Cívicos rechazan presencia de Morales; algunos parlamentarios consideran una oportunidad de pedirle cesen las persecuciones políticas.
El Mundo. Maricruz Mendoza Ugarte
Esta semana sin lugar a dudas, será una semana muy ‘agitada’, por decir lo menos, puesto que el viernes arranca la mayor muestra ferial del departamento, Expocruz 2010, una “vitrina al mundo” en la cual se genera un tremendo movimiento económico, en la que se realizan grandes negocios, se promueve el turismo, se le da un espacio a la pequeña y mediana empresa, el sector ganadero tiene la oportunidad de ‘lucir’ sus mejores ejemplares, entre otros aspectos.
Como si esto fuera poco, el Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, estará presente en la inauguración de la principal feria de Santa Cruz, lo cual, por un lado, ha despertado el rechazo de los cívicos cruceños quienes critican la presencia del mandatario en esta actividad tan representativa del departamento. Por otro lado, está la idea de algunos parlamentarios de ‘aprovechar’ la venida del Presidente para darle a conocer las principales demandas regionales a la vez de exigirle que cese con las persecuciones políticas y, finalmente, están los empresarios que le ‘han abierto los brazos’ al Jefe de Estado no descartando la posibilidad de ‘ser socios’.
Cansado de pedir y no recibir
El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Nicolás Ribera, referente al planteamiento de los parlamentarios de aprovechar la oportunidad de tener al primer mandatario del país en nuestro departamento para exponerle las necesidades del mismo, dijo que los problemas por los que atraviesa el país, son cotidianos. El cívico manifestó que desde hace cuatro años que viene planteándole a Morales cuáles son las necesidades que tiene la ciudad sin obtener resultado alguno.
“Le he venido planteando la necesidad de discutir un modelo político e ideológico que nos contenga a todos, le he planteado el respeto, la tolerancia y la suficiente prudencia en el juzgamiento de las acciones de todos los bolivianos”, detalló Ribera a la vez de expresar que esperar que el Presidente esté en Santa Cruz para hacerle todos estos pedidos es igual como si estuviera en la sede de gobierno: sin resultados.
“Si no estamos viviendo en otro planeta, vivimos en el país, todo mundo sabe los problemas que tenemos”, sostuvo. Asimismo, aseguró que en Bolivia se está manifestando una actitud política autoritaria y que toda la población debe darse cuenta de esto.
“O los cívicos o los empresarios están equivocados”
Por su lado, el ex candidato a la Gobernación cruceña por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerjes Justiniano, dijo que entre los empresarios y los cívicos cruceños, “uno de los dos está equivocado”.
“¿Vamos a estar permanentemente peleados con el Presidente porque algunos no están de acuerdo con su política? Es una torpeza”, indicó a tiempo de señalar que los empresarios cruceños son los que están actuando con buen criterio, lo que le hace buen honor al crecimiento de la región.
Con respecto a la posición cívica, dijo que este tipo de actitudes solamente ‘hunde’ al Comité pro Santa Cruz y además, hace que esta institución pierda cada vez más la credibilidad. “Santa Cruz ya dejó de ser un pueblito que dos tipos lo manejaban y hacían lo que les daba la gana”, expresó al momento de subrayar que la actitud de los cívicos sólo genera más confrontación.
TEXTUAL
Debemos plantearle: ¿Presidente, por qué no hacemos esto, por qué no avanzamos en esto? No miremos atrás, nos puede ocurrir como a la mujer de Lot, nos podemos convertir en estatuas de sal si permanentemente miramos al pasado, miremos al futuro”
Jerjes Justiniano
Ex candidato a Gobernación cruceña.
Procesos judiciales anulan a referentes políticos de oposición
Lectura. La oposición asegura que detrás se encuentra una estrategia política
Foto: Archivo. El 2009, campesinos tomaron la casa del opositor Víctor Hugo Cárdenas.
La Razón. Paola Cuiza
Referentes políticos de la oposición, además de otros líderes con perspectiva política, como los ex presidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, se encuentran neutralizados por procesos judiciales en su contra.
Para los oficialistas, se trata de acciones estrictamente judiciales, mientras que para los opositores los juicios forman parte de una estrategia política para anular toda voz crítica al MAS. En la lista de procesados se encuentran ex presidentes, gobernadores, alcaldes, cívicos e incluso disidentes masistas con cierto nivel de liderazgo.
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El miércoles, el ex presidente Jorge Quiroga fue condenado a dos años y ocho meses de cárcel por injuria, calumnia y difamación al Banco Unión, institución de la que el 83% del paquete accionario es de propiedad del Tesoro General de la Nación.
Un día después, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que Quiroga deberá además responder por el uso de $us 79,4 millones de dólares durante el período constitucional 1999-2002.
Paralelamente, el contralor y ex diputado del MAS, Gabriel Herbas, presentó una denuncia por uso de instrumento falsificado contra el antes aliado del MAS y ahora opositor alcalde de La Paz, Luis Revilla. Además, el viernes, el ministro de Hacienda, Luis Arce, solicitó a la Contraloría que investigue al Alcalde por ganar un salario superior al del Presidente, lo que está prohibido por ley.
Para el analista Marcelo Silva, hacer política de oposición en la actualidad tiene riesgos en Bolivia. “Una persona que quiera ser oposición tendrá que pensarlo dos o tres veces, porque no sólo tendrá que enfrentar a una fuerza política, sino que también a una respuesta judicial”, reflexionó.
Los ex presidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, también enfrentan demandas de juicios de responsabilidades por firma de contratos petroleros, en el primer caso, y por la entrega de misiles chinos a EEUU, en el segundo. Ambos ex mandatarios están alejados de la vida política, pero la anterior semana expresaron su preocupación por la judicialización de la política.
En el caso de los líderes regionales, los ex prefectos de oposición y ahora gobernadores de Santa Cruz (Rubén Costas), Beni (Ernesto Suárez) y Tarija (Mario Cossío) fueron imputados por delitos de malversación de fondos en los referendos autonómicos de mayo y junio del 2008. Además, Cossío y Costas enfrentan otras investigaciones, en el primer caso por corrupción y en el segundo por terrorismo y desacato.
Otros dos ex prefectos de la oposición, Leopoldo Fernández y Manfred Reyes Villa, también se encuentran anulados, el primero en la cárcel de San Pedro debido a un juicio por la masacre de Porvenir (Pando) y el segundo autoexiliado en EEUU debido a casi una veintena de procesos judiciales que se siguen en su contra.
“Éstos han perdido completamente su calidad de oposición y es probable que ninguno de ellos, en ningún momento, se anime a tener voces disidentes con el Gobierno; les puede ser muy peligroso debido a su situación jurídica”, opinó Silva.
A nivel municipal, los alcaldes opositores René Joaquino (Potosí) y Jaime Barrón (Sucre) fueron suspendidos de sus funciones por imputaciones judiciales, en el primer caso por supuestos hechos de corrupción y, en el segundo, por actos de xenofobia en la Capital.
Para el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, ésas son acciones “típicamente autoritarias que quieren anular cualquier punto de vista o expresión disidente”.
El ex candidato a gobernador por el MAS, Félix Patzi, ahora expulsado de su partido, aseguró que las acusaciones contrareferentes políticos de oposición apuntan hacia la eliminación de futuros rivales políticos, con una tendencia al monopartidismo.
“Creo que se está queriendo eliminar hasta a los rivales surgidos del mismo proceso de cambio, hay caos en la línea ideológica”.
Esta preocupación es compartida por el asambleísta de Convergencia Nacional, Juan Carlos Becerra, quien declaró que el objetivo principal del Gobierno es llegar a las elecciones del 2014.
“El mismo Gobierno lo dijo: No es sólo necesario tomar el poder, sino también el poder político”, recordó el opositor Becerra.
Denuncias contra empresarios
En julio de este año, el empresario y propietario de AeroSur Humberto Roca fue acusado por el Ministerio de Transparencia de dar prebendas a miembros del Ministerio Público. Se le abrió un proceso por desacato. El 8 de septiembre, el empresario Samuel Doria Medina, ex candidato a la presidencia por Unidad Nacional (UN) el 2009, fue acusado de tráfico de influencias en la adquisición de la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa) cuyas acciones (33,34 por ciento) fueron revertidas por el Estado en beneficio de la Gobernación de Chuquisaca, tras la aprobación del Decreto Supremo No. 0616.