela Paco ha tomado muy en serio el encargo de acallar a la prensa que ha recibido. No quedó muy conforme con que la mal llamada “ley de lucha contra el racismo” contenga aspectos franca y abiertamente atentatorios contra la libertad de prensa sino que conjuntamente el portavoz gubernamental, Iván Canelas están preparando una nueva arremetida dirigida a borrar todo vestigio de independencia en los medios de comunicación.
(Fotografía El Deber)
“Estamos analizando cual es el tipo de medios de queremos” dijo la diputada cuando la respuesta salta a la vista. El gobierno quiere medios de comunicación complacientes y, mejor aún, que estén completamente a su servicio. La libertad de expresión no se lleva bien con la “revolución democrática y cultural”.
Para Evo el enclaustramiento marítimo no es un problema
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Los medios de comunicación oficiales se han dado a la tarea casi imposible de dar contornos “históricos” a la intervención de Evo Morales ante la ONU cuando en realidad si ésta es recordada lo será en términos jocosos. Se trató, sin duda, de un fallido acto de autopromoción para consumo de unos pocos incautos que en realidad son cada vez menos. Para el país no hubo nada provechoso.
Es más, mientras la presidenta argentina Cristina de Kirchner reivindicaba la soberanía de su país sobre las islas Malvinas, Evo Morales sencillamente se olvidó de que existen un problema relacionado con nuestro más que centenario enclaustramiento marítimo. Para Evo es más importante su persona que los propios intereses nacionales. Parece que la “evolatría” ya está adquiriendo contornos patológicos.
La visión corporativa del MAS
Para el consumo externo el MAS se quiere mostrar como un partido encantadoramente democrático pero es en su fuero interno donde se muestra tal y como es: una organización política que no tiene mucho de izquierda y si de corporativa, es decir fascista. Las decisiones recaen sobre un selecto grupo de personas que gozan del respaldo de Evo en tanto que el resto debe limitar sus funciones para levantar la mano y aprobar las decisiones que tomaron en la cúpula.
Esto ha ocasionado un descontento cada vez más visible entre los asambleístas masistas y es por eso que se quiere apresurar la aprobación de un nuevo código de ética que impida cualquier acto de disidencia. El criticar cualquier acción gubernamental, mediante esta nueva norma, será considerado como un acto de transfugio. Los tornillos del Estado autoritario se están ajustando cada vez más.