La mayor parte de ellos se encuentran procesados por casos de genocidio, corrupción, terrorismo o enriquecimiento ilícito. Los procesos se iniciaron durante la actual administración, por lo que los acusados se declaran víctimas de persecución política.
La Razón. Durante la primera gestión del presidente Evo Morales, entre 2006 y 2010, al menos 140 ciudadanos bolivianos dejaron el país por distintos motivos. En la lista están políticos, cívicos y empresarios.
La mayor parte de ellos se encuentran procesados por casos de genocidio, corrupción, terrorismo o enriquecimiento ilícito. Los procesos se iniciaron durante la actual administración, por lo que los acusados se declaran víctimas de persecución política.
En la lista de políticos que huyeron están: Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia, Jorge Torres, Dante Pino, Hugo Carvajal y Guido Áñez, todos ellos ex ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien fugó del país el año 2003.
Además, figuran en esta lista los ex prefectos José Luis Paredes (La Paz) y Manfred Reyes Villa (Cochabamba). El ex cívico Branko Marinkovic, Humberto Costas (hermano del gobernador Rubén Costas) y varios otros líderes políticos y empresarios cruceños también huyeron tras ser vinculados con el caso terrorismo.
Lo ocurrido en Porvenir, Pando, el 2008, también provocó la huida de 100 personas a Brasil, muchas de ellas consiguieron protección y otras habrían retornado.
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Diputado opositor denuncia persecución a empresarios y políticos
La Prensa.
El diputado de Convergencia Nacional Juan Carlos Becerra expresó su “profunda preocupación” por la incesante persecución y procesos que existen contra autoridades y empresarios.
Al respecto, indicó que el objetivo principal del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) es llegar al año 2014 sin oposición alguna.
Sostuvo también: “El mismo Gobierno lo dijo. No es solamente necesario tomar el poder, sino también el poder político y para ellos ha comenzado y están muy avanzados en descabezar a la oposición. Vemos al alcalde de La Paz, Luis Revilla, con 61 procesos; el gobernador Mario Cossío con 18 procesos y otros alcaldes, diputados y senadores con querellas. Eso es preocupante”.
Reanudan el juicio a René Joaquino
La Prensa.
El juicio oral contra el suspendido alcalde René Joaquino Cabrera y los seis ex concejales se reanudará hoy a las 09.00 en el Tribunal de Sentencia N.º 1, que preside el juez Jaime Choquevillque.
Después de 47 días de paralización del proceso que se les sigue por la presunta comisión de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la compra de autos usados la gestión 2006, hoy retoman el curso legal.
El 28 de julio, uno de los abogados de los ex concejales planteó un incidente de recusación contra el presidente del Tribunal de Sentencia, lo que motivó la suspensión.
A los dos días, una autoridad jurisdiccional que conoció el caso de recusación rechazó el incidente por no existir fundamento jurídico legal en la acción presentada.
Todo el análisis legal ocurrió cuando Potosí había declarado un paro de 48 horas, es decir, jueves 29 y viernes 30 de julio. De ahí para adelante el paro general indefinido declarado por dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) motivó que las audiencias del juicio oral quedaran paralizadas debido a la imposibilidad de que las partes llegasen a los estrados judiciales.
Pasados los 19 días de paro indefinido, el martes 17 de agosto las actividades volvieron a la normalidad; sin embargo, el lunes 23 de agosto se conoció oficialmente el día y la fecha de la reanudación del juicio oral contradictorio. Ese día, la secretaria del Tribunal de Sentencia N.º 1, Claudia Gonzales, confirmó que el 13 de septiembre continuaría el juicio, y así será.
Días antes no se pudo proseguir el proceso en virtud de que ya se habían programado otros juicios orales en ese Tribunal de Sentencia.
Senado inicia debate sobre ley para juicio de responsabilidades
La Prensa. El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, informó ayer que este lunes iniciará el tratamiento de la norma que regula procesos en contra de ex mandatarios de Estado.
El senador aseguró que, si se hace una evaluación de las dos anteriores normas de juicios de responsabilidades, se coincidirá en la complejidad de un procedimiento que parece tener una intención hacia la impunidad de ex autoridades.
Martínez explicó que la norma vigente tiene un obstáculo general, ya que la facultad que se otorgaba al viejo Congreso era una autorización previa para dar viabilidad a los juicios de responsabilidades y eso estaba sujeto a la correlación de fuerzas políticas, por lo que no siempre se llegaba a los dos tercios para autorizar los juicios de responsabilidades. ANF.