Tortura y ‘servicio’ a la patria

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Una duda intolerable

2. Bajo el Penoco, El Día: La trampita de los precios

3. Los Tiempos: PRÁCTICA E IDEOLOGÍA DE LA TORTURA EN LAS FFAA

4. El Deber: Tortura y ‘servicio’ a la patria

5. Cambio: Crimen de lesa humanidad

6. La Prensa: Chávez, entre la victoria y la derrota

7. El Diario: El Artículo 16

8. El Mundo: No se juega

9. Opinión: Relaciones del poder constituido con la prensa

10. Clarín, Argentina: La grave crisis del sistema de educación pública

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El Día: Una duda intolerable

Ayer decíamos en este mismo espacio que Bolivia tiene “cuarteles de infierno”, no sólo por el hecho de tortura registrado el año pasado en Challapata y que ha conmocionado a todo el país. El servicio militar obligatorio siempre ha sido una forma de denigrar a los jóvenes bolivianos con el pretexto de “convertirlos en hombres” o aquella gran falsedad que se esconde detrás de la frase: “Servir a la Patria”. Es por eso que la ciudadanía evade esta obligación cada vez que puede y…vaya que se puede en este país, donde todo tiene un precio.

Al presidente Morales se le escapó desde el primer momento la sugerencia de llevar a la justicia ordinaria el caso correspondiente a Guido Álvaro López Cortés (así se llama el joven sometido esos tristes vejámenes), porque él cumplió con el servicio militar, en su condición de campesino humilde, sin recursos suficientes para comprar una libreta como lo han hecho millones de bolivianos, para evitar malos tratos y humillaciones en los cuarteles.  Lo sugirió porque sin lugar a dudas él también fue víctima de abusos, tal como lo reconocen los miembros de la Confederación de Campesinos de Bolivia, quienes admiten que el servicio militar en este país ha sido siempre reservado para los indígenas, los habitantes de las zonas rurales y los pobres.

Lamentablemente ayer se metió el cálculo y la política en medio de este problema y lo que al principio constituía un delito de lesa humanidad, calificado así por especialistas en derecho, pasaba a ser un caso que debe resolverse en el ámbito militar, tal como lo han anunciado las Fuerzas Armadas, que ya iniciaron un sumario informativo y prometen hacer público un informe el próximo 12 de octubre. El Ministerio de Defensa ha respaldado la posición de los uniformados y el vicepresidente García Linera, quien afirmaba ayer que “la carrera militar es dura y el que no esté listo debe dejarla”, parecía estar en la misma línea; es decir, dejar todo en manos de los tribunales , donde la impunidad está prácticamente asegurada, como ha sucedido en innumerables ocasiones.

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El Fiscal General de la República ha actuado conforme a las circunstancias. Un delito como el que se ha cometido en Challapata, con un conscripto que no ha elegido una carrera militar (o el Vicepresidente confunde o trata de enturbiarlo todo) no puede ser juzgado entre cuatro paredes y los responsables de semejante crimen deben pagar por su abuso conforme a las normas que protegen los derechos humanos. En la misma dirección se ha expresado el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien además exige llamar a un Referéndum para determinar si se suspende o no el servicio militar obligatorio en Bolivia.

Más allá de la relación connivente entre el Gobierno y los militares está la dignidad de ciudadanos que se acercan a los cuarteles confiados en la institución militar. Fallarle a Guido Álvaro López Cortés autoriza a los padres de miles de jóvenes a resistirse a cumplir con un requisito que denigra a la juventud. El Gobierno se arriesga también a caer en el descrédito frente a un país que estará convencido que toda aquella supuesta defensa de los excluidos y los discriminados es apenas una pose hueca y sin sentido, simplemente una excusa.

Fallar a Guido López  autoriza a padres de miles de jóvenes a resistirse a cumplir con un requisito que denigra a la juventud.

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Bajo el Penoco, El Día: La trampita de los precios

El Gobierno emitió ayer un decreto que baja del 10 al 5 por ciento el arancel de importación para computadoras y electrodomésticos, con el supuesto objetivo de hacer más accesibles estos artículos para la población de escasos recursos. En realidad, hace mucho que los artículos de la denominada “línea blanca” fueron incluidos en la canasta familiar con la verdadera finalidad de camuflar la inflación. El Instituto Nacional de Estadísticas mezcló heladeras, microondas, lavarropas y cocinas con el pan, la leche y la cebolla en la ecuación que permite el cálculo del Índice de Precios al Consumidor, de tal manera de jalarlo para abajo. El problema es que la Ley de Aduanas, que llegó para poner orden en el comercio informal, le arruinó los planes a los genios de la estadística oficialista. Los televisores plasma, los DVD y demás, se fueron a las nubes y la trampita de aquella vez se les volvió en contra. Lo de ayer es nada más que una operación para disimular lo que pasa en los mercados con el precio del pollo, la carne y el maíz, que con esta sequía  que no afloja, seguirán con tendencia alcista. 

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Los Tiempos: PRÁCTICA E IDEOLOGÍA DE LA TORTURA EN LAS FFAA

En medio de tanto despropósito, la voz del presidente Morales se ha hecho oír con toda la autoridad que le da su condición de Capitán General de las FF.AA.

Las imágenes difundidas durante la noche del pasado lunes por un canal de televisión, en las que se muestra las torturas a las que fue sometido un joven que prestaba su servicio militar, han tenido dos efectos, a cual más importante, en la conciencia colectiva de todos los bolivianos.

El primero de ellos, al que habrá que referirse con más detenimiento en otra oportunidad, es el relativo al importante papel que juegan los medios de comunicación cuando pueden ejercer plenamente la libertad de prensa, para llamar la atención sobre asuntos que de otro modo pasarían desapercibidos.

El segundo efecto al que nos referimos tiene que ver con el sacudón que ha producido en la conciencia de toda la ciudadanía la constatación de que en nuestro país todavía hay quienes consideran que aplicar crueles torturas contra su prójimo es algo necesario y comprensible. Y más impactante aún ha sido la constatación de que tan criminales comportamientos eran hasta hace no mucho tiempo parte del currículo académico de las Fuerzas Armadas de nuestro país y que aún hoy, aunque de manera "extracurricular", forman parte de las prácticas cuartelarías.

En el mismo plano de lo indignante se destaca el testimonio de familiares de la víctima, quienes afirman que ya el 7 de febrero pasado presentaron ante las instancias correspondientes de las Fuerzas Armadas la denuncia contra el oficial autor del delito. La total indiferencia fue la única respuesta que recibieron a pesar de que la suya no era la única sino una más entre muchas acusaciones por casos parecidos.

Como si todo eso no fuera suficiente, un ex comandante del Ejército y actual Senador de la bancada oficialista terminó de ilustrar las carencias éticas y morales que se esconden tras casos como éste al opinar sobre el tema en un programa televisivo. La abundancia de argumentos que ofreció para justificar lo necesarias y útiles que eran esas prácticas "en otros tiempos" –aunque haya tenido el cuidado de anotar lo inconvenientes que resultan en tiempos del "proceso de cambio"– permiten suponer que estamos ante algo más que los desequilibrios psicológicos de un individuo. Resulta muy significativo, por otra parte, que tan importante autoridad militar, lejos de cuestionar lo esencial del asunto, haya llegado al extremo de afirmar que con gusto permitiría que su hijo sea sometido a vejámenes como los vistos si las circunstancias así lo ameritaran.

Felizmente, en medio de tanto despropósito, la voz del presidente Morales se ha hecho oír con toda la autoridad que le da su condición de Capitán General de las Fuerzas Armadas para evitar que este delito quede en la impunidad o se disuelva en instancias de la justicia militar.

Por ahora, el Fiscal General ha tomado cartas en el asunto, pero también lo ha hecho el Ministro de Defensa al anunciar su decisión de canalizar el caso a través de la jurisdicción castrense. Es de esperar que no se repita la disputa que durante los últimos años sostuvieron ambas instancias estatales con motivo de los "Archivos de la Dictadura". Y si es así, que sea la justicia la que se imponga sobre la impunidad.

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El Deber: Tortura y ‘servicio’ a la patria

Conmocionada, la opinión pública nacional ha reaccionado unánime y vehementemente para condenar la tortura a manos de un oficial y de otros uniformados de un conscripto que cumplía su ‘servicio a la patria’ en el cuartel del regimiento de fuerzas especiales Méndez Arcos con asiento en la localidad de Challapata (Oruro). El haber incumplido determinado horario fue la causa del atroz castigo que tuvo que soportar el joven soldado, amarrado de pies y manos e introducido, una y otra vez, en un cubo con agua mientras recibía golpes e insultos. El hecho ocurrió en 2009 y las impactantes imágenes captadas desde un teléfono celular fueron difundidas a comienzos de esta semana por la red Unitel. Se sabe que los familiares del soldado denunciaron el hecho en febrero pasado pero al no recibir ninguna atención, entregaron el registro de las imágenes a dicha red.

Hay una orden de baja y el correspondiente proceso ante la justicia ordinaria para los militares que participaron en la tortura, según una comunicación emitida por el Ministerio de Defensa, mientras que el presidente Evo Morales condenó lo ocurrido y anticipó que los responsables de la brutal acción serán severamente sancionados. El Jefe de Estado, además, agradeció a los medios de comunicación por haber divulgado públicamente lo sucedido y confirmó que la investigación fue puesta en marcha. He ahí, dicho sea de paso, la tarea de los medios que todavía son capaces de filtrar la luz de la verdad entre las tinieblas y a los que, empero, se busca amordazar por la vía de cuestionables leyes actualmente en camino forzoso de su aprobación en el país por mandato presidencial, precisamente.

Los abusos y el maltrato en los cuarteles militares no son de ahora y deben ser, tal vez, incontables los casos que han quedado sepultados bajo un manto de silencio como impunes los endurecidos torturadores de uniforme. Los ultrajes contra la dignidad de los jóvenes conscriptos van desde los insultos hasta las agresiones de hecho. Incluso, abusivos e inescrupulosos oficiales y otros mandantes creen tener en los conscriptos ‘mano de obra’ gratis para diversos menesteres como recoger cosechas, construir viviendas, servir de choferes y realizar las compras en el mercado “para la señora del comandante”.

Es de esperar que cuanto antes arriben a buen puerto las investigaciones ordenadas por el propio Presidente del Estado y que  no ocurra lo mismo con aquellos episodios de pasado reciente y en los que estuvieron claramente involucrados uniformados, como en el ‘bombazo’ contra un canal de televisión en Yacuiba o en el bullado caso Rózsa y otros de los que, no obstante las comprometedoras evidencias, sus autores salieron libres de polvo y paja.

Lo ocurrido en Challapata, que astilla aún más la imagen de las Fuerzas Armadas de la nación, abre también el debate sobre la necesidad de mantener en vigencia el carácter obligatorio del servicio militar, donde no se terminan de erradicar los tratamientos torpes y abusivos contra quienes lo prestan en un país como Bolivia que, además, constitucionalmente se define como ‘pacifista’ pero que se mantiene, sin justificación verdadera, en el empeño de gastarse una ponchada de plata en armamento bélico.

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Cambio: Crimen de lesa humanidad

"Qué ya no, qué ya no, abajo, abajo, más abajo… Qué dices, no te escucho (…) No quieres hablar, carajo, hablá; una vez más te voy a preguntar", eructaba un salvaje militar mientras, ayudado por otros dos, una y otra vez sumergía en un turril lleno de agua a la víctima, a quien mantenía colgada de los pies en un árbol y con las manos atadas en la espalda. Uno de sus cómplices echaba agua de rato en rato al rostro del torturado, cuando éste era sacado a la superficie e intentaba respirar.

Esas imágenes no corresponden a una película de ciencia ficción ni a una representación de una práctica muy común durante las dictaduras militares que asolaron América Latina en los años setenta y ochenta del siglo pasado —en el marco de la guerra sucia que, apoyadas por Washington, implementaron en contra del movimiento de liberación de nuestros pueblos—, sino a una gravísima violación de los derechos humanos consumada en 2009 en el Regimiento Rangers Méndez Arcos de Challapata, al sur de la ciudad de Oruro.

Esas imágenes fueron difundidas hace un par de días por la red Unitel y condenadas por el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, jefes militares, autoridades nacionales y regionales, activistas por los derechos humanos y por el pueblo en su conjunto. Es que son tan desgarradoras que conmueven las fibras más íntimas de quienes vieron por la televisión ese castigo inhumano, excepto de los autores, quienes incluso —embebidos en su cobardía y desprecio por el género humano— parecen disfrutar del tormento que infligen al desafortunado e indefenso joven conscripto.

Según el diario La Razón, fuentes allegadas a la familia de la víctima, vecina de Challapata, aseguraron que la denuncia fue presentada ante las Fuerzas Armadas el 7 de febrero de este año en contra del teniente Henry Rojas Catacora, quien supuestamente fue el que comandó el castigo.

En tanto que el ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, instruyó ayer la apertura de un sumario informativo que en diez días identificará a los responsables de esa tortura de lesa humanidad. Una vez concluido ese proceso legal, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, que también ayer solicitó la documentación correspondiente para actuar de oficio.

Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es el singular criterio expresado por almirante Jorge Botello, presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar, quien señaló que el castigo al que fue sometido el conscripto no fue una tortura sino que sólo puede ser considerado como "un hecho irregular". La autoridad militar abundó que es preciso esperar los resultados del sumario informativo ordenado y ese procedimiento hará posible determinar "lo que realmente sucedió".

"En este momento estamos preocupados porque vimos un video que muestra hechos no normales; pero así como veo el caso, desde mi punto de vista, es algo típico de la justicia militar", aseguró el almirante Botello.

Pero lo que deliberadamente intenta barnizar esa autoridad judicial castrense es que el hecho —que según él no es "normal"— es a todas luces una flagrante violación de los derechos humanos, una práctica muy común durante las dictaduras militares y que de ninguna manera puede ni debe ser tolerado en un sistema democrático como el que rige en Bolivia por la voluntad soberana de su pueblo.

Ante la gravedad del delito cometido por tres tenientes del Ejército, no es posible admitir que se trata de "algo anormal", sino que el caso debe ser encarado como es: un acto criminal que vulneró los más elementales derechos constitucionales del joven conscripto Guido Álvaro López Cortez, con el agravante de que los autores abusaron del circunstancial poder que les confirió las Fuerzas Armadas, en nombre del Estado Plurinacional, para administrar el servicio militar obligatorio al que cada año acuden miles de jóvenes bolivianos.

Es que la TORTURA —así en letras mayúsculas— que tres militares infligieron al joven conscripto es una de las más crueles expresiones de violación de los derechos humanos, es una conducta criminal que agravia directamente la esencia del ser humano, afecta su dignidad como ninguna otra acción u omisión, y es un crimen de lesa humanidad solamente comparable con la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial y, como tal, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, debe ser perseguido y sancionado.

Mientras el artículo 7, inciso f, del Estatuto de la Corte Penal Internacional prescribe a la tortura como un crimen de lesa humanidad, el inciso k del mismo artículo señala taxativamente a "otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física" de la víctima. Esto ocurrió en Challapata.

Además, los responsables de crímenes de lesa humanidad —como la tortura propinada a Guido Álvaro López— no pueden invocar ninguna inmunidad o privilegio especial para sustraerse a la acción de la justicia. Es decir, lo que corresponde es que las Fuerzas Armadas den de baja a los tres militares involucrados y los pongan a disposición de la justicia ordinaria.

En ese contexto, el almirante Botello debería sumarse al clamor popular, condenar la tortura y así defender la imagen de las Fuerzas Armadas.

Los responsables de crímenes de lesa humanidad —como la tortura— no pueden invocar ninguna inmunidad o privilegio especial. Lo que corresponde es que las FFAA den de baja a los tres militares involucrados y los pongan a disposición de la justicia ordinaria.

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La Prensa: Chávez, entre la victoria y la derrota

La lección del domingo deberá mostrarle a Chávez la posibilidad de revisar políticas y actitudes autoritarias, para recuperar esa popularidad?

Es evidente que en las elecciones parlamentarias de Venezuela del último domingo, la soberbia y el autoritarismo del presidente Hugo Chávez llevaron al pueblo a darle un dolor de cabeza y una larga preocupación que sólo acabará cuando, dentro de dos años, busque su tercera elección consecutiva.

El Mandatario venezolano deberá estar preguntándose si su chance de ganar la reelección está intacta, como seguramente creía antes del fatídico domingo 26 de septiembre en el que la oposición le arrebató nada más ni nada menos que 50 escaños en la Asamblea Legislativa.

Tiene aún una cómoda mayoría, es cierto. Pero lo evidente es que ha perdido popularidad y apoyo y, eso, nadie lo puede negar. Aquellas avasalladoras victorias de su primera y segunda candidatura no se repitieron el domingo. Aunque se desconoce aún cuál es el resultado del cómputo final, tanto el chavismo como la oposición se atribuyen el haber obtenido la mayor cantidad de votos.

Lo cierto es que cualquiera que hubiera ganado lo hizo con poca diferencia, aunque por la cantidad de legisladores, el chavismo obtuvo la mayoría parlamentaria. Pero, al mismo tiempo, perdió los dos tercios de votos que le facilitaban la cómoda aprobación de cualquier ley, por muy draconiana que fuera, porque no había obstáculo alguno al frente.

No se entiende claramente el hecho de que casi con una apretada mayoría o con una casi igualdad o con una pequeña minoría de votos, las diferencias de número de parlamentarios fueran tan amplias: 94 para el partido de Hugo Chávez y poco más de 60 para la oposición. Eso sólo puede explicarlo el complicado sistema electoral venezolano que, aún perdiendo, le da al Partido Socialista una cantidad mucho mayor de escaños.

También algo cierto que se pudo advertir en las elecciones legislativas fue que Hugo Chávez ha perdido un fuerte apoyo popular, y si esa tendencia continúa, el locuaz Mandatario tendrá muchas razones para estar preocupado por la suerte que podría correr su candidatura en las elecciones presidenciales del 2012.

Hay dos años por delante y la lección recibida el domingo pasado deberá hacerle pensar en la posibilidad de revisar políticas y actitudes autoritarias, para tratar de recuperar esa popularidad y apoyo que lo llevaron a un poder del que no quiere desprenderse por considerarse a sí mismo el Mesías salvador no sólo de Venezuela, sino de toda América del Sur.

El Presidente venezolano deberá abandonar o dar un giro en esa política que está asfixiando al pueblo cubano y que le está sirviendo de modelo. Debería advertir que aquellas cerradas políticas están siendo abandonadas por la Cuba de Fidel Castro para dar paso, como también lo hizo la China del maoísmo, hacia las inversiones extranjeras, para conseguir mejorar las duras condiciones de vida a las que los cubanos están obligados a someterse.

Si insiste en su actual forma de gobernar, el futuro le puede jugar una muy mala pasada porque el pueblo venezolano ha demostrado que se está cansando del modelo socialista de Chávez.