¿A quién favorece una ciudad sin catastro?

Ingrid Wichtendahl

ingrid Para comprender actitudes y actuaciones en nuestro medio resulta pedagógico otear la historia de España en tiempos de la Ilustración europea. Concretamente a mediados del siglo dieciocho durante el reinado de Fernando VI quien “no era un hombre de gran talento pero tenía las cualidades necesarias del buen monarca: rectitud de carácter, sentido de dignidad y saber escoger a sus colaboradores” (Cervantes digital, Los Borbones). La historia destaca que la labor más importante durante su reinado fue llevada a cabo por su secretario de Hacienda, Marina e Indias, el ilustrado Marqués de la Ensenada quien propuso muchos programas reformistas tendientes a la modernización del país. En 1749 inició el que posiblemente es el más importante ejemplo de la época pre-estadística en todo el mundo: el Catastro de Ensenada, que incluía una minuciosa averiguación a gran escala de sus habitantes, propiedades territoriales, edificios, ganados, oficios, rentas, incluyendo censos; incluso de las características geográficas de cada población de Castilla (Wikipedia, Catastro de Ensenada).

El ilustrado marqués, le diagnostica a la hacienda de la Corona española ineficiencia, corrupción, fraude y por consiguiente grave merma en las arcas del Estado. También pone en evidencia que las cargas impositivas “además de muy gravosas eran injustas, pues recaían únicamente sobre la parte productiva de la población: el común o pueblo llano, ya que nobleza y clero, que ya se libraban de otros impuestos por razón de su condición privilegiada, también se libraban de éstos por disponer de cosechas propias y no tener que acudir a los puestos públicos que era donde se cobraban estos gravámenes” (Wikipedia, Catastro de Ensenada).



El Catastro de Ensenada recopila información detallada de todas las propiedades existentes en la Corona de Castilla al mismo tiempo que suprime privilegios para la exoneración del pago de tributos. Lo que levantó recelo en las fuerzas que ostentaban el poder. Obtenida toda la información catastral, la iniciativa fracasa en su implantación debido a la oposición de las clases privilegiadas que intrigan contra el ilustrado Ensenada logrando hacerlo perder la confianza del Rey y apartarlo de la política. (Wikipedia, Fernando VI).

En la España de esa época la resistencia de los privilegiados a alterar su situación hizo imposible modernizar y transparentar su administración. En tanto que Francia con una historia similar desencadena la revolución y luego Napoleón Bonaparte instaura el sistema administrativo y judicial francés a partir de su código civil cuya aplicación la cimenta en el catastro de todo su territorio.

Haciendo parangón de este retazo de historia con lo que sucede en nuestra querida geografía, que hasta ahora cuando conmemora el bicentenario de su gesta independentista sigue siendo privada de la herramienta catastral y por ende de justicia tributaria y transparencia administrativa, surgen algunas interrogantes: ¿A quién favorece una ciudad sin catastro? ¿Hay en suelo cruceño una clase económicamente poderosa que se opone a la construcción de un catastro inmobiliario con datos fiables y precisos? ¿O se trata más bien de políticos aficionados a las arcas públicas que ven al catastro no como la piedra angular de la administración territorial sino como un jugoso contrato? ¿Por qué el tema del catastro es sistemática y permanentemente soslayado por las autoridades y nunca valorado por sector alguno?

Sea cual fuere la respuesta, nada justifica que Santa Cruz viva de espaldas a la técnica catastral implantada en el mundo desde los primeros asentamientos humanos y reconocida hoy como la herramienta indispensable de la justicia tributaria, gestión, planificación y control del territorio y medio ambiente. El catastro fue valorado en la época de la Ilustración europea y lo es aún más en estos tiempos de Globalización de la Información, al apoyarse en las tecnologías de información y comunicación (TIC). No ocurre lo mismo en nuestro medio donde el desconocimiento del tema catastral ha ocasionado, además, que la atribución municipal de administrar el catastro rural (Ley de Municipalidades, artículo 44, inciso 17) pase a ser una competencia exclusiva del gobierno central (CPE, artículo 298, inciso 22). No es nada saludable para la gestión territorial tener dos catastros diferentes en un municipio, uno de carácter municipal y otro de competencia central o departamental. Lo usual y práctico sería hablar de parcelas urbanas y parcelas rústicas en un catastro único que corresponda a la jurisdicción territorial de cada municipio.