10 de octubre de 1982

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Basta de perder el tiempo

  2. Bajo el Penoco, El Día: A preparar el burka

  3. Los Tiempos: 10 de octubre de 1982

  4. El Deber: Una nueva ley

  5. Cambio: Lucha contra el racismo

  6. La Prensa: La formación militar

  7. El Diario: Nuevo intento: ingenio de San Buenaventura

  8. El Mundo: Conquista

  9. Opinión: Democracia e iniciativa legislativa ciudadana

  10. Clarín, Argentina: La auditoría de los actos de gobierno y de las finanzas


El Día: Basta de perder el tiempo

Cada vez que el Presidente tiene que hablar de racismo en Bolivia, necesita apelar a los clásicos mitos de la colonia, que hablan de indígenas con las manos cortadas y los ojos arrancados para impedirles que aprendan a leer y escribir. También habla de que, en el pasado, los campesinos y originarios no podían votar ni ejercer todos sus derechos, problemas que fueron superados en 1952. El 2006, con el ascenso de Evo Morales al poder, se produjo la mayor conquista de las reivindicaciones que se plantearon 58 años años antes. Nadie se puede quejar de demora. Estados Unidos tardó mucho más en elegir a un presidente afroamericano y haber elegido a un indígena como sucedió en el país, es prácticamente un hecho inédito en el continente americano.



Y cuando Evo Morales quiere relacionar al racismo con los medios de comunicación, lo único que hace es machacar sobre los insultos que desde hace años se propalan por una emisora, un caso absolutamente aislado en Bolivia, que podría haberse resuelto muy fácilmente con las normas legales que ya estaban vigentes antes de la promulgación de la Ley antirracista. El problema es que se necesitaba un pretexto para herir de muerte a la libertad de expresión y por eso nunca se hizo nada.

Evo Morales necesitaba una ley no sólo para combatir a los medios independientes, sino también para convencer al mundo de que éste sigue siendo un gobierno indigenista. Los cinco años de ejercicio del poder del MAS no han incidido en lo más mínimo en el nivel social y económico de los campesinos e indígenas de Bolivia y los nuevos derechos políticos otorgados, son apenas un maquillaje, ningún avance significativo con relación a lo que consiguieron estos sectores en 1952. En ciertos casos, muy vergonzosos por cierto, el Gobierno ha tenido que retroceder por presiones externas, como sucedió con el precepto constitucional que obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios sobre los proyectos de explotación de recursos naturales. Ante las protestas de los dirigentes por la evidente falsedad de las autoridades, el propio Evo Morales los ha insultado de “buscapegas” y recientemente les ha dicho que son una pérdida de tiempo.

Hace mucho que el andamiaje jurídico y político está listo para que Evo Morales comience a trabajar para conseguir que los indígenas mejoren su calidad de vida, pero lamentablemente, salvo los campesinos que siembran coca, el grueso de la gente que habita en el campo sigue en la misma marginación y pobreza de siempre. La Ley contra el racismo, una forma canallesca de usar a los indígenas para terminar de  destruir la democracia, no es más que una pose, un ademán, que ni siquiera va a ayudar a sacar a las grandes mayorías de la peor discriminación que se puede producir en una sociedad, la de la miseria, la falta de educación, la carencia de servicios básicos, la falta de esperanza de vida. A todo eso hay que sumarle la amenaza más terrible que se puede producir en un país: la censura y la falta de garantías para expresar libremente las ideas. El Presidente debería dejar de perder el tiempo y comenzar a buscar soluciones de fondo a la pobreza estructural de los que llama hermanos y de los que dice defender con leyes que lo están convirtiendo rápidamente en un dictador.

Salvo los campesinos que siembran coca, el grueso de la gente que habita en el campo sigue en la misma marginación y pobreza.

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Bajo el Penoco, El Día: A preparar el burka

Tras la aprobación de una ley que pone a Bolivia en la lista negra de los países enemigos de la libertad de expresión y que se encaminan hacia el totalitarismo, ha surgido una nueva propuesta legislativa en el MAS que colocaría al país en la línea de las naciones fundamentalistas que tanto dan que hablar en el Medio Oriente. Se trata de la prohibición de cualquier mensaje publicitario “sexy”, por considerarlo denigratorio de la mujer. Cuesta creer que una idea de esa naturaleza salga del partido que puso de candidata a una joven que se hizo famosa con sus hermosas curvas y sus fotos sensuales, que más de un accidente de tránsito habrán ocasionado. Es también paradójico que ahora salgan con esa intención, cuando estuvieron meses tratando de conseguir que Bolivia sea sede del Miss Universo, en el que no precisamente se resalta la inteligencia de las mujeres. Ahora que conocemos lo drástico que es el jefazo, a lo mejor está decidido por el paquete completo. Ya metió el rodillazo y ahora busca el cabezazo. Habrá que pedirles a las señoritas y señoras de este país que preparen el burka, como en Irán.

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Los Tiempos: 10 de octubre de 1982

NUESTRA PALABRA

Mantener viva nuestra democracia es lo menos que podemos hacer en homenaje a quienes hicieron posible su recuperación hace 28 años

Después de un largo período dictatorial, con breves interregnos libertarios, un día como hoy, hace 28 años, llegaba al país la democracia y parecía que, esa vez, lo haría para siempre.

Se trata del período democrático más largo de nuestra historia. En este hubo alternancia en el ejercicio del poder, siendo, el 6 de agosto de 1985, la primera vez en que el presidente saliente hacía el traspaso del mando al presidente electo que no era el del oficialismo. Desde entonces y hasta 2010 se repitió esta sana práctica. Lamentablemente hoy, como muchas otras aprendidas en ese lapso, ha sido dada al olvido.

Además, en febrero de 1991 se logró independizar al órgano electoral de los partidos políticos circunstancialmente mayoritarios, al conformarlo con personalidades de reconocido prestigio profesional y moral. De esa manera, se eliminó de cuajo el fraude electoral, construyendo un mecanismo modélico en la región. Se trata, como se sabe, de otra conquista dada al olvido.

En 1994 se procedió a la primera reforma constitucional conforme lo estipulado en esa norma y se crearon las condiciones para abrir el sistema político y reconocer y constitucionalizar una serie de instituciones vitales para el desarrollo armónico de los pueblos.

Obviamente, se hace referencia a las principales luces del proceso democrático iniciado en 1982. Sus sombras, lamentablemente, han sido también muchas, tanto, que, junto a una crisis económica brutal que comenzó a fines de 1997 y una vez aminorado el recuerdo de lo que vivió el país durante las dictaduras, la democracia dejó de ser el ideal de amplios sectores de la población al entenderla como espacio de un sistema de partidos políticos dominados por la corrupción, que ingresaron en un proceso de degeneración cuyas consecuencias las seguimos viviendo hasta ahora.

Sin embargo, esa crisis, pese a su profundidad, pudo ser enfrentada democráticamente porque el proceso, más allá de lo que dicen sus detractores, fue inclusivo. De otra manera, no se explicaría la victoria electoral del Presidente del Estado y del MAS.

Lamentablemente -y como ha sucedido en circunstancias excepcionales como la actual– el proyecto de cambio se ha subordinado al proyecto de poder y se hace uso de los objetivos más nobles para consolidar cada vez mayores espacios en la búsqueda explícita del control total de la sociedad. En este trance resulta decepcionante para quienes han luchado contra las dictaduras observar que una serie de sus características hoy se reproducen. Así, una vez más en nuestra historia se constata que las demandas de libertad, solidaridad y respeto al disenso no habían sido principios consolidados, sino que son utilizados en función al lugar que se ocupa en la siempre cruel lucha política.

En todo caso, es posible prever -revisando nuestra compleja historia– que pasadas estas circunstancias de goce y visión omnívora y sectaria del poder por las que estamos atravesando llegará el momento en que los nuevos sectores incluidos en la acción política en este tiempo serán, junto a toda la ciudadanía, actores centrales de la consolidación de un sistema democrático que garantice un desarrollo más equitativo sin limitar las libertades ni el derecho al disenso.

Es lo menos, en todo caso, que se puede ambicionar en homenaje a quienes hicieron posible que el 10 de octubre de 1982 la democracia llegue al país.

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El Deber: Una nueva ley

Un estudio hecho recientemente estableció que Bolivia sufre de un grave caso de sobredosis de leyes. En los últimos días el Gobierno central logró aprobar, contra viento y marea, indisponiendo a todo el país, una ley que, a juzgar por su nombre, tendría que acabar con lo que quede de racismo y de discriminación en el pensamiento y el comportamiento de los bolivianos.

Si las leyes pudieran resolver los problemas de las sociedades, hace tiempo que Bolivia estaría libre del flagelo del narcotráfico, los cocaleros no estarían destruyendo los bosques del país, el dinero del narcotráfico no circularía libremente, la corrupción sería un recuerdo lejano, el contrabando no existiría, no habría violencia doméstica contra las mujeres, los niños no trabajarían, las carreteras estarían bien construidas, los  cuarteles no serían centros de tortura, la Policía sería un ejemplo de comportamiento ciudadano… Esta enumeración no puede seguir porque sería muy larga: Bolivia tiene más de 15.000 leyes, de las que, como es notorio, casi ninguna se cumple.

A estas alturas, por lo tanto, proponer la aprobación de nuevas leyes, debería ser motivo de mucha meditación. Quizá haya que proponer al Parlamento, como lo han hecho los expertos que hicieron el inventario legal mencionado, que haga el esfuerzo por reducir la cantidad de leyes, anulando algunas, agrupando otras y haciendo todo lo necesario para liberar al país de leyes innecesarias que sólo congestionan los códigos.

Pero lo que habría que descartar de manera firme es que se aprueben leyes que tengan como verdadero propósito afectar o reducir los alcances de otras leyes, como es el caso de la ley aprobada en los últimos días.

La oposición que expresaron los medios de comunicación y los trabajadores de esos medios, de manera unánime, por primera vez en Bolivia, como ya se ha mencionado en estas páginas, fue la demostración más elocuente de que la ley en cuestión es un atentado contra la libertad de expresión.

Una ley antirracista que termina siendo un atentado contra la Ley de Imprenta es algo que sólo se podía dar en un país donde no se tiene cuidado con hacer leyes para todo y para nada.

Estaríamos ante el hecho de que se elaboró una ley disfrazada, con antifaz, para reducir los alcances de la Ley de Imprenta, que rige desde 1925 la libertad de expresión y de prensa en el país.

Otra interpretación que se hizo de esta extraña ley, que el Ejecutivo impulsó como si estuviera ante un plazo impostergable, es que haya sido concebida para recuperar la decreciente popularidad del Gobierno de Evo Morales. Un dirigente sindical del magisterio propuso esta explicación.

Es decir que todo el alboroto que se armó al provocar al periodismo habría sido diseñado para lograr que el Gobierno recupere terreno entre algunos bolivianos que se supone son sus naturales seguidores. A juzgar por los pocos bolivianos que llegaron a la plaza Murillo de La Paz para, supuestamente, cercar el Congreso y forzarlo a aprobar la mencionada ley, los estrategas erraron el objetivo.

El Gobierno y sus legisladores tendrían que encarar con seriedad esto de hacer nuevas leyes. Podrían comenzar por pensar en el bien del país.

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Cambio: Lucha contra el racismo

El presidente Evo Morales Ayma promulgó hace un par de días una de las leyes más trascendentales del naciente Estado Plurinacional de Bolivia: la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Un instrumento legal que sienta las bases para apuntalar el proceso de descolonización de vive la patria, pero, no obstante, y como no podía ser de otra manera, el combate contra el racismo ha encontrado una dura resistencia de sectores retrógrados que secularmente hicieron de esa ignominiosa práctica su razón de ser y existir.

Y con ese propósito no hallaron otro argumento que pretender convencer al pueblo que los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo "atenta contra la libertad de expresión"; sólo muestran ‘su verdad’ y aseguran que se trata de una "ley mordaza" que "mata la libertad",  "atenta contra la democracia" y que Bolivia se encamina "hacia el totalitarismo", entre otros argumentos de viejo cuño para justificar su oposición a una ley que sale en defensa de la integridad y la dignidad humana, y promueve la igualdad entre todos, como seres humanos.

Es que la libertad de expresión no se encuentra en cuestión y utilizarla como argumento para descalificar una ley diseñada para prevenir y sancionar todo acto de racismo y toda forma de discriminación en contra de la integridad, moral y dignidad de las personas —en el marco de la Constitución Política del Estado y tratados internacionales sobre la defensa de los derechos humanos— sólo intenta preservar fueros y privilegios, una actitud que contradice las normas de ética que rigen una profesión tan noble como es el periodismo.

Quienes descalifican y ponen en cuestión la ley antirracista —aunque en el discurso aseguran que luchan contra el racismo— olvidan que el pueblo boliviano ratificó con su voto en las urnas —la más sublime expresión de la democracia— la vigencia de la Carta Magna, que sentó las bases y dio vida al Estado Plurinacional que se edifica por su voluntad soberana.

Y si la interculturalidad es la interacción entre las culturas como instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones para la construcción de relaciones de igualdad y equidad de manera respetuosa, concluiremos en que la lucha contra el racismo recupera estos principios que rigen el nuevo Estado que reivindica que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho.

Por eso, el Estado está obligado a promover las condiciones necesarias para lograr una igualdad real y efectiva entre todos los bolivianos, adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, las leyes nacionales y la normativa internacional sobre la defensa de los derechos humanos. 

Sólo así será posible construir una sociedad con equidad y justicia. Es decir, como señala la recientemente aprobada Ley Contra el Racismo, con el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Además, todos los seres humanos tenemos derecho a igual protección contra el racismo y toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede administrativa y/o jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia del acto racista y/o discriminatorio.

El Gobierno boliviano, al alentar la sanción por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de la ley antirracista, lo único que hizo fue asumir los postulados de las Naciones Unidas y de otras convenciones internacionales que contienen principios universales de defensa de la dignidad y derechos de los seres humanos.

En el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas se menciona como uno de sus propósitos "el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".

En tanto que el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece que "toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".

Y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, proclamada el 20 de noviembre de 1963, condena que toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y que nada permite justificar la discriminación racial, ni en la teoría ni en la práctica. Por eso, "afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente, en todas las partes del mundo, la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones, y de asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana".

Es en este contexto que en Bolivia se promulgó la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, no para atentar contra el derecho constitucional de la libertad de expresión ni para encarcelar periodistas —como aseguran sus detractores—, sino para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, de la integridad y la dignidad de todos.

"Toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y nada permite justificar la discriminación racial, ni en la teoría ni en la práctica".

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La Prensa: La formación militar

Es importante fortalecer la capacitación técnica de los conscriptos antes que la formación netamente militar, ello no sólo les será útil a los jóvenes?

Tras la difusión del video en el que un conscripto del Regimiento de Fuerzas Especiales Méndez Arcos Ranger, con asiento en Challapata, era sometido a torturas surgió nuevamente el debate sobre el servicio militar obligatorio y su cambio a servicio militar voluntario.

Está claro que un servicio militar voluntario sería lo adecuado, pero lo cierto es que no garantizaría que se eliminasen los abusos y las torturas en los cuarteles, por ello es necesario atacar el fondo del problema, que es la metodología de formación de los profesionales de las armas que hace que se replique con los conscriptos y premilitares.

Es cierto que se debe diferenciar la metodología de la formación para los conscriptos de la que se utiliza en los cursos especiales para oficiales, como es el de Cóndores y Satinadores, donde muchos de los alumnos no pasan las pruebas por lo duras que son. Lo mismo sucede en la Policía, donde existe el curso de Garras del Valor; ambas escuelas están reconocidas internacionalmente por su calidad, por ello cada año asisten a los cursos militares y policías de otros países. Sin duda, al ser cursos de especialización, los oficiales son sometidos a pruebas de sobrevivencia, resistencia física y sicológica.

El problema es cuando algunos de esos métodos se mal utilizan en la formación de los conscriptos y premilitares haciendo que se incurra en abusos y torturas, por ello con razón el Presidente del Estado Plurinacional señala que son casos aislados los que se denuncian y que son cometidos por oficiales, sargentos o los mismos conscriptos por una sed de venganza porque en algún momento fueron víctimas durante su formación militar, policial o su adiestramiento como soldados; sin embargo existen otras prácticas que son comunes y que atentan contra la dignidad de los jóvenes que prestan su servicio militar obligatorio o el premilitar o de los que buscan ser oficiales.

Si bien es cierto que desde hace algunos años se está cambiando el pensamiento de los instructores para el entrenamiento militar gracias a la incorporación de la materia de Derechos Humanos, aún las acciones no son suficientes para que logren erradicar los abusos, maltrato e incluso torturas en los cuarteles, por ello habrá que hacer un giro en el objetivo de la preparación de los soldados, que como lo decía el Presidente del Estado Plurinacional, pueden contribuir al desarrollo del país. Por ello, es importante fortalecer la capacitación técnica de los conscriptos antes que la formación netamente militar, ello no sólo les será útil a los jóvenes durante su permanencia en el cuartel, sino para la construcción de su futuro.

Pero ojo, que no se incurra en preparar técnicamente a los conscriptos para que luego sirvan de empleados para algunos comandantes que están acostumbrados a usar la mano de obra gratuita a la que acceden a través de los soldados para beneficio personal, como que en el pasado se había constituido en una costumbre consuetudinaria y de lo que consta en varias denuncias, que como las de torturas y maltratos no llegaron a tener sanción alguna; todo lo contrario, quedaron archivadas en las oficinas de los fiscales o del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.

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El Diario: Nuevo intento: ingenio de San Buenaventura

El 15 de septiembre pasado mediante un Decreto Supremo se ha conocido un tercer ó cuarto intento desde los años 70, para establecer una industria azucarera en el Norte de La Paz, zona de San Buenaventura, este Decreto Supremo peca de general y deja apreciar su carácter estatista, donde ni por si acaso se menciona a la Gobernación del departamento. En efecto, en los años 70 la entonces Corporación de Desarrollo de La Paz manejaba tres proyectos principales denominados “marcha al norte”: el Complejo Agro Industrial de San Buenaventura; una hidroeléctrica en el “angosto” de El Bala y el traslado de unos diez mil campesinos del Altiplano, a una región caracterizada por falta de población como es la provincia Abel Iturralde.

Como las contradicciones no son raras en nuestro país, exactamente un mes antes de dicha disposición del Ejecutivo, se firmó un acuerdo entre la Gobernación y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el que la primera otorga 30 (¿) hectáreas al segundo en esa región con un coste de un millón de bolivianos, para el cultivo de caña a cargo de los comunarios del lugar. El Decreto Supremo no menciona lo indicado, y haciendo abstracción del Ministerio de Desarrollo Rural, en el fondo vuelca toda la responsabilidad al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Sin duda, se trata de un proyecto repetidamente frustrado y de una aspiración departamental insatisfecha desde hace casi 40 años, que, inclusive, contó con una ley aprobatoria del Congreso que nunca fue implementada, tropezando con susceptibilidades económicas de otras regiones. Recayeron también informes contrapuestos sobre las bondades de la caña, pero los últimos a cargo de técnicos cubanos abonan el rendimiento cañero en 10% a 14% de sacarosa, es decir, recomendable, pero frente a ello las dificultades son muchas, empezando por la falta de una adecuada carretera. La penetración real a Yungas y al Norte apenas llega a Cotapata, faltando pavimentar la ruta a Caranavi y ni qué se diga de Caranavi a Quiquibey y a San Buenaventura.

Sin esta carretera en buenas condiciones no se puede soñar con la indicada industria, por la imposibilidad práctica de poner el producto en los centros de consumo. A esto se agregan las distancias entre el posible ingenio y los lugares de cultivo, y sobre todo la falta de capacidad eléctro-energética. Por estas y otras dificultades se requiere un estudio exhaustivo de factibilidad, una verdadera voluntad política y un financiamiento asegurado, condiciones asimismo dudosamente existentes al presente y que un simple Decreto Supremo no alcanza a cubrir.

Los reportes de prensa, sin que citen la fuente, aseguran que el Ejecutivo dispuso una inversión de 306 millones de dólares -no mencionados en el Decreto- de los cuales se asignaría 150 millones al ingenio, 114 a carreteras (tampoco se especifica) y 42 a la producción de caña. La producción industrial se referiría a 500 toneladas de azúcar y 700 hectólitros de alcohol (tampoco se indica a qué tiempo corresponderían estos resultados).

La única fuente del esquema organizacional y administrativo se encuentra en el Decreto Supremo, cuya parte dispositiva subraya que el proyecto carecerá de Directorio (¿?), pero sí de un Gerente General revestido de todas las atribuciones de representación, encargado de la “maquinaria, equipamiento, infraestructura y otros”, aprobación de la estructura organizacional, proposición el presupuesto de inversión y funcionamiento, del plan estratégico, evaluación, supervisión, etc., etc. Se trata de un ejecutivo omnipresente y que debe estar dotado de cualidades geniales para acometer solo tan vasta tarea. La “normativa interna” básica deberá ser aprobada “en un plazo máximo de 30 días Calendario” desde el día 15 de septiembre, fecha en puertas, sin que hasta el momento hubiera trascendido el nombre del Gerente General.

Por otra parte, como adelantamos, se trata de un proyecto estatista desde el nombre: Empresa Pública Nacional Estratégica Azucarera San Buenaventura, sobre la base de lo cual queda excluida la participación departamental. Por supuesto, la disposición no menciona por nada la reivindicación paceña y sus considerandos tienen como referencia sólo los artículos centralistas que tanto caracterizan a la Constitución, atribuciones que convierten a la nominativa autonomía departamental en una férrea dependencia del poder central. Bajo esta perspectiva, sin ánimo pesimista, se colige un nuevo fiasco del anhelado proyecto, cuya obvia redacción carente de enfoque técnico, parece hechura de algunos abogados de Palacio, como disimulo de la postergación que sufre ahora más que nunca La Paz.

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El Mundo: Conquista

Cuando hablamos de la lucha por la libertad, inmediatamente llega a nuestra a mente el concepto de la democracia, ya que la sociedad no puede gozar de plena libertad si no existe la posibilidad de que cada uno de sus miembros sienta que su voz ha sido escuchada y que sus opiniones han merecido el respeto de los demás. Sin importar el rol que a cada uno, en un momento determinado, le corresponde desempeñar. Hoy recordamos con preocupación los 28 años de un hecho que puso fin a un largo período de dictaduras y arbitrariedades, y junto a él llega al compromiso de los ciudadanos, de luchar cada día porque ese beneficio obtenido con sacrificio no sea atropellado por nadie que considere que puede abusar del poder que la sociedad le confiere a través del voto.

Cabe recordar el 4 de noviembre de 1964, cuando un proceso de democracia, basado en el nacionalismo revolucionario, fue interrumpido por la ambición de un militar apoyado por el Departamento de Estado que aprovechó el debilitamiento de un proceso integrador, debido al uso indebido y abusivo del poder, lo que dio como resultado un largo período de gobiernos autoritarios y dictatoriales.

La lucha del pueblo boliviano no fue fácil e inclusive, cuando se pensaba que el uso arbitrario del poder había sido superado, surgieron nuevos intentos de dictadura para continuar con un proceso que había establecido lazos con el narcotráfico y otras actividades que no sólo produjeron el abuso del poder sino también el desprestigio para el país.

Hoy se recuerdan los 28 años del momento en que esa larga serie de abusos quedó concluida y cuyos últimos protagonistas purgan parte de su culpa en la cárcel de Chonchocoro, donde con seguridad recuerdan los abusos cometidos bajo su amparo, como la muerte de valiosos ciudadanos, entre los que se recuerda con especial énfasis al líder político Marcelo Quiroga Santa Cruz, a los dirigentes sindicales Gualberto Vega y Carlos Flores Bedregal y a las víctimas de la calle Harrington de La Paz.

No obstante el tiempo transcurrido y la condena general, el fantasma del narcotráfico no ha dejado de empañar la imagen del país, estimulado por políticas proteccionistas del cultivo de la hoja de coca que si bien no es cocaína, como afirmaba el gobierno del Acuerdo Patriótico, constituye la materia prima para la fabricación de esa droga que junto a otras, destruye a la juventud del planeta y merece ser erradicada.

La recordación de esta fecha constituye hoy un acontecimiento especial, porque la democracia lograda con sacrificio se ve amenazada con actitudes dictatoriales que intentan conculcar los derechos de la ciudadanía, como sucedió en algún momento en el Este europeo que con el título de democracia, había agrupado a una cantidad de países dóciles, alineados a la potencia representativa del comunismo y que finalmente mostró su falta de asidero, con la caída del muro de Berlín que trajo como consecuencia otro hecho que tampoco tuvo mucho de democrático por un proceso globalizador de la economía que puso una nueva zancadilla a la democracia, con el proceso privatizador del neoliberalismo que lejos de beneficiar al país, sirvió para enriquecer a sus gestores.

Hoy el pueblo boliviano se encuentra expectante ante un proceso que pudiendo constituirse en la solución al problema, con una política de solidaridad e integración, asume el rato menos pensado las actitudes dictatoriales de un neofascismo que intenta ejercer un control arbitrario de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación, a favor de un sector privilegiado, lo que dista mucho de ser esa democracia por la que el pueblo boliviano luchó y espera disfrutar.

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Opinión: Democracia e iniciativa legislativa ciudadana

Uno de los asuntos centrales del sistema democrático está relacionado con la aprobación de leyes a cargo de las instancias legislativas correspondientes, pero al mismo tiempo, con el momento en que estas leyes se promulgan y los efectos que tendrán para el colectivo social.

Las leyes en su aplicación pueden cambiar la vida de las personas en la medida en que afectan o no sus intereses, pero el principio general es que las leyes que se aprueban no contravengan derechos generales y que tengan el consenso necesario. La sabiduría de los legisladores está en el compromiso y la comprensión de que sus actos legislativos tienen que estar sujetos al principio mayor que es el bien común.

Se dice que las leyes justas son el complemento de una sociedad que realmente se fundamenta en valores democráticos y en el respeto de los derechos humanos, así como la preocupación por el bienestar de toda la población sin discriminación de ningún orden. Busca la protección de todos y de su dignidad y que las leyes no sólo están para cumplir su papel punitivo, sino que de alguna forma también deben premiar la virtud, la bondad, la creatividad, el trabajo y la eficiencia.

Sin embargo, más allá de este marco teórico legislativo, las leyes se tienen que adecuar a la realidad concreta de una determinada sociedad, es decir, deben estar de acuerdo con los intereses generales. Otro principio es que una ley no puede contradecir o ir contra principios universales, es decir, no puede sobreponer sus objetivos, por muy altruistas que sean, si atropella otros derechos.

Las leyes tienen que tener concordancia con una determinada realidad social, pero al mismo tiempo, coherencia con principios generales y específicos de otros derechos ciudadanos.

Una pregunta en esta línea de razonamiento es ¿qué pasa, por ejemplo, si una ley que busca luchar contra el racismo, que es desde todo punto de vista un fin indiscutible y necesario; en algunos de sus articulados, pone en riesgo otras libertades consolidadas también en los principios universales de los derechos humanos, como la libertad de expresión y de prensa? Si esto ocurre, sectores de la sociedad o de colectivos concretos, como los gremios de prensa, tienen la oportunidad constitucional de recurrir a lo que se denomina la iniciativa legislativa ciudadana que es una figura establecida en la Constitución Política del Estado que engloba las formas de gobernar que se ha dado Bolivia y que otorga la posibilidad de que las personas presenten peticiones avaladas por sus firmas, o por miles de firmas, para que se realicen reformas sobre determinados asuntos públicos para introducir reformas a un estatuto, a una ley e incluso se realicen enmiendas en el texto constitucional.

Es un recurso democrático que se sujeta al espíritu de la Constitución Política del Estado que proclama que las personas, es decir, los ciudadanos por sí solos u organizados en instituciones tienen el derecho de participar en forma directa en la elaboración de leyes y en sus reformas bajo las normas constitucionales respectivas.

Más allá de las protestas que realizan los periodistas por dos artículos incluidos en la Ley contra el Racismo y que afectan a la libertad de expresión y de prensa, las direcciones de los gremios están dispuestos a llevar adelante esta iniciativa constitucional, pretendiendo recolectar un millón de firmas que respalden lo que podría dar lugar, llegado el momento, a una reconsideración legislativa sobre los dos polémicos artículos y en su caso a la derogación.

Este recurso posee un carácter legal amparado en la Constitución Política, pero al mismo tiempo, quienes lo emprendan, obtienen en la práctica una legitimidad como base de sus demandas.

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Clarín, Argentina: La auditoría de los actos de gobierno y de las finanzas

En diferentes ámbitos se puso en discusión, en días pasados, el ya conocido problema de la calidad de la información pública en la Argentina y la resistencia del Gobierno a la auditoría de sus actos y de las finanzas públicas.

Un episodio destacable en este tema ha sido una exposición realizada por el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, quien destacó que, desde 2003, el organismo tiene problemas para acceder a la información oficial que necesita para llevar adelante su trabajo. La AGN es un órgano externo que según la Constitución debe ser presidido por un miembro de la oposición y cuya misión es controlar los actos del Poder Ejecutivo y asistir al Congreso Nacional.

El retaceo de información a la Auditoría tiene el propósito de evitar el escrutinio de los actos de Gobierno y de la conducta de los gobernantes y puede tener la consecuencia de facilitar las malas prácticas en la gestión y la corrupción. Despouy afirmó también que existe el riesgo de que las estadísticas del INDEC no reflejen con exactitud la realidad que debe medir, incurriendo en un tema candente en estos días.

Precisamente, el FMI acaba de publicar su informe sobre estabilidad financiera en el cual advierte que los resultados del índice de precios al consumidor oficial difieren de otros que se elaboran en el país mientras que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también dejó constancia de esas discrepancias en un informe sobre pobreza.

Casi al mismo tiempo, la calificadora de crédito Moody´s sostuvo que la Argentina no está en condiciones de recibir una mejora en su nota de crédito debido a su falta de confianza en las estadísticas del INDEC, lo cual incluye tanto el índice de precios al consumidor como el cálculo del PBI. La baja calificación de la Argentina, que se encuentra seis puntos por debajo de la de Brasil y uno por debajo del de Bolivia, se traduce en el costo de financiamiento y constituye una carga directa para las empresas y para los gobiernos locales que colocan deuda en el mercado.

Cabe recordar, por otra parte, que el procedimiento con el que se calcula el índice de precios al consumidor acaba de ser seriamente criticado en el informe elaborado por el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento del INDEC, formado por cinco universidades nacionales.

Otro ejemplo de reticencia en proporcionar información es la negativa del Gobierno a aceptar la auditoría del FMI según lo que establece el Artículo IV del Organismo. Aceptar la auditoría es una obligación del país como miembro del FMI, es un requisito para la pertenencia al G-20 y es una condición establecida por el Club de París para negociar pedidos de financiamiento o pagos al agrupamiento.

El rechazo a la auditoría está causando crecientes rispideces con gobiernos de países centrales que reclaman una regularización de la situación.

La posición oficial, cuyo propósito es ganar imagen en sectores asociados con el progresismo y evitar un reclamo formal de recomposición del INDEC y de la confiabilidad de sus estadísticas, está causando un creciente daño al país.

El incumplimiento con el FMI y la resistencia a la transparencia en materia de información económica transmite la imagen de debilidad en el respeto a las normas y, por lo tanto, de inseguridad jurídica. Este cuadro se agrava cuando se le suma la política de agresiones y presiones a la Justicia, que ha incluido recientemente ataques a la propia Corte Suprema.

La resistencias del Gobierno a las auditorías externas de sus actos y de las finanzas públicas, como se verifica en las dificultades de la AGN para acceder a información pública o el rechazo a las revisiones del FMI, afecta al país porque transmite una imagen de debilidad en el respeto a las normas y de inseguridad jurídica. Esto se agrava cuando se incluyen las agresiones y presiones a la Justicia.

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