Hace pocos días, los medios escritos bolivianos formalizaron una inusual protesta. Sus portadas aparecieron en blanco, con una única leyenda: "No hay democracia sin libertad de expresión". Anticipaban y condenaban así la inminente sanción de un inusual instrumento de restricción a la libertad de prensa y de opinión que ha sido incluido en una ley contra el racismo y la discriminación, que el parlamento boliviano acaba de sancionar.
La nueva norma boliviana dispone que los medios que autoricen o publiquen ideas racistas o discriminatorias pueden ser objeto de sanciones económicas y de suspensión de las respectivas licencias para funcionar, sin fuero alguno, en caso de ser procesados.
La cuestión poco tiene que ver con el repudio al racismo y a las discriminaciones, que es por todos compartido. Se refiere, en cambio, a la posibilidad de abuso de esas nociones para censurar a los medios. Recordemos que el presidente Evo Morales ha sostenido que cualquier crítica que se le formula tiene un componente "racista" o "discriminatorio". Y que ha amenazado recientemente con que si hay mensajes que las autoridades políticas definan como racistas o discriminatorias, los medios en cuestión pasarán a la administración de los sindicatos de trabajadores de la prensa.
Frente a esto cabe unirse al mensaje de solidaridad con los medios bolivianos que acaba de emitirse desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), profundamente preocupada por la posibilidad de ataques a la libertad de opinión y prensa que pueda derivarse de las normas recientemente aprobadas por la legislatura de Bolivia.
Si a la preocupación derivada del riesgo en que la norma sancionada pone a los medios, agregamos la manipulación de la justicia desde el poder, la intranquilidad por lo que sucede en el país vecino es mayor aún.
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Editorial de La Nación – Buenos Aires