Índice de los Editoriales de Periódicos
-
El Día: Poner freno a la impunidad
-
Bajo el Penoco, El Día: No gracias
-
Los Tiempos: EVO MORALES Y LA “GUERRA CONTRA LAS DROGAS”
-
El Deber: Por mano propia
-
La Razón: Pasos de Colombia
-
Cambio: ¿Quién descertifica a EEUU?
-
La Prensa: Por mano propia
-
El Diario: Siguen acciones en contra de lo legal
-
El Mundo: "Soberanía"
-
Opinión: Coboce un ejemplo digno de ser admirado
-
Clarín, Argentina: Institucionalidad y litigiosidad social
El Día: Poner freno a la impunidad
El inadmisible y execrable asesinato de tres hermanos campesinos a manos de una turba de comunarios de la localidad de Chutiayco, cercana a Tapacarí, Cochabamba, no puede quedar en las sombras de la impunidad. Por una parte, porque no se trata de ningún modo de la justicia comunitaria, tan venida a menos por mérito propio de sus mismos defensores. También porque es una oportunidad especial para que el Gobierno ponga el freno que corresponde y comience a sentar el precedente que sirva de ejemplo a quienes no sólo confunden las cosas, sino que horrorizan al ciudadano común y a la opinión pública del país con acciones de las más mórbidas y crueles que se han visto hasta hoy.
Conviene recordar que de un tiempo a esta parte, ciertas comunidades rurales se están dando el dudoso lujo de querer resolver problemas que atingen al país de una manera muy peculiar: al margen de todo ordenamiento legal y constitucional. No sólo que han llegado a torturar y matar a efectivos de la institución del orden, que ya son palabras mayores, sino que pretenden entorpecer el control en las carreteras, la lucha contra el contrabando y el narcotráfico y, entre otras asuntos, presionar al Gobierno para que designe un gabinete ministerial de su agrado, usurpando las atribuciones presidenciales.
Sin duda que el llamado proceso de cambio persigue el “empoderamiento” de los movimientos sociales para alcanzar metas ligadas al bienestar colectivo. En el terreno de los hechos, lo que está sucediendo es una reiterada violación flagrante de las normas legales establecidas, incluso las que se proclaman en la Constitución Política del Estado. Esto significa nada menos que crear un ambiente de incertidumbre y susceptibilidad que no presagia nada bueno para el país. Ante esta situación, de por sí delicada y compleja, el Gobierno debe actuar en consecuencia y decidirse a tomar el toro por las astas antes que todo se salga de madre. Ello implica desarrollar grandes y sostenidos esfuerzos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Lo que está claro es que el Gobierno no podrá eludir por más tiempo esta su obligación de ofrecer seguridad a una población que se siente sobresaltada y sorprendida por tanto dislate. Las sucesivas amenazas de comunidades rurales de impedir el ingreso de fuerzas policiales o de funcionarios de la justicia al lugar donde acaecieron hechos delictivos, muestra de cuerpo entero la gravedad de la situación. Por eso el caso Batallani-Chutiayco se perfila como la oportunidad de alcanzar el punto de inflexión hacia un orden legal que se respete y sea interpretado de modo claro y sin subterfugios. Estos hechos delictivos socavan la convivencia democrática y la imagen del Ejecutivo. A estas alturas, la justicia comunitaria se ha vuelto sinónimo de crimen y delito, las más de las veces porque se ha malinterpretado su contenido conceptual. Por ese mismo motivo, ya es hora de poner los puntos sobre las íes y castigar sin miramientos a quienes resulten transgresores del ordenamiento jurídico del país en este ámbito. Si se mira bien, la oportunidad de imponer la ley por sobre la impunidad está al alcance de las manos, porque ha sido y es, justamente, esta sensación de impunidad frente a la ley la que lleva a las personas a cometer actos atroces como los de Batallani-Chutiayco. Y esto tiene que terminar de una vez por todas por el bien de la gente. El Gobierno tiene la palabra.
El Gobierno no podrá eludir por más tiempo su obligación de brindar seguridad a una población sorprendida por tanto dislate.
Bajo el Penoco, El Día: No gracias
El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Núñez, decidió romper el silencio sobre el compadrerío imperante en la región y que algunos denominan “relación netamente institucional”. En un acto público mandó a devolver la invitación que le hicieron los ejecutivos de la Expocruz a la inauguración de esa muestra ferial y también ha pedido que quiten su fotografía de la galería de past presidente de la empresa que maneja la feria. Núñez cree que es vergonzoso el servilismo que demuestran los empresarios organizadores con un régimen, que según él, es enemigo de la región y del sector privado cruceño y que además está ejecutando una política de persecución a los dirigentes de la región. Núñez dice que ojalá los que hoy se portan tan sumisos no terminen presos, en manos del mismo Gobierno ante el que se arrodillan. Duro les está dando don Lucho a los empresarios locales últimamente. Para equilibrar las cosas debería pasarse por la Brigada a ver qué hacen los presuntos opositores y también por la Omar Chávez.
Los Tiempos: EVO MORALES Y LA “GUERRA CONTRA LAS DROGAS”
El presidente Morales no está solo, está muy bien acompañado cuando de cuestionar la política estadounidense contra las drogas se trata
El pasado miércoles, como ocurre el 15 de septiembre de cada año, el presidente de Estados Unidos presentó al Congreso de su país un informe acerca del estado actual de los acuerdos internacionales sobre interdicción y lucha contra las drogas. Se trata de un reporte anual sobre cuya base el Departamento de Estado decide qué países son "certificados" y por lo tanto, "premiados" con estímulos como preferencias arancelarias, y qué países, al no merecer la "certificación" estadounidense, son sometidos a diversos tipos de sanciones.
Por tercer año consecutivo, el informe en cuestión fue negativo y contradictorio para el país. Y como era de esperar y no podía ser de otra manera, fue recibido por el presidente Evo Morales con términos muy duros. "El Gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna moral para hablar de la droga, para hablar de certificación o descertificación", ha dicho y, es justo decirlo, tiene toda la razón.
En efecto, si se considera que EEUU no ha cosechado durante las últimas décadas nada más que fracasos en su "guerra contra las drogas", resulta indefendible la tozudez con que sus élites burocráticas se aferran al rol de gendarmes del mundo. Peor aún si se considera que los países que más aplicadamente se ajustan a las fórmulas y a los criterios que guían a los "certificadores" muestran resultados que de ningún modo pueden ser vistos como dignos de ser imitados.
El caso más patético en ese sentido es el de México, donde desde 2006, cuando el Gobierno de Felipe Calderón optó por reforzar los tan recomendados métodos de lucha contra las drogas, se ha desencadenado una atroz guerra que ya ha costado 28 mil muertes en tres años, 13 mil de ellas durante los últimos 18 meses, sin que el flujo de drogas haya disminuido.
La experiencia estadounidense en ese sentido no es en nada mejor, como lo confirma el más reciente informe de la Administración de Servicios Sanitarios Mentales y de Abuso de Sustancias (Samhsa, por su sigla en inglés), según el cual el consumo de drogas ilegales en EEUU aumentó durante el último año en un 8,7 por ciento.
Son esos, entre muchos otros datos fehacientes, los que hacen que Evo Morales no esté solo cuando de cuestionar la política estadounidense contra las drogas se trata. Está, más bien, muy bien acompañado, pues notables personajes como los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia), junto a un número creciente de líderes sociales y culturales del mundo entero, se han dado a la tarea de promover un debate a escala global sobre el tema.
El hecho de que tras la misma causa se alineen personajes tan dispares ideológicamente como Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, por ejemplo, es una muestra de que el asunto ha adquirido una dimensión que trasciende las fronteras políticas.
Así también lo confirma el vigor con que ha irrumpido el ex presidente de España Felipe González para promover la organización de un foro internacional que aborde la legalización de las drogas.
En ese contexto, el presidente Evo Morales tiene sólidos argumentos para asumir un rol protagónico en el debate global que ya se ve venir.
El Deber: Por mano propia
Tres hermanos fueron presuntamente linchados en una comunidad campesina localizada en el departamento de Cochabamba. Allí, una enardecida turba les quitó la vida después de someterlos a una brutal golpiza tras responsabilizarlos de la muerte de otro poblador ocurrida días antes. Se supo que, incluso, las víctimas fueron sepultadas cuando los signos vitales todavía no les habían abandonado. El horrendo crimen fue atribuido inicialmente a un conflicto de límites, aunque también se especula que el triple linchamiento del que escaparon dos mujeres habría tenido que ver con el narcotráfico.
De acuerdo con registros, entre 2006 y 2009, en el país se han producido más de 100 casos de linchamiento. Es, entre estos casos, patético el recuerdo del linchamiento del alcalde de Ayo Ayo, secuestrado, torturado y quemado en aquella localidad altiplánica en junio de 2004 y cuyos familiares siguen buscando justicia seis años después.
La práctica de una suerte de ‘justicia ciudadana’ o por mano propia es atribuida, o es consecuencia más bien, de los elevados e insufribles niveles de pobreza, la delincuencia y la impunidad que la coronan y que, en muchos casos, ha beneficiado a los autores de tanta espantosa barbarie, sin faltar incluso los reincidentes en pleno siglo XXI que escarnecen todos los parámetros de la convivencia con sello de civilización.
No se puede negar que existe un aflojamiento en la aplicación de medidas de protección a la comunidad, no sólo aquí en nuestra urbe, sino también en las del resto del país, infelizmente. Y si falla el sistema protector de modo ostensible y garrafal, pues aquella otra instancia, la llamada a castigar con la severidad del caso a los delincuentes, a los criminales que sin asco tronchan vidas, o hace unas veces de la vista gorda u otras tuerce los alcances de la ley penal y extiende impunidad en beneficio de quienes han teñido sus manos en sangre fraterna.
Acerca del sobrecogedor suceso, el Ministerio de Gobierno lo ha tipificado como un hecho criminal que no responde a la aplicación de la justicia comunitaria y que el delito de asesinato debe ser sancionado con la mayor rigurosidad.
Es mucho más certero el juicio del Defensor del Pueblo que atribuye el incalificable hecho a una “ausencia del Estado” en diversas regiones del país.
Para que la pavorosa cifra de ciudadanos ajusticiados por otros no siga incrementándose dramáticamente en Bolivia, es menester reparar aquella ‘ausencia’ del Estado en el territorio nacional e imprimir la máxima severidad a quienes se extravían en los tortuosos caminos del crimen.
La Razón: Pasos de Colombia
Santos lleva adelante una diplomacia muy dinámica en el hemisferio Sur
Santos se reunió el 10 de agosto en la quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y ambos anunciaron el restablecimiento de relaciones. Santos consideró que las conversaciones fueron muy positivas, mientras que Chávez afirmó que fue "a voltear la página".
Los mandatarios establecieron cinco comisiones para el pago de deuda y reimpulso de las relaciones comerciales, para un acuerdo de complementación económica, para desarrollar la inversión social en la zona fronteriza, para el desarrollo conjunto de infraestructuras, y una muy importante vinculada a proteger la seguridad de la frontera, ya que "busca prevenir la presencia y acción de grupos armados al margen de la ley", así como "aumentar la presencia de ambos Estados en la zona de frontera".
En esa dirección, la muy capaz canciller colombiana, María Ángela Holguín, inició una serie de encuentros con su homólogo venezolano Nicolás Maduro y ambos, junto a otros ministros de Estado, lanzaron exitosamente las actividades de las comisiones, iniciándose con los pagos de Venezuela a sus acreedores colombianos; ambos cancilleres decidieron reunirse cada 30 días y Santos visitará Caracas en octubre.
En el caso de otra relación crítica, la Canciller colombiana y su colega de Ecuador, Ricardo Patiño, se reunieron varias horas en la frontera común —en el marco de restablecer las relaciones bilaterales, rotas en marzo del 2008— y acordaron reunirse en octubre para tratar temas "sensibles". El presidente Rafael Correa aseguró el fin de semana que su país restablecerá relaciones plenas con Colombia.
Sobre la caída del acuerdo militar con EEUU, decretada por el Tribunal Constitucional en los días iniciales del mandato de Santos, aunque dejó abierta la posibilidad de que el Ejecutivo lo remita al Legislativo, se puede decir que produjo un gran alivio en la región y aun en círculos oficiales de Colombia y hasta de EEUU.
Días antes de asumir la presidencia, Santos visitó Argentina, Chile, México y Perú, y algunos países europeos, y ahora, luego de 21 días de asumir la presidencia, efectuará su primera salida internacional a Brasil, con el cual Colombia comparte no sólo una frontera común, sino también crecientes vínculos comerciales y de inversión. Es por ello que se reunirá con su colega Lula da Silva y también con los tres principales candidatos presidenciales, luego visitará el importante centro de São Paulo, acompañado por un centenar de ávidos empresarios colombianos.
Cambio: ¿Quién descertifica a EEUU?
Munido de una competencia que ningún país u organización internacional le ha facultado, Estados Unidos, por tercera vez consecutiva, volvió a ‘descertificar’ a Bolivia en la lucha contra las drogas porque supuestamente el Gobierno del presidente Evo Morales Ayma "ha fallado de manera demostrable en cumplir sus obligaciones señaladas en los acuerdos antinarcóticos internacionales durante los últimos doce meses".
Un documento difundido en La Paz por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia —cuya copia fue enviada por esa legación a medios de comunicación el miércoles, excepto a Cambio— señala que el presidente Obama sigue comprometido a concluir la negociación de un acuerdo marco entre ambos países sobre temas de interés mutuo, el cual incluye la lucha contra el narcotráfico, el comercio y la cooperación, y "reconoce y apoya los esfuerzos de Bolivia para combatir la producción y el tráfico de narcóticos ilegales".
Y argumenta que la expulsión de la Drug Enforcement Agency (DEA) en noviembre de 2008 del territorio boliviano "perjudicó los esfuerzos para identificar y desmantelar organizaciones narcotraficantes del país", y reconoce que Bolivia hace un aporte de recursos importantes a la lucha antinarcóticos y espera que "la mayor cooperación entre el Gobierno boliviano y la comunidad internacional conduzca a más progreso".
"Estados Unidos está comprometido en apoyar los esfuerzos antinarcóticos de Bolivia. Creemos que una mayor coordinación con los países vecinos y con la comunidad internacional puede producir resultados duraderos", señala el documento estadounidense.
En ese contexto, el presidente Morales rechazó ayer la descertificación unilateral de la lucha antidroga del país por parte de Estados Unidos, y lo descalificó por ambiguo y contradictorio, porque mientras la Casa Blanca reconoce los esfuerzos que despliega el gobierno en su solitaria lucha contra el narcotráfico —el apoyo estadounidense es mínimo comparado con el millonario respaldo que presta a otros países afines a su política internacional y que sostienen políticas enmarcadas en el libre mercado—, concluye que "Bolivia ha fallado de manera demostrable en cumplir sus obligaciones generadas en los acuerdos antinarcóticos internacionales durante los últimos 12 meses".
Y las cifras de la lucha boliviana contra el narcotráfico corroboran lo dicho por el Presidente ya que, desde la expulsión de la DEA —debido a su vinculación con el proceso sedicioso que intentó derrocar al gobierno en 2008—, la FELCN y sus unidades especializadas han conseguido sus más resonantes éxitos en la lucha contra las bandas de narcotraficantes.
Fruto de ese esfuerzo estatal con recursos nacionales de 25 millones de dólares —Estados Unidos apenas aporta con 20 millones de dólares— Bolivia ha logrado, en lo que va de este 2010, cumplir con su compromiso internacional para erradicar 5.000 hectáreas de coca excedente. Entre el 1 de enero y el 8 de septiembre, la FELCN redujo 4.281 hectáreas de coca en el trópico de Cochabamba; 553 hectáreas en los Yungas de La Paz, y 188 hectáreas en la región de Yapacaní, que hacen un total de 5.023 hectáreas erradicadas.
Respecto del secuestro de droga y sustancias controladas, 9.993 operativos permitieron la incautación de 19.620 kilos de pasta base y 2.575 kilos de clorhidrato de cocaína, con un total de 22.196 kilos de cocaína; y logró incautarse de 964.926 kilos de marihuana.
En esos ocho meses, la Fuerza de Tarea secuestró 816.326 kilos de sustancias químicas sólidas y 1.741.640 litros de sustancias químicas líquidas que las bandas de narcotraficantes utilizan como precursores para la fabricación de droga. Además, se destruyeron 4.377 fábricas de droga, 5.969 pozas de maceración, 19 laboratorios de cristalización de cocaína (de alta pureza) y 14 laboratorios de reciclaje. Las operaciones antidrogas permitieron detener a 2.723 sospechosos de narcotráfico, y lograron incautar e incinerar 1.707.201 libras de coca ilegal y otros 2.066 kilos de coca que estaba a punto de ser transformada en cocaína.
Entonces, ¿por qué Estados Unidos descertifica a Bolivia? ¿Por qué no asume que los hechos corroboran los éxitos bolivianos en la lucha antidrogas? ¿No será que su prioridad es desestabilizar al gobierno del presidente Morales so pretexto de que Bolivia "no cumple sus compromisos" de lucha contra el narcotráfico? ¿Por qué no se descertifica a sí mismo por el incremento en un 8,7% de consumidores de droga en su territorio?
En palabras del Presidente boliviano, "mientras tengamos una posición antiimperialista, anticapitalista, nunca seremos certificados por Estados Unidos. Saben ellos y sabemos nosotros que la lucha contra el narcotráfico es un pretexto para el imperialismo norteamericano. Tienen intereses geopolíticos y so pretexto de la lucha contra el narcotráfico buscan cómo dominarnos".
Además, el Drug World Report 2008, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en 2008, asegura que Estados Unidos cuenta sólo el 4,5% de la población mundial, pero posee el 45% de todos los consumidores de cocaína del mundo.
Es que la abusiva política de descertificación antidrogas —que se atribuye Estados Unidos en el mundo— busca gobiernos dóciles y es sólo un pretexto para desestabilizar a otros, como el boliviano, que optaron por preservar la soberanía y la dignidad de sus pueblos, y encaran una verdadera lucha contra el narcotráfico.
Y a pesar de todo el discurso en torno a "la guerra contra las drogas", la cantidad de consumidores y la demanda de drogas no disminuye significativamente en el país del norte, ni las incautaciones en su territorio son significativas y están en franco descenso porque no superan el 24% del total mundial, muy bajas si consideramos que se trata del primer consumidor. Entonces, ¿quién descertifica a Estados Unidos?
La abusiva política de descertificación antidrogas —que EEUU se atribuye en el mundo— es un pretexto para desestabilizar a gobiernos que optaron por preservar la soberanía y la dignidad de sus pueblos, y encaran una verdadera lucha contra el narcotráfico.
La Prensa: Por mano propia
Es más certero el juicio del Defensor del Pueblo, que atribuye el incalificable hecho a una ?ausencia del Estado" en diversas regiones del país.
Tres hermanos fueron presuntamente linchados en la comunidad campesina de Watallani, Tapacarí, localizada en el departamento de Cochabamba. Allí, una enardecida turba les quitó la vida después de someterlos a una brutal golpiza tras responsabilizarlos de la muerte de otro poblador ocurrida días antes. Se supo que, incluso, las víctimas fueron sepultadas cuando los signos vitales todavía no les habían abandonado. El horrendo crimen fue atribuido inicialmente a un conflicto de límites, aunque también se especula que el triple linchamiento del que escaparon dos mujeres habría tenido que ver con el narcotráfico.
De acuerdo con registros, entre 2006 y 2009, en el país se han producido más de 100 casos de linchamiento. Es, entre estos casos, patético el recuerdo del linchamiento del alcalde de Ayo Ayo, secuestrado, torturado y quemado en aquella localidad altiplánica en junio de 2004 y cuyos familiares siguen buscando justicia seis años después, aún después de haberse dictado sentencia, ninguno de los condenados ?uno de ellos es hoy asambleísta de la Gobernación de La Paz? ha sido encerrado en una cárcel.
La práctica de una suerte de ?justicia ciudadana? o por mano propia es atribuida, o es consecuencia más bien, de los elevados e insufribles niveles de pobreza, la delincuencia y la impunidad que la coronan y que, en muchos casos, ha beneficiado a los autores de tan espantoso ejercicio de barbarie, sin faltar incluso los reincidentes, en pleno siglo XXI, que escarnecen todos los parámetros de la convivencia con sello de civilización.
Aún cuando se trata de crímenes que no tienen justificación alguna, quienes han recurrido al bárbaro recurso del linchamiento, la justicia por la mano propia, aducen que es una forma de respuesta a la ausencia casi total de una entidad encargada de la seguridad ciudadana.
No se puede negar que existe un aflojamiento en la aplicación de medidas de protección a la comunidad, no sólo en nuestra urbe, sino también en las del resto del país. Uno de los motivos es la dotación insuficiente de equipos con que cuentan las fuerzas policiales. Y si falla el sistema protector de modo ostensible y garrafal, pues aquella otra instancia, la llamada a castigar con la severidad del caso a los criminales que sin asco tronchan vidas, o hace unas veces de la vista gorda u otras tuerce los alcances de la ley penal y extiende impunidad en beneficio de quienes tiñen sus manos en sangre fraterna.
En torno al sobrecogedor suceso ocurrido en el municipio cochabambino de Tapacarí, el Ministerio de Gobierno lo ha tipificado como un hecho criminal que no responde a la aplicación de la justicia comunitaria y que el delito de asesinato debe ser sancionado con la mayor rigurosidad.
De todas maneras, es mucho más certero el juicio del Defensor del Pueblo, que atribuye el incalificable hecho a una ?ausencia del Estado? en diversas regiones del país.
Para que la pavorosa cifra de ciudadanos ajusticiados por otros no siga incrementando dramáticamente en Bolivia es menester reparar aquella ?ausencia? del Estado en vastas regiones del territorio nacional e imprimir la máxima severidad a quienes se extravían en los tortuosos caminos del crimen.
El Diario: Siguen acciones en contra de lo legal
Pese a los anuncios del Gobierno en sentido de investigar y actuar en contra de todo lo ocurrido en la localidad de Uncía y que culminó con el asesinato de cuatro policías, han surgido nuevas amenazas de los llamados “ayllus” que profirieron, hace pocos días, prevenciones en sentido de que no permitirán acción gubernamental en su contra ni reingreso a las zonas conflictivas.
La “justicia comunitaria” -muy lejana a la practicada por las autoridades llamadas mallkus, Jilaqatas o amautas en el lejano medio de vida de los aymaras-, ha dejado de ser lo que originalmente fue y que determinaba sanciones dictadas por grupo de ancianos. Desde hace tiempo, varios años, existe la práctica por cualquier razón o sinrazón, simplemente “porque así debe ser” de quienes se atribuyen autoridad que no la tienen, abusan de esa situación con total inmunidad e impunidad por la carencia de autoridad gubernamental que efectivamente la frene.
¿Cuál es realmente la situación en Uncía y alrededores donde hay predominio de la “autoridad originaria”? ¿Es que el Gobierno habría perdido toda autoridad en esa región? ¿Deben seguir en boga y vigencia los criterios más absurdos, atrabiliarios y contrarios al sentimiento más elemental de legalidad de la llamada “justicia comunitaria”? ¿Es que ésta debe reemplazar, indefinidamente, a la autoridad legalmente constituida? ¿Hasta cuándo predominará lo ilegal sobre lo legal?
El Gobierno y, dentro de todo el poder del Estado, el Judicial, tendría que expresar, definitivamente, qué es lo que debe primar en la vida del país y delimitar seriamente los derechos, deberes y responsabilidades de quienes creen tener poderes absolutos, omnímodos y que están en niveles muy superiores a los que administra el Estado.
Es preciso entender que el país no puede estar supeditado y resignado –con el estilo de las Fuerzas Armadas- al lema hecho ya principio de “resignación y constancia”, para soportar las amenazas, las prevenciones y las acciones de los que practican una justicia comunitaria que no entiende ni sabe absolutamente lo que es la práctica de justicia, su verdadero significado y los fines que persigue. Mantener una especie de “espada de Damocles” sobre todo el país es irresponsable, es contrario al respeto a los derechos humanos y, aunque no se reconozca así, es contra el propio Gobierno que, en toda circunstancia, debería mantener incólume el principio de autoridad con la fuerza que otorgan la Constitución y las leyes.
Obrar con pasividad frente a hechos extremos es atentar contra el país; desoír las más elementales previsiones sobre la seguridad del Estado -entendiéndose que Estado lo conforma todo el país, incluida su población, su territorio, sus bienes en general- y, en sus consecuencias, sentar precedentes para que todos los extremos se hagan parte de la vida nacional hasta límites impensables.
Es, pues, el Gobierno, mediante el Poder Judicial y los organismos encargados de conservar el orden público, el que ponga coto a los extremos y, además, sentar la legalidad en territorios que, por la fuerza, se pretende convertir en territorios libres. Lo expresado por los “ayllus” del Norte potosino no es uso de la libre de expresión; es simplemente utilizar libertinamente una libertad que es sagrada para todos los bolivianos que vivimos enmarcados en la Constitución y las leyes.
El Mundo: "Soberanía"
La Ley Antidiscriminación comienza a surtir efectos y vale la pena impulsar a quienes se animan a mejorar su condición dentro de la sociedad, para favorecer a todos sus compañeros a fortalecer el progreso de integración entre los bolivianos. Los gobernantes aseguran que esta ley está destinada a favorecer a los pueblos originarios que han sido marginados hasta el presente y lo que es peor que hubo personas que decidieron tomar decisiones a su nombre, mientras ellos permanecían encerrados dentro de sus comunidades, envueltos en sus problemas y con pocas posibilidades de resolverlos.
En la actualidad, los medios de comunicación y las mismas autoridades se han dedicado a la tarea de encontrar deficiencias en el desenvolvimiento de la vida en las comunidades y lo más graves que sucede, es que se encargan de encontrar errores y ponerlos en evidencia con ribetes escandalosos.
En los últimos tiempos, el tema de los linchamientos que se han producido en algunos lugares, por atropellos que han venido sufriendo los comunarios y que han tratado de resolverlos por el camino de la violencia, ante un sistema de justicia que no los toma en cuenta, porque no tienen el asesoramiento de abogados.
Los mismos representantes de las comunidades se han encargado de hacer las aclaraciones correspondientes, sin que por ello se dé el mismo relieve a sus informaciones y queden poco menos que ignoradas y lo peor aún, son consideradas como versiones de distracción.
Sin embargo, ellos no se han acobardado por la forma en que se trata su posición con relación a los hechos y lo que ahora ha sucedido y vale la pena tomar en cuenta es la forma en que están reaccionando frente a la marginación con que son tratados en la actualidad, un hecho que debe tenernos atentos al respecto es el reclamo que han hecho los dirigentes, en sentido de que se ha comenzado la aprobación de una ley antidiscriminación y precisamente los pueblos originarios han quedado marginados del estudio de esta norma, ya que al parecer alguien pretende saber que les interesa, que necesitan y cómo deben dárselo.
Ello no solo ha sucedido a partir del gobierno central que es el que maneja el problema a nivel macro; los indígenas del oriente también han levantado su voz y consideramos que tienen toda la razón de hacerlo, ya que han denunciado que las autoridades departamentales también han decidido hacer nominaciones a dedo, sin tomar en cuenta la opinión de los pueblos originarios y lo que es peor, sin tomar en cuenta la forma en que ellos acostumbran a designar a sus dirigentes, como manda la Constitución.
Retiramos nuestra preocupación en el sentido de que los pueblos originaros necesitan el apoyo no sólo de las autoridades sino de todas las personas comprometidas con la nación, para que puedan obtener las armas necesarias para hacer prevalecer sus derechos.
Sucedió en el pasado colonial y también en la vida republicana y nos preocupa que siga sucediendo en el presente que aprovechando la poca inserción de los pueblos originarios en la vida de la nación se siga actuando en nombre de ellos.
Tal vez lo más grave en ese sentido sea el hecho de que la representación se la hayan asumido personas que hace ya mucho tiempo abandonaron sus comunidades y se incorporaron a la vida de las ciudades y lejos de llevar sus conocimientos a los lugares de origen, prefirieron alejarse definitivamente y aún renegar de su origen, como lo denunció hace mucho tiempo Antonio Díaz Villamil en su novela La Niña de sus Ojos.
Opinión: Coboce un ejemplo digno de ser admirado
Sin duda una de las instituciones más extraordinarias, tanto por su ideología, como por su organización y sus éxitos económicos, es la Cooperativa Boliviana de Cemento Industrias y Servicios Coboce Ltda. La historia de esta entidad es admirable y al mismo tiempo conmovedora. Comenzó con poco dinero, casi nada, hasta convertirse en el conjunto de fábricas más importantes de la región. El esfuerzo y abnegación de los trabajadores es un ejemplo, que puede ser el maravilloso contenido de una novela. En la dinámica generada por Coboce, se han operado transformaciones importantes en toda la región y particularmente en nuestra ciudad, Coboce pavimentó un millón de metros cuadrados en condiciones, ciertamente, excepcionales.
En la lógica de su concepción de la historia, avanza permanentemente. En los momentos más difíciles, en Coboce siempre se hacía y se hace algo. Ahora está instalando una nueva fábrica de cemento que en sus dos fases incrementará la producción en porcentajes elevados. La tecnología es moderna y está siendo adquirida de tres países, lo más importante viene de Alemania y los aspectos secundarios del Brasil y de la Argentina. Se trata de una negociación cuidadosa e inteligente para lograr una transferencia de tecnología que contribuya al desarrollo del país. La experiencia cobociana, le permite escoger lo mejor y adaptarla a las condiciones estructurales de Bolivia. Siendo la tecnología un acontecimiento cultural, todos los trabajadores, ahora son expertos en sus respectivas especialidades.
En materia financiera, lo que Coboce ha hecho, tendrá que formar parte de los textos de economía más avanzados. Ha titularizado sus flujos futuros, es decir, ha monetizado una parte muy pequeña de los ingresos que tendrá en los próximos diez años. No ha hipotecado ningún bien y ha recibido dinero en moneda boliviana. Como se comprenderá, con el transcurso del tiempo y la devaluación implícita en todo acontecimiento monetario, las perpectivas para Coboce son alentadoras. Todo esto en el marco de un proceso racional, equitativo y transparente.
En ámbito de la economía, como es sabido, lo más importante es la comercialización, producir para no vender sería simplemente un ejercicio absurdo, Coboce estudió cuidadosamente la evolución del mercado, incluyendo todos los factores concurrentes. Este aspecto del estudio de factibilidad, demuestra que la rentabilidad de las inversiones está garantizada, habida cuenta del carácter estratégico del cemento. Este producto, por factores que no pueden ser expuestos en este trabajo, casi siempre, genera su propia demanda. En el peor de los casos, en los próximos años, el consumo del cemento se incrementará en una proporción mucho mayor al crecimiento vegetativo.
Algo que está totalmente garantizado es la producción y productividad del trabajo. Todos los niveles del sistema actúan con una moral evidentemente cooperativista, superior a la que se da en sistemas típicamente capitalistas y también comunistas. Los teóricos de Coboce, dicen que su institución está en un lugar equidistante de los extremos y tiene la capacidad suficiente para administrar al mismo tiempo y con la misma eficacia las variables social y económica. Dicen que este es el verdadero modelo por el que puede optar una parte importante de la realidad boliviana. Hace un tiempo llegó un economista europeo y al visitar las instalaciones de esta empresa dijo que había estado en el futuro y comprobó que era perfectamente viable.
Clarín, Argentina: Institucionalidad y litigiosidad social
La conflictividad social se traduce en un elevado nivel de litigiosidad, y esto último obstaculiza la labor de la Justicia y la obliga, en muchos casos, a adoptar medidas que en principio le corresponderían a los poderes políticos.
Aludiendo a esta situación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en la IV Conferencia Nacional de Jueces señaló la necesidad de disminuir la litigiosidad y de impulsar ?una agenda común? entre los tres poderes de la República para solucionar la excesiva judicialización de temas que se está registrando.
La propuesta resulta pertinente y apuntaría a dinamizar el vínculo entre los poderes, sin que ello afecte la independencia de cada uno, pero trazando una agenda común que permita hallar soluciones fondo y evitar conflictos.
Para que esta confluencia pueda concretarse fructíferamente se requiere una predisposición favorable al diálogo y la búsqueda del consenso en los diferentes ámbitos institucionales implicados, un presupuesto que excluye la crispación y que exige cultivar la prudencia y la responsabilidad y priorizar la observancia de la Constitución nacional.
Un ejemplo que muestra la necesidad de promover esta agenda interpoderes es el previsional, una materia en la que hay unos 400 mil juicios de jubilados que reclaman actualización de haberes y que, luego de un fallo de la Corte Suprema favorable al reclamo, ha dado lugar un importante debate parlamentario, aunque todavía no parece lejana la resolución del problema.
Además, para canalizar adecuadamente los pleitos, se necesita adecuar la estructura y la organización judicial. Por empezar, como lo recordó Lorenzetti, es necesario agilizar la designación de magistrados, ya que en la actualidad un 20% de los juzgados están vacantes.
Esta tarea es, en primer lugar, responsabilidad del Gobierno, pero también requiere de la colaboración y compromiso las diversas instituciones implicadas.
La conflictividad social deriva en una alta litigiosidad que afecta el funcionamiento de la Justicia, por lo que es necesario reducir el grado de judicialización.