Y ahora a quién

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Fundamentalismo del Siglo XXI

2. Bajo el Penoco, El Día: ¿A qué vino Tuto?

3. Los Tiempos: AYLLUS POTOSINOS CONTRA EL ESTADO

4. El Deber: Insólita legitimidad

5. La Razón: Y ahora a quién

6. Cambio: ¿Plan Colombia para México?

7. La Prensa: Insólita legitimidad

8. El Diario: Financiamiento del sindicalismo y movimientos sociales

9. El Mundo: Superpoder

10. Opinión: La oposición política y su labor en la región

11. Clarín, Argentina: La reglamentación de la ley electoral

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El Día: Fundamentalismo del Siglo XXI

Suficiente tiene Bolivia con los ayllus potosinos para darle la idea al mundo de que el país se está “talibanizando”, como para que el régimen de Evo Morales decida meterse en Honduras con Irán, país que parece estar con planes de encarar una nueva colonización en esta parte del continente.

El Gobierno del MAS le ha abierto las puertas a Irán en el campo económico, con posibilidades de explorar petróleo, desarrollar proyectos con las reservas de litio, aunque es por demás conocido que el interés de aquella nación musulmana es controlar los yacimientos de uranio que supuestamente existen en abundancia en el territorio nacional.

La ayuda iraní no viene sola, como ninguna otra cooperación internacional, por supuesto, pero en este caso, las implicancias son delicadas al extremo. La prueba de ello es que, en el contexto de la ampliación de las relaciones entre ambos países, que se dio con la llegada a La Paz de un alto funcionario de Teherán y el posterior arribo del embajador, Evo Morales adoptó una posición durísima, con serias acusaciones dirigidas a Israel, el principal adversario de Irán.

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El presidente brasileño Lula Da Silva, muy criticado por los fervorosos abrazos que le prodigó al autócrata iraní Mahmoud Ahmadineyad, fijó muy claramente que su relación con el país musulmán no va más allá de lo económico, aunque hubiera querido pasarse de listo, tratando de hacer de mediador en un conflicto que le resulta lejano, con el fin de alcanzar prematuramente la imagen de un actor de talla mundial. En otros campos, sobre todo en lo que respecta al ideológico y el religioso, Lula ha sido muy claro en establecer las distancias. El ejemplo más palpable ha sido la condena que hizo Brasilia a la sentencia aplicada a aquella mujer acusada de adúltera, cosa que no hizo el régimen boliviano, que, en cambio, se mostró tolerante cuando en un hospital donado por Irán en El Alto, se obligó al personal femenino a usar el velo islámico.

El ejemplo de Lula no es el único. El líder cubano, Fidel Castro, también ha sido tajante con Irán en lo que respecta al tema judío. Pese a que Castro tiene posiciones bien claras sobre el conflicto israelí con los países árabes, le ha pedido a Ahmadineyad que deje de propagar mensajes antisemitas y que pare con la difamación a los judíos. Antes que marxista, revolucionario o socialista, Fidel Castro pertenece a la civilización occidental y lo manifiesta, cosa que parece estar en duda dentro del Gobierno de Evo Morales.

La penetración de Irán en Bolivia se da justamente en el marco de un renacer de posiciones fundamentalistas. Mientras que en Irán insisten en aplicar leyes anacrónicas para un mundo globalizado que debe dirigirse hacia la profundización de la democracia y la tolerancia, nada menos que en Estados Unidos, a un pastor evangélico se le ocurre quemar ejemplares del Corán, idea que ha merecido el repudio de todo el mundo occidental. El Gobierno de Evo Morales se ha propuesto descolonizar el país y aquello debería ser entendido como un reto para eliminar viejas taras como la corrupción, la pobreza y la dependencia. Sería un error cambiar un colonialismo por otro y menos girar hacia un paradigma extraño y ajeno a nuestra historia.

La ayuda iraní no viene sola, como ninguna otra cooperación internacional, pero en este caso los alcances son delicados al extremo.

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Bajo el Penoco, El Día: ¿A qué vino Tuto?

El ex presidente Jorge Quiroga no se presentó ayer a escuchar la sentencia de dos años y ocho meses que le aplicó un juez, quien lo declaró culpable de difamar al Banco Unión. Tuto llegó apresuradamente al país después de conocer el fallo judicial que no implica ni arresto, ni traslados a San Pedro, ni ninguno de los innumerables abusos que se están cometiendo contra los opositores. ¿A qué vino Tuto al país? Esa pregunta se la hacen muchos que consideran que Evo Morales necesitaba con urgencia una figura opositora de peso, en momentos en los que el jefazo comienza a lucir como un sultán, con empresarios, políticos y dirigentes arrodillados a su alrededor. Eso se ve feo hasta en un emirato y peor aún para un mandatario que pese a que está barriendo con alcaldes, gobernadores y ahora también contra fiscales que se atreven a decir la verdad, aún pretende mantener la figura de demócrata. Decir que Quiroga se ha prestado a colaborar con este juego de imagen sería una burda especulación, de no ser por los tristes y amplios antecedentes de Tuto y su funcionalidad con el régimen del MAS.

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Los Tiempos: AYLLUS POTOSINOS CONTRA EL ESTADO

Ningún Estado, independientemente de la ideología de quienes lo gobiernan, puede aspirar a su preservación si asiste pasivamente a su disolución

La decisión de los nueve ayllus de la provincia Bustillos, en el norte de Potosí, de conminar a los Fiscales que investigan el asesinato de cuatro policías el 23 de mayo pasado, así como la  abundancia de amenazas y desafíos con que acompañaron su "ultimátum" a las autoridades que en este caso representan al Estado Plurinacional de Bolivia, se constituye en la más clara manifestación de los peligrosos extremos a los que está conduciendo a nuestro país el sistemático desmantelamiento del andamiaje institucional republicano.

En efecto, es difícil imaginar una situación más grave, desde el punto de vista de la salud institucional de un Estado, que un grupo de individuos decidan expulsar de "su" territorio nada menos que a dos de las instituciones más importantes para la preservación de la autoridad estatal ante los ciudadanos que lo integran, como son la Fiscalía y la Policía Nacional.

Los términos en que tan flagrante desafío fue lanzado son tan elocuentes como el contenido del mensaje. "Si entran los fiscales o policías a nuestro territorio camuflados de civiles van a tener las consecuencias", dice la resolución que comentamos, entre muchas otras frases de igual calibre a las que acompañan amenazas dirigidas ya no sólo contra las instituciones estatales sino contra la ciudad de Potosí y sus habitantes.

Y como si todo lo anterior no fuese suficiente para ilustrar lo lejos que están llegando las dificultades estatales para hacer prevalecer su autoridad, ocurre que no fue desde algún punto de la clandestinidad o desde un recóndito lugar de "su" territorio, sino en la sede de Gobierno e inmediatamente después de reunirse en el Palacio Quemado con el presidente Evo Morales que se lanzó tan audaz reto.

Ante tal situación, la reacción gubernamental, así como la del Ministerio Público y la Policía Nacional, ha sido de una condescendencia tan notable que podría ser interpretada como una tácita claudicación o, en su defecto, como un gesto de benevolencia dirigido a un grupo de personas por algún motivo inimputables.

Si la primera suposición es la correcta, estaríamos ante un muy peligroso antecedente pues, como es bien sabido, el caso de los ayllus potosinos es muy similar al de otros grupos que, con cada vez más audacia, enarbolan su "derecho" a vivir al margen de toda ley.

La segunda posibilidad consistiría en suponer que los indígenas pueden gozar de cierta impunidad por ser, simplemente, inimputables. Es decir, merecerían ser tratados con benevolencia "por no poder comprender la licitud de un hecho punible", que es como en términos legales se define la inimputabilidad.

Sea como fuere, lo que está más allá de toda duda es que ningún Estado, independientemente de la ideología que enarbolen quienes circunstancialmente lo gobiernan, puede aspirar a su preservación si asiste pasivamente a su propia disolución. Más aún si existen, como en este caso, indicios suficientes de la existencia de poderosos intereses económicos ligados a actividades delictivas como el narcotráfico y el contrabando, que no por camuflarse tras supuestas reivindicaciones étnicas o culturales son menos peligrosos para la sociedad.

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El Deber: Insólita legitimidad

Por efectos de la fuerza bruta o de la desvergüenza, cosas hay, actitudes, en esta nuestra Santa Cruz de la Sierra y seguramente en otras ciudades y pueblos del país, que adquieren el carácter, y así se las consagra -pese a lo viciadas- de la más absoluta y corriente legitimidad. No ingresan, desde ningún punto de vista, en los planos de la convivencia civilizada, no tienen ninguna correspondencia con normas escritas ni aportan para vivir en paz y bien, pero se alzan incólumes en medio de nuestras prácticas cotidianas, anulada la posibilidad, incluso de mover un simple dedo, en contra de ellas.

Esa legitimidad insólita rebasa, hay que remarcarlo, el ordenamiento jurídico con toda su vieja e insustancial papelería, y traspone fácilmente o más bien desconoce o anula el concepto de la autoridad constitucionalmente definido. Por decir algo, tenemos esos numerosos ‘mercados’ en que se compra y se vende, se hace, en fin, toda clase de transacciones, pero con cosas robadas, de una u otra forma malhabidas, nuevas, viejas y hasta flamantes. Y por supuesto, no  a escondidas sino a la diáfana luz del sol y hasta en presencia de guardianes del orden y de la seguridad e intereses públicos.

Tal auge han alcanzado estos centros de venta de cosas robadas que desde el oficinista hasta las amas de casa saben perfectamente que si algún artefacto precisan sin pérdida de tiempo y a precio más o menos accesible, es allí, a esos mercados abiertos sin reservas en puntos que son ampliamente conocidos, incluso por la propia fuerza pública, donde están al alcance del que ponga por delante los billetes de regular corte o de grande o mejor aún de dólares americanos.

A esa jugarreta insólita de la venta legitimada de cosas robadas se suma, con el auge del caso, la de la apropiación de las tierras, casi en igual proporción, las urbanas o las rurales. Basta una pizca de desvergüenza y otra de habilidad para arrastrar tras sí a los desocupados, a maleantes de diversa jaez,  para tomar posesión de un predio sin más expediente que el del atropello de la ley y de la autoridad legítimamente constituida.

Puede ser cierto que aún queden latifundios improductivos, de terratenientes insensibles que tratan de especular con ellos. Mas, si tal fuese la situación, pues allí están las leyes y las autoridades del ramo para revertir las demasías y ponerlas a disposición de los más necesitados u obligar a los propietarios legítimos a construir en función del bien común.

El despojo de tierras -por el expediente de la fuerza, se sobreentiende- sólo puede ocasionar confrontación violenta incluso con derramamiento de sangre, la propia y la de  los detentadores insensibles. Dolorosas experiencias de esta jaez hemos vivido y al parecer todavía podemos experimentar algunas más crueles aún.

Corresponde invocar sentimientos de humanidad para avanzar en estos caminos endurecidos de la vida con la gracia de Dios y bajo el imperio de la ley y de la razón.

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La Razón: Y ahora a quién

Que haya una fiscalización tan celosa debería ser aplaudido. Pero algo no está bien

Una sospecha que no apunta contra el acusado, sino contra los acusadores. Casi se diría que la población esperaba algo así y hasta se preguntaba ¿cuándo le toca al Alcalde paceño?, ¿cuándo al ex alcalde Juan del Granado? Pues la expectativa no duró mucho. Opositores, en una de las plazas más importantes del país: la Alcaldía de La Paz, parecía imposible que la gestión del Movimiento Sin Miedo transcurriese en paz.  

El contralor, el masista Gabriel Herbas, ha intentado curarse en sano al alegar: “para que quede evidencia de que no es ninguna persecución política ni nada parecido, acá tengo la solicitud para la auditoría del propio ex presidente del Concejo Municipal, Luis Revilla”.

Aclaración que, en el contexto que vive el país, se hace necesaria; pero que al mismo tiempo pone en evidencia lo obvio: casualidad o no —hay que dejar abierto el beneficio de la duda—, las autoridades y/o líderes de la oposición al MAS parecen desfilar en la fila de acusados como fichas de una mente que las ha elegido y que busca cómo afectarlas.

Por supuesto, argumentos legales, jurídicos, asoman como las armas ante las que no cabe réplica. “Por si acaso…”, y procédase a procesar, a castigar… En las películas policiales, el detective que investiga un hecho, que se topa con un cadáver, se pregunta, para hallar a los sospechosos: ¿Quién se beneficia con esto?

Ya se ha dicho, casualidad o no, lo que la justicia está haciendo le cae muy bien al oficialismo. Sus contendientes actuales o futuros son atrapados en marañas jurídicas que dejan la cancha libre al MAS en alcaldías, por ejemplo. René Joaquino lo sabe muy bien. Y ahora toca el turno a Revilla.

Lo preocupante de esta situación es que, probablemente existan, en algunos casos, buenas intenciones en el sentido de juzgar las malas acciones públicas, la corrupción, la negligencia en el ejercicio de las funciones, etc. Un país que como Bolivia ha sufrido una y otra vez por la mala y pésima actuación de sus autoridades, pedía a gritos el castigo, la sanción contra éstas. Y lamentaba el ver cómo el mayor corrupto volvía a ocupar cargos sin rubor. Por ello, que ahora haya una fiscalización tan celosa debería ser aplaudido.

Y sería, si es que se actuase con la misma rigurosidad con todos los funcionarios, no sólo opositores o críticos. No es así y entonces la sospecha de que el mayordomo no es el asesino crece.

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Cambio: ¿Plan Colombia para México?

La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, aseguró ayer que para enfrentar a los cárteles de la droga que operan en México —y en los países centroamericanos y del Caribe— es necesario implementar un nuevo Plan Colombia, el que, según su criterio, es "necesario" porque "estos cárteles de la droga están mostrando cada vez más y más indicios de insurgencia".

"(México) está luciendo más y más como Colombia veinte años atrás, donde los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país", aseguró Clinton en la sesión de preguntas que siguió a su discurso en el Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de estudios diplomáticos de Washington.

"Yo sé que el Plan Colombia fue controversial. (…) Hubo problemas y hubo errores, pero funcionó", dijo Clinton, quien recordó que fue un esfuerzo bipartito que empezó bajo el gobierno de su esposo, Bill Clinton, y prosiguió con el republicano George W. Bush.

No obstante, la ‘sugerencia’ de la canciller norteamericana fue rechazada inmediatamente por el Gobierno mexicano. El portavoz presidencial en Asuntos de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, protestó al señalar que "no compartimos apreciaciones en ese sentido, ya que hay diferencias muy importantes entre lo que enfrentó Colombia y lo que enfrenta México".

En tanto, el ex secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda (PAN) y el secretario general del PRI, Jesús Murillo, rechazaron de manera tajante que en México se pueda aplicar un Plan Colombia, y coincidieron en que no hay similitudes y que no funcionaría para México.

El senador panista dijo que "no podemos permitir un Plan Colombia en México, y desde este momento debemos decir que no lo vamos a permitir". Sostuvo que en México de ninguna manera hay territorios como Colombia. "Aquí no gobiernan las FARC", y subrayó que el Plan Colombia no ha permitido bajar la producción de cocaína en esta nación.

Pero al rechazo mexicano a las intenciones de Estados Unidos se sumaron otros países que condenaron la implementación de un plan militar para enfrentar a los capos del narcotráfico, porque las consecuencias las pagará sólo el pueblo mexicano.

Es que bajo el pretexto de lucha contra el narcotráfico Estados Unidos estableció el Plan Colombia en 1999, la Iniciativa Regional Andina en 2001, y más tarde una serie de planes que complementan al cuestionado plan, que le permite tener una activa presencia castrense en la región andino-amazónica y en el Cono Sur a través de una veintena de bases militares instaladas alrededor de Brasil.

Según la investigadora Elsa Bruzzone, el Plan Colombia comprende un financiamiento multimillonario destinado a 10 estrategias: económicas, fiscales, judiciales, antinarcóticos, desarrollo alternativo, participación social, servicios de salud y educación y estrategia financiera; además de la paz negociada y la reestructuración de las Fuerzas Armadas y de la Policía colombianas.

El gobierno colombiano ha destinado también, para el periodo 2007-2010, 30.000 millones de dólares para su presupuesto ordinario de defensa e implementado un impuesto adicional de más de 3.000 millones de dólares para "combatir el terrorismo y participar en la lucha mundial contra las drogas", según Bruzzone.

En febrero de 2007, los gobiernos colombiano y estadounidense dieron a conocer el balance sobre la implementación del Plan Colombia entre 1999 y 2005. Se reveló que se invirtieron más de 10.000 millones de dólares, de los cuales 7.000 millones correspondieron a Colombia y casi 4.000 millones a Estados Unidos; y que el 57% de esos recursos fueron utilizados en la ‘lucha contra las drogas’ y en el equipamiento de las Fuerzas Armadas y de seguridad colombianas. En ese lapso las Fuerzas Armadas y de seguridad incrementaron sus efectivos en 52,1%

Sin embargo, pese al multimillonario apoyo financiero norteamericano a Colombia, los hechos señalan que Bogotá está lejos de controlar, menos erradicar, a las bandas de narcotraficantes, y las FARC y ELN no han sido derrotados; pero su ejecución permitió la sistemática violación de los derechos humanos y sembró el territorio colombiano de miles de muertos, heridos y desaparecidos. Y mientras Colombia recibía de Estados Unidos un promedio de 700 millones de dólares anuales para alimentar ese plan, la ultraderechista y paramilitar Autodefensas Unidas Campesinas (AUC) consumaba matanzas de miles de campesinos.

Si bien las extensiones de coca sembrada en Colombia han caído en un 60% en la última década, los avances tecnológicos en la producción de cocaína han facilitado que la productividad vaya en crecimiento. Por eso, el rendimiento por hectárea sembrada ha aumentado en casi dos tercios en los últimos 10 años, según reportó The Economist. Es en este contexto que las autoridades mexicanas rechazaron la intención de Estados Unidos de implementar en su territorio un Plan Colombia, porque los hechos señalan que fracasó, pese a los multimillonarios recursos invertidos.

Los narcos han asesinado en México a unas 28 mil personas desde que el presidente Felipe Calderón les declarara la guerra en diciembre de 2006. No obstante, la experiencia colombiana demostró que la militarización de la lucha contra el narcotráfico alimenta la muerte, agudiza la violencia y viola los derechos humanos.

Por eso, lo que corresponde es que el Gobierno mexicano asuma su responsabilidad, transparente el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, ponga a disposición de la justicia a los criminales como a los funcionarios, militares y policías corruptos, pero fundamentalmente que apruebe un plan soberano antinarcóticos que responda a sus necesidades y no a las intenciones imperiales de implementar un plan que lleva el sello de la muerte.

Corresponde que el Gobierno mexicano transparente el combate contra el narcotráfico, ponga a disposición de la justicia a criminales, funcionarios, militares y policías corruptos, e implemente un plan soberano que impida un plan imperial que lleva el sello de la muerte.

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La Prensa: Insólita legitimidad

El despojo de tierras ?por el expediente de la fuerza, se entiende? sólo puede ocasionar confrontación incluso con derramamiento de sangre?

Por efectos de la fuerza bruta o de la desvergüenza, cosas hay, actitudes, en las diferentes ciudades y pueblos de nuestro país, que adquieren el carácter, y así se las consagra ?pese a lo viciadas?, de la más absoluta y corriente legitimidad. No ingresan, desde ningún punto de vista, en los planos de la convivencia civilizada, no tienen ninguna correspondencia con normas escritas ni aportan para vivir en paz y bien, pero se alzan incólumes en medio de nuestras prácticas cotidianas, anulada la posibilidad incluso de mover un simple dedo en contra de ellas.

Esa legitimidad insólita rebasa, hay que remarcarlo, el ordenamiento jurídico con toda su vieja e insustancial papelería, y traspone fácilmente o más bien desconoce o anula el concepto de la autoridad constitucionalmente definido. Por decir algo, tenemos esos numerosos ?mercados? en los que se compra y se vende, se hace, en fin, toda clase de transacciones, pero con cosas robadas, de una u otra forma malhabidas, nuevas, viejas y hasta flamantes. Y por supuesto, no a escondidas, sino a la diáfana luz del sol y hasta en presencia de guardianes del orden y de la seguridad e intereses públicos.

Tal auge han alcanzado estos centros de venta de cosas robadas que desde el oficinista hasta las amas de casa saben perfectamente que si algún artefacto precisan sin pérdida de tiempo y a precio más o menos accesible, es allí, a esos mercados abiertos sin reservas en puntos que son ampliamente conocidos, incluso por la propia fuerza pública, donde están al alcance del que ponga por delante los billetes.

A esa jugarreta insólita de la venta legitimada de cosas robadas se suma, con el auge del caso, la de la apropiación de las tierras, casi en igual proporción, las urbanas o las rurales. Basta una pizca de desvergüenza y otra de habilidad para arrastrar tras sí a los desocupados, a maleantes de diversa jaez, para tomar posesión de un predio sin más expediente que el del atropello de la ley y de la autoridad legítimamente constituida.

Puede ser cierto que aún queden latifundios improductivos, de terratenientes insensibles que tratan de especular con ellos. Mas, si tal fuese la situación, pues allí están las leyes y las autoridades del ramo para revertir las demasías y ponerlas a disposición de los más necesitados u obligar a los propietarios legítimos a construir en función del bien común.

Tenemos el caso de una propiedad en Coroico, Los Yungas, que hace muy pocas semanas ha sido invadida por ?comunarios? que creyeron justo contar con una cancha de fútbol y no pestañearon cuando vieron necesario encenderle fuego a todo lo que allí quedaba de pie. Ni las autoridades locales ni las nacionales creyeron necesario intervenir en este despojo que deriva en un delito de lesa impunidad.

El despojo de tierras ?por el expediente de la fuerza, se sobreentiende? sólo puede ocasionar confrontación violenta incluso con derramamiento de sangre, la propia y la de los detentadores insensibles. Dolorosas experiencias de esta jaez hemos vivido, y al parecer todavía podemos experimentar algunas más crueles aún.

Corresponde invocar sentimientos de humanidad y de necesaria justicia para avanzar en estos caminos endurecidos de la vida con la gracia de Dios y bajo el imperio de la ley y de la razón.